Petit explicó que, tras el envío de los telegramas y ante la falta de respuestas formales, el agotamiento de la instancia administrativa resulta indispensable para habilitar el reclamo en la Justicia. En ese marco, cuestionó el argumento del municipio, que sostiene la decisión en la facultad de no renovar contratos, y advirtió que esa postura desconoce una realidad laboral previa.Según la letrada, muchos de los agentes afectados mantienen vínculos laborales de larga data, anteriores incluso a la formalización mediante contratos con aportes, situación que —sostuvo— es plenamente discutible en sede judicial. “Lo que se analiza es la realidad de la relación laboral, no la forma que se le haya dado en los papeles”, señaló.Petit también describió el impacto social de las cesantías y afirmó que se trata de un escenario “muy difícil desde lo humano”, con personas que quedaron sin sustento y enfrentan situaciones personales y familiares graves. En ese sentido, cuestionó que la decisión haya alcanzado a agentes ingresados por concurso, personas con protección especial por discapacidad y trabajadores con antigüedad acreditada.La abogada alertó además sobre la propuesta de reconversión laboral mediante monotributos, con ingresos inferiores al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que —según indicó— degrada el vínculo laboral y coloca a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. A esto sumó el impacto institucional de la falta de aportes a la obra social y a la Caja de Jubilaciones, lo que, a su criterio, desfinancia organismos públicos sin generar un ahorro presupuestario significativo.Finalmente, Petit sostuvo que la estrategia legal se apoya en el principio de supremacía de la realidad, ampliamente reconocido por la jurisprudencia, que prioriza los hechos concretos por sobre la denominación formal del vínculo. “No importa cómo se haya llamado la contratación: si hubo relación laboral, la ley la reconoce”, concluyó.

Las expresiones de este gremio -el único que se manifestó en desacuerdo con la medida- llegan luego de que el intendente Enrique Cresto decidiera aplicar un aumento del 7 % en los haberes de agosto (a modo de adelanto a los incrementos que se decidirán, junto a las organizaciones sindicales; en las paritarias de septiembre).

Con esta disposición del Ejecutivo, el acumulado anual de mejora salarial de los empleados municipales llega inmediatamente al 69,2 %, contemplando la definición de nuevos aumentos en las mesas de diálogo que tendrán lugar en septiembre.

“La medida que se tomó es prudente, beneficiosa para el trabajador municipal y para sus familias. Representando un primer paso en las conversaciones que se vienen manteniendo para ajustar las paritarias”, señaló Petit.

“Que la Asociación del Personal Jerárquico salga con este planteo discordante viene a contramano del trabajo en equipo que en estos 8 años se lleva adelante con todos los gremios, desmereciendo o desconociendo la determinación del Ejecutivo, en sus dos gestiones, de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores por encima de la inflación”, remarcó.

“Este aumento del 7 % es parte de un proceso responsable, planificado y sostenible a largo plazo. Que reacciona ante las variables macroeconómicas sin desatender el equilibrio fiscal, la prestación de servicios y el impulso a la obra pública. Hay seriedad y prudencia detrás de la medida, aunque el gremio pretenda otra cosa”, dijo también.

“Acá lo que se hace es aplicar un aumento que acompaña las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. Pero no como una acción temporal como podría ser tal vez un bono por única vez, si no desde una mirada a largo plazo que prevé incrementos sostenidos en el tiempo que se agregan a los haberes básicos, lo que significa una mejora también en los aportes a la obra social, a la jubilación y demás componentes del sueldo municipal”, explicó Petit.

“Esta es una gestión que administra con responsabilidad y eficiencia, tomando decisiones en un marco de razonabilidad y luego de analizar las diferentes variables y escenarios más allá de la coyuntura. Durante estos 8 años esta forma de trabajo permitió consolidar un fondo anticíclico; que los sueldos municipales se paguen el último día del mes; que se mantenga un óptimo equilibrio entre lo destinado a sueldos y los recursos utilizados para los demás compromisos y funciones que cumple el municipio; que los servicios mejoren y las obras no se detengan y que se generen recursos para apoyar el desarrollo y la generación de puestos de trabajo”, enumeró la funcionaria.

“Todo esto, con las prioridades en orden y trabajando en equipo con los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras municipales, dialogando y construyendo consensos en cada sector del gobierno municipal. Por eso hoy se está acompañando el plan de medidas que anunció el ministro Massa -con quien el Intendente mantiene conversaciones todo el tiempo- con estas mejoras salariales y otras acciones que apuntan a fortalecer la administración municipal y contribuir a la recuperación de los circuitos económicos locales”, concluyó la exdiputada nacional.