El fallo de Maraniello, que aplicó la censura a Carnaval Stream y a periodistas que allí trabajan, no solo afecta gravemente el ejercicio periodístico, sino que también vulnera preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscritos por el país.

Son escasos los episodios de semejante gravedad que los argentinos hemos vivido desde el retorno de la vigencia democrática.La denuncia formulada por las máximas autoridades de la Nación, que alude a una supuesta operación de espionaje internacional sin ningún elemento concreto para sostener tamañas aseveraciones, parece dirigida a lograr un efecto distractivo respecto de las graves medidas que se solicitan; dentro de las que se incluye hasta el allanamiento del domicilio de los periodistas.El fallo conseguido por Milei de parte de un juez que está denunciado por graves delitos en el ejercicio de su función, vulnera derechos constitucionales, infringe el Pacto de San José de Costa Rica -tratado internacional que establece el derecho a expresar ideas sin censura previa-, ataca el derecho de los periodistas a desempeñar su función y afecta también de esta manera a los ciudadanos en su derecho a acceder a esa información, lo que constituye un sostén fundamental del sistema democrático.

Sabemos que la situación económica y social que vivimos a raíz de las medidas que lleva adelante este Gobierno Nacional y sus aliados políticos puede llevarnos a pensar que ya nada nos sorprende, que cualquier situación es posible. Y es por eso que advertimos la gravedad de este momento, en el que esas máximas autoridades del país utilizan el poder que detentan para vulnerar derechos y quebrantar garantías constitucionales. 

El juez Rafecas desestimó denuncias de Milei contra los periodistas Pagni y Lijalad, defendiendo la libertad de prensa y el debate político.El juez federal Daniel Rafecas desestimó sendas denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.En el caso de Pagni, la presentación de Milei había sido motivada por comentarios realizados el 28 de abril en su programa “Odisea Argentina” (LN+), donde el periodista trazó un análisis histórico que, según el Presidente, insinuaba un paralelismo entre su ascenso al poder y el de Adolf Hitler en Alemania. El mandatario consideró que tales afirmaciones afectaban su honor y reputación.Sin embargo, Rafecas concluyó que las expresiones de Pagni se encuadran dentro del debate político y no representan una imputación concreta ni una injuria personal. “No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante”, sostuvo el magistrado, subrayando que las críticas se emitieron en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.El fallo detalla fundamentos constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa, y remite al precedente “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostiene que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica. Rafecas advirtió que perseguir penalmente opiniones periodísticas podría lesionar el debate democrático.

En igual sentido, y también en la misma jornada, el juez desestimó otra denuncia de Milei contra el periodista Ari Lijalad, quien había publicado el 4 de mayo una columna en el portal “El Destape” titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”.

Ambos expedientes fueron archivados por inexistencia de delito. 

Para el reporte anterior, que incluía los primeros meses de la presidencia de Milei, la Argentina ya había bajado del lugar 40° al 66°, de acuerdo con el informe de Reporteros sin Fronteras (RSF). Entonces, habían apuntado que “la llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.El informe de este año es especialmente duro con el presidente argentino, mientras el país sufrió uno de los descensos más abruptos del mundo, de 21 posiciones, solo por detrás de Samoa (22) y Kirguistán (24). “Los retrocesos más significativos en la región americana también se explican por los giros autoritarios. En Argentina, el presidente Javier Milei estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política”, dice el reporte.Además, el informe menciona a la Argentina como “uno de los países donde el cierre de medios es constante, por la persistencia de dificultades económicas”, como sucede en casi un tercio de las 180 naciones analizadas.Pero el fenómeno del deterioro de la libertad de prensa afecta a todo el mundo, según el reporte. “En 2025 se ha cruzado una nueva línea roja: la puntuación media de todos los países evaluados ha caído por debajo de los 55 puntos, el límite marcado para calificar la situación de la libertad de prensa como ‘difícil‘“, indica el reporte de RSF que se difunde cada año desde 2002.Esa organización define “libertad de prensa” como “la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir información de interés público, independientemente de interferencias políticas, económicas, jurídicas y sociales, y sin amenazas a su seguridad física y mental”.En 42 países que representan a más de la mitad de la población mundial (56,7%), la situación se considera “muy grave”, debido a que la libertad de prensa es inexistente y el ejercicio del periodismo es “especialmente peligroso”.Entre los cinco indicadores globales analizados -seguridad, sociocultural, legislativo, político y económico-, el que más se deterioró el último año fue el que mide las presiones económicas que sufren los medios y las condiciones financieras del periodismo, “que alcanzó este año un nivel crítico sin precedentes”, con 44,1 puntos sobre 100.“Cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia, a costa de la calidad, y pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos que los instrumentalizan”, señaló la francesa Anne Bocandé, directora editorial de RSF.Pero el deterioro de la economía de los medios, no está necesariamente relacionado con la situación general del país.

La situación de EE.UU.En Estados Unidos (que quedó en el lugar 57º en el índice general, dos puestos por debajo del año anterior), por ejemplo, el indicador económico perdió más de 14 puntos en dos años y, según el reporte, regiones extensas del país se están convirtiendo en “desiertos informativos”. Especialmente el periodismo local paga un alto precio por la recesión económica: más del 60 % de los periodistas y expertos en medios encuestados por RSF en Arizona, Florida, Nevada y Pensilvania coinciden en que es “difícil ganarse la vida como periodista”. El 75 % afirmó que “la viabilidad económica de un medio de tamaño mediano es difícil”.De acuerdo con RSF, el segundo mandato de Donald Trump agravó esta situación instrumentalizando “motivos económicos falaces para someter a la prensa”, con el cese de la financiación de varios medios por parte de la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (Usagm), entre ellos Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty. “Más de 400 millones de personas en todo el mundo se han visto privadas, de la noche a la mañana, de acceso a una información fiable. Del mismo modo, la congelación de los fondos de cooperación que maneja la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), sumió a cientos de medios en una inestabilidad económica crítica, obligando a algunos de ellos a cerrar, especialmente en Ucrania (que quedó en el puesto 62º)”.Esto debilita aún más una economía de los medios ya de por sí maltrecha por el dominio de los llamados “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) en la distribución de la información. Sus plataformas, que mayoritariamente son no reguladas y contribuyen a la proliferación de contenidos manipulados o engañosos, acaparan una parte cada vez mayor de los ingresos publicitarios que normalmente sustentaban al periodismo. La inversión total en publicidad en las plataformas sociales ascendió en 2024 a 247.300 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2023.En cuanto a la Seguridad para la labor periodística, la zona de Medio Oriente y el norte de África se mantiene como la más peligrosa del mundo para los reporteros, y “encuentra en la masacre de periodistas en Gaza a manos del ejército israelí su máxima expresión”, afirma RSF.

Señales positivasEn cuanto a señales positivas en la región, finalizada la presidencia de Jair Bolsonaro a principios de 2023, Brasil registró una mejora en su posicionamiento global diametralmente opuesta a la caída de 47 lugares de la Argentina, y hoy está en el puesto 63°. Otro aspecto de ese país es la mejora del indicador económico. Brasil es uno de las pocas naciones de la región que registró una mejora en este indicador en 2025.Los diez países mejor posicionados en el ranking de este año son: Noruega, Estonia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Suiza y República Checa.Los que están al final de la clasificación de RSF son, en orden descendente: Rusia, Nicaragua, Vietnam, Turkmenistán, Afganistán, Irán, Siria, China, Corea del Norte y Eritrea.En América Latina, el país peor puntuado ahora es Nicaragua (quedó en el puesto 172 de la lista), incluso debajo de Cuba (165) y Venezuela (160). “El régimen Ortega-Murillo ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a centenares al exilio”, dice el informe.También El Salvador sufrió una profunda caída: acumula un descenso de 61 posiciones en la tabla desde 2020, después de la asunción de Nayib Bukele, y está en la posición 135.

 �SEn un período donde aún resuenan los efectos de la pandemia del coronavirus, el mundo sumó en las últimas semanas un conflicto bélico de dimensiones impactantes e imprevisibles. A todo ello se agrega un contexto local que arrastra divergencias políticas profundas y, sobre todo, problemas económicos estructurales que siguen erosionando la posibilidad de un camino de desarrollo y mejora real en la vida de los argentinos. En ese contexto, el periodismo siguió tratando de aportar su papel de brújula, de ordenador, de traductor. Siguió poniendo luz a lo desconocido, transparentando lo que se quería ocultar, denunciando los autoritarismos y las arbitrariedades, abriendo los ojos de un mundo que se hermanaba en la solidaridad y hacía frente a la irracionalidad. Siguió apostando a preservar derechos humanos básicos como la vida y las libertades públicas⬝, señala el informe de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, que fue presentado por su titular, Martín Etchevers, en el marco de la 178ª Junta de Directores de la entidad, que se celebró ayer en Buenos Aires.

 El informe pondera que en ese contexto global, la prensa argentina demostró en forma elocuente para qué sirve. �SCon sus errores, incluso con sus desvíos, pero tratando de sobreponerse -desde los simples hechos- a la propaganda y la desinformación. Confrontando esos hechos con las burbujas de sentido, con la polarización algorítmica, con los sesgos de confirmación tan instalados en nuestros días. Procurando informar con precisión y opinar con rigor, aun desde distintas miradas editoriales⬝, puntualizó Etchevers.

 Para Adepa, la mejor prueba de que eso importa y molesta es que la prensa se sigue enfrentando a los desafíos tradicionales de la censura, de la persecución y hasta de la violencia, como se evidenció en la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y la consiguiente catástrofe humanitaria que se está produciendo allí. O la grave situación que se da en dos países latinoamericanos, México y Nicaragua.

 �SNo es casual -reflexionó Etchevers- que la represalia sea por lo general contra periodistas o medios y no contra plataformas o redes sociales. Los hechos, las personas en el lugar de los hechos, las opiniones basadas en hechos, siempre son más molestas que los memes, los videos virales o las noticias falsas⬝.

 A través de su informe, Adepa felicitó a los medios y periodistas argentinos que asumieron el enorme desafío de cubrir la guerra desde el terreno. Argentina ha sido uno de los países del continente con mayor despliegue en Ucrania, pese a los riesgos y los costos que ello implica. �SLa valentía, el profesionalismo y la calidad de estas coberturas merecen una congratulación y reivindican el valor del periodismo⬝, afirmó el titular de la Comisión de Libertad de Prensa.

 El informe de Adepa señaló también que el trabajo periodístico continúa siendo imprescindible para las democracias nacionales y para el equilibrio global. �SPor eso debemos denunciar lo que sucede en aquellas latitudes y también señalar cualquier atisbo local, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, que tienda a debilitar o estigmatizar al periodismo. No porque nuestro trabajo no sea discutible, sino porque debe ser respetado como insumo del debate ciudadano. Recurrir a la burla en redes, promover un insulto al aire, agraviar a un medio por un artículo o increpar a un profesional en una conferencia de prensa son prácticas antidemocráticas, que se agravan cuando provienen desde lo alto del poder; y es necesario desterrarlas⬝, dijo Etchevers.

 Otro tema abordado por el informe de Adepa se vinculó con el cambio profundo que experimenta la industria de medios en un mercado dominado por gigantes digitales, que hacen necesario que tanto el sector público como el privado en general se involucren de manera más activa en la preservación del ecosistema informativo, del que dependen la sustentabilidad de las empresas de medios y los puestos de trabajo de miles de periodistas. �SLa mayoría de los países de Occidente -explicó Etchevers- lleva adelante medidas orientadas a este fin, que incluyen también la discusión del valor que los medios agregamos a las plataformas digitales y cómo debemos ser compensados por ello. Las iniciativas que las dos principales plataformas globales impulsan en la Argentina son saludables y bienvenidas, pero como hemos dicho, aún distan de ser proporcionales respecto de los ingresos que estas obtienen en nuestro país y de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual⬝.

 Algo similar sucede con la inversión estatal en comunicación, llamada a dar cumplimiento al mandato constitucional de difusión de los actos de gobierno y, en paralelo, contribuir a sostener los principios de amplitud, federalismo y diversidad en la oferta informativa. Para Adepa, a partir del trabajo de su Observatorio de la Sustentabilidad de la Industria Periodística, esta inversión está fuertemente desactualizada, al punto que se redujo a una quinta parte en la última década, y se fue deteriorando en paralelo con el agravamiento de otras variables, lo que hace imperioso recomponer su volumen.

 El informe de Adepa también detalla los ataques y agresiones a medios y periodistas sucedidos en el último semestre, así como decisiones judiciales que afectaron a la libertad de expresión.

 Con relación a los episodios de violencia, Adepa se refirió al gravísimo atentado incendiario en diciembre pasado contra el diario El Chubut por parte de manifestantes contrarios al desarrollo de la minería, que se produjo en el marco de una escalada que se había iniciado a principios de 2021 con la patota que causó destrozos en la sede del diario Río Negro y continuó en noviembre pasado, cuando la sede del Grupo Clarín fue atacada con bombas molotov.

 �SEs menester reiterar que es totalmente repudiable que en democracia se produzcan escaladas violentas ante cualquier disidencia en el debate público. Suena redundante recordar, a casi 40 años de la recuperación democrática en el país, principios tan elementales como la resolución pacífica de conflictos, la necesidad de un debate racional y argumentado, el respeto a las instituciones y los poderes públicos, y el ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales⬝, advirtió Etchevers.

 En el terreno judicial, Adepa destacó los fallos favorables en los casos que involucraron a los periodistas Santiago O�"Donnell y Daniel Santoro, y cuestionó la orden de captura internacional contra el periodista deportivo argentino Julio Chiappetta, dispuesta por la justicia de Paraguay.

 Además, Adepa destacó la reciente audiencia pública convocada por la Corte Suprema para debatir la validez del denominado �Sderecho al olvido⬝, una figura sujeta a profundas discusiones en el plano jurídico internacional. En un amicus curiae, Adepa planteó la colisión de esa figura con los principios de libertad de expresión, por entender que la supresión y desindexación de información limitan el debate público. También reflexionó sobre los perjuicios que genera el opaco funcionamiento de los algoritmos de los buscadores y sostuvo que se deben encontrar soluciones que no supongan el ocultamiento de información, sino la corrección de esos algoritmos.

�SAdepa rechaza el ��derecho al olvido�", pero plantea la necesidad de dotar de mayor transparencia al ecosistema digital⬝, expresó Etchevers.

En esa misma línea, la entidad alertó sobre la reciente promoción de una iniciativa que pretende regular el funcionamiento de las redes sociales desde el Estado o con participación estatal, por su potencial impacto sobre la libertad de expresión y la pluralidad del debate público.

�SCon una mirada en perspectiva, el mundo, el país y la industria periodística concluyen un semestre de fuertes convulsiones. En ese marco, el periodismo y la libre expresión volvieron a estar asediados pero también demostraron su valor estratégico para la sociedad. Eso nos permite mirar el futuro con esperanza y asimismo con una enorme responsabilidad, porque los desafíos son muchos y porque la libertad de prensa jamás está definitivamente conquistada⬝, finalizó Etchevers.

 La sustentabilidad del periodismo �Sno es posible sin un sólido andamiaje institucional y económico, que ha sido afectado por la pandemia a nivel global. En la Argentina, fragilidades preexistentes y decisiones recientes socavan aún más las bases en las que se apoya una prensa libre y dinámica⬝, señaló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en su informe semestral de libertad de prensa. El documento se aprobó por unanimidad en la 58a Asamblea anual de la institución, que se llevó a cabo en formato virtual.

 �SComo sostenía Gregorio Badeni, sin independencia de poderes y un ámbito propicio para el desarrollo empresarial, la libertad de prensa es un concepto abstracto. Más aún, la autonomía de la prensa y la independencia de la Justicia son indicadores de la propia salud de la República⬝, expresó Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa, durante la lectura del informe ante directivos y representantes de medios de todo el país.

 �SVivimos tiempos complejos que requieren cuidados especiales -agregó el directivo-. Las tensiones, urgencias y expectativas se multiplican en nuestra sociedad. También crece el riesgo de deteriorar severamente el clima que requiere la discusión pública para afrontar sus retos y resolver sus problemas. Existe una responsabilidad primaria de los gobiernos, a nivel nacional y local, en la preservación de ese clima. Pero el resto de los sectores de cada comunidad deben contribuir al intercambio de ideas y la búsqueda de consensos, evitando que los argumentos sean reemplazados por descalificaciones o las razones por violencia⬝.

 El informe semestral de Adepa hizo un reconocimiento especial a los periodistas de todo el país, que continuaron desempeñando sus tareas como trabajadores esenciales durante la pandemia. �SNuestra capacidad para preservar las libertades se pone a prueba en estos tiempos de pandemia. Atravesamos una coyuntura en la que la cooperación y los consensos necesarios para afrontar el desafío presuponen información adecuada y compartida. Por lo tanto, la tarea de difundirla, como la de chequearla, contextualizarla, jerarquizarla, interpretarla y discutirla, redoblan su valor estratégico. También se redoblan las dificultades para llevar a cabo ese trabajo. Los medios y los periodistas deben reflejar y analizar la crisis del Covid-19 mientras la sufren⬝, puntualizó Dessein.

 Adepa también se refirió a las situaciones de riesgo para el ejercicio de la profesión periodística que aparecieron durante la pandemia. �SEl respeto por el trabajo periodístico, reconociendo los derechos que implica y preservando las condiciones necesarias para su desenvolvimiento, es una premisa ineludible para resguardar el vigor y la amplitud del debate que nutre a toda democracia. Las muestras de intolerancia contra la prensa y la crítica encienden las primeras señales de alarma para el mantenimiento de los acuerdos básicos que sostienen nuestra convivencia⬝, afirmó el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

 El informe detalló algunos casos concretos en el que se puso en evidencia el enrarecimiento del clima en el debate público en nuestro país: amenazas, declaraciones destempladas y señalamientos estigmatizantes estimulan el conflicto y la autocensura.

 Dessein mencionó el caso de Luis Majul, el periodista que denunció ataques de sectores políticos y sindicales, que incluyen una extensa campaña de descalificación y una arbitraria vinculación de su nombre en causas de espionaje de las que el periodista señaló que es ajeno. Vinculadas a este último ámbito, se hicieron públicas operaciones de seguimiento ilegal en 2018, atribuidas a la anterior gestión de la AFI, contra los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon. Los amedrentamientos anónimos, en muchos casos muy graves como los destinados al periodista Diego Brancatelli, se incrementaron.

 También se refirió al video publicado en junio por la vicepresidenta de la Nación en el que aparecían imágenes de periodistas superpuestas a un discurso que condenaba la �Scobertura de los medios hegemónicos⬝ y denunciaba una �Scomplicidad⬝ con el gobierno anterior. Y a la aberrante expresión de Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien afirmó que �Slos medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler⬝.

 El informe de Adepa también hizo una mención a la abortada cláusula contra la prensa, impulsada por el senador Oscar Parrilli en el debate sobre la reforma judicial, representó un riesgo para la libertad que requiere el periodismo. �SSe trató de una disposición ambigua, que actuaba como una amenaza indefinida para la labor periodística, cuya justificación implícita se apoyaba en la teoría del Lawfare, que plantea una supuesta connivencia entre sectores de la política, la Justicia y los medios⬝, dijo Dessein.

 Un párrafo aparte merecieron los abusos contra la labor periodística en la implementación de protocolos sanitarios o excesos en el intento de resguardar la salud pública con improcedentes medidas de ciberpatrullaje o el impulso de normas contra la desinformación que atropellan la libertad de expresión. En junio, el periodista chaqueño Gustavo Romero sufrió un allanamiento de Gendarmería Nacional con el propósito de verificar si era de su autoría una publicación sobre casos de coronavirus en su provincia. En julio, efectivos de la Policía de Santiago del Estero retuvieron sin causa al periodista cordobés Gabriel Varela y luego lo escoltaron hasta el límite de la provincia, bajo el pretexto del estricto cumplimiento de los protocolos de emergencia por el Covid-19.

 Por último, en agosto, entró en vigencia en Tucumán una ley sancionada por la Legislatura provincial que pena con multa o arresto de hasta 10 días a quien difunda �Spor redes sociales noticias que resulten total o parcialmente falsas⬝. �SEsta ley resulta incompatible con normas constitucionales y con estándares internacionales que protegen a la libertad de expresión en el sistema constitucional argentino⬝, afirmó Dessein.

 El informe de Adepa también reflexionó sobre los avances en el debate público en relación con la regulación de las plataformas. �SPaíses como Australia o los que integran la Unión Europea han sancionado directivas, leyes y reglamentaciones que protegen los derechos de autor en el mundo digital. Grandes empresas tecnológicas han aceptado la necesidad de regulaciones en ciertos ámbitos y en algunos casos avanzan con acuerdos con medios para remunerarlos por sus contenidos⬝, señaló.

�SLas regulaciones no deben cercenar la libertad de expresión ni, en particular, inmiscuirse con los contenidos.

����Esto es algo que ocurre con lo dispuesto por el reciente decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional, que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una norma que no registra antecedentes en el mundo libre.

����Los avances legislativos en distintos países, el reconocimiento de los derechos de la industria periodística y la profundidad que adquiere la discusión pública sobre estas cuestiones abren un horizonte indispensable para la sustentabilidad del periodismo⬝, especificó Dessein.