La libertad de prensa constituye uno de los pilares de una sociedad democrática. Su historia en Argentina tiene un antecedente fundamental en el decreto del 26 de octubre de 1811, que reconoció el derecho a publicar ideas sin censura previa, en el contexto del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810. La medida representó un paso significativo en la construcción de las libertades públicas. Con el tiempo, estos principios adquirieron protección constitucional. Los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional garantizan la publicación de ideas por la prensa sin censura previa y establecen límites a la intervención legislativa sobre la libertad de imprenta. A su vez, el artículo 43 protege el secreto de las fuentes de información periodística.Sin embargo, la existencia de garantías legales no elimina los conflictos que atraviesan al periodismo. En la actualidad, organizaciones especializadas advierten sobre agresiones, presiones políticas, dificultades económicas y obstáculos para el acceso a la información.

Un retroceso en los indicadores internacionalesLa situación argentina quedó reflejada en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El país se ubicó en el puesto 98 entre 180 naciones, luego de ocupar el lugar 87 en 2025. La organización señaló un deterioro de las condiciones políticas y sociales para el ejercicio periodístico, además de situaciones de hostilidad hacia la prensa y violencia contra trabajadores que cubren manifestaciones.El informe también contempla factores económicos y legales que inciden en la independencia de los medios, la pluralidad informativa y las posibilidades de desarrollar una actividad periodística sostenible.

FOPEA registró un récord de ataques durante 2025El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) contabilizó 278 casos de ataques contra periodistas durante 2025, un 55 % más que los 179 registrados en 2024. Según su informe anual, se trató de la cifra más alta desde que comenzó el monitoreo de libertad de expresión de la entidad, en 2008.El relevamiento identificó distintas modalidades de agresión, entre ellas discursos estigmatizantes, ataques a la integridad de los trabajadores de prensa, amenazas, restricciones al acceso a la información y acciones judiciales. FOPEA atribuyó al presidente Javier Milei 119 de los episodios registrados, principalmente vinculados con expresiones agraviantes o intimidatorias. Estas cifras corresponden al monitoreo de la organización y permiten dimensionar los casos denunciados y documentados, aunque no implican que todos hayan tenido una resolución judicial. Las agresiones físicas durante coberturas de protestas también forman parte de las preocupaciones de las entidades periodísticas. En esos escenarios, la protección de los trabajadores de prensa resulta fundamental para garantizar que puedan registrar y transmitir hechos de interés público sin sufrir violencia ni impedimentos arbitrarios.

Las condiciones para informarEl debate sobre la libertad de prensa también comprende la situación económica de los medios, la precarización laboral, la concentración de la propiedad y las dificultades para sostener el periodismo local. Estos factores pueden reducir la diversidad de voces y limitar la capacidad de investigar asuntos de interés público.Otro hecho relevante fue el cierre operativo de la agencia estatal de noticias Télam en 2024, una decisión que modificó el escenario de producción y distribución de información pública en el país. En este contexto, entidades como FOPEA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y organizaciones internacionales mantienen iniciativas de seguimiento y defensa de la libertad de expresión. Sus informes y pronunciamientos plantean la necesidad de proteger a los periodistas, garantizar el acceso a la información y promover condiciones que permitan ejercer la profesión sin intimidaciones.

Un derecho que alcanza a toda la sociedadLa libertad de prensa no constituye solamente una garantía para periodistas y empresas periodísticas. También protege el derecho de la ciudadanía a recibir información, conocer distintas perspectivas y participar de los asuntos públicos con mayores elementos de juicio.A 215 años del decreto de 1811, la fecha invita a revisar el camino recorrido y los desafíos pendientes. La vigencia de la libertad de expresión requiere no solo normas que la reconozcan, sino también el respeto de las instituciones, la seguridad de quienes informan, la pluralidad de voces y condiciones que permitan desarrollar el trabajo periodístico con independencia y responsabilidad.