En plena negociación por la nueva Ley Ómnibus, el gobierno que encabeza Javier Milei evalúa incluir la reforma laboral entre los artículos que la componen. De esta forma, garantizará vía el respaldo parlamentario la implementación de flexibilidades hoy suspendidas del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Se trata de un pedido de la oposición dialoguista al que la administración libertaria planea darle lugar. Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, el receptor del reclamo de varios bloques para incorporar aspectos de la reforma al nuevo borrador del proyecto. Una fuente de Balcarce 50 reveló que la idea es mantener el proyecto original diseñado por Federico Sturzenegger, aunque admitió que se trata de una negociación con todos los sectores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia al tema en la habitual conferencia de prensa diaria al plantear que las reformas laborales “han tenido un consenso mayoritario”, y aclarar que el objetivo es lograr una reforma integral que dé pie a una reforma previsional. “Todos los sectores están de acuerdo en que la reforma debe darse. Cuando tenés por un lado salarios miserables, no generás empleos desde hace 12 años, tampoco lograr generar empresas y encima tenés un 45 % de informalidad laboral no hay mucho que explicar para entender que el esquema laboral argentino no está funcionando. Lo entiende parte de los sindicatos, parte de la política, parte de los empresarios y nosotros”, desarrolló al respecto. En las últimas horas, el ministro del Interior expresó: “Nosotros somos receptivos a que se pueda incorporar. Hay un plenario de comisiones que va a tratar cuando consigamos todos los acuerdos, se tratará la ley bases en las comisiones y verán si se puede adjuntar”. En una entrevista a la señal La Nación +, amplió: “Todo lo que sea mejorar el régimen laboral, que todo el mundo quiere que sea reformado. Creo que cuando llegue el momento de discutirlo en el parlamento discutirán esto y verán si quieren incorporar algunos aspectos de la ley laboral”. Por estas horas, el titular de la cartera del Interior se encuentra en la provincia de Salta, donde se reunió con 10 gobernadores del NOA y el NEA junto al secretario de Interior, Lisandro Catalán; al secretario de Municipios y Provincias, Javier Milano, y al asesor de Obras Públicas, Bartolomé Heredia en un nuevo capítulo por acercar posturas que posibiliten el acompañamiento a la nueva ley. Se espera además que las negociaciones continúen en lo que queda de la semana y posterior al fin de semana largo XXL.

El funcionario recibió en su despacho de la sede gubernamental al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y luego a tres diputados del bloque del PRO, Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto y Silvana Giúdici.

Si bien el PRO ya había acompañado la primera versión de la ley, ahora Francos decidió volver a reunirse con sus referentes para ratificar el apoyo de esta fuerza, que se viene mostrando como aliada a los libertarios.

“El bloque del PRO va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones”, confirmó tras la reunión Ritondo, y se mostró confiado en que el proyecto será aprobado: “No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular”.

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto. Sofía Rojas, NA.

La decisión se da luego del traspié de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y el enfrentamiento del Presidente con los gobernadores.

El presidente Javier Milei les solicitó este viernes la renuncia a los titulares de Anses y Minería, Osvaldo Giordano y Flavia Royón, respectivamente.

El pedido llega luego del fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, por lo que el líder de La Libertad Avanza responsabiliza, entre otros, a los funcionarios cercanos a los gobernadores peronistas.

“La Oficina del Presidente de la República Argentina comunica que el presidente Javier Milei la solicitado la renuncia del Titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón”, expresaron en un comunicado.

Además, informaron que “sus respectivos sucesores serán anunciados en los próximos días.

Asimismo, la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado.

Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

Este miércoles por la tarde, Macri manifestó: “Hoy es un día muy importante porque se va a votar una ley fundamental para comenzar un cambio en la Argentina. Por eso apoyo la ley que presentó el gobierno”, en paralelo al primer tramo de la sesión de la Cámara baja por la Ley Ómnibus.

Además, el expresidente agregó un mensaje para los diputados, dirigido a aquellos que plantean un rechazo innegociable al proyecto y los que quieren introducir cambios artículo por artículo.

“Al mismo tiempo, hoy vamos a poder ver a dos grupos en acción: los que se empeñan en mantener sus privilegios buscando trabar al gobierno y los decididos a avanzar hacia el cambio”, aseguró Mauricio Macri.

Pidieron que Mauricio Macri asuma la presidencia del PRO: “Es la persona indicada”

Un grupo de dirigentes del PRO pidió que Mauricio Macri se convierta en el nuevo presidente en las elecciones que se llevarán a cabo en marzo, tras la salida de Patricia Bullrich, quien se sumó al Gobierno de Javier Milei como ministra de Seguridad.

Lo hicieron a través de un comunicado en el que calificaron al ex mandatario como “la persona indicada para llevar adelante este proceso de unidad”.

Bajo el título “Mauricio es el indicado para liderar la unidad del PRO”, los dirigentes aseguraron estar “convencidos de que necesitamos fortalecer el partido, potenciarlo como un espacio político que represente las demandas de los argentinos y sobre todo, seguir trabajando por la unidad”.

Y afirmaron que la “experiencia, liderazgo y visión” de Macri “son fundamentales para fortalecer el espacio” y que el partido “siga siendo un actor protagónico en la escena política de nuestro país”.

Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía para aprobar en general la Ley Ómnibus y continuar con el tratamiento de los artículos en particular.

Mientras dentro del recinto la sesión transcurrió sin mayores contratiempos, a excepción del cruce entre diputados del Frente de Izquierda con un empresario pyme que gritaba desde uno de los palcos, las negociaciones paralelas se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

Dado que por la gran cantidad de temas que abarca el proyecto y por el número de oradores, se estimaba que la sesión duraría cerca de 40 horas. Por eso es que durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se había esbozado la posibilidad de interrumpir el debate para que los diputados puedan dormir antes de continuar.

Los únicos que se opusieron fueron los integrantes de la bancada de Unión por la Patria. “Nosotros estamos para continuar esta sesión”, dijo Germán Martínez, molesto porque su partido no fue incluido en las negociaciones.

La sesión comenzó esta mañana con el anuncio de una nueva tanda de recorte de artículos, como la exclusión de los artículos que cambiaban el Régimen Federal de Pesca (muy festejada por los gobernadores del sur), la eliminación de los artículos referidos al impuesto PAÍS, a la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y al régimen de Zonas Frías.

Este miércoles se comenzará a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Ómnibus que fue presentado por el presidente, Javier Milei.

Esta iniciativa propone una reforma estructural en diferentes aspectos.

En este marco, esta Agencia se comunicó con el legislador entrerriano Atilio Benedetti, que forma parte del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), expresó que darán quórum al proyecto aunque se encuentran en objeción con 170 artículos.

En tanto, Pedro Galimberti, su par de bancada, indicó en X (ex Twitter) que durante la reunión que mantuvo el bloque radical en el recinto de la Cámara "armonizamos posiciones sobre diferentes temas y resolvimos garantizar el quórum para debatir el proyecto que el Gobierno demanda para poder llevar a cabo su gestión".

Finalmente, La Libertad Avanza le puso fecha a la sesión por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. El debate se llevará a cabo mañana miércoles, y aunque resta definir horario, estiman que durará aproximadamente "cuarenta horas".

En tanto, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, convocará a los jefes de bloque para el martes, a fin de definir la dinámica que tendrá la sesión maratónica.

En tanto, los Gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán hoy para evaluar, de conjunto, las modificaciones que el gobierno de Javier Milei aplicó a la iniciativa.

Para ese fin, se darán cita a las 19 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera que delimiten una postura conjunta sobre la megaley.

Los cambios anunciados por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, respecto a la eliminación del paquete fiscal, generaron incertidumbre en los mandatarios provinciales en los que, la administración libertaria, promete aumentar el ajuste de no salir la ley.

Los representantes del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se mantienen expectantes y aseguran que si bien se trata de una "buena decisión" por parte del Gobierno, advierten que aún no hay precisiones "más allá de los títulos que van a presentar".

El presidente Javier Milei se prepara para hacer pasar en el Congreso la Ley Ómnibus, su principal caballito de batalla, y para eso endurece su postura con las provincias, luego de haber aplicado modificaciones a la letra: "hasta acá llegó el Gobierno", alertó.

Desde la administración libertaria aseguran que cedieron todo lo que tenía para ceder y remarcan que debido a la eliminación del paquete fiscal, contemplado en el megaproyecto original, la meta de déficit fiscal se alcanzará de todas formas. "Hicimos cuentas, el déficit cero se va a alcanzar igual", prometen.

A pesar del revelamiento realizado por la consultora Zuban Córdoba y asociados, que sostiene que un 58 % de la población se muestra en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias, el Presidente jura y perjura que el recorte se aplicará a las partidas de los distintos distritos.

A días de haber obtenido dictamen positivo y próxima a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación, el mandatario provincial indicó que la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei será "una de las leyes más importantes de la historia de nuestra democracia. Los argentinos sufren una situación desesperante producto de décadas de malas decisiones de la política. No hay más margen para seguir equivocándose, la sociedad no aguanta más", dijo y aseguró estar "de acuerdo con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesiten -y estén a nuestro alcance- para poder llevar adelante el ordenamiento del país, liberar al potencial productivo de las regulaciones que lo condicionan y lograr el equilibrio de las cuentas públicas, tareas en las que también estamos comprometidos en nuestra provincia. Coincidimos con el Ministro de Economía en que el objetivo de alcanzar el déficit cero no puede ser una meta negociable. Es el requisito principal para empezar a ganar la batalla contra el flagelo de la inflación", para luego reconfirmar que los diputados de Juntos por Entre Ríos apoyaron el dictamen positivo que se firmó.

"Nuestro país no puede seguir esquivando los problemas y tiene que tomar las medidas que sean necesarias para poder resolverlos de una vez por todas", mencionó y aseguró que "de 550 artículos quedan muy pocos temas para terminar de consensuar la que va a terminar siendo, sin dudas, una de las leyes más importantes de la historia de nuestra democracia".

Frigerio justificó el apoyo asegurando que todas las sugerencias que se hicieron desde la provincia "han perseguido el objetivo de intentar acercarnos aún más al norte que marcó el Gobierno nacional. Es indispensable que en estos días que quedan hasta la sesión de Diputados, el oficialismo siga convocando al diálogo. No es momento para disputas políticas. Millones de argentinos necesitan ver a sus gobernantes trabajando juntos, todos los días, para salir adelante de esta situación terminal", finalizó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la retirada del capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, después de la destitución del titular de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ordenada por el presidente Javier Milei. Caputo afirmó que esta medida tiene como objetivo acelerar la aprobación de la iniciativa en el Congreso y subrayó que el compromiso del Gobierno de alcanzar el equilibrio fiscal sigue intacto.

La semana ha estado marcada por las negociaciones en torno al proyecto de ley ómnibus, que finalmente obtuvo el dictamen de mayoría, con el apoyo de los bloques dialoguistas y la convocatoria a un paro general por parte de la CGT. Además, el Gobierno se reunirá con el FMI para discutir el desembolso de aproximadamente US$4.700 millones.

Con la salida de Ferraro, Caputo asume un papel más amplio, supervisando no solo la economía, la energía y la minería, sino también el transporte, obras públicas, comunicaciones, vivienda, y organismos como Aerolíneas Argentinas, empresas ferroviarias, Corredores Viales y Vialidad Nacional.

Pero los cambios al texto original no terminan de conformar a los bloques opositores dialoguistas.

Dentro de este espacio están los diputados que responden a los 10 gobernadores de Juntos.

El bloque se reunió con el ministro de Interior, Guillermo Francos, vía Zoom. Pidieron precisiones pero no las obtuvieron.

Eso motivó un encuentro de urgencia esta mañana en Buenos Aires.

El mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, suspendió el gabinete y la conferencia de prensa posterior y viajó a Capital.

El mandatario provincial fue a Casa Rosada como primus inter pares del grupo.

Llevó un pliego de seis puntos, entre ellos no avanzar sobre los derechos de exportación, la financiación de las cajas previsionales provinciales no transferidas con el fondo de garantías de la Anses y la anulación de la eliminación de fondos provinciales específicos.

El Ejecutivo aceptó incluir todos los ítems. Salvo retenciones.

Por eso habrá un dictamen de mayor del oficialismo, con disidencias parciales de la UCR y de Hacemos Cambio Federal porque no votarán aumento de impuestos sobre las ventas al exterior.

Esto garantizaría que La Libertad Avanza pueda hacer votar su dictamen en el recinto en los próximos días. Y posterga a la oposición más dura a emitir un dictamen de minoría.

Se espera que entonces los legisladores de los gobernadores voten a favor en general.

Pero pondrán pulgares abajo para los artículos que se vinculan con los derechos de exportación.

El bloque de gobernadores de Juntos está integrado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Los seis puntos

El Gobierno Nacional no accedió al pedido de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio de anular el incremento a las retenciones a las exportaciones sin embargo, habría aceptado incorporar al proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” las otras sugerencias que se propusieron:

1) Cumplimiento Disposición CSJN CABA. Los mandatarios provinciales propusieron el cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en todos los casos donde la CSJN dirima cuestiones interjurisdiccionales.

En el comunicado se detalla que cumplir con la indicación de la CSJN no representa un costo fiscal adicional para la Nación.

2) Blanqueo sin Asignación Específica (coparticipable). Los gobernadores pidieron modificar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, con el objetivo de eliminar de la asignación específica lo producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el texto se destaca que las provincias atraviesan una desafiante situación fiscal y financiera, que se agravará por el recorte en las transferencias federales de carácter no automático (estimado en 0.5% del PBI), el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los servicios de intereses en moneda extranjera y la pérdida de recursos coparticipables derivada de la implementación de la Ley 27.725, que implicará una pérdida anual para las 24 jurisdicciones de $1.69 billones en base a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

3) Bloquear la eliminación del FFDP y del FFFIR. Los gobernadores solicitaron excluir del alcance del Artículo 4°inciso h) y del Artículo 6° inciso g) a los Fondos Fiduciarios creados mediante Ley N°24.855 y Decreto PEN N° 286/95.

En el comunicado se indica que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social, tendientes a la integración nacional, el desarrollo regional, el intercambio comercial y la generación de empleo para los argentinos y las argentinas; mientras que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) asiste y financia programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera. Dada la relevancia que tienen como fuente de financiamiento para las provincias y CABA, magnificada en el contexto actual de dificultades para el acceso al financiamiento voluntario de los mercados de crédito, se solicitó que sean excluidas del alcance del Artículo 4°.

4) Determinación del Salario Mínimo Docente. Los mandatarios exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y con las entidades representativas de las instituciones de educación pública de gestión privada.

Al respecto, cada provincia y CABA acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.

5) Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los mandatarios propusieron la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma. El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. 6) Eliminación de la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Los gobernadores pidieron la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.

El Gobierno cedió a las demandas de la oposición “dialoguista” y envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que busca aprobar la mayoría de las modificaciones propuestas. Entre los principales cambios, el Poder Ejecutivo acepta eliminar a YPF de la lista de empresas a privatizar y limita la privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, manteniendo el control estatal.

También se limitan las retenciones a cero para las economías regionales y se elimina la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación, manteniendo solo la posibilidad de reducirlos en el futuro. El Presidente promete una reducción de retenciones y otros impuestos una vez que la economía se estabilice, pero esto depende de la aprobación de la ley y el DNU.

En cuanto a las jubilaciones, se comprometen a mantener la fórmula previsional hasta abril y luego actualizarla automáticamente según la inflación mensual. El Gobierno busca el respaldo de la oposición dialoguista, que está analizando los cambios en detalle.

El presidente Javier Milei decidió atender las críticas y realizar correcciones en el proyecto original, reduciendo el número de artículos de 664 a 523. También se pospusieron ciertos temas para su tratamiento posterior en sesiones ordinarias en marzo, como cambios en la ley de sociedades, la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad y temas de salud mental y reforma electoral.

En cuanto a los plazos de emergencia y el blanqueo de capitales, se redujeron las delegaciones legislativas y se establecieron restricciones para los sujetos no residentes que deseen adherirse al régimen de regulación de activos. Además, se excluyó a funcionarios que se hayan desempeñado en los últimos 5 años y se destinaron los fondos del Impuesto Especial de Regularización a la capitalización del Banco Central.

El presidente Milei se reunió con líderes de la oposición libertaria para planificar el trabajo en comisión y avanzar en la aprobación de la Ley Ómnibus.

“No sólo se acompaña desde el discurso a la cultura, sino comprometiendo el voto a favor de del Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y las Bibliotecas Populares”, hicieron saber los diputados nacionales entrerrianos de Unión por la Patria.

Se realizó este viernes por la tarde una reunión entre la comunidad cultural entrerriana y legisladores nacionales de Unión por la Patria de Entre Ríos ante la preocupación del sector respecto de lo que propone la Ley Ómnibus para la Cultura.

El capítulo propone eliminar el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y el fondo social de las Bibliotecas Populares; y también desfinanciar el INCAA y el INAMU entre otros recortes.

En ese marco, se ratificó que el diputado nacional y ex gobernador Gustavo Bordet, al igual que las diputadas Carolina Gaillard, Blanca Osuna y el diputado Tomás Ledesma van a votar a favor de los derechos de los entrerrianos la semana próxima, por eso rechazarán el Capítulo Cultura. “Es muy importante contar con la voluntad de los demás bloques políticos”, resaltó Gaillard.

“Nuestra concepción de la cultura que guio el diseño de las políticas del sector en los últimos años en la provincia fue el valor estético, simbólico y artístico de la cultura, su condición de factor de desarrollo social y económico, y fundamentalmente, su característica de derecho esencial. Estas fueron las dimensiones fundamentales que se materializaron en acciones que impulsó Gustavo Bordet durante sus dos gestiones como gobernador”, expresó Carolina Galliard luego del encuentro.

“Ha habido normativas que demuestran el valor que le hemos dado a la cultura en la provincia con la regulación normativa la Ley de Fondo Editorial, la Ley de Teatro, la Ley de Fomento a la Producción Audiovisual Entrerriana, la Ley de Patrimonio  Cultural Provincial, la creación del Consejo Provincial de Cultura, entre otras normas que sentaron un precedente inédito en la provincia en la gestión cultural pública”, recordó la legisladora nacional, quien estuvo a cargo del área entre 2015 y 2019.

Durante el encuentro con los sectores, del que participaron Gaillard y Osuna, se ratificó que Unión por la Patria va a rechazar la Ley Ómnibus en su totalidad, por ser una ley de delegación de todas las potestades que le permite al Presidente Milei gobernar por decreto, pero en particular manifestaron un contundente rechazo al capítulo de cultura, que entienden va a tener acompañamiento de otros bloques, porque implica la agonía del cine, el teatro y las bibliotecas populares.

“Desde el bloque Unión por la Patria pedimos la completa eliminación del capítulo de cultura. No vamos a acordar con ninguna modificación que mejore la redacción inicial, porque lo que se busca es afectar los recursos y el funcionamiento institucional del área, la distribución federal de los recursos y la debida participación de los actores culturales de la disciplina”, explicó la legisladora.

Además, reclamó la colaboración de los demás bloques para el rechazo de la ley: “Exhortamos a los diputados nacionales de Entre Ríos, de los bloques de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, a votar a favor de los derechos de los entrerrianos y pedir la eliminación del capítulo de cultura”.

“Ninguna modificación evitará el vaciamiento, la centralización y discrecionalidad a la que quieren llevar al Cine, al Teatro y a los distintos espacios para apagar sus voces. No vamos a ser cómplices”, enfatizó Gaillard.

En tanto, la diputada Osuna destacó el “impulso que los trabajadores y gestores de la cultura le están dando a esta instancia donde están en juego derechos no sólo de ellos/as, es crucial. Tiene como antecedente lo que hicieron en 2016 en Paraná. Esta vez encabezan la resistencia al DNU y la mega ley”.

“Cuentan con nuestro apoyo y por supuesto estaremos codo a codo en defensa de sus reivindicaciones”, finalizó la diputada.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reiteró su apoyo a la reforma laboral contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y pidió ser parte de la discusión previa que podría generar la Corte Suprema para tratar la cuestión.

La CAC, a través de un comunicado, recordó que es una entidad que está vigente desde 1924, en una actividad que comprende a cerca de 4,5 millones de trabajadores, lo que la coloca “en un lugar esencial para poder informar y enriquecer el debate que seguramente se llevará a cabo en la Corte Suprema, respecto de los alcances del Capítulo Laboral, Título IV del DNU 70/2023”.

La entidad empresaria se ofreció ante la Corte para participar como “amicus curiae“ ante el rechazo del DNU planteado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que presentaron diversos recursos de amparo contra esa medida.

En ese debate que podría darse en la Corte Suprema, la CAC puede aportar “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos que recabamos exhaustivamente y hemos ido recabando en nuestros 100 años de actividad en el sector empresario”, destacó el comunicado. “Estamos convencidos de que, los cambios que se impulsan en materia laboral, propiciarán la creación de más puestos de trabajo, en empresas ya existentes y nuevas a conformarse, trayendo beneficios para el sector asalariado, especialmente la formalización de las relaciones laborales”, argumentó la entidad empresaria.

La Unión Industrial Argentina (UIA) adelantó que se presentará en calidad de amicus curiae en apoyo a la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fuera suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que ahora -tras la apelación del Gobierno- será tratada por la Corte Suprema de Justicia.

La condición invocada de amicus curiae es la que permite participar a terceros ajenos a un proceso judicial, en base al presunto conocimiento y competencia que tienen sobre la cuestión.

La UIA dijo que se presentará “con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias”.

"En lo político, económico y cultural hay una correspondencia directa entre lo que define esta ley y el sustento ideológico de la última dictadura".

La legisladora nacional cuestionó el polémico proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación y criticó la performance de los funcionarios en el plenario de comisiones: "Los representantes del Ejecutivo estuvieron un papel lamentable en su presentación para explicar detalles de la iniciativa: hay ministros que ni estuvieron, como el de Economía o la de Capital Humano, no estuvo el Jefe de Gabinete ni (Federico) Sturzenegger", el autor intelectual de la norma.

La legisladora nacional cuestionó el polémico proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación y criticó la performance de los funcionarios en el plenario de comisiones: "Los representantes del Ejecutivo estuvieron un papel lamentable en su presentación para explicar detalles de la iniciativa: hay ministros que ni estuvieron, como el de Economía o la de Capital Humano, no estuvo el Jefe de Gabinete ni (Federico) Sturzenegger", el autor intelectual de la norma.

Sostuvo que "hay poca dimensión del impacto que tiene esto en la vida de todos" y advirtió: "Estamos ante una situación de altísima gravedad institucional y frente a una definición de total inhumanidad, cuyas implicancias -en términos constitucionales- sólo existen en dictaduras: por ejemplo, las extensas delegaciones legislativas que pretende acumular la figura presidencial exclusivamente".

Además, Osuna aseveró que "en lo político, económico y cultural hay una correspondencia directa entre lo que define esta ley y el sustento ideológico de la última dictadura, entre ellas, la rifa de la soberanía nacional con la privatización de 41 empresas.

"Esto es invotable en todo sentido e inconstitucional desde donde se lo mire, y quienes avalan el avance de leyes anticonstitucionales caerán en una traición a la patria".

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) reclamó introducir modificaciones en la ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, ante el “impacto negativo” que tendría la propuesta de aplicación de derechos de exportación al sector. La iniciativa de Javier Milei propone fijar en 8 % dicha alícuota.

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) planteó este miércoles a legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas la necesidad introducir modificaciones en la Ley Ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, por el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al sector.

El artículo 205 del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” propone fijar en 8% la alícuota de derecho de exportación “para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola”, recordaron desde la entidad.

El objetivo de la reunión fue informar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre el impacto negativo que estos derechos de exportación tendrían sobre toda la oferta exportable de Argentina, y solicitarles que no acompañen este artículo y mantengan como hasta ahora a la vitivinicultura sin tener que pagarlos.

Del encuentro participaron, por parte de Coviar, su presidente Mario González; el vicepresidente José Alberto Zuccardi; el presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan y miembro del Directorio José Molina; y el gerente general Carlos Fiochetta.

Por su parte, los legisladores que estuvieron presentes fueron Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja); Fernando Rejal (UP La Rioja); Luis Picat (UCR Córdoba); Anabel Fernández Sagasti (UP Mendoza); Adolfo Bermejo (UP Mendoza); Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR Mendoza); Mariana Juri (Cambia Mendoza); Pablo Cervi (UCR Neuquén); Oscar Parrilli (FdT Neuquén); Celeste Giménez Navarro (FdT San Juan); Jorge Chica (UxP San Juan); Walberto Allende (PJ San Juan); Daniel Bensusán (PJ La Pampa); Cristina López (PJ Tierra del Fuego); Guillermo Andrada (UxP Catamarca); y José Mayans (FdT Formosa). También fueron de la partida los senadores y los exgobernadores Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); y Sergio Uñac (San Juan).

“La aplicación de derechos de exportación al sector afectaría directamente a toda la cadena vitivinícola, principalmente al sector primario atentando contra la generación de empleos, la competitividad externa y la atracción de inversiones de una industria presente hoy en 18 provincias”, sostuvo González.

Pagotto planteó que existen desfasajes del mercado de los cuales no es ajeno el Estado: “La presión tributaria que tiene este país es terrible y es uno de los problemas que debemos atacar por encima de todo”.

Por su parte, Picat señaló: “Estamos en contra de cualquier impuesto distorsivo y aumento de nuevos impuestos a los productos incluidos en el artículo presentado por el Ejecutivo, que nos saca del mercado”.

En tanto, Fernández Sagasti reafirmó el compromiso de trabajar intensamente y generar los consensos para que se modifique este artículo y agregó: “El sentido común nos dice que las economías regionales no tienen que estar gravadas”.

Por último, Uñac afirmó: “nos llevamos el compromiso de generar el justo equilibrio para proteger al productor y al industrial en todo sentido”.

El derecho de exportación sobre el vino del 8% propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar 71,3% de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado, según el Observatorio Vitivinícola Argentino.

“Implica una pérdida de competitividad y de mercados, caída en las ventas al exterior, especialmente pymes que dejarán de exportar y mayores excedentes de producción que se orientarán al mercado interno frente a la imposibilidad de poder venderlos en los mercados externos, generando una mayor oferta que presionará a la baja sobre los precios, afectando a los productores de uva y a las pymes”, concluyeron desde la Coviar.