Legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) formalizaron recientemente la firma de un compromiso para impulsar la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Pregnancia (IVE). El documento, que cuenta con el respaldo de referentes del sector a nivel nacional, generó una respuesta inmediata en Entre Ríos. 

En este contexto la integrante de la red de socorristas “Dora te Escucha” y de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, Antonella Acosta, cuestionó duramente la iniciativa.

Para la referente social, este avance legislativo no representa una simple reforma, sino un desconocimiento de la construcción democrática de un proceso de ampliación de derechos que “tiene completa validez legal y legitimidad social, porque fue una ley que conquistamos con años de deliberación pública, que fue socialmente ganada y legitimada”.

En esa línea, advirtió que derogar la normativa implicaría una regresión que colisiona con principios constitucionales nacionales y provinciales vinculados a la salud integral, la igualdad y la no discriminación. “Pretender eliminar la IVE es desconocer ese piso de derecho ya conquistado y poner en discusión garantías que hoy forman parte del sistema democrático.

No es una simple letra muerta; nosotras, que acompañamos a personas que necesitan abortar, sabemos que es una ley que está todos los días en vigencia”, manifestó Acosta.

“Pan y circo” frente a la crisis

Desde la organización de Socorristas interpretan que el resurgimiento de este debate tiene una función distractora ante la situación económica del país. Acosta fue contundente al respecto: “Cuando el Gobierno nacional no puede mostrar buenos resultados en términos económicos, sociales y culturales, le va a dar a la sociedad pan y circo”. 

Además la activista hizo un llamado de atención a la ciudadanía y argumentó que “cuando nos pongan a debatir nuevamente el aborto es porque quieren ocultar las falencias de un gobierno que no sabe y no quiere gestionar para la gente”.

Asimismo, señaló lo que considera una “fuerte contradicción e hipocresía” por parte de los sectores oficialistas y sus aliados: “Se busca dar de baja una ley en nombre de la vida, pero luego estos mismos gobiernos no protegen el desarrollo real de esa vida. Se cuestiona la decisión de interrumpir un embarazo, pero al mismo tiempo se debilitan programas sanitarios, se recortan recursos para hospitales y se desatienden políticas esenciales para la primera infancia”.

Finalmente, Acosta subrayó que el cambio cultural en la ciudadanía es irreversible y que el compromiso de los gobernantes debería estar en otra parte: “El Gobierno, antes de poner nuevamente el debate en las mesas argentinas, que primero se encargue de garantizar el plato de comida en esas mesas”. 

“El compromiso de los legisladores debería ser que los derechos estén efectivamente garantizados y que la palabra ‘vida’ no sea una consigna vacía, sino una responsabilidad política asumida”, concluyó. 

De hecho, el texto suscripto habla del compromiso de los firmantes a “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional Ley del Aborto.El texto lleva las firmas de los diputados Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

Durante el acto celebrado en el Delia Parodi, Pauli pidió la colaboración de las organizaciones presentes “para trabajar en todo lo que queremos cambiar en Argentina, incluyendo la derogación de la nefasta Ley del Aborto”, palabras que fueron rubricadas por un cerrado aplauso de los presentes. El diputado fueguino agregó que “aunque por un lado es una posición que personalmente a mí me pone incómodo de decir que queda algo muy importante por hacer en este Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es un compromiso que nosotros tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”.En el evento estuvieron presentes representantes de ACIERA, +Vida, Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentinas, AMEV y Abrazo de Vida.Fuentes libertarias consultadas por Parlamentario aclararon que este no es un tema de agenda para el Gobierno en la actualidad, pero sí corresponde a una insistencia del ala conservadora del bloque oficialista.Vale recordar también que en los albores de esta gestión la diputada Rocío Bonacci presentó un proyecto de derogación de la Ley 27.610, que originalmente tenía numerosas firmas libertarias, pero que ante la repercusión que el tema tuvo, allá por febrero de 2024, optaron por retirar su apoyo a ese texto.

El trabajo fue presentado por las estudiantes María Mercedes Sánchez y Narella María Manucci como tesis final de la Licenciatura en Psicología de la Facultad “Teresa de Ávila” de la Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. Bajo el título “Experiencias y vivencias psicológicas de mujeres luego de atravesar por la interrupción voluntaria del embarazo”.

El estudio analiza no solo cómo enfrentaron la práctica, sino también los sentimientos, apoyos y efectos psicológicos asociados, así como el impacto que la legalidad tuvo en su vivencia. Las autoras reconstruyeron relatos singulares que abarcan emociones, decisiones, acompañamientos familiares e institucionales, estados psicológicos y percepciones sobre el marco normativo.

El muestreo les permitió profundizar la comprensión de este fenómeno complejo y todavía poco explorado en la literatura académica nacional. Ocho mujeres mayores de 18 años, residentes en Argentina y que realizaron una IVE en los últimos cuatro años, participaron de este estudio de tesis. Sus edades oscilaron entre los 23 y los 32 años. La mayoría pertenece a sectores de clase media alta y proviene de distintas provincias del país -Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza-, lo cual no pretende ser representativo, pero sí ofrecer diversidad territorial.

La selección de los casos permitió acceder a testimonios profundos y contextualizados. No obstante, sus autoras indicaron que no se busca generalizar, sino comprender procesos vividos en primera persona y, en todo caso, aportar información relevante para futuras intervenciones, sean en materia de políticas públicas o abordajes profesionales, entre otras.

Entrevistas y trabajo de campoEl estudio utilizó entrevistas semiestructuradas como técnica principal de recolección de datos. Este formato permitió ordenar las dimensiones de análisis -emociones, apoyos, experiencias de cuidado, impacto de la legalización- sin limitar la espontaneidad del relato ni la emergencia de temas significativos para cada participante. Las autoras entrevistaron presencialmente u online a mujeres contactadas a través de profesionales de la salud, grupos socorristas y psicólogos que acompañan procesos de IVE. Todas firmaron consentimiento informado, se preservó su identidad con seudónimos y se grabaron los encuentros para garantizar precisión en el análisis posterior.

Las entrevistas fueron desgrabadas y analizadas mediante procedimientos de la Teoría Fundamentada en los Datos, postulada por Barney Glaser y Anselm Strauss. Esto implicó desagregar los relatos en unidades significativas, construir categorías emergentes y establecer relaciones entre ellas para avanzar hacia interpretaciones más amplias. El análisis permitió identificar constantes en las experiencias, así como diferencias que responden a trayectorias personales, contextos socioculturales y tipos de apoyo recibidos.

Acceso al sistema, apoyos y acompañamientoUn eje central del estudio se relaciona con las redes de acompañamiento. Las mujeres entrevistadas transitaron la experiencia de la IVE en articulación con distintos agentes de cuidado: profesionales de la salud, amigas, parejas, familiares y grupos socorristas. La figura del acompañamiento -ya sea médico, psicológico o comunitario- aparece como un factor decisivo para el modo en que se vivencia el proceso.

Quienes recibieron un trato respetuoso, contención emocional y orientación clara reportaron menor angustia y mayor sensación de seguridad. Por el contrario, quienes enfrentaron obstáculos burocráticos, demoras o trato deshumanizado expresaron mayores niveles de incertidumbre y malestar. Si bien la legalización mejoró notablemente el acceso, aún se observan diferencias entre instituciones, profesionales y provincias. La presencia de grupos feministas y socorristas continúa siendo fundamental para garantizar información, apoyo emocional y acompañamiento en situaciones donde los sistemas públicos aún presentan limitaciones.

Emociones y vivencias psicológicasEl estudio confirma la complejidad emocional del proceso. No se trata de una experiencia homogénea ni reducible a un único registro afectivo. En los relatos aparecen sentimientos simultáneos o sucesivos: alivio, miedo, tristeza, culpa, seguridad, angustia, determinación. La legalización, sin embargo, fue señalada como un factor que disminuye el miedo asociado al riesgo físico, a la clandestinidad y a la persecución penal, lo cual transforma profundamente la vivencia subjetiva del aborto en Argentina.

El alivio posterior al procedimiento -mencionado de manera transversal- se vincula no sólo a la certeza de haber tomado una decisión acorde a sus circunstancias, sino también a la seguridad de haber accedido a un sistema de salud que garantiza derechos. Aun así, el proceso no está exento de interrogantes, reflexiones éticas o sensaciones contradictorias. La experiencia emocional depende en gran medida del acompañamiento, del contexto socioafectivo y del momento vital en que se atraviesa la decisión.

Entre el derecho y la vivenciaUno de los aportes más significativos de la investigación es el análisis de la incidencia que la legalización tuvo en las experiencias subjetivas. Todas las mujeres coincidieron en que la existencia de un marco legal transformó su vivencia del aborto: disminuyó el temor, facilitó el acceso a información segura y habilitó un espacio de decisión sin criminalización. La IVE, como señalan, se vivió en un entorno donde los profesionales ofrecieron información técnica confiable y acompañamiento, lo que redujo los riesgos psicológicos asociados a la clandestinidad.Más allá de ello, el estudio advierte que la legalización no elimina completamente el estigma social ni las tensiones culturales que aún rodean el aborto. Algunas mujeres manifestaron sentirse juzgadas por su entorno, mientras que otras encontraron en sus redes un apoyo sólido. La ley garantiza derechos, pero las percepciones sociales continúan siendo desiguales y constituyen un factor que influye en la vivencia subjetiva.

Análisis y conclusionesA partir del análisis sistemático de las entrevistas, el estudio logró construir categorías que permiten comprender el proceso del aborto legal como una experiencia multidimensional. La legalización emerge como un factor protector, pero no elimina completamente las tensiones emocionales ni las barreras socioculturales. La psicología, la salud pública y las políticas de género encuentran aquí insumos valiosos para mejorar el acompañamiento integral.

La tesis concluye que el aborto legal debe percibirse como un proceso que abarca varias fases: desde la crucial decisión, acceso y procedimiento, hasta el acompañamiento incluso en la etapa posaborto. Y cada una de ellas requiere intervenciones sensibles, informadas y respetuosas.

El acompañamiento profesional, la escucha activa y el respeto por las decisiones autónomas constituyen elementos esenciales para garantizar una experiencia menos dolorosa y más digna.En síntesis, este estudio ofrece un aporte relevante para el campo académico y para los debates sobre salud pública y derechos reproductivos. Las voces de las mujeres entrevistadas permiten comprender que la IVE, en un marco legal, se transita con mayor seguridad, pero continúa atravesada por emociones, vínculos y contextos sociales que requieren atención. En tiempos donde la información rigurosa es indispensable para el diseño de políticas inclusivas, investigaciones como esta iluminan dimensiones poco exploradas de un derecho recientemente conquistado y aún en proceso de consolidación. 

Menem indicó que la intención de La Libertad Avanza es impulsar una nueva ley o modificar la vigente aunque reconoció que en la actualidad el oficialismo no tiene los votos para hacerlo.

Derogar la Ley IVE fue una iniciativa del Gobierno desde la campaña electoral del 2023. Tanto el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la mayoría de sus funcionarios y legisladores expresaron su rechazo a la iniciativa votada en el 2020.Ante estas afirmaciones, desde la secretaría provincial de Género de la CTA, Ivanna Rezzett remarcó a esta Agencia: “Desde el minuto uno estuvimos presentes en intentar alcanzar y garantizar este derecho. En el año 2000, la CTA fue la única central sindical que en las resoluciones de su segundo congreso contempló como objetivo de lucha la despenalización del aborto”.Enfatizó la dirigente que: “Seremos un nuevo tsunami verde en las calles y en cada organización si se pretende tocar algún otro derecho de las mujeres. Como protagonistas, hemos tomado la intervención en las luchas y es indiscutible que somos las primeras en protagonizar la acción”.Concluyó señalando Rezzett: “Las mujeres responderemos a esta posible nueva embestida con unidad, con organización popular, con sororidad. Ni un paso atrás, ni un derecho conquistado menos”. 

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedó promulgada este jueves en un acto en el que los funcionarios resaltaron que se trata de una norma que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes; garantizando su atención en el sistema de salud.

�SA partir de ahora cambia el paradigma. El Estado va a recibir a las mujeres y a las personas gestantes en su sistema de salud, las va a tratar con dignidad y respeto y les va a dar un nuevo lugar en la sociedad⬝, sostuvo Ibarra durante su intervención al tiempo que agradeció al Gobierno y al �Sespacio político al que pertenezco⬝ por el trabajo realizado en torno a la iniciativa.

En su turno, Fernández aseguró que �Shoy en un día de felicidad para todos porque lo que estamos haciendo es una sociedad un poco más igualitaria, un poco más justa. Y lo hicimos entre todos y todas⬝.

Además, remarcó que con esta Ley cumplió con su palabra: �SYo hice campaña diciendo que iba a promover esto y hoy es ley. En tiempos donde la palabra está depreciada, me parece fundamental cumplir con lo prometido⬝, dijo.

Vale recordar que el proyecto fue aprobado el pasado 30 de diciembre por 38 votos a favor y 29 en contra en una maratónica sesión que llevó adelante el Senado de la Nación.

En el acto, el jefe de Estado también promulgó la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.