Un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado arrancará con el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone una reforma de la actual Ley de Salud Mental.

La reunión se llevará a cabo a partir de las 16.30 en el Salón Azul. Minutos antes deberá constituirse la comisión cabecera, que quedaría presidida por la oficialista Ivanna Arrascaeta.

La iniciativa propone ampliar el objeto de la Ley 26.657, estableciendo que además de la protección de la salud mental se procure la prevención y el tratamiento, así como extendiendo las nociones de abordaje y recuperación de las afecciones de salud mental.Entre sus principales puntos, tiene como enfoque dar un “rol central” a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”, argumentó el PEN.

Según se explicó en los fundamentos, se amplía el margen legal para la creación de establecimientos encausados al tratamiento de problemáticas de salud mental.La reforma avanza sobre lo referido a las internaciones involuntarias y replantea “lo que concierne al concepto de riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, con el fin de establecer una formulación más abarcativa y clarificadora, para que, al momento de la evaluación de una eventual internación involuntaria, no se generen situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales, derivadas de las dificultades interpretativas del mismo”.

Se postula el cambio de la expresión “riesgo cierto e inminente” por “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, estimándose que dicha modificación “favorecerá la implementación de políticas públicas en el campo de la salud mental”, consideró el PEN.“Con el fin de asegurar la debida coherencia y armonía del ordenamiento jurídico en su conjunto, en particular respecto de los nuevos criterios en materia de internación involuntaria que se propician, se impulsa asimismo la sustitución de los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, con el fin de receptar de manera expresa dichos lineamientos y de evitar eventuales contradicciones interpretativas entre los distintos cuerpos normativos aplicables”, se señaló.

En cuanto a las inspecciones que se realicen en establecimientos públicos o privados donde se encuentren personas con afecciones o trastornos de salud mental, dichas inspecciones deberán efectuarse exclusivamente por un equipo interdisciplinario, integrado obligatoriamente por un médico psiquiatra.

Durante la charla, la diputada habló sobre el proyecto “Ley Micaela de Salud Mental” que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo plantea la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental como un derecho humano fundamental.“Creemos que la Ley de Salud Mental es una ley de vanguardia, modelo en el mundo entero, pero que tiene problemas en su correcta aplicación por falta de recursos, de infraestructura, de capacitación de los efectores a los que les toca intervenir en casos de problemáticas de salud mental y por falta de decisión política de los gobiernos”, manifestó Gaillard en el conversatorio.Con respecto al caso de Ariel Goyeneche, la diputada manifestó que “si las fuerzas de seguridad hubieran estado capacitadas y en vez de trasladarlo a una dependencia policial lo hubieran trasladado a una institución de salud, hoy estaría vivo”.“Esperamos que la que llamamos ‘Ley Micaela de Salud Mental’ colabore con mejorar la implementación de la Ley de Salud Mental. También puede ser la “Ley Ariel Goyeneche” en homenaje a Ariel, para que cada vez que se la nombre se entienda que Ariel estaría vivo si la policía hubiese actuado de acuerdo a los lineamientos de la ley de salud mental”, finalizó la diputada. 

El encuentro fue a partir de la serie de modificaciones que se plantean en el paquete de leyes impulsadas por el gobierno nacional. Hay alerta en Entre Ríos.

En ese sentido de dichos espacios se observa que las modificaciones que se pretenden llevar adelante sobre la ley nacional 26657 van en contra del rol central que ocupan los equipos de salud, delegando definiciones exclusivas a jueces y abogados lo cual constituye un retroceso.

Además en la reunión se abordaron otros puntos como la flexibilización para apertura de nuevos psiquiátricos, los causales de internación y la modificación de la conformación del Órgano de Revisión, entidad creada por la ley para regular las prácticas profesionales en el ámbito de la salud mental en pos del resguardo de los derechos humanos de los usuarios.

En dicha instancia se resolvió elaborar un documento conjunto que exprese un posicionamiento de cara a los legisladores y la sociedad, solicitar una audiencia a las autoridades sanitarias provinciales y sumarse al pedido de la Multisectorial de Entre Ríos para mantener audiencias con los legisladores nacionales entrerrianos de cara al tratamiento de múltiples leyes que de ser modificadas impactan en la vida cotidiana de la población.

Para finalizar los espacios se declararon en estado de alerta, advirtiendo que la ley nacional de salud mental precisa para su mejor implementación mayor presupuesto y recurso humano, y no modificaciones de índole regresivas.

Del encuentro participaron representantes de las siguientes entidades:

Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental

La bisagra, radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental

ATE

UPCN

Facultad de Trabajo Social

Colegio de Trabajo Social

Colegio de Psicólogos/as

Colegio de Terapistas Ocupacionales

Colegio de Acompañantes Terapéuticos.

Cátedra Salud publica _salud mental FHAyCS. Uader.