El Gobierno dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio".

"El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria", dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.

Las 69 normas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado", indicó la Secretaría de Comercio.

El organismo señaló que "se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios".

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

"Las normas obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado"

"Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior", se indicó.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según la Secretaría, "estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando "a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".

Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.

Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores “que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores”.

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.

(SD)Las repercusiones(S) Tras la publicación de la medida, funcionarios y dirigentes destacaron la decisión, al considerar que estas regulaciones “distorsionaban y controlaban innecesariamente” y que de este modo “habrá mayor transparencia”.

“La Secretaría de Comercio eliminó hoy 60 resoluciones soviéticas diseñadas para complicar al sector privado”, señaló Javier Lanari, subsecretario de Prensa.

En una publicación en la red social X, Lanari dijo que habrá “menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de consumidores”.

Por su parte, Santiago Migone, jefe de asesores de la Secretaría de Comercio, afirmó -también a través de la red social X- que “hoy publicamos la derogación de más de 70 normas que distorsionaban y controlaban innecesariamente el comercio interior, además de normas que reglamentaban las derogadas leyes de abastecimiento y góndolas”.

Desde el sector privado, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), consideró “positiva la derogación de diversas normativas que hoy fue publicada en el Boletín Oficial”.

Detalló que “días atrás habíamos solicitado al secretario de Comercio que se pusiera a fin a esquemas tales como el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que, al obligar a las empresas a reportar mensualmente información sobre precios, ventas y stocks, consumía esfuerzos innecesariamente”.

“Las firmas, en vez de enfocarse en ofrecer un mejor producto a precios competitivos, dilapidaban recursos humanos y materiales en cumplir con estos requerimientos burocráticos de escasa o nula utilidad”, concluyó Grinman.

El bloque Más Para Entre Ríos impulsa una norma que promueva condiciones de competencia justa, prohibiendo los abusos de posición dominante en el mercado; y que fortalezca el tejido productivo regional, garantizando relaciones igualitarias entre los productores locales, las Medianas y Pequeñas Empresas (MIPyMEs) y los grandes establecimientos comerciales. De este modo, también se garantizará que exista una mayor oferta de productos a disposición de las y los consumidores en las grandes cadenas de supermercados y se defenderá la generación de empleo local.

La iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados busca remediar el impacto perjudicial que tiene la derogación de "Ley de góndolas" nacional impulsada a través del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, y que es parte de las políticas promovidas por el actual gobierno nacional para favorecer aún más a las a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, perjudicando a las y los productores regionales.

La norma establece condiciones comerciales justas y equitativas en el trato entre los productores y las MIPyMEs locales con los supermercados e hipermercados; además de sensibilizar a los sobre las ventajas económicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos.

De esta forma las cadenas de supermercados, hipermercados y negocios de igual rubro en la provincia deberán disponer los productos locales "claramente identificados en el lugar de su exhibición, en un espacio visible" manteniendo un porcentaje ecuánime entre lo expuesto por diferentes proveedores, y quedando prohibido que un mismo grupo empresario supere el 40 % del espacio disponible de exhibición

Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble y estantería, en los que se ofrecen productos de características similares, incluidas las puntas de góndola; y también para las locaciones virtuales como páginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico o similares.

Además, los grandes comercios deberán mantener condiciones de no discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productos alcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no están comprendidos en la norma.

En contra del postulado del "sálvese quien pueda" en el marco del feroz ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, las y los legisladores justicialistas sostienen que la propiedad privada debe tener una función social y estar al servicio del desarrollo equitativo de los ciudadanos y de la provincia, tal como lo señalan la Constitución Nacional y la de Entre Ríos.

Igualmente destacan que la protección de las MIPyMEs, productores primarios y cooperativas que tengan su proceso productivo mayoritariamente en el territorio entrerriano contribuye a una mejor distribución del ingreso y a generar mayores oportunidades laborales.

Será autoridad de aplicación de la ley el Ministerio de Desarrollo Económico y luego de su sanción, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo no mayor a 90 días para reglamentarla.