Por Julián Alvez - En horas de la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria. Ante esto, presentaron el Recurso con efecto suspensivo para no tener que comenzar a pagar los fondos de las universidades: en rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.Dado que este caso se elevará posteriormente a la Corte, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres magistrados que la componen que se excusen en el caso y llamen a tres conjueces porque todos ellos son docentes universitarios.El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.Si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso (tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei), en el Gobierno marcan que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.Es por eso que reiteran que la ley cuestionada (27.795) no estableció fuentes de financiamiento claras y que, conforme a las leyes presupuestarias (Ley 24.629, Ley 24.156 y Ley de presupuesto 27.798), la ejecución de gastos requiere previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso. El Ejecutivo acusa al Poder Judicial de excederse en sus atribuciones al disponer sobre cuestiones de asignación y ejecución presupuestaria, invadiendo la órbita del Legislativo y el Ejecutivo, y reclama la observancia del principio de división de poderes. “En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron.Una importante fuente de la Casa Rosada marcó a Infobae que, en teoría, el Gobierno ya debe empezar a hacer las transferencias desde este mismo viernes porque lo que debe hacer la Corte Suprema es avalar la suspensión de la aplicación de la Ley.El Gobierno enfrenta un desafío financiero inmediato: saben que es muy probable que la Corte no quiera tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo. Por eso, ya se preparan para lo que será una transferencia de $2,5 billones a las universidades. La administración de Javier Milei anticipa que esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que, al día de hoy, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable. De cualquier manera, se trata de una cuestión de días, porque creen que el máximo tribunal no aceptará tomar el caso.Fuentes judiciales informaron a Infobae que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares, aunque mencionaron tres casos previos —“César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”— en los que se admitió el efecto suspensivo.Dentro del Ejecutivo persiste el debate técnico sobre cómo instrumentar el pago. Un alto funcionario aclaró a Infobae: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan.” De acuerdo con la normativa vigente, la apelación extraordinaria no suspende la obligación de pago salvo que lo disponga expresamente el tribunal. Si no se suspende, la administración pública está obligada a efectuar la transferencia presupuestaria según los artículos 5 y 6 de la ley.La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de una coalición parlamentaria opositora que, en 2025, logró rechazar el veto presidencial e instalar el reclamo judicial. El oficialismo había bloqueado una propuesta similar en 2024, pero perdió margen de maniobra ante el avance de sectores dialoguistas y opositores. La legislación obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025. El fallo también exige la recomposición de todas las becas estudiantiles.Actores del sistema universitario plantearon la urgencia de convocar a paritarias para ajustar los salarios según la inflación y sugirieron que el primer rubro a recomponer sea el de las becas estudiantiles. Según informaron abogados de universidades relevantes a Infobae, existen divergencias de opinión sobre la mecánica procesal, pero prima la interpretación de que la obligación de pago comienza en cuanto el fallo de la Corte es notificado. Infobae.

A más de 660 días de haberse sancionado la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, los docentes continúan aguardando su cumplimiento por parte del Gobierno nacional, pese a que la Justicia una vez más haya ratificado la obligación a aplicarla.

En dicha espera, muchos profesores han llevado medidas de fuerzas, pero también un gran número ha decidido renunciar a la lucha por enojo y desilusión ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo. Este es el caso de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en Gualeguaychú.

“Entre el año pasado y los primeros meses del 2026, más de 20 decidieron abandonar la labor de enseñar. Esto se debe a que su profesión no es puramente docente y pueden ejercer otras actividades como bioquímicos”, advirtió la Secretaria Adjunta de Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), Analía Matas.

En la actualidad, de acuerdo a los datos arrojados por la representante gremial, el presupuesto para mantener día a día el funcionamiento de las Universidades está un 50% debajo de lo necesario. Ante la consulta de cómo se hace para afrontar dicha problemática, Matas respondió contundente: “Se hace lo que se puede”. Y agregó: “Se trata de ahorrar en luces. Antes se dejaba todo prendido y ahora se trata de ahorrar.  Además, si hay algún trabajo de reparación se deja en manos de terceros”.

Asimismo, hay ajuste en lo salarial: “En enero hubo un aumento del 2,5 cuando la inflación fue 2,9; en febrero la mejora fue 2,2 pero la inflación fue de 2,9; y en marzo hubo un 2% de incremento y la inflación de 2,5. Es decir, también nuestros haberes están atrasados un 50%”.

Esta lucha no es solo de docentes, sino que también cuentan con el acompañamiento de los alumnos. “La situación que viven las universidades, los hospitales y las escuelas no escapa a lo que pasa en la familia. Entonces ellos comprenden lo que sucede”, resaltó Matas.Respecto a este punto, la Secretaria Adjunta hizo una aclaración ante las críticas de sectores que rechazan las medidas de fuerzas.

“Aunque esta situación provoca la pérdida de una clase teórica, a los estudiantes no se los abandona y estamos en constante contacto”.

La creencia de que llegue el día en que la Ley de Financiamiento Universitario se ponga en práctica no abunda ya que, como remarcó Matas, los pocos pasos a favor de la educación pública han sido por “obligación”. Pero esta medida judicial ilusiona y alegra un poco un panorama que cada vez más se hace “insostenible”.

Próximas medidas a tomar si no hay respuestaEste lunes Agdu formará parte del Plenario de Conadu que definirá los pasos a seguir. Una de las posibilidades que se planteó fue la instalación de carpas en conjunto con Ctera en las capitales provinciales del 6 al 17 de abril, propuesta que se definirá en dicho encuentro.

Cabe recordar que la semana pasada se realizó un nuevo paro de 72 horas desde el lunes hasta el miércoles.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

Los gremios docentes universitarios retomarán desde este lunes la realización de un paro docente nacional, al que Entre Ríos se adherirá.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en sintonía con Conadu, llevará a cabo una semana de medidas de fuerzas.

Luego, del 6 al 17 de abril habrá carpas por la universidad y la soberanía.Mientras que Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) anunció un paro de 72 horas, que irá desde este lunes hasta el miércoles.

Además de exigir al Gobierno nacional que se cumpla con la norma, denuncia que los docentes aguardan el pago del 50% restantes del salario.

Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”.Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.

Cómo es el proyectoEn torno a la iniciativa, el artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795) busca que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

A su vez, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.Por otro lado, en relación a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios, consideró este viernes que el proyecto del Gobierno “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”.

En ese marco, planteó la necesidad de “el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”. “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, anunció.