La convocatoria se replicó en todo el país, con acciones coordinadas en plazas y espacios públicos de al menos 19 provincias, en una expresión clara y contundente de unidad federal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán fueron algunos de los puntos de encuentro.Las instituciones, profesionales y transportistas del sector suspendieron sus actividades en sede en señal de protesta, ya que el presidente desoyó una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoció la gravedad de la crisis que atraviesa todo el colectivo de discapacidad.Este lunes, el presidente Javier Milei vetó a través del Decreto 534/2025 vetó las leyes de Emergencia en Discapacidad y de mejoras para los jubilados. Ahora, Diputados deberá conseguir los 2/3 de quórum necesarios para tratar el tema, sin que pase por comisiones, ya que el tiempo es urgente. Tal como se preveía el veto, legisladores que apoyan la ley ya trabajan para que, a más tardar, la sesión se lleve a cabo la próxima semana y se rechace el veto.El Gobierno, por su parte, negocia con gobernadores y distintos bloques para reunir 84 votos en Diputados, buscando sostener el veto, mientras la oposición debe conseguir dos tercios en ambas cámaras para insistir con la sanción original.

¿Por qué la emergencia es urgente?

La Emergencia en Discapacidad abarca realidades que no pueden esperar:Personas que trabajan en talleres protegidos sobreviven con apenas $28.000 mensuales.Personas que aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos y apoyos básicos.Prestaciones y apoyos en riesgo porque los aranceles no cubren los costos y muchos prestadores están al borde del cierre.Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿cómo responde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan.El verdadero desafío es construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido ni enfrente solo las dificultades.

El debate en el recinto se dio en un marco de acuerdo: todas las bancadas estaban de acuerdo en votar la iniciativa. Sin embargo, desde la oposición hubo críticas a los fundamentos de la declaración de emergencia y, también, al trámite exprés que, entendieron, se le dio a la iniciativa.

La norma frena las ejecuciones judiciales por certificados de obra al cobro hasta fin de año y establece condiciones para renegociar y refinanciar estas deudas.

El presidente de la comisión de Hacienda, Bruno Sarubi (Juntos) ofició de miembro informante. Tras destacar el impacto de la obra pública como factor multiplicador en la economía, afirmó que la actual administración provincial "cree en la obra pública" no solo por ser motor de desarrollo, sino también por las soluciones concretas que lleva a los vecinos de la provincia.

El legislador oficialista contextualizó el pedido de emergencia del Ejecutivo en la crisis económica y financiera que aumenta todos los días" y en que el Gobierno nacional recortó fondos a las provincias. Al ahondar este argumento, subrayó que dos tercios de las obras que se hacen en la provincia se financian con recursos federales que están bloqueados.

También reconoció que de las 167 obras que venían de la gestión anterior, 114 están neutralizadas y las restantes 53 están paralizadas "de hecho" por el ritmo mínimo que llevan. A su vez, marcó que pese a la "buena voluntad de las empresas" constructoras, muchas tuvieron que recurrir a la Justicia para "defender sus intereses".

Contabilizó que de 148 procesos judiciales abiertos por las contratistas de obra pública, 99 son admonitorios (acción judicial rápida para el cumplimiento de una obligación, en este caso el pago por parte del Estado) y 49 van por la vía contenciosa administrativa, un procedimiento en el que se reclama ante la Justicia que la administración pública cumpla con sus deberes.

Sarubi sostuvo que, con la sanción de la emergencia, la Provincia podrá poner en un "pie de igualdad" a todos sus acreedores, consolidar sus compromisos con la obra pública; planificar sus gastos; reorganizar, readecuar y refinanciar la deuda estatal, resguardando el interés público.

La posición del peronismo

La postura de la principal bancada opositora se repartió entre los cuestionamientos a la necesidad de la emergencia que hizo Juan José Bahillo y los "ruidos" que marcó la presidenta del bloque, María Laura Stratta, al articulado. Ambos reclamaron que el gobernador Rogelio Frigerio reclamara con "vehemencia" los fondos a la Nación y comprometieron el acompañamiento.

Bahillo evaluó que la declaración de emergencia en obras viales "no era necesaria", en base a datos que proveyeron los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Hernán Jacob, y de Economía, Uriel Brupbacher, durante la exposición ante comisiones de Diputados.

El legislador peronista se centró en dos aspectos. El primero, el escaso universo de impacto de la iniciativa. El segundo, el reducido aspecto presupuestario de la emergencia.

En primer término, recordó que tanto Jacob como Brupbacher reconocieron que las 167 obras provinciales en marcha hasta el año pasado estaban en manos de 37 empresas. De este total, 24 habían resuelto su situación vía convenio con el Estado. De las 13 restantes, 6 ya habían judicializado sus reclamos. Quedan sólo 7, señaló Bahillo. "Podrían negociar, resolver como con las 24", recomendó el diputado.

En segundo lugar, señaló que según los datos de Hacienda, al 31 de diciembre pasado Tesorería tenía certificados a pagar por $ 5 mil millones. Y que los restantes 15 mil millones para completar los 20 mil millones que el Gobierno aseguraba tener que resolver correspondían a vencimientos de certificados de obra de enero y febrero.

Ese monto, sostuvo, era manejable dado que representaba apenas el 0,86% del presupuesto provincial 2024 y tenía un impacto relativo en los $ 150 mil millones para obra pública que el mismo presupuesto contempla.

Por último, marcó la contradicción entre el reclamo del Ejecutivo de sancionar la ley de emergencia y el video que posteó en sus redes el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello a raíz de los 100 días de gestión. Es que en la publicación se destaca: “Ordenamos la obra pública. La gran mayoría de los contratistas aceptó nuestro plan de pago”.

“Pónganse de acuerdo”, reclamó Bahillo.

Casi al cierre del debate, Stratta volvió sobre algunos de estos argumentos. Citó los fundamentos del Gobernador a la hora de pedir la norma, entre los que estuvo el corte del financiamiento nacional. En orden a esto, también recordó las palabras de los funcionarios provinciales durante la sesión en comisiones: “Nos castigaron de arriba”, en referencia a la Nación y el recorto de fondos y la devaluación del 118 %.

Sobre esta base, relativizó que se pueda achacar a la gestión anterior, que ella integró como vice de Gustavo Bordet, la situación con la obra pública. Y reiteró que la solución al problema con las contratistas está “en la negociación no en la emergencia”. Asimismo, dijo que el Gobierno ya dispone de herramientas para renegociar y rescindir contratos que son mejores que la emergencia para solucionar la situación.

Stratta apuntó a los “ruidos” que traía el texto y que podrían generar que sea “peor el remedio que la enfermedad”. Uno de ellos, consignó, se eliminó en el Senado. Se trataba de la emergencia vial para que Vialidad Provincia realice contrataciones directas sin licitación.

Los otros dos están presentes aún, aseveró la legisladora. Se trata de la unilateralidad para rescindir contratos de obra pública, que traerá “más judicialización” y costos, adelantó. Y también del “daño emergente”, un reconocimiento a favor de las empresas mayor al que prevé la ley de obras públicas vigente.

La votación

Antes de que se ponga a consideración la moción, el diputado Marcelo López (Juntos) sostuvo que lo que complica la seguridad jurídica en la provincia no es la emergencia, sino que los contratistas de obras obtengan un certificado al terminar un tramo de la contratación o al final que se convierte en un título ejecutivo de cobro.

Sostuvo que, a futuro, debería cambiarse el status quo que las empresas de obras públicas detenta actualmente frente a otros proveedores del Estado, ya que el sistema actual colisiona con previsiones constitucionales. En otro tramo de su alocución, leyó los nombres de las principales empresas que están litigando contra la Administración pública para cobrar sus acreencias.

A su vez, rebatió el argumento de Bahillo respecto al impacto de la deuda actual en obra pública en el presupuesto. Con un cálculo particular, ponderó que del total de recursos provinciales, un 77 % se destina a sueldos, un 13% a coparticipación y sólo un 10

% queda para gastos de capital. Contra este último porcentaje contrastó el 0,86 % que la deuda en obra pública representaba sobre el total.

Y afirmó que, así, se transforma en un diez por ciento del disponible de la Provincia.

También hicieron uso de la palabra los diputados libertarios Carlos Damasco; Roque Fleitas; Liliana Salinas y Julia Calleros Arrecous, las radicales Noelia Taborda y Gabriela Lena y la justicialista Lorena Arrozogaray.

�SEscuchamos los reclamos del campo⬝

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, habló de las recientes medidas adoptadas en pos de un alivio fiscal para afectados por la sequía.

Juan José Bahillo expresó que �Slos alcances de la ley de emergencia agropecuaria son beneficios en medio de un problema angustiante⬝, y detalló que se determinó la suspensión del inicio de juicio de ejecución fiscal, a la par que no se trabarán embargos en cuentas corrientes.

Las medidas habían sido anunciadas el lunes a la noche por el Ministerio de Economía.

El secretario de Agricultura de la Nación apuntó: �SLa herramienta más usual es el cheque de pago diferido y cuando se embarga la cuenta, se rechazan esos cheques y genera más inconvenientes e interrumpe la cadena de pagos. 

����Yo entiendo al productor en este mar de problemas que tienen⬝.

Y agregó: �SCon la ola de calor y la sequía, no tenemos pasto para la ganadería. Hay dos medidas más, en ese sentido. La suspensión del pago de Ganancias y el no cómputo de Ganancias en la venta forzosa de la hacienda⬝.

Por otra parte, el funcionario detalló: �SSe emitió un decreto, por lo que el productor con certificado de emergencia agropecuaria ingresa de oficio a estas medidas.

����No van a tener que hacer nada. Antes tenían que presentar nuevos trámites, ahora hemos eliminado todo y solo con el certificado se accede.

����Es automático, para evitar burocracia. Escuchamos los reclamos, a la Mesa de Enlace, a Farer, a los dirigentes de Federación agropecuaria de toda la provincia. Esta sequía nos obliga a estar pensando y tomando medidas todo el tiempo⬝.

Respecto de las lluvias de las últimas semanas, Bahillo opinó: �SAhora vemos los campos verdes, pero esto no es la solución definitiva. Va ser un año complejo, difícil; sobre todo para el interior. 

����El problema es grande y hay una enorme pérdida del volumen cosechado porque es la peor sequía del último siglo⬝.

Bahillo detalló que la sequía también afecta al transporte, al flete y a los prestadores de servicio: �SHay muchos productores que cosechan, reservan maíz para el invierno. Todos esos trabajos se perdieron. ����Hay muchas hectáreas menos para cosechar y fueron directamente para ganadería y esto va a repercutir en las economías locales y también impacta en el ingreso de dólares al país.

����Esta cuestión económica la manejan directamente desde el Ministerio de Economía.

����No puedo abonar a una inestabilidad o una especulación respecto del mercado cambiario⬝.

En cuanto al alcance de las medidas, señaló que si el dueño de un campo pidió el certificado de emergencia agropecuaria, también llega al arrendatario: �SEsta Ley de emergencia tiene alcance de impuestos provinciales y nacionales.

����Los bancos tienen la obligación de refinanciar con la tasa original. En el Banco Nación lo hemos consensuado⬝.

Al referirse a la medida y una evaluación en cuanto a su implementación, Ballay opinó que "siempre sirve, nosotros estimamos aproximadamente superior a los 2.000 millones de pesos lo logrado este año⬝.

Al referirse al contexto en el cual surgió la Ley de Emergencia, el titular de Economía de la provincia, recordó lo ocurrido un año atrás, "cuando el gobernador tomó esta decisión y enviamos el proyecto de Ley que fue acompañado por nuestros Legisladores". En ese momento "estábamos a tres meses de una pandemia y nunca hubiésemos imaginado que íbamos a estar un año después en situaciones similares".

Dijo que "esto fue analizado mensualmente, como nos pide el gobernador, el seguimiento de cada uno de los números tanto en los recursos como en los gastos dónde se destinan, y nos permiten este ordenamiento⬝. En ese marco, trajo a colación que �Sel nivel de recaudación de ese momento, abril, mayo, junio, julio y agosto, estaba muy por debajo de lo presupuestado".

Después, "tuvo una recuperación, un poco por actividad, un poco por inflación, pero los números nos permitieron y también hechos que ocurrieron en el transcurso del año pasado como fue la reestructuración de la deuda, que nos descomprimió, nos descomprime el Presupuesto de este año y del que viene, en cuanto a los compromisos que teníamos determinados", mencionó.

En ese sentido, indicó que "fue una tarea que le planteamos en la semana al gobernador, donde analizamos el año para atrás y todos los elementos para que él pueda tomar esta decisión que comunicó hoy, que, a pesar de tener la posibilidad por decreto de prorrogarla seis meses, no lo va a hacer".

�SEn el transcurso del año pasado y hasta el 31 de mayo de este año, el sistema de Salud, pero también Desarrollo Social en cuanto a las cuentas de alimentos, y Seguridad, invirtieron 4.000 millones de pesos por encima de lo que tenían presupuestado", detalló.

Entonces �Shoy podemos decir que esta Ley de Emergencia soportó un 50 por ciento de los mayores recursos que el gobernador desde el primer día decidió y así trabajamos con distintos Ministerios, en función de, en el caso de Economía, aportarle las partidas necesarias para que puedan hacer frente".

Insistió: "Por eso hoy podemos decir que un 50 por ciento de los mayores gastos producto de esta situación, fueron soportados por la Ley de Emergencia".

Más adelante, valoró que "hace un año atrás no imaginábamos estar hoy en la misma situación", pero reiteró "habiendo soportado esta Ley distintos embates de distintos sectores, judicializándola y donde en todos los casos tuvimos fallos favorables, el gobernador, producto de los números al 31 de mayo, a distintas medidas de contención del gasto público, el no incrementar como lo venimos haciendo desde el inicio de la primera gestión del gobernador, la planta del personal del Estado, son todos elementos que un año de mayor control sobre esto todavía, nos permite proyectar a un 31 de diciembre pudiendo soportarlo sin tener estos mayores recursos".

�SEsta Ley de Emergencia para nada sustituyó el problema que creo que el gobernador Bordet lo ha expresado desde el inicio de su primera gestión y lo tenemos que ver todos los entrerrianos. El sistema previsional es totalmente insostenible en el transcurso del tiempo. Es imposible que la provincia siga soportando déficit de estas características⬝, expresó el ministro y ejemplificó: �SNosotros tenemos un sistema que está afectado en este caso, un año por la Ley de Emergencia, que es el sistema de enganche que tiene la justicia con la Corte Suprema. En los activos, es un logro oportunamente por la intangibilidad⬝, apuntó. Mencionó que �Scada vez que la Corte Suprema da un incremento, nosotros tenemos que aplicarlos a los activos, pero también automáticamente a los pasivos⬝.

�SY volvemos a esta inequidad de jubilaciones que pueden rondar los 800 mil pesos mensuales respecto a salarios de otros sectores del ejecutivo básicamente que están muy por debajo", dijo. Resaltó que "hay una inequidad muy grande en las remuneraciones y como también lo expresaba muy bien el gobernador hoy, los recursos, es decir el esfuerzo de todos los entrerrianos que pagan los impuestos soporta todo, los gastos del poder legislativo, ejecutivo y judicial".

El ministro recordó que el gobernador "hace un año y pico atrás, antes de la pandemia, "había realizado una convocatoria. Porque esta es una discusión en la que tienen que estar todos los sectores, el privado también, porque muchas veces nosotros escuchamos a representantes de los sectores empresariales hablar de la carga tributaria respecto a cubrir el déficit, yo creo que debe ser una mesa ampliada donde deben estar todos".

Destacó que "en el cambio de la conducción de la caja de jubilaciones y algunas resoluciones que ya se han tomado, obviamente no dan la solución al problema pero sí se han corregido o se están corrigiendo algunas asimetrías, o algunas cuestiones bastantes puntuales que eran necesarias corregir".

Apuntó que "buscaremos los proyectos que dice el sector judicial que le presentó al gobernador y por ahí puede ser el puntapié inicial y si los gremios hoy dentro de sus preocupaciones este tema, sería bueno que nos podamos sentar a discutirlo".

Deuda

Por otro lado, Ballay precisó que tras la reestructuración de la deuda, Entre Ríos este año "habrá pagado prácticamente 25 millones de dólares, 12,5 en febrero y el mismo monto en agosto". Agregó que "esto es producto de haber bajado la tasa de interés del 8,75 al 5 por ciento en los dos primeros años aunque se extendió en el tiempo".

Por otro lado, mencionó que "hace algunos meses atrás también el gobernador, y lo anunciamos con la ministra de salud, a parte de este ahorro de los intereses que no se pagan lo destinó, aproximadamente 500 millones de pesos, a la compra de equipamiento para el Ministerio de Salud, que incluso algunos ya están en trámite administrativo como es la compra de 40 ambulancias".

Aguinaldo

El ministro adelantó que aún no hay fecha de pago del aguinaldo a los empleados públicos activos y pasivos de la provincia. En ese sentido, recordó que "el año pasado a esta altura habíamos decidido pagar el aguinaldo en tres cuotas mensuales.

Pero seguramente la semana que viene anunciaremos un cronograma de sueldos y aguinaldo, como siempre haciendo el mayor esfuerzo y haciéndolo dentro de los plazos más cortos posibles".

La norma contempla la posibilidad de una extensión de seis meses, que el Ejecutivo provincial no utilizará. 

Ambas bancadas oficialistas pusieron de manifiesto su agradecimiento a los entrerrianos por haber comprendido el difícil momento que atraviesa la provincia desde el inicio de la pandemia, que fue lo que motivó la sanción de esa norma. 

�SCon mucho orgullo podemos decirle hoy a los entrerrianos que su gobierno provincial utilizó esta herramienta, junto a otras decisiones de gestión, para darle sustentabilidad a la provincia en medio de un contexto inédito e imprevisible⬝, se indicó en una declaración conjunta. 

En el mismo sentido, se destacó que los 2.000 millones de pesos adicionales que surgieron de la aplicación de esta ley fueron invertidos en el sistema de salud, en políticas sociales, de seguridad y en el sistema previsional en el marco de la pandemia. 

También indicaron que gracias a las políticas de austeridad y a la mejora en la calidad del gasto público, la provincia pudo incrementar la inversión total en lo que va de la emergencia sanitaria en casi 4.000 millones de pesos.

Destacaron además que la renegociación de la deuda provincial que se llevó adelante permitió también un alivio en las finanzas. 

�SPor eso agradecemos a los entrerrianos haber comprendido la situación en la que nos puso la pandemia y felicitamos al gobernador Gustavo Bordet por respetar la palabra empeñada, como siempre lo hace, en cuanto a no extender la vigencia de la ley si no resultaba necesario⬝, se indicó en la declaración. 

�SHoy la prórroga de la ley no hace falta y eso es producto de políticas públicas serias llevadas adelante en un contexto absolutamente adverso, lo que nos llena de orgullo y satisfacción⬝, añade el texto.

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, expresó: �SEl Gobierno de Entre Ríos decidió unificar los cumplimientos, estableciendo como fecha única de vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y otorgando un plan especial de cuotas fijas sin interés para su pago, generando de esta forma un alivio al sector en estos tiempos de recuperación de la actividad⬝, reconoció.

�SEn tanto para los períodos e impuestos provinciales que no han sido incluidos en la Ley 10.805 y su ampliatoria, ATER ha dispuesto de un nuevo plan de regularización para la cancelación de tributos provinciales, cuyo acogimiento se extiende entre el 3 de mayo y el 30 de julio próximo⬝. ⬝Estas medidas se suman a las adoptadas por el Gobierno nacional para llevar auxilio a este sector tan importante de la economía tanto entrerriana como argentina en general, el cual genera un importante número de puestos de trabajo y, por otro lado, nos ayuda a valorar nuestras bellezas naturales⬝, finalizó el ministro.

En el marco de la crisis sanitaria y económica por la Pandemia de Covid-19, se sanciona la Ley 10805 en junio pasado, la cual declaró la Emergencia del Sector Turístico en todo el territorio de la provincia. La misma trajo paliativos impositivos para el sector, alcanzando a más de 600 prestadores turísticos, mediante exenciones, deducciones y diferimientos de los impuestos de ingresos brutos e inmobiliarios durante periodos que abarcaban parte del año 2020, con vencimiento en marzo de 2021.

El Tribunal sostuvo que la Ley denominada de Emergencia �Scumple con los estándares convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales en torno a su validez constitucional⬝, y rechazó la acción de inconstitucionalidad. 

Se dictaron tres sentencias definitivas donde se analizó la constitucionalidad de la norma y, en consecuencia, si debía ordenarse o no el cese de los descuentos previsionales y el reintegro de lo que se hubiere descontado. 

Se estudiaron los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia admitieron excepcionalmente restricciones de derechos en periodos de emergencia para llegar a la conclusión que la ley 10806 respeta los estándares constitucionales. 

La vocal Gisela Schumacher que votó en primer lugar en �SArgarate⬝ y �SCeballos⬝, entendió que es indudable que la norma restringe los derechos pero que �Sel Poder Legislativo puede reglamentar, ordenar y restringir los derechos, especialmente los de contenido patrimonial, porque los derechos no son absolutos⬝. 

Schumacher hizo hincapié en �Sque la humanidad en su totalidad se enfrentó a una situación excepcional y grave provocada por la pandemia de covid-19 y que la misma afectó la economía del mundo, y también del país y la provincia⬝ en tanto se paralizaron las actividades económicas, educativas y de esparcimiento. 

Analizó que la norma rige por un plazo determinado, que no altera la sustancia del derecho a percibir los haberes con integralidad, ya que la detracción dineraria representa una porción insustancial que no anula, ni modifica para el futuro la relación previsional ni la condición de jubilados, ni transforma el haber en irrisorio o insignificante. 

Este jueves 8 de abril, se dio a conocer el Decreto N° 577/20 MPIyS que reglamenta la Ley N° 10.864, la cual declara la emergencia del sector de los transportistas de pasajeros. La misma fue promovida desde la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y tuvo aprobación unánime en ambas cámaras de la Legislatura Entrerriana en diciembre del año pasado.

El texto legal comprende demandas del sector, trasladadas en beneficios tributarios para �Stransportistas escolares rurales, transportistas escolares municipales, minibuses y titulares de servicios de �Spuerta a puerta⬝ que fueron afectados por las medidas de restricción establecidas a causa de la emergencia sanitaria desde marzo a diciembre del año 2020⬝ explicó el secretario de Transporte de la provincia, Néstor Landra.

�SLa presente ley fue impulsada por el diputado Gustavo Zavallo y el senador Juan Carlos Kloss, y fue muy bien recepcionada y aprobada por unanimidad en ambas cámaras en diciembre del 2020⬝ recordó Landra, remarcando que �Ses una ley que no tiene precedentes ni en la provincia de Entre Ríos, ni en el país⬝.

En la generalidad de los casos, estos servicios son prestados por empresas familiares o unipersonales, �Smás de 300 servicios son desarrollados por familias⬝ precisó el Secretario, detallando que �Sun minibús alcanzado por esta Ley paga de patentes, cada anticipo y dependiendo del modelo, entre 3.000 y 20.000 pesos cada vencimiento.

Desde el Estado Provincial se atendió la especial situación de la franja más vulnerable del sector de transporte de pasajeros con el fin de coadyuvar a que puedan recuperarse, sin sobre-exigencias o trabas que impliquen condicionantes en el reinicio de las actividades en el transcurso de este 2021.

En ese marco, la Ley prevé la exención de primer y segundo anticipo de patentes para 2021; exención de pago de ingresos brutos enero a julio de 2021; exención de pago de tasa transporte provincial de enero a julio 2021.

En tal sentido, Landra indicó que �Sel sector está en conocimiento del alcance de la Ley, y representa en su contenido muchas de las demandas planteadas, por lo cual han expresado su satisfacción⬝.

Quienes pretendan adherir a los beneficios que la ley brinda, deberán completar un formulario con carácter de Declaración Jurada y acompañar documentación de base requerida (Constancia de inscripción en AFIP, constancia de inscripción en ATER, habilitación municipal o provincial según sea el caso, entre otros aspectos formales). Cómo órgano de aplicación, se creará un registro de beneficiarios alcanzado por la Ley en el ámbito de la Secretaría de Transporte, �Spor lo que deberán retirar el formulario de nuestras oficinas, completar, para luego presentar en ATER⬝ explicó.

Como efectos a destacar, los beneficiarios deberán suscribir, con carácter de declaración jurada, un compromiso de mantener los puestos de trabajos durante el periodo de vigencia de la emergencia. A su vez, queda establecida la prohibición de ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales mientras dure la emergencia.

Finalmente, el secretario de Transporte remarcó que �SLos beneficios se suman, es decir, no son excluyentes a los de la moratoria lanzada por parte de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) hace unos días⬝.

Rodríguez Signes explicó que la decisión del magistrado es una resolución que hace lugar a un pedido de cautelar presentada por los gremios ATE, AGMER, AMET y UDA que alcanza a los pasivos de la Administración Pública provincial y docentes.

�SNo es una sentencia, porque para que lo sea hay que correrle traslado a la otra parte⬝ o sea al Estado, pero en este caso �Slo primero que hizo el juez es no correr traslado. Es decir que el Gobierno está (en la causa) sin ser escuchado.

 A esta primera cuestión la calificaría de irregular⬝, afirmó el Fiscal de Estado en declaraciones al programa �SAire de Todos⬝ (FM Costa Paraná).

�SEn una acción de inconstitucionalidad lo que hay que hacer es escuchar a la otra parte, que encima es el Estado. No se puede omitir semejante requisito elemental⬝, evaluó.

Además, contó como anécdota que se enteró de la existencia de esta demanda de manera casual, un día que estaba en la Cámara de Senadores atendiendo otro tema. Allí se anotició de la existencia de un oficio judicial librado a la Cámara pidiendo la versión taquigráfica de la sesión donde se aprobó la norma. �SEsto es irregular⬝, remarcó.

En torno a esto, recordó que las medidas cautelares se toman �Sinaudita parte⬝ (sin escuchar o pedir las razones de la otra parte implicada en el proceso) cuando esto pueda frustrar la aplicación del derecho, algo en que el Estado no puede incurrir.

�SPero lo más importante es que por el mismo caso de jubilados docentes y esta misma ley ya se expidió el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Es el caso �SRombolá⬝, que tuvo sentencia de primera instancia y del STJ hace poco tiempo.

De manera que yo veo que existe un precedente directo. Llama la atención de que a pocos días de esa sentencia, un juez de Primera Instancia ni siquiera considere (en su decisión) lo que ha dicho el Superior Tribunal, que establece el criterio rector en materia de control de constitucionalidad⬝, apuntó.

Dado lo ajustado de los plazos para que la apelación que presentará el Estado sea considerada, Rodríguez Signes evaluó que la liquidación de los haberes de septiembre que se pagarán en octubre se podría hacer sin los descuentos que fijó la ley de emergencia.

�SVamos a ir a la justicia porque es una ley que ataca al trabajador, como en otra época de la historia entrerriana⬝, cuestionó Besel y señaló que la iniciativa �Sno sólo tomó por sorpresa a los docentes, sino al resto de trabajadores estatales⬝.

La presentación en la justicia se hará en forma conjunta con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), en el marco del Frente Sindical que los tres gremios integran. Así se decidió en una reunión virtual que mantuvieron el 2 de julio, informó Besel.

Apuntó que los artículos 3°, 4° y 5° implican �Suna reducción del salario⬝ de los estatales.

Y subrayó: �SPretendemos que, si hay un esfuerzo, que sea equitativo y de ninguna manera se aplique solamente sobre nosotros, los trabajadores activos y jubilados⬝.

En diálogo con esta Agencia, el titular de AMET Entre Ríos consideró que �Seste tipo de medidas son totalmente retrógradas y lo único que hacen es provocar malestar⬝.

�SEn un contexto donde deberíamos estar todos unidos para enfrentar una pandemia y ver cómo los chicos pueden recibir algún tipo de propuesta para volver a clases, nos encontramos con una ley tomada de los pelos y sin ningún tipo de debate⬝, lamentó. Por eso remarcó: �SPretendemos que se retrotraiga, se haga el debate en la Legislatura y seamos todos escuchados como corresponde⬝.

La reunión fue comandada por las principales autoridades de la entidad que integran José Colombatto como presidente; Nicasio Tito (vice 1°) y Flavio Izaguirre (Vice 2)°. Luciano Olivera (secretario); Héctor Reniero (prosecretario); Alejandro Müller (tesorero); Fabián Moine (protesorero) y Hugo Paoloni y Gastón Marcó (revisores de cuentas).

Los principales temas abordados tuvieron que ver con los detalles de la reunión de Mesa de Enlace con el ministro Bahillo, funcionarios y el jefe de Abigeato, donde se acordó la modalidad de un encuentro mensual de los delegados técnicos con la titular de Vialidad, Alicia Benítez; se informó sobre los créditos ganaderos provincial y nacional; entre otros temas.

También se conversó sobre la problemática de los ataques vandálicos a los campos; la reunión con el senador Edgardo Kueider respecto de la intervención y expropiación de Vicentin; las reuniones virtuales con los delegados de FARER ante FUCOFA y diversas problemáticas que atañen a los productores respecto de su quehacer cotidiano.

Dura postura contra

la Ley de Emergencia

En tanto, los dirigentes gremiales consensuaron un documento en referencia a la Ley de Emergencia que fuera aprobada en la semana pasada. El texto completo es el siguiente:

EL GOBIERNO ENTRERRIANO

CARECE DE EMPATÍA

El gobierno entrerriano acaba de sancionar la Ley de Emergencia. Esta �Svictoria política⬝ es sencillamente la más cabal expresión de un reconocimiento al rojo del Estado y a la impericia para resolverlo; de escasez de imaginación y de resistencia a una verdadera reforma político-administrativa. Y básicamente es un manotazo al bolsillo de asalariados y jubilados y una nueva trompada que busca tumbar a comerciantes, emprendedores, productores agropecuarios, entre tantos otros sectores que apuestan a la provincia y al país.

Ante todo, sepamos que esta ley no va al centro de los problemas estructurales de Entre Ríos. Es apenas una aspirina para un paciente casi terminal. Y en el caso del nuevo impuesto aplicado al campo es demostrativo de la ignorancia y de la ausencia total del sentido común y de la equidad, ya que iguala las explotaciones agropecuarias en las zonas más prósperas con las marginales.

Entre los fundamentos de la ley se buscan excusas irrisorias, ya que se olvidan de poner en la balanza que en 2023 se van a cumplir 20 años ininterrumpidos de gobiernos justicialistas; ergo, el cráter en las finanzas públicas y en la Caja de Jubilaciones es un �Smérito⬝ propio.

Lamentamos que, en pleno incendio de las cuentas públicas producto de ese Estado gigantesco, ineficiente y burocrático, la idea para apagar el fuego no fuera una mirada hacia adentro. Todo lo contrario: la política no ha tocado sus cimientos.

Resulta complicado entender y mucho menos aceptar, medidas de este tipo en plena pandemia con un escenario de caída brutal de la economía y del empleo. Aumentando impuestos no se resuelve nada, ya que son unas monedas más para un estado voraz -que las dilapidará- y muchas monedas menos en los bolsillos de los entrerrianos. Entendamos que todas las cargas impositivas que se imponen en esta Ley -medicamentos y bancos, por ejemplo- serán transferidas al consumidor.

No es momento de agarrar la cachiporra y pasar la gorra. Hay muchos sectores que atraviesan momentos terribles: prestadores de turismo; transporte; emprendedores; cuentapropistas; Pymes; comerciantes; clubes; artistas; entre tantos otros. Es necesario generar medidas tendientes a reactivar y/o apuntalar a estos sectores económicos y sociales. Para nada son momentos de recetas que siguen rascando de las mismas ollas. La pobreza abruma. El desempleo arrecia. La recesión angustia. Y en ese escenario, la política de panza llena ni se le ocurre empezar el esfuerzo por casa. Los privilegios de la política y del Estado están muy lejos de la empatía que se necesita en estas horas.

La provincia está enferma y sufre. Pero otra vez han equivocado el remedio.

El presente forma parte de las medidas que es necesario adoptar para atemperar los efectos de la crisis económica que, si bien ya afectaba a nuestro país al momento de asumir el gobierno municipal, se ha visto seria y profundamente agravada por el brote de la enfermedad originada por el nuevo coronavirus COVID-19 y el �Saislamiento social, preventivo y obligatorio⬝ dispuesto.

 Estas medidas de aislamiento obligatorio, con alto impacto negativo en la actividad económica y productiva en el país, resultan imprescindibles para contener y mitigar la expansión del virus, y que conllevan �asimismo- una disminución notable de los recursos del Estado Municipal.

Luego del análisis de la situación financiera-económica en forma integral del Municipio de Estancia Grande, motivado en la auditoría general que se encuentra en desarrollo, se advierte, la existencia de omisiones graves por parte de la Contadora y también del Tesorero Municipal en la información proporcionada, respecto de deudas de mayúscula significación como resulta la motivada en la retención de aportes y contribuciones previsional que nunca fueron depositados a pesar de la realización concreta de su retención a cada trabajador, que determina, se reitera, una superlativa deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

 Idéntica situación resulta la devenida con la retención de aportes de Obra Social a cada trabajador sin la realización de su ingreso al organismo correspondiente, que determina, una vez más, una importante deuda con la Obra Social estatal �IOSPER- que no fuera informado por los organismos económicos del Municipio a este Departamento Ejecutivo Municipal en forma debida y documentada.

Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que nos obliga a adoptar decisiones con el objetivo de proteger la salud pública, pero también a paliar los efectos de las medidas restrictivas vigentes, que significarán una merma en la situación económica general y de las economías de la Municipalidad de Estancia Grande, para que los y las habitantes de nuestra localidad puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales.

En efecto, el Estado Municipal debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestra querida localidad puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, pero fundamentalmente dado la ausencia de ingresos presupuestarios que pueda seguir funcionando en trance de propender al bien común.

En este marco, la presente Ordenanza contempla medidas temporarias, proporcionadas respecto de la situación de emergencia que se enfrenta, y razonables.

En el contexto descripto, a fin de adoptar medidas concretas en beneficio del interés común es necesaria la DECLARACI�N DE EMERGENCIA ECON�MICA de la MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE.

En este contexto resulta necesario ampliar las fuentes de financiamiento tendientes a incrementar los fondos disponibles para destinar a medidas paliativas de los efectos producidos por la pandemia de Coronavirus.

Atento lo excepcional de la situación, las medidas a adoptar deben compartir esta misma naturaleza y en este sentido aparece como una herramienta útil excepcionar los importes máximos para atender la adquisición de bienes e insumos destinados a enfrentar la emergencia sanitaria como así también la emergencia económica que la misma genera, afectando a tal fin ahorros provenientes de la liquidación de haberes de funcionarios y autoridades superiores del Municipio.

Resulta insoslayable que las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria afectan negativamente algunas de las actividades de la economía de la ciudad, lo que requiere que también se adopten medidas extraordinarias y urgentes para afrontarla.

En el marco de la crisis económica que vive la República Argentina en general, de la que no es ajena la provincia de Entre Ríos y nuestro Municipio, se propicia la adopción de medidas tendientes a paliar la misma, buscando alternativas para sostener y morigerar dicha situación temporaria, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones diversas que tiene a su cargo el Estado Municipal, en especial el sostenimiento adecuado de la prestación de los servicios básicos, de manera de asegurar su adecuado cumplimiento, el que sin la adopción de las medidas previstas que se disponen, corren el riesgo de resentirse notoriamente.

Por lo antes expuesto, se hace necesario tomar decisiones que coadyuven al financiamiento de las cuentas municipales, con acciones concretas para afianzar el sostenimiento de cada una de las funciones primordiales del Estado, dotando al Departamento Ejecutivo de Estancia Grande de herramientas para poder revisar el cuadro de situación y actuar en consecuencia.

Que en consecuencia, y a la luz del desarrollo de los acontecimientos verificados en los últimos meses, de los que no se vislumbra un mejoramiento en el corto plazo, resulta necesario aunar el esfuerzo de todas y todos, con la mayor colaboración de aquellos sectores en el funcionariado cuya capacidad contributiva así lo permite, para paliar los costos de la emergencia que se interesa declarar.

Que el municipio de Estancia Grande fue demandado por anteriores empleados a los que se les realizara la designación por la anterior gestión política municipal en forma ilegítima, con resultados favorables para el Municipio de Estancia Grande.

En dicha oportunidad se condenó al pago de los honorarios a los reclamantes a favor del Dr. Pedro de LA MADRID, quien llevó adelante con éxito la defensa de los intereses del Municipio.

En este acto el Dr. Pedro de LA MADRID procede donar los honorarios que legítimamente le corresponden percibir, que deben abonar terceros que perdieron el proceso judicial, a favor del Municipio de Estancia Grande y con la finalidad de colaborar con las cuentas públicas.

Al explicar el voto negativo, el presidente del Bloque de Senadores de Juntos por el Cambio (JxC), Francisco Morchio (Gualeguay), cuestionó la falta de análisis y la ausencia de aportes de los sectores que se verán afectados por la aplicación de la ley de emergencia.

�SEn tan solo seis días, se está aprobando una ley, sin debate, sin trabajo en comisión, sin aportes de los distintos sectores⬝, criticó el senador por el departamento Gualeguay.

En su alocución, Morchio, cuestionó que el Poder Ejecutivo �Simponga⬝ una legislación por el sólo hecho de tener mayoría parlamentaria y no por consenso o �Sel aporte enriquecedor de los sectores⬝.

�SLo que decidió el oficialismo fue forzar las mayorías, hacer valer los dos tercios, sin trabajo en comisión y de esta manera, no pudimos escuchar a los funcionarios, escuchar a los especialistas, escuchar a los representantes de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados. Los legisladores somos representantes de los ciudadanos, de los ciudadanos de nuestros departamentos; ¿cómo lo vamos a representar? ¿Si no tenemos la chance de discutir los proyectos que envía el Ejecutivo?⬝, se preguntó el presidente del bloque de Juntos por el Cambio.

�SEste proyecto no es a causa de la cuarentena. Entre Ríos tiene déficit desde hace años. Fueron muchos años para ordenar las cuentas, para hacer eficiente el Estado y hacer prolija la Caja de Jubilaciones.

Quiero creer que esta es una imposición temporal, pero lo dudo, porque en este país estamos llenos de ejemplos que las imposiciones temporales durarán para siempre, como fue el impuesto a las ganancias o bienes personales, son ejemplos de lo que era por un tiempo y quedó para siempre⬝, dijo Morchio antes de anunciar el voto negativo de su bloque a la ley de emergencia.

El legislador, también recordó que en cada período legislativo el gobernador Gustavo Bordet anunció que �Sese iba a ser el año de la reforma política, de la reforma judicial, de la reforma electoral y de la reforma previsional.

Siempre que lo dijo, aplaudí esas propuestas, pero no quiero ser ingenuo, quiero hacer una oposición sana y no poner palos en la rueda, pero no quiero ser parte de una oposición ingenua⬝, enfatizó.

El presidente del bloque de JxC, dijo compartir con el Gobernador la necesidad de reformar el Estado, porque �Sdetrás del Estado está la gente y son ellos a quienes representamos.

����El Estado presente no es sólo asistencia, que está muy bien, también es acompañar a los empleados, a los empleadores, a los que dan trabajo y a los productores.

�SSi nos hubiesen incluido en la discusión, le hubiésemos contado que el aumento al impuesto inmobiliario, a las fracciones de más de 1.000 hectáreas, abarca montes de Federal, Feliciano, islas de Gualeguay, Ibicuy y Victoria, donde la unidad económica supera enormemente las 1.000 hectáreas.

����Hay unidades económicas que no son viables y que tienen 1.600 hectáreas y también se le va a aplicar el aumento⬝, describió Morchio.

El senador por el departamento Gualeguay, recordó que �Sdiálogo y consenso⬝ el gobernador Gustavo Bordet buscó en el período anterior, con la gestión de Macri en sus muchas ideas a Buenos Aires, donde obtuvo fondos para pagar sueldos, aguinaldos y jubilaciones.

�SDigo todo esto, por más que algunos se sonrían, en la tranquilidad de que siempre quise ser parte de una oposición constructiva y que este bloque haga una oposición constructiva.

�SEste proyecto es un aumento de impuestos para seguir manteniendo el mismo gasto, fue muy claro el senador (Rubén) Dal Molin y el diputado (Esteban) Vitor, quienes recordaron dichos del gobernador a la prensa ��que había recibido una provincia fundida�" y no quiero que el próximo gobernador o gobernadora tenga que decir que recibió una ��provincia fundida�", por eso este bloque no va a votar la ley de emergencia⬝, dijo Morchio, al finalizar su discurso en el recinto.