La respuesta es meramente formal, presuntamente cumplida, hipotética y especulativa (se cumple con el plazo establecido sólo para responder al requerimiento de presentación), pero no genera ninguna ejecución ni cumplimiento efectivo de lo que la Ley establece, ya que no acredita acciones concretas. Es decir, se continúa sin hacer nada de lo que la Ley dispone. Por ello afirmamos que “es un cumplimiento que incumple”.Por ejemplo, en relación con las pensiones no contributivas, a las que hace referencia la Ley, el Gobierno se limita a describir su impacto presupuestario y a estimar un universo potencial, pero no indica cómo se implementarán durante el año en curso. Lo mismo ocurre con el Programa Federal Incluir Salud, que brinda atención a estas personas.Cabe señalar, además, que los números que se presentan carecen de fundamento técnico-administrativo y parecen tener como único objetivo sobredimensionarlos para justificar el discurso del déficit y la falta de presupuesto, reproduciendo una narrativa parcial y estigmatizante hacia el colectivo de personas con discapacidad.En referencia a la compensación establecida por la Ley, que busca cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y el IPC, el Gobierno propone un cálculo del 10,5%, el cual no coincide con la evaluación de los prestadores, sin acompañar normativa alguna que ordene su ejecución ni un cronograma de pago.Esta situación se encuentra muy alejada del déficit real de los aranceles, presenta un cálculo erróneo de la compensación y omite una serie de cuestiones centrales, como las vinculadas al ARCA, la reunión mensual de directorio para la adecuación de aranceles, la actualización de los ingresos de los operarios de los talleres protegidos de producción, la realización del estudio de costos que correspondía en diciembre de 2025, la reunión de directorio aún pendiente, entre muchas otras que son directamente ignoradas.Algunas de estas medidas son de ejecución inmediata, como la compensación a los prestadores, la adecuación de los talleres protegidos, la actualización de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones y las obligaciones que la Ley impone al ARCA.En este marco, no existe ningún acto administrativo concreto que permita la actualización de los aranceles de las prestaciones, tal como lo exige la Ley (establecer los aranceles a enero de 2025 y aplicar aumentos mensuales según una fórmula). Esto debería haber derivado ya en la fijación del arancel correspondiente a enero de 2026, sin que exista respuesta concreta ni efectiva, ni siquiera respecto de las medidas urgentes que deberían adoptarse de manera inmediata. Asimismo, hay una total ausencia de medidas vinculadas a la refinanciación de deudas con el ARCA, generadas por la combinación de aranceles congelados y salarios actualizados, situación contemplada por la Ley y que podría otorgar un mínimo respiro a los prestadores. Del mismo modo, persiste el silencio respecto del aumento que debe otorgarse al apoyo mensual que perciben los trabajadores de los talleres protegidos de producción por parte del Estado.Por todo lo expuesto, reafirmamos que “el Gobierno Nacional manifiesta cumplir sin cumplir”. El Gobierno Nacional continúa engañando a la población, generando con ello una grave vulneración de derechos de las personas con discapacidad.

 Por Tomás Martino - El Juzgado Federal de Campana habilitó la feria judicial de verano para avanzar en el cumplimiento de la sentencia que ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Gobierno nacional apeló el fallo y busca revertirlo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.La habilitación fue adoptada este viernes por el juez federal Adrián González Charvay, designado como autoridad durante el primer tramo del receso judicial. El magistrado consideró que la demora podría frustrar derechos o producir un “daño irreparable” sobre las personas alcanzadas por el amparo colectivo contra el Estado nacional.En una resolución dictada en el expediente “J, O.G. (en representación de sus hijos) y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación (...)”, el juez entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para permitir la actividad judicial durante enero y dispuso que la medida quedara circunscripta al cumplimiento de la sentencia definitiva ya dictada en la causa.El magistrado ponderó que el transcurso del tiempo podría afectar derechos fundamentales del colectivo integrado por personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios en todo el país.El fallo, en rigor, se produce en el marco de un litigio de alto impacto social vinculado con la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad y estableció medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario para sostener el sistema de prestaciones. La norma fue sancionada por el Congreso en julio de este año, pero posteriormente resultó vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei por razones de sostenibilidad fiscal.Frente a ese veto, ambas cámaras del Congreso insistieron con la sanción original. La Cámara de Diputados lo hizo el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, en ambos casos con el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, esa insistencia obligaba al Poder Ejecutivo a promulgar y aplicar la ley sin condiciones.Tras ese trámite parlamentario, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Iván Lugones. El artículo 1 del decreto promulgó la ley en cuestión, mientras que el artículo 2 dispuso comunicarla al Congreso “con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución” de la norma.En los considerandos de ese texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley no había previsto fuentes específicas de financiamiento y que, en virtud del artículo 5 de la Ley 24.629 y del régimen de administración financiera, su ejecución debía quedar supeditada a la incorporación de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto nacional.Esa medida fue cuestionada judicialmente. A mediados de diciembre, el titular del Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva y declaró inválido el artículo 2 del decreto, al analizar que el Gobierno nacional había utilizado esa cláusula para suspender en los hechos la ejecución de una ley sancionada por insistencia parlamentaria.En su pronunciamiento, el juez indicó que la conducta del Ejecutivo violó el artículo 83 de la Constitución Nacional y el principio de supremacía constitucional, al subordinar una ley formal del Congreso a normas de jerarquía inferior. También señaló que la propia Ley 27.793 facultó al Jefe de Gabinete a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurar su financiamiento.Semanas después, antes de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo del proyecto de Presupuesto 2026 que preveía la derogación de la emergencia en discapacidad, el Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla apeló la sentencia de González Charvay. La apelación fue concedida con “efecto devolutivo”, por lo que el fallo quedó en condiciones de ser cumplido mientras no sea revocado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Para defender su postura ante el reclamo judicial, el Gobierno explicó que la aplicación de la ley implicaba un impacto fiscal que no era compatible con el equilibrio de las cuentas públicas y que el artículo 2 del decreto no suspendió la norma, sino que la eventual imposibilidad de ejecución deriva de la legislación presupuestaria vigente.Esos argumentos fueron rechazados por el juez de primera instancia tras subrayar en la sentencia que el Congreso, en efecto, había habilitado al jefe de Gabinete a reasignar partidas y que el Ejecutivo había realizado múltiples modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023.Según los datos recabados durante la tramitación de ese expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles aumentaron solo un 42,6%, lo que generó una pérdida real superior al 50%, con cierres de instituciones, interrupción de tratamientos y dificultades para sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.Así las cosas, con el fallo vigente y la apelación en trámite, el juez resolvió habilitar la feria judicial para darle continuidad a la fase de ejecución.

La causa fue iniciada por familias de niños con discapacidad y sumó el respaldo de numerosas organizaciones y prestadores. Denunciaban que la suspensión dejaba sin cobertura tratamientos esenciales y profundizaba la crisis del sistema.

El juez sostuvo que el Ejecutivo no puede condicionar la vigencia de una ley aprobada por insistencia del Congreso, ya que eso vulnera la supremacía constitucional.

También rechazó el argumento fiscal, recordando que el propio Parlamento habilitó al Gobierno a reasignar partidas para garantizar su financiamiento.

El fallo enfatiza el impacto directo sobre miles de personas con discapacidad y sus familias, y ordena al Estado aplicar la ley sin más demoras.

La sentencia deberá publicarse en el Registro de Procesos Colectivos y constituye un precedente relevante en materia de protección de derechos sociales. 

Este lunes, tras el rechazo veto de Javier Milei, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, como ya había adelantado hace una semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución de la ley quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.La medida se oficializó mediante la publicación del Decreto 681/2025, en el Boletín Oficial. Así, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la legislación, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.En ese sentido, estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI.A esto se suma el costo para el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI).En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.Por esto mismo, el Gobierno decidió postergar su aplicación hasta tanto el Congreso precise de dónde se obtendrán los fondos. De hecho, en el decreto mencionaron que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento. Además, esta decisión del Gobierno se enmarca en el artículo 5 de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional.El Congreso de la Nación, según el Ejecutivo, “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. El texto agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.El Poder Ejecutivo ya había vetado la ley mediante el Decreto N° 534/25, argumentando que “resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”. En esa oportunidad, advirtieron que la falta de previsión presupuestaria “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”.Pese a estos reparos, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación insistieron con la sanción de la ley por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.El texto oficial subraya que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma.“Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señala el texto.La promulgación fue comunicada formalmente al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas presupuestarias que permitan la puesta en marcha efectiva de la emergencia nacional en discapacidad.A través de la Decisión Administrativa 24/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, dispusieron una modificación presupuestaria para reforzar la financiación destinada a la atención de personas con discapacidad. La medida responde al reclamo de actualización de los prestadores del sistema y comenzará a regir el 1° de octubre.El ajuste presupuestario implica un incremento de los fondos asignados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, mientras que se reduce la partida correspondiente a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, utilizada habitualmente para compromisos generales del Estado.El núcleo de la medida radica en la necesidad de adecuar el presupuesto vigente para afrontar gastos impostergables, en particular aquellos vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El documento oficial reconoce que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.793, que contempla el financiamiento de estos gastos. Sin embargo, la ejecución de esa ley se encuentra suspendida hasta que el Congreso determine la fuente de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como lo establece el artículo 5° de la Ley 24.629.A pesar de esa suspensión, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió avanzar con una readecuación de los créditos presupuestarios para dar respuesta, a partir del 1° de octubre, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad. Infobae.

En una jornada histórica, el Senado de la Nación aprobó con 63 votos a favor y apenas 7 en contra el rechazo al veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, que contempla un aumento del presupuesto en el área, mejoras para prestadores y la creación de una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.El resultado superó con holgura los dos tercios necesarios (47 votos) y marcó un nuevo revés para el oficialismo, que quedó completamente aislado: solo los senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, mientras que UCR, PRO, partidos provinciales e incluso figuras independientes acompañaron la insistencia en convertir el proyecto en ley. Ninguno de los legisladores libertarios pidió la palabra para defender la postura del Ejecutivo.La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala, ya que Javier Milei se encuentra de viaje en Los Ángeles y Victoria Villarruel quedó al frente del Ejecutivo. El contraste fue notorio: mientras el Presidente buscaba apoyo internacional, el Congreso argentino lo enfrentaba con una decisión que no se daba desde 2002, cuando el Parlamento derribó un veto del entonces mandatario Eduardo Duhalde.La nueva norma no solo implica un aumento de fondos para políticas de discapacidad, sino también un esquema de actualización mensual de los aranceles de prestadores en función del IPC. Para muchas familias y trabajadores del área, se trata de un alivio urgente frente al desfinanciamiento acumulado.

El oficialismo anticipó que llevará la ley a la Justicia para intentar frenarla, pero el golpe político ya quedó instalado: en apenas un mes, el Gobierno viene acumulando derrotas legislativas, judiciales y sociales que evidencian un creciente desgaste. La imagen de un oficialismo sin aliados sólidos en el Congreso y con la oposición articulada refuerza la idea de un Milei visiblemente jaqueado, cada vez más encerrado en la defensa de su círculo íntimo.

En ese marco, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convoca a movilizarse al Congreso de la Nación y a participar en distintas acciones que se realizarán en todo el país.Importante: el miércoles 3 de septiembre el Senado confirmará en reunión de interbloque si el veto presidencial será tratado en el recinto el jueves 4. Solicitamos estar atentos a cualquier novedad.

Este debate llega en un contexto marcado por la salida del Dr. Diego Spagnuolo de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras la difusión de grabaciones que señalan a varios funcionarios públicos en presuntos pedidos de coimas y negociados, poniendo bajo seria sospecha la gestión.

Desde el Foro Permanente exigimos que la Justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos.

Hoy más que nunca, cada presencia cuenta. Convocamos a la ciudadanía a acompañar esta movilización y solicitamos a los legisladores y legisladoras de la Cámara Alta que se pongan del lado de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos y logrando frenar el veto para que se promulgue Ley de Emergencia. 

La Cámara de Diputados resolvió este miércoles dejar sin efecto el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la mayoría del recinto optó por insistir con la norma. El texto ahora pasará al Senado, que tendrá la última palabra: si la Cámara Alta confirma la decisión, la ley quedará firme y no podrá volver a ser objetada por el presidente Javier Milei, quien había cuestionado la iniciativa por considerar que compromete el equilibrio fiscal.

El debate fue habilitado con las dos terceras partes de los legisladores presentes, dado que la propuesta no contaba con dictamen de comisión. Fue el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, quien marcó esa condición en la reunión de Labor Parlamentaria.La ley establece una serie de medidas destinadas a garantizar derechos y prestaciones para las personas con discapacidad. Entre sus principales puntos, prevé:Financiamiento estable y sostenible para las pensiones no contributivas por discapacidad.Fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, con mecanismos rápidos de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses y refinanciaciones.Actualización y compensación de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.Presupuesto adecuado para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.Incremento de la asignación mensual estímulo en función del salario mínimo, vital y móvil.Incorporación de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).Además, el proyecto incorpora instancias de diálogo institucional y consultas permanentes con las organizaciones representativas, junto con otras medidas que puedan definirse en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad. 

La oposición avanza. Conversa, cruza mensajes y busca cerrar acuerdos para alcanzar los dos tercios que le permita avanzar este miércoles en Diputados en la insistencia en el ajuste para las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad. También se va a tratar el veto a la vuelta de la moratoria previsional, pero en este caso en todos los bloques dan por descartada la posibilidad de que la oposición se imponga.“En discapacidad estamos más tranquilos que en jubilaciones, aún hay algunos que no sabemos que van a hacer”, explicó un diputado de la oposición que impulsa la sesión.Con el quórum asegurado, el juego y las miradas están puestas en las abstenciones y las ausencias. Los que apoyan o los que rechazan el veto ya mostraron sus posiciones, pero hay un numeroso grupo de legisladores que en la votación original de ambos proyectos se abstuvieron o estuvieron ausentes que son los que van a cambiar el resultado. Particularmente en el debate sobre las jubilaciones.“El bloque de la UCR es quien va a terminar definiendo. La votación original muestra que hubo 142 votos a favor y 62 en contra, pero 19 diputados se abstuvieron y hubo 28 ausentes. Para que salga la ley es necesario que algunos de los radicales voten a favor y otros que originalmente se abstuvieron se paren y se vayan”, explicó.El bloque que conduce Rodrigo De Loredo hoy es una incógnita. No queda claro qué van a hacer los radicales que conducen la comisión de Previsión Social y durante el 2024 fueron quienes encabezaron la recomposición de las jubilaciones. “Es la misma discusión que ellos plantearon, es devolver lo que perdieron en enero de 2024 cuando se cambió la fórmula. En ese momento ellos eran la punta de lanza del reclamo y hoy es la misma situación”, explicó un legislador.Un dato que alienta la esperanza de aquellos que van por la insistencia es que en la última sesión, en medio de las movidas para que se caiga el quórum que implementó La Libertad Avanza, los radicales se quedaron en sus lugares y fueron quienes finalmente aseguraron los más de 129 diputados que al final de la jornada le ganaron 12 votaciones al oficialismo.El bloque de la UCR buscará avanzar en una postura, pero algunos de los que en la votación se abstuvieron aseguraron a este medio que van a ir por el rechazo al veto.Todo esto en un ambiente de mucha volatilidad donde los acuerdos se forman y se rompen con mucha rapidez y eso se aceleró con el cierre de las listas y la proximidad de las elecciones.Por el lado de LLA y de sus satélites también persisten las dudas, pero entienden que tienen posibilidades ciertas de contener el veto para la suba jubilatoria. “Estamos cerca del tercio, discapacidad es probable que la perdamos, pero en la suba de las jubilaciones estamos finito”, dijo a Infobae un diputado amarillo cada vez más violeta. Y, nuevamente, todos miran a los radicales de De Loredo.En el PRO hay 8 diputados que el oficialismo los descarta. Sin embargo, la preocupación es la misma, pero en sentido contrario. “Si no votan contra el veto que se abstengan, pero que no se retiren del recinto”, piden.La puja está planteada. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia y el Frente de Izquierda tienen que asegurar la presencia de la totalidad de sus miembros. Y, a partir de eso, sumar voluntades.Del lado del oficialismo lo mismo. Todos los libertarios y sus bloques satélites como el MID, el PRO y la Liga del Interior tienen que tener a todos para poder reeditar a los “héroes” del 2024.

Los gobernadoresEn medio de esta discusión aparece también el tratamiento de los proyectos que impulsan los gobernadores -reparto de los ATN y del Impuesto a los Combustibles Líquidos- que ya tienen media sanción del Senado. En este caso, y luego de la intromisión de dos proyectos que presentó el oficialismo que otorga “algo” a los jefes de los estados provinciales, se abrió una instancia de negociación.En este punto, hay cruces también entre los legisladores y los gobernadores para encontrar un proyecto de consenso con el oficialismo con el fin de evitar un futuro veto. Si no se logra, avanzarán con los proyectos originales y se expondrán a un nuevo rechazo de la Casa Rosada.  (Infobae)

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el CongresoEn el fallo, al que tuvo acceso TN, el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.La decisión se dio en el marco de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad. Los demandantes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.La sentencia consideró que la decisión del gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos. (TN)

La convocatoria se replicó en todo el país, con acciones coordinadas en plazas y espacios públicos de al menos 19 provincias, en una expresión clara y contundente de unidad federal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán fueron algunos de los puntos de encuentro.Las instituciones, profesionales y transportistas del sector suspendieron sus actividades en sede en señal de protesta, ya que el presidente desoyó una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoció la gravedad de la crisis que atraviesa todo el colectivo de discapacidad.Este lunes, el presidente Javier Milei vetó a través del Decreto 534/2025 vetó las leyes de Emergencia en Discapacidad y de mejoras para los jubilados. Ahora, Diputados deberá conseguir los 2/3 de quórum necesarios para tratar el tema, sin que pase por comisiones, ya que el tiempo es urgente. Tal como se preveía el veto, legisladores que apoyan la ley ya trabajan para que, a más tardar, la sesión se lleve a cabo la próxima semana y se rechace el veto.El Gobierno, por su parte, negocia con gobernadores y distintos bloques para reunir 84 votos en Diputados, buscando sostener el veto, mientras la oposición debe conseguir dos tercios en ambas cámaras para insistir con la sanción original.

¿Por qué la emergencia es urgente?

La Emergencia en Discapacidad abarca realidades que no pueden esperar:Personas que trabajan en talleres protegidos sobreviven con apenas $28.000 mensuales.Personas que aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos y apoyos básicos.Prestaciones y apoyos en riesgo porque los aranceles no cubren los costos y muchos prestadores están al borde del cierre.Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿cómo responde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan.El verdadero desafío es construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido ni enfrente solo las dificultades.

La legisladora entrerriana considera que la creación de un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad incorpora más estructura al sistema por lo que complica la posibilidad de resolver el estado de retraso permanente en los montos de las prestaciones. En contraposición, describió el proyecto presentado por el PRO que tien “un dictamen más razonable”. La  Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa aprobada fue presentada por el legislador Daniel Arroyo de Unión por la Patria.De los 71 votos en contra que tuvo, uno perteneció a Nancy Ballejos que a través de una gacetilla explicó los motivos del rechazó al dictamen de mayoría que tuvo el respaldo de 149 legisladores.“El dictamen de mayoría propuesto por los diputados de Unión por la Patria, implica mucho más que la declaración de emergencia en discapacidad. Crea un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad, sin mencionar de dónde se van a sacar los recursos para poder financiarlas”.Por lo que sostuvo que “lejos de solucionar el problema estructural, este dictamen incorpora más estructura al sistema, alejando aún más la posibilidad de solucionar el estado de retraso permanente en los montos de las prestaciones.”Además, Ballejos indicó que, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por las nuevas altas de estas Pensiones no contributivas se prevé una ampliación de la demanda que se incrementa de entre 500.000 a 950.000 los nuevos beneficiarios con un impacto fiscal equivalente al 0,42% del PBI.“Para tomar una dimensión de la desproporcionalidad de esa cantidad de pensiones por invalidez, ¡ni siquiera son números comparables a una guerra! En Ucrania, según datos publicados por la ONU, la Comisión de Expertos Médicos y Sociales de ese país otorgó en 2023 alrededor de 145.000 certificados de discapacidad por heridas de guerra2. Con este proyecto, se pretende otorgar ¡entre 3 y 6 veces esa cantidad! ¿Cuál sería la catástrofe que atravesó nuestro país para tener esos números de pensiones por invalidez?”, se pregunta.Debido a estas críticas, Ballejos mencionó que el PRO (Bloque al que pertenece) presentó “un dictamen más razonable” que consiste en una actualización del nomenclador de discapacidad por IPC (Índice de Precios del Consumidor) conforme a los datos publicados por el INDEC. Además, cuenta con un sistema agilizado de pagos para evitar retrasos burocráticos.Otros de los puntos que resalta la diputada entrerriana es que “se adapta el lenguaje de las leyes nacionales de discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y facilita el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a través de trámites más ágiles de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.Además, la iniciativa propone un régimen de fomento a la inclusión laboral “estableciendo más incentivos impositivos para los empleadores, porque creemos que es fundamental para el desarrollo de todas las personas poder acceder a un empleo digno y en igualdad de condiciones”.Por otra parte,  Ballejos remarcó que el PRO exige la reglamentación del art. 26 de la ley 26.816 sobre empleo protegido, pendiente desde 2013. “Estos incentivos laborales tienen que ver con que sólo el 13% de las personas con discapacidad mayores de 14 años tiene empleo. Sin autonomía no hay dignidad, y sin trabajo no hay autonomía”.

¿De qué se trata el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados?Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega. 

Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, celebró esta iniciativa de recoger los aportes de todos los sectores de la sociedad para conseguir una ley que incluya a todos.

Vale recordar que fue el presidente, Alberto Fernández, quien en su discurso de apertura de sesiones anunció el tratamiento del nuevo texto en el transcurso del año. 

 ¿Cómo participar?

Para participar de las audiencias públicas habrá que inscribirse. Pueden hacerlo todas las personas, organizaciones, instituciones, organismos y empresas interesadas. La inscripción cierra 48 horas antes de la fecha de cada audiencia. Es necesario aclarar que sin anotación previa no es posible participar. Para hacerlo es necesario ingresar a https://www.argentina.gob.ar/andis/nueva-ley 

Cada participante elige un tema sobre el que dar su opinión. Los tópicos son:  educación - trabajo - salud -protección social -participación política -accesibilidad vida autónoma e independiente - otro tema. 

Durante la audiencia pública cada persona tiene cinco minutos como máximo para dar su opinión sobre el tema elegido. 

Es importante destacar que La Nueva Ley de Discapacidad es una ley de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural.

De esta manera, se busca avanzar hacia una nueva normativa que aborde la discapacidad desde un modelo social y desde una perspectiva de derechos que entienda a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad en todas sus esferas.

Y que también reconozca derechos humanos, civiles, políticos y las libertades fundamentales. 

Este proceso de gestación de una nueva Ley en Discapacidad representa un paso fundamental en el camino de la armonización legislativa en la materia y es, también, el saldo de una enorme deuda de la democracia en pos de la construcción de una sociedad que nos incluya a todos.