Esta medida generó un intenso debate sobre su impacto en el mercado inmobiliario, particularmente en el ámbito de los alquileres.

Para arrojar luz sobre este tema, hablamos con Federico Gorsky, referente de la Red Inmobiliaria Concordia, quien compartió su perspectiva sobre la situación.

Según Gorsky, la derogación de la ley es una medida positiva que contribuirá a aliviar la tensión en el mercado locativo.

En sus declaraciones, Gorsky destacó la importancia de reducir el plazo de alquiler de 3 a 2 años, argumentando que esta modificación permitirá a los propietarios ajustar los alquileres de manera más flexible, considerando la baja rentabilidad y el contexto inflacionario actual. Además, subrayó la necesidad de que las partes involucradas acuerden cómo y con qué frecuencia se ajustarán los alquileres, dada la rápida variación de precios en bienes y servicios.

El referente inmobiliario expresó su preocupación por el cuello de botella actual en el mercado, donde la alta demanda ha llevado a una escasez de propiedades en alquiler. Gorsky señaló que la dificultad para encontrar propiedades disponibles es evidente, ya que muchas se alquilan prácticamente en el mismo día de ser anunciadas debido a la abrumadora demanda.

En este contexto, Gorsky sugiere que medidas como la derogación de la ley podrían incentivar a los propietarios a poner más inmuebles en el mercado de alquiler, aliviando así la presión sobre los buscadores de propiedades. Sin embargo, reconoce la necesidad de un equilibrio para garantizar que estas medidas no perjudiquen a ninguna de las partes involucradas en el proceso de alquiler.

Según Gorsky, la Ley Lipovetsky, como se denominó originalmente, fue reformada el pasado octubre, generando una disminución significativa en la oferta de alquileres en diversas ciudades del país. Concordia, la ciudad en la que se encuentra la Red Inmobiliaria, no ha sido ajena a esta situación, experimentando una escasa oferta de propiedades en alquiler. En palabras del referente inmobiliario, “hoy prácticamente hay una oferta nula de alquileres”.

El principal argumento de Gorsky radica en que la Ley de Alquileres actual ha limitado la duración de los contratos a tres años, lo que, según él, ha desincentivado a los propietarios a poner sus propiedades en el mercado de alquiler. La posibilidad de volver a contratos de dos años, con la flexibilidad para que las partes acuerden ajustes y plazos, es vista como una medida que podría estimular el mercado inmobiliario.

El referente inmobiliario también busca disipar los temores de los inquilinos respecto a un posible aumento en los precios. Gorsky sostiene que la competencia del mercado regulará los valores, ya que los propietarios deberán fijar precios acordes a la demanda. Enfatiza que pedir más de lo que realmente vale un inmueble resultará en propiedades vacías, ya que nadie estará dispuesto a alquilar a precios inflados.

“Lo que va a producir, estoy casi seguro, y ojalá así sea, es que descomprima el mercado locativo que hoy, repito, estamos en los niveles más bajos en medidas de porcentaje de los últimos años. Y posiblemente esto logre volver a estimular, o incentivar, o alentar a muchos propietarios que vuelquen sus inmuebles al mercado de alquileres. Repito que hoy está contraído y está complicado para el oferente que quiere buscar un inmueble en alquiler”, concluyó Gorsky.

La nueva Ley de Alquileres, promulgada este martes con su publicación en el Boletín Oficial, establece que a partir de hoy los contratos que se firmen deberán ser de tres años de duración, con actualizaciones no menores a los seis meses y calculadas en base al Coeficiente Casa Propia, que se utiliza desde 2021 para los créditos Procrear.

Los contratos que ya están firmados bajo la ley aprobada en 2020 -con plazo de vigencia de tres años y esquema de ajuste anual por ICL- seguirán su curso hasta la finalización de los 36 meses de duración y se ajustarán a la nueva ley al momento de la renovación.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, señaló que “las modificaciones son sólo para aquellos que firmen contrato a partir de hoy. En tanto, todos los que tienen contrato vigente, seguirán bajo las condiciones que se fijaron en el contrato”.

En base a lo dispuesto en la nueva ley, los contratos de alquiler seguirán teniendo una duración de tres años, deberán ser estipulados “en valor único en moneda nacional” y se podrán realizar “ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

También se modificó el índice que se emplea para la actualización de los alquileres, al establecer que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA”.

El índice Casa Propia, que se utiliza desde 2021 para la actualización de las cuotas para los diferentes créditos que se enmarcan dentro del Programa Federal Casa Propia y Procrear II, tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, esta fórmula promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a morigerar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales.

Además, la fórmula Casa Propia incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo igual al 0,9, de modo que en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial plena, la referencia que se tomará en cuenta será equivalente al 90% de ese total.

En línea con la periodicidad de ajuste semestral, la primera actualización con el Coeficiente Casa Propia podrá hacerse a partir del mes de marzo de 2024.

Para calcular el ajuste, se debe consultar cuáles fueron los últimos seis valores del Coeficiente Casa Propia, que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat actualiza periodicamente en el siguiente sitio.

Luego se deberá multiplicar los seis valores entre sí, y a ese resultado, habrá que multiplicarlo por el número de la cuota de alquiler vigente.

A modo de ejemplo, si la actualización se tuviera que realizar este mes, tomando los últimos seis meses el Coeficiente Casa Propia el cálculo arroja una actualización de 39,3%.

Esto surge de multiplicar los valores del coeficiente publicado de junio a noviembre y luego multiplicar el resultado por un alquiler inicial de $ 100.000, lo que da como resultado que se deberá aumentar a $ 139.350.

También a modo de ejemplo, si se aplica el ajuste semestral a un contrato iniciado en diciembre 2022 con un valor inicial de $ 100.000, en junio 2023 hubiera aumentado a $ 132.300 (+32,3%) y en noviembre 2023 hubiese trepado a $ 184.400 (+39,3% respecto de junio y +84,4% respecto del valor inicial).

En tanto, si este mes se tuviera que aplicar una actualización con la ley aprobada en 2020 bajo el Índice de Contrato de Locación (ICL), el costo del alquiler pasaría -de por ejemplo- $ 100.000 en octubre 2022 a $ 215.326 en octubre 2023, con un incremento anual de 115,33%.

En los últimos nueve meses hasta septiembre (último dato disponible), la inflación acumulada fue de 103,2% y mientras que en términos interanuales la suba fue de 138,3%, lo que refleja que en ambos casos la actualización de los alquileres está por debajo del costo de vida general, pero con la nueva modalidad la diferencia es mayor.

Desde Inquilinos Agrupados informaron que próximamente contará en su página web con una calculadora online para consultar la suba de alquiler en base al nuevo índice.

Juan José Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos, dijo a Télam que está de acuerdo con las nuevas modificaciones a la ley y valoró la decisión de “optar por un índice objetivo” para la actualización.

Por su parte, desde el sector inmobiliario, desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCi) advirtieron que con la utilización de esta nueva fórmula “el propietario perdería en tres de los cuatro escenarios posibles: cuando los salarios se incrementen por debajo de la inflación, cuando los salarios se incrementen en el mismo porcentaje que la inflación y cuando los salarios se incrementen por encima de la inflación, pero en menos de 10 puntos porcentuales de diferencia”.

“La única posibilidad de que el propietario no pierda en un contrato de alquiler actualizado con índice Casa Propia es que, en cada año de duración del contrato, los salarios se incrementen ganándole por más de 10 puntos porcentuales a la inflación”, completó el informe de la entidad inmobiliaria.

En una entrevista reciente con Fernanda Reyes, titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se exploraron las implicaciones de las modificaciones recientes en la Ley de Alquileres y el desafío que enfrenta Argentina en cuanto a la vivienda. A continuación, un resumen de sus declaraciones. Estas son las partes centrales del diálogo con Paula Macchi para Ahora Play.

Reyes comenzó discutiendo las últimas reformas a la Ley de Alquileres en Argentina. Explicó que se habían producido múltiples modificaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado antes de que se llegara a una versión final. La ley busca establecer un equilibrio entre propietarios e inquilinos y, en particular, se centró en la actualización de los alquileres, un tema que generaba controversia debido a la elección del índice y la frecuencia de actualización.

Según Reyes, la clave para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes radica en la flexibilidad de los índices de actualización. El objetivo es permitir que los propietarios y los inquilinos negocien el índice más apropiado para ambas partes, en lugar de tener un índice rígido. Sin embargo, señaló que la versión final de la ley establece un único índice, llamado RIPTE, que se basa en los salarios del sector privado. Esto podría generar tensiones, ya que se vuelve a un sistema con un solo índice, similar al anterior.

Reyes reconoció que, en el contexto actual de alta inflación en Argentina, ninguna ley puede resolver por completo los problemas económicos más amplios. Argumentó que la principal necesidad es estabilizar la economía a nivel macro, para que los contratos, incluidos los de alquiler, puedan ser más predecibles y seguros. Destacó que los precios de los alquileres en relación con los ingresos son un problema crítico en Argentina, con un alto porcentaje de ingresos destinados al alquiler.

Reyes señaló que Argentina enfrenta un déficit habitacional importante, con cerca de 4 millones de hogares afectados. Para abordar esta cuestión, se han construido más de 3.000 viviendas en barrios que requerían urbanización en CABA. Estos esfuerzos han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las personas en esa ciudad, al proporcionar acceso a servicios básicos y mejorar la infraestructura en esas áreas.

Finalmente, Reyes discutió las propuestas de Sergio Massa, candidato y ministro, sobre la posibilidad de reactivar los créditos hipotecarios y utilizar terrenos ociosos del Estado para abordar la crisis de vivienda. Sin embargo, expresó su escepticismo en cuanto a si estas propuestas serían efectivas, dado el historial de falta de acción en años anteriores.

Reyes enfatizó que lo que Argentina necesita es un enfoque integral que aborde tanto el ordenamiento territorial como el acceso a créditos y la construcción de viviendas. Señaló que una política de vivienda efectiva debe ser parte de una estrategia más amplia para abordar los desafíos económicos del país.

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó el proyecto que establece modificaciones a la Ley de Alquileres: la nueva norma establece que los contratos tendrán una duración de tres años, se pactarán en pesos y se actualizarán cada seis meses, usando el Índice “Casa Propia”. La nueva norma comenzará a regir una vez que sea promulgada.

En el recinto 128 legisladores votaron a favor y 114 en contra: acompañaron los diputados del Frente de Todos, dos del Interbloque Federal, uno de Juntos por Río Negro y cuatro de la Izquierda. Del otro lado, los diputados de Javier Milei (La Libertad Avanza), Juntos por el Cambio y algunos legisladores provinciales se opusieron a los cambios que el oficialismo había introducido en el Senado.

La presidenta del Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos, María Paula Armándola, afirmó que el cambio de la normativa implica un “manoseo de las reglas de juego”, lo cual provoca “una parálisis en corto plazo - ya que cada parte deberá redefinir sus decisiones en función de la nueva normativa- y desestimula la construcción a mediano y largo plazo”.

En este marco, consideró que “las idas y vueltas” en los cambios de la legislación y “las especulaciones por parte de los legisladores no aporta nada al proceso de construcción de políticas públicas para resolver el problema habitacional”.

Párrafo aparte dedicó al impacto que el proceso inflacionario genera en el sector: “La inflación es un gran acelerador de incertidumbre en todas las áreas y afecta tanto al mercado habitacional como al resto. Sería muy irresponsable decir que hay incertidumbre solo por una ley”.

Días atrás el Ministro de Economía Sergio Massa manifestó que sería interesante que cada provincia defina su propia legislación en la materia a partir de sus particularidades.

Armándola expresó su visto bueno con la posibilidad de que se debata una propuesta de tales características: “Desconozco qué modificaciones estructurales habría que hacer en el sistema jurídico, pero es acertado poder reconocer que cada provincia tiene diferentes realidades económicas e impositivas, y el vínculo oferta-demanda adquiere distintas características en función de cada distrito”. “El gran error de la Ley de Alquileres es que se ajusta a las necesidades de CABA. Es una ley centralista y está dejando de lado las realidades del resto de la Argentina”, manifestó en declaraciones a esta Agencia.

Por José Luis Cieri (Infobae) - La reforma aprobada en la madrugada en la Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020 en el Congreso Nacional ha suscitado tensiones en el mercado inmobiliario. Las cámaras sectoriales expresaron su descontento con los cambios, alegando que podrían agravar la escasez de oferta y los aumentos de precios. Mientras que la reforma apunta a regular el alquiler a través del coeficiente Casa Propia, las reacciones en el sector subrayan la necesidad de un diálogo más amplio para encontrar soluciones efectivas en el acceso a la vivienda.

El descontento entre las entidades que representan a los profesionales matriculados reside en que entienden que el método de ajuste aprobado en la Cámara baja (tal como vino del Senado, impulsado por el oficialismo) que elimina el Índice de Contratos de Locación (ICL) perjudica más a los propietarios y así habrá menos inmuebles en alquiler tradicional y en pesos.

Desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), señalaron a Infobae su preocupación, afirmando que: “Los corredores inmobiliarios en todo el país hemos sido testigos de la irresponsabilidad de nuestros legisladores, cuyo dictamen de mayoría en el Senado, al ser aprobado en la Cámara de Diputados, no hace más que agravar la ya caótica situación de los inquilinos en todo el país, pero parece que esto no preocupa”.

“Mantener contratos de tres años de duración, junto con esta nueva normativa, se prevé que aumentará la retirada de unidades del mercado y elevará los precios, perjudicando aún más a los inquilinos”, advirtió el Colegio Profesional Inmobiliario

En un comunicado destacan la gravedad de la situación: “Estudiantes que no pueden comenzar sus estudios debido a la falta de vivienda en las ciudades universitarias, jóvenes que se ven impedidos de comenzar una nueva etapa en sus vidas, y familias enteras sin un lugar al cual mudarse. Mientras la política argentina busca culpables, la única responsable de esta situación es la Ley 27.551, votada por unanimidad por el Congreso de la Nación el 11 de junio de 2020, sumada a una inflación descontrolada, la segunda más alta en el mundo”.

En el sector se afirma que algunos legisladores quieren hacerles creer a los argentinos que los responsables de proporcionar una vivienda digna son los propietarios y “no se hacen responsables del desastre que causaron con la sanción de la Ley 27.551?.

“Hoy la vacancia de viviendas en alquiler en Argentina es técnicamente del 0%. Si esto sigue así los argentinos nos tendremos que olvidar por varios años de poder acceder a una vivienda en alquiler”, amplía el despacho.

El proyecto aprobado estipula que en los contratos se ajusten en forma semestral en lugar de anual, que los contratos sean en moneda nacional, prohíbe publicaciones en dólares y prevé incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas

Desde Cofeci, como desde otras entidades, insisten que el único camino para salir de la actual situación, es volver a traer reglas de juego claras, razonables y equitativas para ambas partes, tanto para locadores como para locatarios. “Como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, esto se logra volviendo a los 24 meses de plazo mínimo legal, con actualizaciones según las partes acuerden voluntariamente y con incentivos fiscales para alentar la inversión y la construcción de nuevas viviendas que sean volcadas al mercado locativo para aumentar la oferta que hoy es inexistente”, informaron.

Pedido a los presidenciables

El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), que representa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido un comunicado enérgico en rechazo a la reforma.

En particular, apuntan a la actualización de contratos a través del Índice “Casa Propia” y plantean que agravará la crisis en el mercado locativo, que ya es considerada la peor en su historia. Con menos de 450 departamentos disponibles para alquilar en CABA y una escasa oferta de unidades de tres ambientes, el CPI porteño considera que la aplicación de este índice, que tiende a ubicarse por debajo de la inflación, es inviable en el actual contexto económico.

“Mantener contratos de tres años de duración, junto con esta nueva normativa, se prevé que aumentará la retirada de unidades del mercado y elevará los precios, perjudicando aún más a los inquilinos. Dado que los principales candidatos a la Presidencia han manifestado su oposición a la excesiva regulación en el mercado inmobiliario, el CPI porteño hace un llamamiento a que expresen públicamente su compromiso de derogar esta nueva Ley como una de las primeras medidas de sus mandatos”, explicó el CPI. Este enfoque, argumentan, es necesario para evitar los daños que podría causar la norma y para abordar la profunda crisis en el mercado de alquileres y sus impactos en las familias argentinas.

Incertidumbre

En las cámaras inmobiliarias destacan que los cambios sancionados esta madrugada no afectan a los contratos ya firmados ni a quienes acuerden nuevos alquileres hasta que la nueva legislación sea promulgada por el Poder Ejecutivo nacional.

Alejandro Bennazar, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y actual presidente global del Instituto de Negocios, Innovación y Tecnología Inmobiliaria (Rebiti), señaló a Infobae: “No sabemos qué ocurrirá con el futuro Gobierno nacional; es probable que deroguen la ley y promulguen una nueva. Todo está por verse. Además, existen candidatos, como Javier Milei que, de resultar electos, eliminarían ministerios, incluido el de Desarrollo Territorial y Hábitat, que regula Casa Propia. En ese caso, ¿qué sucedería?” Según Reporte Inmobiliario, en los últimos dos años, la oferta de alquiler en la CABA ha disminuido un 63%, si se compara con el período anterior a la ley, la situación es aún más preocupante, ya que hasta febrero de 2020 había entre 7.500 y 9.000 propiedades disponibles para alquiler residencial en pesos. En la actualidad, en barrios como Agronomía, Villa Santa Rita, Lugano, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Parque Chas y Villa Real, prácticamente no hay departamentos de dos ambientes disponibles para alquilar.

“Los cambios aprobados por el Congreso nacional demuestran claramente que nuestros legisladores viven en un universo paralelo que no les permiten ver la realidad de la gente común que solo pide que los dejen ponerse de acuerdo, los propietarios tienen los inmuebles vacíos pagando gastos de mantenimiento y expensas y lo inquilinos no tienen donde vivir”, concluyó a Infobae el arquitecto y experto de Real Estate Oscar Puebla.

La entidad advirtió que la posible aprobación de una nueva norma “de ninguna forma traerá alivio a este escenario incierto” y cuestionó que se estén buscando “soluciones de urgencia” que generan contracción en el corto plazo y un desestímulo a la construcción de unidades nuevas en el mediano y largo”.

Cabe recordar que el 23 de agosto la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes. Ese proyecto no fue acompañado por el Senado nacional, que en la sesión realizada el 28 de septiembre aprobó otro articulado que mantiene el plazo de los contratos en 3 años y establece que la actualización de los montos sea cada seis meses en base al índice de actualización el coeficiente Casa Propia, que elabora el Ministerio de Hábitat.

En consecuencia, la Cámara de Diputados tendrá nuevamente la iniciativa para su tratamiento.

En este marco, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos se recordó que la entidad fue crítica de la legislación vigente desde el mismo momento de su aprobación -en los años 2019/2020- e incluso antes de que se sancionara: “Advertimos los perjuicios que ocasionaría y que, lamentablemente, la realidad de los últimos tres años confirmó”.

“Fuimos coherentes, mantuvimos la posición, pero al mismo tiempo debemos destacar la actitud que asumimos, haciendo llegar nuestros cuestionamientos siempre, con la intención de que esta realidad se modificara.

Por eso nos sentamos tantas veces como fuimos convocados a trasmitir el conocimiento y la experiencia del sector con el ánimo de que quienes habían generado el problema pudieran revertirlo”, sostuvieron desde el Colegio.

“Está claro que se trata de una problemática de largo plazo para la que en los últimos meses -en el marco de un escenario electoral- se buscan soluciones de urgencia que no hacen más que generar una contracción en el corto plazo y un desestímulo a la construcción de unidades nuevas en el mediano y largo plazo, lo que agravará en un futuro la situación”, advirtieron.

“Pensamos que esta medida tendrá un impacto negativo y confirmará la falta de planificación de políticas de Estado en lo que respecta a viviendas habitacionales”, sostuvieron y consideraron que “lo mejor es tomar el debate con seriedad y responsabilidad”.

“El intercambio con los legisladores muchas veces evidenció el poco conocimiento y la falta de interés por escuchar a quienes sí tenemos conocimiento específico y experiencia”, enfatizaron.

“Seguimos creyendo que lo mejor es dejar la libre contratación entre las partes.

Es erróneo sostener que el inquilino es la parte más débil; en ocasiones el que se siente indefenso frente al inquilino es el propietario”, manifestaron.

“Hacemos pública una vez más nuestra posición, advertimos que lo que puede llegar a aprobarse de ninguna forma traerá alivio a este escenario incierto.

Quizá sería conveniente esperar hasta que el panorama se aquiete y responsablemente tomar el análisis de esta problemática para efectivamente encontrar una alternativa que aporte certidumbre para todas las partes”, expresaron.

“Porque lo consideramos importante y oportuno, volvemos a pronunciarnos en esta instancia, desde una perspectiva propia, ajena a posicionamientos que puedan alentar la estrategia de una u otra fuerza política”, afirmaron finalmente.

También fueron incluidos un proyecto denominado ‘‘Argentina Inclusiva’’, el Plan de Ciencia y Tecnología 2030, la Ley ‘‘Olimpia’’ y una iniciativa de respaldo a la industria del Calzado.

La Cámara de Diputados sesionará mañana martes para decidir si acepta o rechaza las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Ley de Alquileres, en una jornada en la que también se debatirán el proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, el que fomenta la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y los que disponen la creación de tres universidades, entre otros.

En la sesión especial convocada para las 12 del martes, también fueron incluidos un proyecto denominado ‘‘Argentina Inclusiva’’; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; la Ley ‘‘Olimpia’’ y una iniciativa de respaldo a la industria del Calzado.

La mayor atracción de la sesión estará en el debate por la Ley de Alquileres, donde la Cámara debe resolver si acepta las modificaciones que el Senado le hizo hace diez días al proyecto a instancias del Frente de Todos, o si insiste con el texto que -motorizado por Juntos por el Cambio- los diputados aprobaron en agosto.

La reforma originaria, que fue votada el 23 de ese mes en la Cámara baja, establece que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear entre varias fórmulas o índices.

En su redacción original, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.

Pero el proyecto votado hace diez días en la Cámara alta salió con modificaciones, entre las que se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que “los contratos de locación con destino” a vivienda deberán ser estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA”.

El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.

A la sesión del martes ambas posturas llegan con una marcada paridad, e incluso podría darse el escenario de que en las dos votaciones sean más los negativos, ya que los tres diputados libertarios rechazarían ambascon el argumento de que el Estado no debe entrometerse en el tema alquileres.

Llegado ese punto, desde el FdT interpretan que al no poder insistir Diputados con su texto original quedará avalado el del Senado, según el artículo 81 de la Constitución.

En tanto, JxC dice que en ese caso queda la Ley vigente (aprobada en 2020), ya que el artículo 82 de la Carta Magna impide la sanción “tácita o ficta” de un proyecto.

De no mediar negociaciones previas, la cuestión se resolvería en la noche del martes o madrugada del miércoles, ya que Alquileres es el último ítem en el temario de diez proyectos.

Previamente, el oficialismo no tendría dificultades para sumar aliados que respalden el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el programa “Compre sin IVA”, un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales.

El beneficio opera mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, como también a través de las tarjetas emitidas en el marco del “Programa Alimentar” y del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo”.

La iniciativa, que es cuestionada por JxC por “la coyuntura electoral en que se aborda”, busca plasmar en ley desde el 1º de enero de 2024 los beneficios que hoy se encuentran ejecutados mediante instrumentos de menor rango.

El Régimen de Promoción del GNL, también impulsado por el Poder Ejecutivo, busca “favorecer las condiciones de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena del GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada”, según había asegurado la secretaria de Energía, Flavia Royon, al exponer en julio pasado sobre el proyecto ante un plenario de comisiones que analiza el tema.

Ese plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, que también recibió en julio al presidente de YPF Pablo González, daría el lunes, en la reunión prevista para las 15.30, el aval para que el proyecto llegue al recinto un día después.

JxC advirtió en esos debates sobre “la falta de un plan energético integral y a largo plazo”, aunque no cerró las puertas a un acompañamiento parcial de la iniciativa; en tanto que los interbloques Provincias Unidas, Federal y el Movimiento Popular Neuquino ya expresaron sus respaldos.

Por último, figura en el listado a debatir el proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, iniciativa que busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad, con una industria mejor equipada y capaz de exportar, y con mayores ventas de productos hechos en el país y a mejores precios para el consumidor final.

El kirchnerismo podría llegar a tener un jueves plagado de victorias parlamentarias en el Senado de la Nación. En principio ya tiene el quórum asegurado para dar inicio a la sesión, los votos para darle sanción definitiva al proyecto que modifica la ley de Ganancias y, por último, el acompañamiento necesario para modificar el proyecto de ley de alquileres de Juntos por el Cambio y enviarlo nuevamente a Diputados. Además, en el temario también estará el pliego de la jueza Ana María Figueroa, que ya cumplió 75 años y quiere seguir en su puesto de la Cámara de Casación a pesar de que la edad no la habilita y un fallo de la Corte Suprema ordenara que cesara sus funciones.

De aprobarse la continuidad de la magistrada, el kirchnerismo entraría en un nuevo conflicto con el máximo tribunal del país. Sin embargo, desde el oficialismo ya decidieron desconocer el fallo contra Figueroa y su visión es que lo que diga la Corte no es pertinente en este caso. La continuidad de esta jueza es de especial importancia para Cristina Kirchner, ya que es la magistrada que debía intervenir en Hotesur y Los Sauces y se espera que lo haga a favor de la Vicepresidenta.

Con el quórum asegurado, el desafío del Frente de Todos pasa porque los aliados no se retiren a la hora de votar el pliego de Figueroa. El interbloque del FdT tiene 31 senadores y Juntos por el Cambio 33, por lo que perdería un enfrentamiento directo. En esta instancia, es fundamental el apoyo de Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, todos senadores que tienen un monobloque.

Los otros dirigentes a los que apuesta el oficialismo son los peronistas disidentes María Eugenia Catalfamo, Guillermo Snopek Carlos Espínola y Edgardo Kueider que conforman el bloque Unidad Federal.

La presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armándola, y el secretario Martín Budo se reunieron con el senador nacional entrerriano Edgardo Kueider (bloque Unidad Federal) con el fin de dialogar sobre cómo mejorar “la crítica situación del mercado locativo que viene causando perjuicios tanto a inquilinos como a propietarios y que se agudiza con el paso del tiempo.

“Como Colegio que nuclea a los corredores públicos matriculados sentimos la responsabilidad de trabajar para una respuesta consensuada a partir de una realidad territorial. En este contexto inflacionario, dado la particularidad que reviste, la ley debiera ser de emergencia. El mercado está destrozado y sabemos que la solución no va a llegar mágicamente. Por esa razón, insistimos: pensamos una ley que se pueda poner en contexto y que venga a solucionar una emergencia”, afirmaron desde la entidad que nuclea a las inmobiliarias.

‘‘En primer lugar, decimos que en un contrato de alquiler hay tres partes: el inquilino, el propietario y el Estado, y que cada una puede aportar algo en esta salida de emergencia.

“El Estado podría aliviar la carga impositiva al inquilino en el ingreso al alquiler y también podría aliviar la situación del propietario. Se trata de poner el foco en el impuesto a los sellos y en Ingresos Brutos, e incluso IVA”, indicaron.

“El inquilino abona el 1,4 % del total del contrato como Impuesto de Sellos. Si esta carga desapareciera, el impacto sería directo sobre el monto que debe reunir el inquilino para ingresar a la propiedad, uno de los reclamos más frecuentes que se escucha. El detalle es que lo percibe ATER, la Administradora Tributaria de Entre Ríos, por lo que la ley nacional que se sancionara debería invitar a las provincias a adherir a su eliminación. Esto está vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que, en el resto del país, todos pagan Impuesto al sello”, señalaron luego.

“El Estado encarece carga sobre las partes que ya tienen un problema: al inquilino -como se indicó- al momento del ingreso y al propietario, sacándole rentabilidad haciéndole pagar Ingresos Brutos sobre la renta. Modificar esto último implicaría cambios en la Ley Nacional N° 23.548, articulo 9, para quitar ese gravamen cuando el alquiler sea habitacional”, explicaron luego.

“El problema del propietario es la renta, poder mantener el valor de su ingreso a lo largo del tiempo, y uno de los problemas del inquilino es la barrera de entrada. El Estado podría incidir en ambos casos, tomar medidas para ayudar a las partes”, consideraron.

“Cada propiedad declarada en alquiler es una unidad económica para AFIP y cuando se posee más de tres, se paga IVA. En este sentido, lo que se propone es que no se considere cada propiedad una actividad económica, sino el alquiler de vivienda como una sola unidad, poniendo un tope que podría ser 10. Eso posibilitaría que no se modificara la categoría del monotributo a partir del cual, como se sabe, actualmente se pasa a pagar IVA. Eso operaría como un incentivo para poder declarar las viviendas y ponerlas en el mercado de alquileres. De ese modo también se incentiva al propietario y ayuda al inquilino.

“Tenemos en cuenta la propuesta presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos: un trabajo técnico que contempla medidas para morigerar la carga tributaria.

“El planteo debe ser superador e integrar los análisis que han ido surgiendo. Coherentemente se podría llegar a una alternativa intersectorial en la medida que atienda e incorpore articuladamente muchas miradas.

“El propietario que pone la propiedad en alquiler está brindando un servicio social y por tanto no debería pagar impuestos sobre eso. El déficit actual es por la falta de políticas estructurales”, aseguraron.

Plazos

En el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación quedó establecido un plazo mínimo de contrato de 24 meses, aunque si las partes lo acuerdan podría ser mayor.

El plazo más corto está directamente vinculado a la estabilidad del negocio, reduce la incertidumbre para el propietario. Contrariamente plazo más largo genera mayor incertidumbre y más temor.

Al inquilino le generaría menor barrera de ingreso al alquiler, porque hasta tanto no hubiera cambio en la carga impositiva, el 1,4 de sellado se paga sobre el total del contrato y del mismo modo, los honorarios del corredor inmobiliario. Ambos se calculan sobre el plazo total del contrato. Cuando es de 24 meses, disminuye el monto por estos conceptos que es una dificultad importante que se le plantea al que alquila.

En definitiva, debería ser materia de negociación entre las partes.

Actualización

A lo largo de la vigencia del contrato debería mantenerse un principio de equidad de modo que el alquiler, por un lado, representara un determinado porcentaje en los ingresos del inquilino y para el propietario, el valor equivalente a una erogación constante a la que debe hacer frente. Lo que se sugiere es tomar parámetros que den cuenta de cómo se mantiene la ecuación a lo largo del tiempo, y no como ocurre actualmente, que con el correr de los meses se van produciendo distorsiones evidentes.

En cuanto a las actualizaciones, si el contrato es de 24 meses, podría hacerse cada 6 u 8 meses.

Y si se pasa a la opción de 36 meses, se sugiere cada 9 o 12 meses.

“En Entre Ríos, como profesionales que somos, estamos analizando la temática con seriedad, responsablemente. Nos motiva dar seguridad y certeza a las partes y que se logre preservar el valor de la relación contractual”, afirmaron.

“Una vez más, decimos que la experiencia demuestra que en la actividad comercial no hay conflicto en la medida que pueden pactar entre las partes ya que como se sabe, estos contratos quedaron al margen de la cuestionada ley”, enfatizaron.

Los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces en la discusión de la reforma a la ley de alquileres, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que participaron representantes del sector inmobiliario.

La discusión sobre el tema continuará este jueves, desde las 11, con la exposición de las asociaciones de inquilinos, confirmaron fuentes legislativas.

Durante la jornada de este miércoles, los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión; el oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

En el plenario de las comisiones, cuando exponían delegados de martilleros, los senadores del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez y María Eugenia Duré; y Luis Naidenoff y Juan Carlos Martínez, de Juntos por el Cambio (JxC), cruzaron recriminaciones por la falta de acuerdo sobre algunos puntos y hasta por cuestiones de política judicial. El clima de tensión comenzó cuando Sagasti interrogó a uno de los expositores, Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres.

La senadora consideró que el expositor era esquivo en sus respuestas, algo en lo que coincidió Matías Rodríguez.

Ante esta situación, desde JxC, Naidenoff y Julio Martínez les recriminaron a los legisladores del oficialismo el tono de interpelación a los invitados. Sagasti había remarcado el problema de los alquileres temporarios como contraproducente para la actual forma de locación en la ley de alquileres.

También objetó el modo en el que el proyecto actual se menciona una eventual forma de pago por adelantado.

Caravaca Pazos consideró que el tema de los alquileres temporarios “no es algo que afecte mayormente a las provincias” y sostuvo que “la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia”.

La respuesta no conformó a la legisladora por Mendoza, por lo que volvió a preguntar al expositor para mayores precisiones, algo que molestó a Naidenoff y Martínez, que, fuera de micrófono, le pidieron que no interpele a los invitados.

“Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar”, dijo el senador radical por Formosa. El senador Matías Rodríguez tomó entonces el micrófono para pedirle a Naidenoff que baje el tono y le recriminó: “Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país no estaríamos así”, debido a que la ley de alquileres actual fue impulsada durante el gobierno de Cambiemos.

Más adelante se produjo otro cruce cuando el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, Alejandro Agrowa, sostuvo que en su provincia un 37 por ciento de los locatarios retiraron sus inmuebles y que “como no hay créditos hipotecarios, cada vez hay más inquilinos”.

La postura de Agrowa fue cuestionada por la senadora fueguina Duré, a lo que el riojano Martínez reiteró que “no se le pueden pedir explicaciones al sector inmobiliario que debe dar este Gobierno” porque “el problema no es la ley, sino la inflación”.

Fuera del tema de discusión por el que fueron convocados, el radical Martínez fue más allá y dijo -con tono de chanza- que tenía una buena noticia para compartir: “Hoy la Corte nos sacó una piedra del zapato: cesó en funciones a la jueza (de Casación María) Figueroa que era un problema que teníamos para sesionar. Vamos a tener menos impedimentos para poder sesionar”.

El senador se referió de esta forma a la decisión de la Corte Suprema de cesar en sus funciones a Figueroa, quien debía revisar el fallo sobre las causas Hotesur-Los Sauces que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras los dichos de Martínez, Duré tomó la palabra y cuestionó en duros términos a su colega radical: “veo que el senador se retiró. Dijo lo suyo, salió en los medios y se fue. ‘Cobarde’, se llama eso”, completó la legisladora fueguina.

Tras este intercambio, el expositor de la cámara inmobiliaria retomó su alocución y reiteró que hay situaciones complejas que se dan en la ciudad de Buenos Aires que no repercuten en las provincias; y añadió que se está “ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó”.

Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), dijo que la situación del mercado “se está agravando mientras se espera la aprobación de la norma” y reclamó “celeridad” para la sanción.

Otro de los expositores invitados, Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, evaluó que “si la gente no compra, nadie va a fabricar, entonces no se construye” y agregó que “si no se construye, habrá menos oferta de viviendas”.

Por último, Leonardo Rodríguez Nader, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, dijo que “aunque no hay cifras oficiales, el déficit habitacional está por encima de un millón de viviendas, lo que repercute en sectores medios y bajos”. Télam.

Juntos por el Cambio apura la sanción definitiva a la reforma de la ley de Alquileres. La pregunta es si lo logrará, en un Senado con números más ajustados que en Diputados y con intereses contrapuestos.

Por lo pronto, mañana martes a las 17 se reunirán en plenario las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General —que previamente deberá constituirse— con el fin específico de tratar los cambios aprobados en Diputados esta semana.

Las modificaciones fueron impulsadas por Juntos por el Cambio y apoyadas por otros bloques opositores pero no por Javier Milei, que votó por el rechazo junto con el kirchnerismo. Básicamente se trata de volver a dos años de contrato mínimo, desde los tres actuales; bajar desde un año a cuatro meses como mínimo la frecuencia para ajustar el importe mensual de los alquileres y que las partes, propietario e inquilino, puedan pactar libremente de qué manera se actualizarán los montos.

La ley aprobada en Diputados introdujo también algunas novedades impositivas: establece la exención de impuesto al cheque para el pago y el cobro de alquileres, la exención de Bienes Personales para las propiedades que se pongan en alquiler (no mansiones pero sí casas o departamentos para la clase media) y beneficios en el monotributo.

A pesar de esta rebaja impositiva, los diputados de La Libertad Avanza, Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, votaron en contra, lo que fue cuestionado por Juntos por el Cambio, que ve en este asunto una oportunidad política en pleno interludio electoral entre las PASO y las generales del 22 de octubre.

El sector inmobiliario le atribuye a la ley en vigencia una retracción en la oferta de alquileres en todo el país y, en consecuencia, el encarecimiento desmedido de los importes, inclusive por encima de la inflación. En el oficialismo, en cambio, defienden la ley, al igual que algunas agrupaciones de inquilinos como Inquilinos Agrupados, del dirigente Gervasio Muñoz. Pero, en general, la iniciativa reúne más voces críticas que a favor. De hecho, el Frente de Todos también había propuesto cambios en Diputados y el propio ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, había admitido la inconveniencia de la norma en vigor.

La media sanción de Diputados ingresó este mismo viernes al Senado e inmediatamente fue girada a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

Aún está por verse si Juntos por el

Cambio junta apoyos en el Senado

Para llegar al recinto necesita juntar 37 senadores presentes pero tiene solamente 33. Asumiendo que los 31 senadores del Frente de Todos no se presentarán, el cambiemismo buscará apoyos en el bloque de ex oficialistas que en febrero se fueron del Frente de Todos y se sumaron a la peronista cordobesa Alejandra Vigo —esposa del gobernador Juan Schiaretti—: el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el jujeño Guillermo Snopek y la sanluiseña María Eugenia Catalfamo.

Pero antes del recinto el proyecto deberá obtener dictámenes del plenario de comisiones que se reunirá el martes. Ahí se escucharán las voces de otros senadores y se sabrá qué voluntad hay de avanzar.

En el Senado, además de la media sanción ya girada y los de Juntos por el Cambio, hay otros proyectos de modificación de la actual ley de Alquileres: el de la senadora Clara Vega (que propone 2 años para vivienda, 3 para actividades comerciales, y ajustes de montos cada 6 meses) y el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el inquilino pueda renunciar cuando lo desee), además de otro del oficialista Maurice Closs.

En Juntos por el Cambio creen que podrían conseguir el apoyo de Vigo, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Espínola y que en las próximas semanas podrían llegar a acuerdos con otros senadores no oficialistas para cumplir el objetivo.

Con 125 votos aportados por las bancadas opositoras, la Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a un proyecto de reforma a la ley de alquileres que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos pueda ser cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes.

El proyecto fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FDT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FDT).

Los legisladores que responden al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se opusieron incluso al dictamen de mayoría y de minoría ya que querían la derogación de la ley de alquileres.

La iniciativa fue sancionada con el respaldo de los votos de 116 diputados de Juntos por el Cambio, 4 del Interbloque Federal -dos de Córdoba Federal y dos de Identidad Bonaerense-, 2 de Juntos por Rio Negro, 2 del bloque Ser y 1 del Frente de la Concordia de Misiones.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto de reforma aprobado este miércoles establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzcan de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.

En ese sentido establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

El debate

La oposición pudo lograr una media sanción de la reforma de la ley de alquileres luego de conseguir el quórum reglamentario de 129 diputados que fueron aportados por JXC, los libertarios, Interbloque Federal, Juntos por Rio Negro, y el bloque Ser, que responde al gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El debate fue abierto por el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, quien defendió la iniciativa que impulsa el oficialismo en materia de alquileres, que busca dar continuidad a la norma vigente e incorpora “una serie de incentivos para poder aumentar el stock de viviendas en alquiler”.

En su exposición, Martínez dijo que “es fácil echarle la culpa a una normativa en una situación compleja como la que se está viviendo, pero la complejidad que se vive siendo inquilino o propietario es totalmente diferente” porque el inquilino “vive con la espada de Damocles, y los propietarios buscan subir su situación económica”.

Previo a que exponga Martínez, el plenario legislativo rechazó el pedido de incluir una docena de proyectos opositores que buscaban derogar la ley de alquileres ya que no obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas, al conseguir 124 legisladores por la positiva y 110 diputados votando por la negativa.

El jefe del bloque oficialista subrayó que desde el FDT “siempre vamos a defender a los inquilinos”.

En ese sentido, Martínez dijo que “tenemos un dictamen virtuoso que permite por medio de un régimen de incentivos fiscales aumentar el stock de viviendas en alquiler”.

Los cambios fueron presentados por la diputada del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño.

“No hay una solución definitiva para este problema”, dijo la legisladora, tras lo cual remarcó que en la oposición “solo venimos a tratar de poner un poquito de mejora en el tema de la oferta porque más allá de los discursos cuando legislamos lo hacemos sobre bienes que se afectan y derechos de las dos partes y hay una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado”.

Por su parte, el diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, sostuvo que “nos hemos dedicado a asfixiar al sector” y aseguró que “hemos asesinado al regulador común. Hicimos lo imposible por destruir la vivienda de los pequeños propietarios”, a la vez que dijo que “lo que se busca es una salida posible a la actual situación”.

“Proponemos eliminar ciertas regulaciones que significan un verdadero desaliento a la inversión en el sector y también ciertos incentivos económicos tanto en bienes personales como en el monotributo para incentivar a los pequeños propietarios a que vuelvan al mercado inmobiliario”, señaló Domingo.

Por su parte, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, dijo que con esta reforma “estamos dando mecanismos para que se pongan más propiedades en alquiler. Nosotros no queremos contribuir a que la ley siga como está; y por eso venimos hoy acá al recinto a cambiarla”.

De esta manera, la propuesta establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, completó Cacace.

Por su parte, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo - a través de las redes sociales- que “no se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad”.

“Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros”, completó Milei.

Mientras de a poco baja la espuma de las elecciones PASO, marcadas por la sorpresa del primer lugar que alcanzó Javier Milei, los jefes de Juntos por el Cambio y de algunos bloques provinciales mantuvieron conversaciones sobre la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 23 en la Cámara de Diputados por la Ley de Alquileres. En el encuentro, realizado por Zoom, se definió que sostendrán la convocatoria realizada el pasado 5 de julio y volverán a contactarse para evaluar si consiguen o no el número para dar por abierta la reunión, es decir, si pueden alcanzar el quórum con 129 presentes.

Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 117, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129. Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres liberales Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.

Se estima que al igual que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda no dé quórum.

Fuentes legislativas de la oposición consultadas por parlamentario.com reconocieron que “todavía falta” asegurar que tendrán el número para el quórum, pero “la idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo. Este es el gran primer objetivo”.

No obstante, por ahora, la oposición tampoco tiene garantizado poder aprobar su dictamen de minoría, ya que persisten las dudas de algunos respecto del artículo 6 de ese texto, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”.

Ese fue uno de los puntos que, hace ya más de un año atrás, hizo caer con fuerza la posibilidad de avanzar en el recinto porque, tras la discusión en comisiones, hubo diputados de bloques federales que no quedaron conformes con esa redacción. Para un grupo de legisladores ese plazo de tres meses es muy poco, pero los que pujan fuerte para que se mantenga ese tiempo como piso son los representantes del Pro.

En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551. Una idea que fue sumando adeptos.

Eso fue lo que sucedió el 5 de julio, antes de que se decidiera presentar un pedido de sesión. En esa oportunidad fue solicitado por el macrista Hernán Lombardi y resultó rechazado, porque, al tratarse de una iniciativa sin dictamen, requiere de los dos tercios.

En la solicitud de sesión se aclaró que sería con el objeto de tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”.

Desde Juntos por el Cambio revelaron a parlamentario.com que la idea de dejar expuesto una vez más al Frente de Todos, votando en contra de la derogación, es lo que “más seduce” a algunos referentes, entre ellos a Patricia Bullrich, quien se consagró en la interna del Pro. No

El dictamen del Frente de Todos (mayoría) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

“Los propietarios, al vencer los contratos, se vuelcan a los alquileres temporarios que son más redituables. La situación es complicada y genera preocupación de quienes quieren alquilar, nosotros la entendemos y compartimos. Hay mucha demanda y poca oferta, una de las más bajas que se ha visto”, aseguró Gosky.

La ley actual de alquileres 27.551

“En julio del 2023, el ajuste va a ser del 104%, para todos los contratos que empezaron en julio del 2022. Alguien que pagaba 100 mil pesos ahora pasaría a pagar 204 mil pesos aproximadamente, es una locura”.

Esta ley rige desde el 1ro de julio de 2020 y establece que los contratos habitacionales y comerciales se hagan por el plazo mínimo de tres años.    La demanda es tan alta en Concordia que las inmobiliarias no llegamos a poner carteles de alquiler, la gente se incorpora a listas de espera”.

Gorsky, señaló que, los ajustes de contratos de viviendas o departamentos son una vez por año y lo ideal sería cada seis meses, para que no sea un aumento brusco. En el caso contrario, para el propietario también sería bueno porque con la inflación, el precio queda desfasado al cuarto mes. 

Contratos más largos, montos y requisitos

Otro de los ítems a remarcar es el de contratos que, de 2 años se extendieron a 3 años. “Con el estado actual de la economía, sería beneficioso que los contratos se realizarán cada 2 años, nuevamente. Considero que, ante la poca oferta, hay que tomar medidas para alentar al inversor a que construya o que vuelva a poner las propiedades en alquiler. En otros sitios del mundo por alquilar, se aplican beneficios impositivos, logrado un tiempo establecido.

 “Actualmente, un monoambiente ronda los 50 mil pesos, no menos, obviamente esto va a variar en cuanto a la calidad del edificio, la ubicación, los servicios que tiene, etc. Un departamento de un dormitorio, oscila entre los 70 u 80 mil y uno de dos dormitorios, 120 mil. En relación a los requisitos que se piden para acceder al alquiler de una propiedad manifestó que no solo las personas no califican para la compra, ya que no hay capacidad de ahorro, sino que tampoco para un alquiler ya que se está pidiendo: Dos recibos de sueldo en blanco y una garantía de propiedad o con un seguro de caución, (empresas que salen de garante del inquilino). “El problema, son los valores, los sueldos que van quedando atrasados la rentabilidad es muy baja, en relación de lo que vale la propiedad. En cuanto a las responsabilidades del propietario, como en las reparaciones, tenemos que tener en cuenta que las inversiones, por ejemplo, la rotura de un caño o un calefón, se recuperan en varios meses. En resumen, es complicado para las dos partes.

Alquiler Comercios

“En este caso es la misma ley que se aplica, con contratos de 3 años, aunque lo que cambia es que los ajustes se pueden pactar entre las partes. En los contratos de casas y departamentos solo se puede ajustar una vez por año y en los contratos comerciales las partes pactan un ajuste que puede ser trimestral o semestral.

En relación a las ventas hay muchas propiedades en oferta y no hay tanta demanda actualmente. También, estamos en un año de elecciones así que se contrae un poco la demanda de propiedades porque muchos quieren esperar las medidas económicas del gobierno electo”, cerró la entrevista.

La sanción de la ley de alquileres n° 27551 en junio de 2020, lejos de esclarecer las relaciones entre propietarios e inquilinos, ha implicado instalar la incertidumbre en las relaciones contractuales, afectando gravosamente el mercado inmobiliario, incidiendo en los intereses tanto de los propietarios que colocan a un inmueble en el mercado locativo, como en los de quienes necesitan arrendar porque no están en condiciones de acceder a la vivienda propia, tanto porque no cuentan con los recursos suficientes, cuanto por la inexistencia de una política social que lo facilite.-

En rigor, la ley se entromete en las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley n° 26994, vigente a partir de enero de 2016), que legisla concretamente sobre el tema (arts. 1187 a 1226, ambos inclusive), que deja librado a las voluntades de las partes las condiciones de la locación, abarcando todos los tópicos que caracterizan el arriendo: el plazo contractual, las excepciones al plazo mínimo legal, las fianzas o garantías, la subsistencia de la locación en caso de fallecimiento del inquilino (como una forma de protección del grupo conviviente), la prohibición de excluir o impedir el acceso a personas discapacitadas, la posibilidad dada al inquilino de rescindir el contrato cuando se ve impedido del uso y goce de la casa locada por caso fortuito o fuerza mayor, la prohibición de perturbar el uso y goce del inmueble, el régimen de mejoras, la conservación de la casa arrendada para mantenerla apta al objeto por el que fue dada en alquiler, etc. 

Es decir, en el Código están comprendidas las reglas a las que las partes deben someterse cuando contratan; si hay alteraciones por circunstancias extraordinarias sobrevinientes que afecten a las cláusulas del contrato (acuerdos contractuales), de manera tal que aquejen significativamente a una de ellas, el mismo Código contiene las previsiones para tales eventualidades a partir del art. 1091, cuando alude a la teoría de la imprevisión en ocasión que afloren esas circunstancias extraordinarias que las partes no pudieron prever al momento de contratar. 

Esa figura (teoría de la imprevisión, excesiva onerosidad sobreviniente) ya había sido contemplada e introducida en el Código Civil a través de la sanción de la reforma incorporada por la ley n° 17711 en el año 1968, contribuyendo con una solución legislativa que aportó seguridad jurídica y posibilidad de revisión en las relaciones pactadas. Ha sido útil en un país recurrentemente afectado por los desbordes inflacionarios, suministrando al juzgador una regla útil para corregir desequilibrios en las obligaciones recíprocas, que colocan a una de las partes en situación de inferioridad respecto a la otra, readecuando entonces las prestaciones bilaterales que consienten la continuidad del contrato o la opción de resolverlo.-

El Código originario de Vélez Sarsfield, vigente a partir de 1871, incorporó la locación a partir del art. 1493, y sus contenidos nucleares, basamentales, se han mantenido incólumes a través de más de ciento cincuenta años; las modificaciones que se fueron incorporando no derogaron esos principios que han regido las relaciones contractuales entre privados.-

Como colofón, cabe recalcar que sería de buena práctica respetar las sabias normas aportadas por el codificador, que no improvisó, fueron inspiradas en el derecho romano, el Código Napoleón, el Código de Freitas, con adecuación a nuestra realidad local. Son las partes, quienes al contratar pueden acudir al asesoramiento de los especialistas (abogados, escribanos, operadores inmobiliarios), respaldados por reglas tutelares previstas en el Código Civil y Comercial en resguardo de sus respectivos derechos. La intrusión del gobierno derogando normas, ha demostrado que no es saludable para regular las relaciones entre particulares.

Desde el ministerio de Economía ya tomaron la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020. El tema fue conversado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, quien analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.

En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Finalmente, en noviembre de 2021, Sergio Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Alberto Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictámen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.

Si este año se decide que el tema vuelva a ser tratado por el Congreso, no debería volver a pasar por comisión, ya que según explicaron fuentes legislativas el dictamen de comisión se sostiene porque la conformación actual de la Cámara baja es la misma del año pasado. En ese caso, si la modificación de la ley se incluye en el temario se va a tratar el dictamen del oficialismo en primer lugar. El año pasado, la oposición no contaba con los 129 necesarios para garantizar que no se apruebe el proyecto oficialista del año pasado, al que consideraban incluso peor que la actual ley.

De acuerdo a un relevamiento realizado en base a los avisos del portal inmobiliario, Zonaprop, los precios de alquiler -para los contratos nuevos- aumentaron un 8,3% en el mes de marzo. En un contexto de alta inflación, el incremento de precios en el mercado se acelera: en el último trimestre de 2022 el aumento fue del 17,3% y el primer trimestre de este año alcanzó 25,7% de incremento. En los últimos 12 meses el precio subió un 118,6 por ciento. (Infobae).

⬨⬨La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará este martes a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.⬨⬨

Para lograr ese objetivo, Massa firmó la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuales 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.⬨⬨

El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en vigencia el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.⬨⬨

También se determinó que la discusión se lleve adelante solo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.

⬨⬨La diputada Marcela Passo (FdT) dijo que �Sla Ley de alquileres vigente lamentablemente fracasó, perjudicando a sus principales actores, tanto inquilinos como propietarios⬝⬨⬨�SActualmente hay varios proyectos presentados.

Nuestra labor en esta etapa no se trata de priorizar algunos proyectos por sobre otros, se trata de construir consensos y llegar a un acuerdo para aliviar a la gente⬝, agregó la legisladora.⬨⬨

Passo destacó que Massa �Sen su labor de establecer consensos parlamentarios con todas las fuerzas políticas, logró un acuerdo que superaba las expectativas⬝ y manifestó su optimismo en que a lo largo de los 30 días hábiles de trabajo que tendrá la comisión se buscará �Sescuchar a todos los sectores y generar un nuevo proyecto.⬝⬨⬨

La necesidad de alcanzar un acuerdo es necesario para poder aprobar las leyes debido a la extrema paridad numérica que existe entre el Frente de Todos -el bloque conducido por Germán Martínez- y Juntos por el Cambio.⬨⬨

El oficialismo tiene 118 miembros y la principal fuerza de oposición suma 116 integrantes.⬨⬨

Por lo pronto el primer paso que se dará el martes será elegir autoridades de la comisión de Legislación General que volverá a estar presidida por la legisladora bonaerense Cecilia Moreau, y como vicepresidenta se reelegirá a la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo.⬨⬨Además de Moreau, formarán parte de la comisión los oficialistas Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Vanesa Siley, Lia Marín, Carolina Yutrovic, Carolina Moises, Graciela Parola, Paula Penacca, José Herrera, Mónica Litza, Lucas Godoy, Carolina Gaillard, Liliana Yabrun, Federico Fagioli y Eduardo Toniolli.⬨⬨Por Juntos por el Cambio estarán, además de Carla Carrizo, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Francisco Monti, Jimena Latorre, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal, María Sotolano, Marina Stilman, Ingrid Jetter, Maximiliano Ferraro y Victoria Morales Gorleri.⬨⬨La restante integrante será Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal.⬨

En el encuentro del martes se establecerá el cronograma de trabajo del grupo asesor del cuerpo legislativo para poder emitir un dictamen de consenso en base a los doce proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas, luego de agotar el debate tras escuchar a las asociaciones de inquilinos y propietarios.⬨⬨

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

⬨A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.⬨⬨

También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.⬨⬨

En cambio, los legisladores mantendrán los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.⬨

⬨También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito.

Según el diputado, el objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

�SEsta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación. Pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler⬝, señaló el diputado Gioja en un comunicado.

Desde el oficialismo también está previsto que haya otro proyecto, en el que trabaja la diputada Marcela Passo, pero aún está en proceso de diseño, aunque se avanzó en reuniones con referentes de los distintos sectores. Además, el interbloque de Juntos por el Cambio impulsa la convocatoria a una sesión especial �con fecha tentativa para el 5 de abril� para directamente derogar la Ley de Alquileres vigente.

La iniciativa presentada por Gioja incluye un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda. Este sistema ofrecería a los inquilinos precios más bajos que los del mercado inmobiliario privado.

El proyecto también ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar a los inmuebles vacíos, que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.

Otro punto del proyecto es un beneficio para los monotributistas: los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores a las personas inscriptas en el régimen simplificado y no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a los empleados en relación de dependencia.

Los puntos del proyecto:

- Topes en los precios: En caso de renovación del contrato, el precio inicial del alquiler tendrá como tope un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley actual. En tanto, el precio inicial del alquiler para vivienda tendrá como tope un 20% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto. Para conocer los valores anteriores a los que estuvo alquilada una propiedad y poder establecer el tope se hará público �a través de AFIP� un registro de propiedades alquiladas y el valor de los contratos. �SSe aplicará a todos los inmuebles que se hayan locado para vivienda en los últimos cinco años⬝, señala unos de los artículos propuestos.

- Monotributistas: Los seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) y no podrán pedirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses. Tampoco podrán cobrarles más que a empleados en relación de dependencia.

- Beneficios fiscales para locadores que registren los contratos en AFIP: En este caso, las sumas que los locadores facturen por los alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo). Además, los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los Bienes Personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos o con un contrato vigente. Este régimen de beneficios regirá por 15 periodos fiscales anuales luego de la entrada en vigencia de la ley.

- Diseño de plan de vivienda a través del Consejo Federal de Vivienda que comprenda: fomentar la construcción de inmuebles en centros urbanos destinados al alquiler; construcción y adquisición de inmuebles para la gestión pública de alquileres sociales; un sistema de gestión pública de alquileres sociales, paralelo al mercado privado. �SPara ello, todas las jurisdicciones deberían construir y adquirir inmuebles (casas o departamentos) y gestionar su alquiler a precios más bajos que los del mercado⬝, señaló.

- Modelo de Proyecto de Ley de impuesto a la vivienda ociosa: Según el texto del proyecto, este impuesto debería implementarse a nivel local, tanto por las facultades tributarias como por la fiscalización.

- Registro público de contratos de alquileres: Si se aprueba este proyecto, la AFIP publicará en su página web el registro de inmuebles locados con destino de vivienda. Será de �Sacceso libre⬝ y se consignará el domicilio del inmueble, la fecha de entrada en vigencia del contrato y precio de alquiler inicial. Esto permitirá a los inquilinos consultar a qué valor previo estuvo alquilada una propiedad.

�SLa ley actual es criticada por quienes más tienen porque les pone un tope a los ajustes de los alquileres y por determinar un solo ajuste anual. Antes de la ley podían poner cualquier ajuste y por la cantidad de veces en un año que impusiesen a locatarios. El texto legal vigente les provee, sin embargo, aumentos por arriba del promedio de aumentos salariales⬝, señaló el texto presentado por Gioja donde se explican los fundamentos del proyecto.

�SOtro golpe irrazonable que dio el mercado inmobiliario ante la entrada en vigencia de la ley 27.551 fue retirar de la oferta de alquiler muchos inmuebles y dejarlos deshabitados o pasarlos a la oferta de venta. Con un impuesto a la vivienda ociosa, más los estímulos para los contratos de locación registrados, se podría favorecer la oferta de alquileres⬝, agregó.