El acto marca un hito en la región, ya que se convierte en el tercer país de América Latina que permite el acceso a la muerte médicamente asistida, después de Colombia y Ecuador.El texto legal fue aprobado en octubre de 2025 por la Cámara de Senadores tras un extenso debate político y social. La nueva legislación otorga a mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, el derecho a solicitar la eutanasia si sufren una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida.El proceso exige que la persona solicite personalmente el procedimiento ante un médico y que lo haga por escrito en presencia del profesional, o mediante un tercero adulto si la condición física lo impide.La reglamentación, firmada por Orsi, establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión bajo la presidencia del Ministerio de Salud Pública.Polémica en Chile por contralmirante argentino que aseguró que parte del Estrecho de Magallanes les perteneceEsta comisión será responsable de supervisar los procedimientos y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y protocolos estipulados por la ley.La comisión funcionará como un órgano de control independiente que revisará cada caso para asegurar la correcta aplicación de la normativa.En un mensaje difundido en sus redes sociales, Orsi afirmó: “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”.La ley establece que podrán acceder tanto los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, como los extranjeros con residencia habitual en el país. El procedimiento requiere una solicitud voluntaria presentada ante un médico, quien debe asegurarse de que el paciente esté psíquicamente apto para tomar la decisión.Además, el médico debe informar al paciente sobre las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificar que la voluntad manifestada sea libre y firme.El proceso contempla una segunda consulta con otro profesional de la salud, quien también deberá evaluar la situación clínica y la determinación del paciente.Si ambos médicos coinciden en que se cumplen los requisitos, el solicitante tendrá una nueva entrevista con el primer médico para confirmar su voluntad de acceder a la eutanasia. En ese momento, la persona deberá dejar constancia escrita de su decisión ante dos testigos, quienes no podrán beneficiarse económicamente de la muerte del declarante y deberán declarar bajo juramento.El texto legislativo aprobado por el Senado con 20 votos favorables señala que el objetivo principal es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que determinen”.

La dirigente cuestionó el proyecto por incluir profesiones sin criterios claros, otorgar amplias facultades al Ejecutivo y no evaluar el impacto de modificar el escalafón. También señaló que la iniciativa no aborda aspectos centrales como la carrera horizontal, los concursos, las especializaciones o las guardias.Además, criticó a sectores autoconvocados por atribuirse representación y defendió la aplicación de controles como el SIGAP en todo el sistema.Desde UPCN insistieron en que la discusión debe ser integral, incluyendo condiciones laborales y salariales.Finalmente, Domínguez remarcó que sin paritaria sectorial no habrá apoyo a la reforma y llamó a fortalecer la unidad sindical. 

Las autoridades de transición en Venezuela anunciaron que se concretará en las próximas horas la primera exportación de gas del país caribeño tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Según anunció el jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el barco que transportará el cargamento ya se encuentra en el país y partirá en breve.“Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo”, indicó Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas.Hasta el momento no se informaron detalles sobre el destino ni sobre los términos del acuerdo. La noticia se da en un contexto en el que Venezuela venía gestionando desde hace meses la posibilidad de exportar gas, a pesar de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera en 2019.El pasado 16 de enero, Rodríguez comunicó la firma de un contrato para la exportación de gas licuado de petróleo, aunque tampoco en esa ocasión se precisaron las condiciones del convenio.Horas antes del anuncio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objetivo de la reforma es incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, busca revitalizar infraestructuras clave en el sector del país sudamericano.La reforma legislativa abre la puerta a la participación privada en actividades clave como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento. Además, facilita la inversión extranjera y permite que los conflictos se resuelvan mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes.El objetivo es revertir el impacto de políticas que otorgaron a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el control mayoritario de los proyectos y restringieron la autonomía de socios privados.“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.El régimen sostiene que la modificación busca atraer capitales que se alejaron tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, expresó la mandataria encargada, quien subrayó que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado. Además, insistió en que la reforma “será respetuosa de la soberanía nacional”.Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del anuncio de un acuerdo entre Washington y Caracas por USD 500 millones para la venta de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense.Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos. A pesar de este potencial, la producción nacional ha disminuido de manera continua en la última década.La caída productiva se atribuye a la falta de inversión, la mala gestión y los casos de corrupción vinculados al chavismo. Además, la situación financiera de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se ha visto comprometida por una deuda externa elevada y la reducción de los precios internacionales del crudo.En su mensaje del 15 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló, bajo presión de Donald Trump, la urgencia de abrir el sector petrolero a capitales internacionales para recuperar la capacidad productiva y asegurar el ingreso de divisas. (Con información de EFE)

En medio del drama que se vive en el sur del país por los incendios forestales que ya afectaron a más de 230.000 hectáreas, los gobernadores de las provincias de la Patagonia realizaron una reunión de trabajo y acordaron enviar un pedido al Congreso de la Nación para que trate con urgencia la Ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias.Justamente, el próximo lunes 2 de febrero se reactivará tanto la Cámara de Senadores como de Diputados para comenzara a tratar el temario propuesto por el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran iniciativas como la baja de edad de imputabilidad o la reforma laboral.De la cumbre, que se realizó de forma virtual, participaron los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en la gravedad de la situación que atraviesa la región, marcada por incendios que se extendieron durante los últimos meses. En ese período, se reportó que La Pampa registra más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Neuquén 6.000, Río Negro 10.000 y Santa Cruz 700. El total supera las 230.000 hectáreas devastadas, lo que representa un impacto ambiental y productivo sin precedentes para la Patagonia.Los gobernadores resaltaron el trabajo coordinado con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, valorando el despliegue operativo y la cooperación entre jurisdicciones. No obstante, enfatizaron que la magnitud de los focos y la crisis climática en curso requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para combatir el fuego como para asistir a las comunidades y restaurar los ecosistemas dañados.En ese sentido, informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le anticiparon la decisión de impulsar el reclamo ante el Congreso. El objetivo central es lograr la pronta aprobación de la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, a fin de contar con herramientas legales que permitan responder con mayor eficacia ante la emergencia. La sanción de la norma permitiría, según los mandatarios, destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.Mientras tanto, la situación en los territorios afectados sigue siendo crítica. Con llamas que superan los 50 metros de altura y el avance acelerado por el viento, cientos de brigadistas continúan trabajando en Chubut para proteger poblaciones cercanas, viviendas y recursos animales. En los últimos días, llegaron refuerzos de brigadistas provenientes de distintas provincias y cuadrillas enviadas desde Chile, que se sumaron a las tareas de combate terrestre.El despliegue de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, se realiza de manera intermitente, condicionado por las condiciones climáticas y la visibilidad, que en ocasiones se ve reducida a causa del humo denso. Los equipos trabajan con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas. Los brigadistas llevan casi 50 días sin descanso, enfrentando condiciones extremas y jornadas de alto riesgo.El lunes 26, mientras persistía una ventana de meteorología favorable, el grupo de brigadistas en tierra debió replegarse por el agravamiento de las condiciones. Según la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la prioridad pasó de intentar frenar el avance del fuego a proteger las comunidades cercanas. El resguardo del ecosistema continúa como una de las preocupaciones centrales en medio de la emergencia.Uno de los focos más activos se ubica en el brazo sur del Lago Menéndez y en los alrededores de los lagos Verde y Rivadavia. Las condiciones climáticas favorecieron el avance de los incendios hacia el área de Cholila, una villa turística, y amenazaron con expandirse hacia Esquel. El caso del incendio en el Parque Nacional Los Alerces se originó a principios de diciembre por una tormenta eléctrica. Aunque en una primera instancia fue controlado, la combinación de altas temperaturas y la falta de lluvias reavivó el fuego con mayor intensidad.Los residentes colaboran trasladando animales a zonas seguras. Según relató Hugo Huenelaf, vecino de la región, han perdido parte del ganado y realizan esfuerzos para salvar lo que queda. La ventana de ventilación permitió el lunes operar con medios aéreos sobre sectores como Lago Menéndez, Pasarella Arrayanes - Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte, aunque el fuego incrementó su actividad en horas de la tarde.La meteorología complica el panorama: las ráfagas de viento alcanzaron 50 kilómetros por hora y la temperatura se acercó a 28 grados. Estos factores potenciaron el comportamiento extremo de los focos y su reactivación. Las previsiones hablan de posibles lluvias ligeras para el martes, pero se anticipan días calurosos con temperaturas que podrían superar los 30 grados durante la semana.

Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas  y sociales pidieron que el Congreso proceda a la derogación del DNU que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”.La postura está plasmada en un documento firmado por la Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas,  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron.Esos organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia “es grave” porque el “decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”“Por primera vez en democracia, la SIDE  puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron.Y destacaron que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control. En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron.Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es que el decreto “establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.En ese sentido señalaron que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”Agregan que “este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso.”

La polémicaEl Gobierno dictó el 31 de diciembre el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permitir la aprehensión del personas y otorgar un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso.Tras llegar al Congreso, la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su tratamiento, pero es probable que ese plazo se venza ya que ni siquiera está constituida la comisión, con lo cual la oposición puede impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones.

La Justicia federal le ordenó  al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.Según el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El falloEn sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará la ley aprobada por el Senado que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el ex presidente Jair Bolsonaro.“Ya lo he dicho hace tiempo, las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos”, reiteró Lula en una rueda de prensa celebrada en el Palacio del Planalto. “Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. No es un secreto para nadie”, añadió.La propuesta, avalada el miércoles por el Senado, contempla una rebaja sustancial de las penas para los implicados en el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero de 2023, con reducciones de hasta un 70% en algunos casos. Según Lula, es fundamental esclarecer todos los detalles de lo sucedido, antes de considerar cualquier medida de clemencia. “Todavía no ha acabado el proceso”, indicó el mandatario, reafirmando la necesidad de preservar la memoria democrática para evitar riesgos futuros.“Todavía no sabemos quiénes lo financiaron. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023 y hay personas que quieren que se olvide, pero no nos podemos olvidar porque si nos olvidamos de la importancia que tiene la democracia para una nación, perderemos la partida”, exclamó.El propio Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión como cabecilla de la trama golpista, podría ver reducida su pena mínima a dos años y cuatro meses en régimen cerrado si el proyecto legislativo entra en vigor. Actualmente, el expresidente cumple condena en una sala especial de la sede de la Policía Federal de Brasilia.La iniciativa fue impulsada originalmente por sectores de la oposición que promovían una amnistía general, pero en el Congreso fue reformulada para acotar su alcance exclusivamente a los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, enfatizó que no se trata de un perdón indiscriminado, sino de una revisión de la proporcionalidad de las penas para evitar castigos excesivos. “La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”, explicó durante la sesión.La norma fue aprobada con 48 votos a favor y 25 en contra, y llegó al pleno tras un acuerdo de procedimiento entre oficialismo y oposición para acelerar su tratamiento antes del cierre del año legislativo. En caso de ser promulgada, la ley aún podría enfrentar impugnaciones ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). (Con información de Europa Press).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este lunes una ley que ratifica un acuerdo intergubernamental con India para el despliegue bilateral de formaciones militares, buques de guerra y aeronaves en los respectivos territorios, según supo la Agencia Noticias Argentinas.La normativa formaliza el Acuerdo de Intercambio Recíproco de Apoyo Logístico (RELOS), que contempla no solo el despliegue de personal y equipamiento militar, sino también el apoyo logístico mutuo entre las fuerzas armadas de ambos países.El acuerdo RELOS habilita la cooperación para la realización de entrenamientos y ejercicios militares conjuntos, así como para la provisión de ayuda humanitaria, la mitigación de desastres naturales y la respuesta ante catástrofes provocadas por el hombre, además de otros escenarios que puedan ser acordados de manera bilateral.Según lo establecido, la ratificación de la ley permitirá optimizar el uso recíproco del espacio aéreo y facilitará las escalas en puertos de buques de guerra de ambos países, fortaleciendo la coordinación operativa y logística entre Moscú y Nueva Delhi.El entendimiento se enmarca en la asociación estratégica que mantienen Rusia e India y apunta a profundizar la cooperación en materia de defensa y seguridad, en un contexto de creciente coordinación bilateral.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo va a enviar estas iniciativas al Congreso, algunos se tratarán en extraordinarias y otras iniciativas serán tratadas en el período legislativo 2026. Todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo central es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas.Adorni adelantó que en el proyecto “se libera la compra por parte de privados extranjeros” de tierras rurales.También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Esto es “una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, aseguró el funcionario al presentar el documento.

La norma, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.227, adhiere al régimen nacional conocido como Ley del Ticket y establece que todos los comercios y prestadores de servicios deben informar el precio final que paga el consumidor, el precio neto sin impuestos -discriminando IVA, otros tributos nacionales indirectos e impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Profesiones Liberales- y la leyenda "precios sin impuestos" cuando corresponda.La ley también dispone que ningún servicio financiado con recursos públicos podrá presentarse como "gratuito" sin aclarar que es solventado con impuestos de los contribuyentes, e invita a los municipios a adherir mediante ordenanzas para permitir la discriminación de tasas locales en los precios."El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando. Durante años los entrerrianos afrontaron precios sin conocer los impuestos incluidos. Esta ley nos permite ordenar, sincerar y dar previsibilidad", señaló el gobernador Rogelio Frigerio.El mandatario indicó que la medida se enmarca en el proceso de modernización y simplificación administrativa que lleva adelante la provincia: "Desde el primer día trabajamos para que el Estado deje de ser una carga y empiece a ser parte de la solución. Entre Ríos ya redujo impuestos en términos reales, ordenó sus cuentas y digitalizó procesos. Hoy damos un paso más en transparencia fiscal".Frigerio afirmó que la normativa no implica nuevas cargas para el sector privado, sino mayor claridad para los entrerrianos: "Es importante que cada consumidor sepa qué está pagando. La transparencia fortalece la competencia, mejora la relación entre contribuyentes y Estado y ayuda a desarmar un sistema que históricamente castigó al que produce". 

La ley contempla multas de hasta 5.000 rublos (64 dólares) para quien acceda a contenidos incluidos en la lista de “materiales extremistas” y también para quien los busque.La lista tiene más de 5.000 elementos, entre los que hay canciones en honor a Ucrania, publicaciones en blogs escritas por la banda de rock feminista Pussy Riot y páginas web críticas con Putin, reportó el sitio DW.Diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, refrendaron el proyecto de ley este mes, a pesar de la oposición de dos grupos parlamentarios.En ese momento, el político opositor Boris Nadezhdin organizó una manifestación contra la iniciativa y afirmó que el texto parece “sacado de ‘1984’”, la novela de George Orwell sobre un superestado totalitario.La ley también prohíbe la publicidad de las redes privadas virtuales (VPN), muy usadas en Rusia para eludir la censura, e impone multas por transferir una tarjeta telefónica SIM a otra persona.Rusia restringió drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea desde que invadió Ucrania en 2022. Las autoridades bloquearon el acceso a decenas de sitios occidentales como Facebook e Instagram. NA.

A un año de la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, sólo Chubut se ha adherido, mientras que Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y CABA están en distintas instancias del proceso de adhesión, y el resto de los gobernadores hace de cuenta que la norma no existe.Según supo Noticias Argentinas, los gobernadores de las otras 19 provincias por ahora no consideran a este un tema prioritario. El régimen, que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, nació de la iniciativa de Lógica, una asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. Desde el 1ro de enero último se muestran el IVA y otros impuestos nacionales en tickets de todo el país, pero los provinciales y municipales hacen ruido con su ausencia.En declaraciones a Noticias Argentinas, el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, dijo que la Argentina tiene los impuestos más altos del mundo a causa de la falta de cultura fiscal de toda la sociedad, generada por un régimen que sistemáticamente ha ocultado los impuestos a los ciudadanos, tanto con prohibiciones y sanciones que no existen en el mundo, como por la aplicación de tributos detrás del vendedor y otros eslabones de la cadena, sin informárselo a los consumidores”. Este nuevo régimen revierte esa situación que se mantuvo por más de 50 años.  La ley prevé la adhesión de las provincias para que también se visibilicen ingresos brutos y tasas municipales. Luego de reglamentada por ARCA, Lógica envió sucesivas cartas a los gobernadores exhortando a adherirse, sosteniendo que las provincias están obligadas a hacerlo por dos mandatos previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Otras entidades empresarias también los han exhortado.

Cuáles son las pocas provincias que respondieronChubut, Entre Ríos, Mendoza, CABA, Catamarca y Misiones contestaron declarando que sí se adherirían, y que no sancionarían a quienes, mientras tanto, visibilicen voluntariamente los tributos locales en los tickets. En CABA se está trabajando oficialmente en la inclusión del respectivo capítulo en el Código Fiscal 2026. En Córdoba se dictó una resolución  preparatoria de la adhesión. Catamarca y Misiones no accionaron más allá de aquella declaración. Los restantes gobernadores permanecen en silencio.Al cumplirse un año de la Ley 27.743, desde Lógica volvieron a exhortar a los gobernadores a que adhieran al régimen a través de solicitadas y otros medios. Olivero Vila dijo que “la situación deviene insostenible. La ley prevé la adhesión provincial. Por encima, la Constitución las obliga a dar ‘información adecuada y veraz’ a los consumidores. Desde enero, enviamos tres sucesivas cartas a cada gobernador, copiando a una decena de sus funcionarios. Otras entidades también los exhortaron. Como balance, dijo que “accionaron cinco provincias. Los otros diecinueve gobernadores y sus funcionarios no se activaron ni tampoco han salido a declarar por qué no se adhieren”. “Acá no se toca la autonomía provincial y municipal, no se modifican tributos, es sólo información para crear conciencia fiscal ciudadana. Estos gobernadores le están diciendo ‘no’ al 94% de los ciudadanos que, según Poliarquía, quieren ver los impuestos en los tickets”, advirtió Olivero Vila.

El caso de BrasilOlivero Vila recordó que “Brasil aplica este régimen desde 2012, con Dilma Rousseff, teniendo un régimen fiscal mucho más complejo. Ni allí ni acá se necesita que los vendedores adquieran ningún ‘software especial’, como se hizo trascender por allí”.“Eran entendibles los primeros meses de demora. Pero, cumplido un año, es insostenible el silencio, este accionar en contra de la transparencia deviene naturalmente turbio. Desde la sociedad civil debemos cambiar la actitud y el tono en relación a lo que está pasando con este régimen. Se acabaron las excusas”, señaló el titular de Lógica. NA.

La norma tiene como propósito resguardar estos idiomas y preservar el vasto universo cultural que representan. Con este paso, el Estado provincial se compromete a impulsar políticas públicas concretas y sostenidas en el tiempo para evitar la desaparición de este patrimonio inmaterial, cuya pérdida representaría un daño irreparable a la diversidad cultural y a la herencia histórica de la región.El proyecto, impulsado por la diputada Gabriela Lena y acompañado por otros 15 legisladores de distintos bloques, se funda en el artículo 33° de la Constitución Provincial, el cual reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y garantiza el respeto a sus identidades, saberes, creencias y formas de vida. La sanción de la ley se da en un contexto de alerta internacional: según la UNESCO, cada 14 días desaparece una lengua en el mundo y se estima que, de seguir esta tendencia, la mitad de las más de 7.000 lenguas actuales se extinguirán antes de finalizar el siglo. La pérdida de una lengua implica la pérdida de conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, la salud, el universo, la historia oral, la cosmovisión y la identidad de un pueblo.Entre los puntos destacados de la norma se encuentra la designación de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto al Consejo General de Educación, como autoridades responsables de ejecutar planes administrativos y operativos para la protección de estos idiomas. Estas instituciones deberán diseñar estrategias para documentar, digitalizar, enseñar y difundir las lenguas chaná y charrúa. Asimismo, se faculta a estos organismos a celebrar convenios con universidades, el CONICET, organizaciones internacionales e instituciones especializadas para conformar una comisión ad honorem. Esta comisión estará integrada por antropólogos, lingüistas, sociólogos, etnógrafos, docentes e historiadores, con el objetivo de realizar investigaciones rigurosas que contribuyan al rescate y sistematización de estas lenguas en peligro.El Estado provincial también buscará fortalecer la visibilidad de estas lenguas a través de los medios públicos. La ley establece que radios, canales de televisión y medios digitales estatales deberán incluir en su programación micros o contenidos específicos sobre las lenguas originarias, en horarios centrales, de modo que lleguen a la mayor cantidad de público posible. En paralelo, la Editorial de la Provincia y la Imprenta Oficial tendrán la responsabilidad de publicar al menos 2.000 ejemplares de libros dedicados a la lengua y cultura chaná y charrúa. Este material será distribuido en instituciones educativas, priorizando su llegada a las escuelas públicas y privadas de todos los niveles.Una de las herramientas clave para asegurar la transmisión de estos conocimientos será la capacitación docente. El Consejo General de Educación deberá otorgar puntaje especial a aquellos educadores que se perfeccionen en estas lenguas y que luego incorporen dichos saberes en las aulas mediante clases, talleres o actividades extracurriculares. Esta disposición busca garantizar la supervivencia y reproducción intergeneracional de las lenguas.Finalmente, la ley instruye al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la efectiva implementación de los programas contemplados. Este aspecto resulta fundamental para evitar que el espíritu de la ley quede en letra muerta y pueda traducirse en acciones concretas de preservación lingüística.

Fue por una propuesta del Poder Ejecutivo. Firmaron dictamen favorable al proyecto de ley que busca protegerlo las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente, que preside Juan Rossi, y de Legislación General, que encabeza Marcelo López.Naira Camacho, propietaria del establecimiento, quien participó de la reunión que se realizó en la Cámara de Diputados, explicó: “Junto a mi esposo, Luis Barcos, adquirimos este campo hace cinco años porque Luis lleva 20 años dedicado al ganado Wagyu (ganado japonés) en esa área. Nos dimos cuenta de que era un paraíso de la naturaleza y que había que preservar bosques remanentes antiguos, flora y fauna y pasturas naturales”.Las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente, que preside Juan Rossi, y de Legislación General, que encabeza Marcelo López, abordaron este martes una propuesta del Poder Ejecutivo para declarar Área Natural Protegida, en la modalidad Reserva de Usos Múltiples, al establecimiento Les Amis, ubicado en Enrique Carbó (Departamento Gualeguaychú). Los legisladores presentes firmaron un dictamen favorable al proyecto de ley.“Como nosotros tenemos la filosofía de producir sosteniblemente, conservando los ecosistemas, contactamos a la Secretaría de Ambiente para que se declarara un área natural protegida, de usos múltiples. Llegaron los auditores y encontraron mucha riqueza natural allí”, indicó Camacho. Luego agregó: “Nos pusimos a producir la carne Wagyu y luego también miel y hace poco nos dieron la posibilidad de que se lance un sello verde que nos va a dar un valor agregado, nos abrirá las puertas a un mercado muy exigente y los consumidores podrán adquirir productos de calidad”.El establecimiento está ubicado a cinco kilómetros de Enrique Carbó, muy cerca de Gualeguay. Según dijo la propietaria, la ley en cuestión les permitirá continuar con la producción de alimentos conservando suelos, agua, flora y fauna.

El Gobierno modificó por decreto  la ley 25.871 que regula la política migratoria y, según publicó este jueves en el Boletín Oficial, entre los cambios se destacan que se la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.Se trata del DNU 366/2025 y en uno de los artículos indica: “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señala en otro artículo.Además, manifiesta que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.“Por fuera de los supuestos establecidos en los párrafos precedentes, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”, añade.También, expresa: “Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ´residentes permanentes´, ´residentes temporarios o ´residentes transitorios´.La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria”.“La residencia a la que refiere el párrafo anterior habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”, agrega.Asimismo, añade: “Se considerará ´residente permanente´ a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”.“Reunificación familiar: ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. Para su otorgamiento, la autoridad migratoria deberá tener en cuenta el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por el artículo 10 de la presente ley”, indica.En relación a la educación, uno de los artículos señala: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.“Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade. NA.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, celebró la aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad santafesina de Rosario y expresó que “esta guerra sin cuartel la estamos ganando”.A través de sus redes sociales, la funcionaria se hizo eco de la Resolución 572/2025 publicada en el Boletín Oficial y sostuvo que “banda que comete un delito, caen todos por igual”.“Rosario es la primera ciudad donde empezamos a aplicar la Ley Antimafia. Banda que comete un delito, caen todos por igual. En bloque todos sus miembros. No más uno por uno”, manifestó.Bullrich celebró la Ley Antimafia aplicada en Rosario: “Esta guerra sin cuartel la estamos ganando”La Ley Antimafia, promulgada en marzo de este año, tiene como objetivo “brindar al Estado herramientas en materia de investigación y sanción de organizaciones dedicadas al crimen”.“Primero, el Plan Bandera; ahora, sumamos más herramientas y mayores penas para terminar con las organizaciones criminales. Esta guerra sin cuartel la estamos ganando. Se ve en nuestros números y en la calle. Vamos a seguir a fondo, sin dar un paso atrás”, ratificó.En el escrito, firmado por Bullrich, destaca que de esta manera se les entregará a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal de Rosario “mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado”. NA.

“Ficha Limpia no es más que un bonito nombre para disfrazar de justicia lo que en realidad es proscripción”, señalaron y argumentaron que: “Rompe con la legislación vigente y con el precepto de Presunción de Inocencia que establece nuestra Carta Magna, ya que habilita que se pueda excluir a candidatos y candidatas procesados sin condena firme, condenados en segunda instancia sin que se hayan agotado las posibilidades de obtener justicia. Y en ese sentido, pone en manos del Poder Judicial la decisión sobre quiénes pueden participar o no de la contienda política”.En otro tramo de las declaraciones aseguraron: “Este proyecto es la continuidad y profundización de la estigmatización de la política, un plan ejecutado de manera sistemática para privar al pueblo del ejercicio de su soberanía. Con esta Ley, serán los jueces y no los partidos políticos, ni las y los ciudadanos, quienes armen las listas de candidatos”.“Importantes sectores del Poder Judicial, lamentablemente, han dado muestras indubitables de connivencia con determinados sectores de la política, la economía y los medios de comunicación, lo cual le ha valido a la Justicia en general el profundo descredito que hoy tiene en la sociedad. Ese poder es el que va a definir el mapa político de la Argentina”, cuestionaron.  Desde el PJ, no tienen dudas que es un ataque contra la ex presidenta: “Hoy es obvio que la ley está dirigida contra nuestra presidenta del partido nacional Cristina Kirchner”, dijeron, aunque advirtieron: “Nos afecta a todos, principalmente a la gente que no se siente representada por el actual Gobierno nacional”.“Desde el peronismo, no podemos dejar de señalar y denunciar esta iniciativa autoritaria y antidemocrática. Nuestra historia está marcada por acciones que buscaron proscribir primero, y eliminar, más tarde, al Movimiento Nacional Justicialista, sin embargo, todos esos intentos fracasaron”, reflexionaron y para manifestaron: “Hoy vemos ese mismo espíritu de intolerancia y desprecio por la democracia reflejado en un proyecto que, por mezquindades, oportunismo y conveniencia política, el oficialismo y sus aliados han decidido defender. Por eso seguiremos reclamando y denunciando lo que a todas luces es un intento por cercenar la democracia y crear un sistema político a la medida de los poderosos”.

Con este fin, este martes se reunió la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con autoridades de la cartera sanitaria. El ministro de Salud, Guillermo Grieve, junto a la titular de Colegio de Obstetras de Entre Ríos, Alejandra Castillón y parte del equipo de la cartera sanitaria, participaron de la reunión de trabajo en la Comisión de la Cámara de Diputados presidida por Silvio Gallay, donde se debate un nuevo proyecto de ley que regula las competencias de la obstetricia. "Las competencias de la obstetricia son vitales en todo el proceso de asesoría, asistencia y atención tanto en la adopción de métodos anticonceptivos, así como durante el embarazo, el parto y post parto, lo que ha permitido mejorar los indicadores de salud", sostuvo el ministro Grieve, y señaló que esta ley es un reconocimiento y una jerarquización a la tarea que realizan profesionales de la obstetricia en todo el sistema sanitario a quienes consideró como "personal indispensable". Por su parte, el director general de Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE) Paulo Capotosti, indicó que "la salud materno infantil requiere una adecuación y una ampliación de las competencias en función de las grandes transformaciones que se han dado en el último siglo en la materia, que han mejorado sustancialmente las condiciones de vida". "Somos profesionales que queremos avalar nuestro trabajo, en función de los derechos y obligaciones que tenemos en el marco de las atribuciones y competencias  como licenciadas y licenciados en obstetricia", explicó la titular del Colegio, Alejandra Castillón, en relación a la autonomía que estos especialistas tendrán en la provincia con la nueva Ley. Además, la norma considera los principios de integridad, ética, bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, aplicados a la asistencia, acompañamiento y cuidado de las personas usuarias del servicio de salud. Asimismo, los profesionales de la obstetricia tendrán como funciones el asesoramiento, la consejería y la consulta en todas las etapas del ciclo vital y asistencia pre, durante y pos evento obstétrico, la prescripción de métodos hormonales orales, inyectables, dérmicos y otros, con finalidad contraceptiva de acuerdo al vademécum de acuerdo a las regulaciones provinciales, nacionales y normas internacionales, entre otras funciones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas en su salud sexual y salud reproductiva y no reproductiva.

Finalmente, en el debate en la Comisión de Salud de Diputados se propusieron diferentes modificaciones a la iniciativa, las cuales fueron incorporadas al proyecto que será remitido al Senado para su tratamiento. 

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La fecha, promovida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca visibilizar esta problemática de carácter mundial, generar compromisos y brindar información confiable a la comunidad.El ministro de Salud, Guillermo Grieve, destacó: "Para nosotros la problemática del suicidio es una preocupación muy actual, cuyo abordaje va más allá de lo desarrollado por los equipos de salud mental; es así que propiciamos el trabajo junto a los gobiernos locales, las instituciones civiles y la ciudadanía en su abordaje. Por eso, a partir de la firma de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, con esta reglamentación le estamos dando sustento legal a las diferentes estrategias comprendidas en la norma, muchas de las cuales ya se vienen llevando a cabo, y que ahora también se amplían con el objetivo de realizar un abordaje integral".En este contexto, el director de Salud Mental de la provincia, Gabriel Fernández Martínez, señaló: "La Reglamentación de la normativa a través de la cual la provincia adhirió a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, va en línea con el compromiso asumido para abordar esta problemática de gran relevancia a nivel nacional, a la cual Entre Ríos no escapa". Además, el funcionario puntualizó que la Reglamentación permite, "institucionalizar políticas de cuidado en la salud mental y prevención del suicidio que trasciendan las gestiones".

Dispositivos de prevención y abordajeCabe señalar que, la provincia cuenta desde el 2020 con el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, dependiente del Ministerio de Salud. Este Programa, contemplado en la Reglamentación, tiene entre sus funciones: Fomentar estrategias de prevención, promoción y posvención intersectoriales en territorio; generar instancias de formación y materiales de consulta para los equipos de salud y otras áreas; producir instancias de sensibilización y difusión de los lineamientos para el abordaje responsable de la problemática del suicidio en los medios de comunicación, entre otros.Además, Entre Ríos tiene en funcionamiento la línea telefónica 0800-777-2100 de orientación y apoyo ante urgencias por motivos de salud mental. Este dispositivo funciona las 24 hs, todos  los días, y es atendido por duplas de profesionales de salud. La importancia de hablar de suicidioEl suicidio es una problemática compleja que emerge en lo colectivo. En este sentido, es importante trabajar con los equipos, la comunidad y los medios de comunicación en relación a los prejuicios y tabúes que circulan socialmente en torno al suicidio y a la salud mental. Contrariamente a lo establecido en la creencia popular, hablar del suicidio no provoca actos de autolesión: justamente permite poner en palabras los problemas. La mejor forma de detectar si las personas tienen pensamientos suicidas es preguntándolo.

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó el proyecto de "ley ómnibus" al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una iniciativa que busca complementar las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei.

El proyecto, que consta de más de 664 artículos y 183 páginas, aborda cuestiones que no pueden ser legisladas por el Poder Ejecutivo, como asuntos tributarios y electorales.

El objetivo de la ley es promover la iniciativa privada y limitar la intervención estatal, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

El proyecto incluye la privatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco de la Nación e YPF.

Además, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer una nueva fórmula de ajuste.

Se propone la eliminación de las elecciones PASO,

reformas en la ley de partidos y la implementación de la boleta única.

También se establecen medidas para reprimir las manifestaciones que obstaculicen el transporte.

Las reacciones a la iniciativa han sido mixtas,

con apoyo por parte de algunos legisladores y críticas por parte de otros.

Se ha planteado preocupación sobre la concentración de poder en el Poder Ejecutivo y la eliminación de ciertos mecanismos democráticos.