En declaraciones a Noticias Argentinas, fuentes de la cartera comandada por Luis Petri, indicaron que no fue una decisión de ellos, sino que “acataron” una orden.“La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo”, expresaron.

Según el Ministerio, las bajas “no responden a una decisión unilateral” de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, “obligando al cumplimiento de la medida” que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados.

Quien solicitó formalmente las bajas de los efectivos, fue el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez; el documento fue enviado tanto al ministro Petri, como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo: “Solicito que se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”, concluyó el pedido.

Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, expresó que solicitó “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada” y que las condenas se encuentran firmes “encontrándose agotadas todas las instancias recursivas”, luego de haber sido condenados por “graves violaciones a los Derechos Humanos”. NA 

En entrevista con GPS (FM Litoral), Beltrán Benedit denunció que algunos jueces actúan con sesgo ideológico y expresó que “los derechos humanos son para todos, sin importar el rol en el conflicto armado”. Añadió que muchos condenados son adultos mayores con problemas de salud y que, en su opinión, deberían recibir prisión domiciliaria, como se aplicó en otros casos.

Benedit también criticó el financiamiento de juicios de lesa humanidad, sugiriendo que algunos son “un negocio”. Durante la visita al penal, explicó que los diputados recibieron denuncias de familiares sobre condiciones humanitarias y violaciones a derechos. “Fuimos por razones humanitarias y para escuchar las condiciones de salud de los detenidos”, afirmó, rechazando que la visita buscara promover amnistías.

Para finalizar, Benedit acusó a sectores kirchneristas de usar la visita como una herramienta política para desacreditar a su bloque. 

El miércoles, en los Tribunales de San Martín, continuará la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

El jueves, en Tucumán, se retomarán por medios electrónicos las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II. Finalmente, el viernes continuará en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -⬝Destacamento⬝ y �SFuerza Área⬝- agrupan a 16 de los 20 acusados.

La causa se tramitó en el Juzgado Federal de Paraná. �SLlevar adelante esta sentencia, aún en el marco de la pandemia, es un paso fundamental para la memoria, la verdad y, fundamentalmente, para hacer justicia en torno a los crímenes de la última dictadura en Entre Ríos, que todavía hoy siguen doliendo en nuestra sociedad⬝, dijo el primer mandatario provincial. 

Finalmente, señaló que �Ses imposible no recordar en un día tan sentido para todos los entrerrianos, y para los concordienses en particular, a la entrañable Margarita Alegre de Papetti, la madre de Jorge, y a su incansable lucha por memoria, verdad y justicia⬝.