El diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, de La Libertad Avanza, defendió la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad y protagonizó un fuerte enfrentamiento con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. El cruce ocurrió durante la segunda reunión del plenario que analiza el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y terminó entre gritos e insultos.

La discusión comenzó cuando Aldo Leiva recordó la participación de legisladores libertarios en el encuentro con Alfredo Astiz y otros condenados en Ezeiza. Benedit tomó la palabra para responder y sostuvo que era momento de cuestionar lo que considera falsedades sobre aquel período histórico.

Martínez lo interrumpió fuera de micrófono y le reprochó haber visitado a los represores. Cuando el jefe del bloque peronista comenzó a retirarse, Benedit le pidió que permaneciera en la sala y lo acusó de teatralizar la situación.

El entrerriano cuestionó el uso del término “genocidio” y formuló afirmaciones sobre las organizaciones armadas de los años setenta. Ante el aumento de la tensión, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, intentó encauzar la exposición y recordó que el temario correspondía al proyecto de soberanía nacional.La visita que volvió al centro de la polémica

El encuentro en el penal se realizó el jueves 11 de julio de 2024. Integraron la comitiva Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra. La fecha también figura en proyectos presentados posteriormente en la Cámara de Diputados para cuestionar aquella visita. La reconstrucción del viaje indica que los legisladores se reunieron pasadas las 13 en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, junto al Congreso, desde donde partieron hacia Ezeiza.

Durante la plenaria, Benedit justificó la visita como una práctica vinculada con su fe, al mencionar la asistencia a presos, enfermos y personas necesitadas.

Martínez respondió que entre los valores de la Iglesia también está la sepultura, en referencia a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. El intercambio continuó con insultos y culminó cuando el dirigente peronista expresó: “Es para cagarlo a trompadas”, antes de retirarse. La controversia sobre la visita a Ezeiza volvió así a desplazar el debate previsto para la reunión. 

El Juzgado Federal N.º 1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro militares retirados por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia durante la última dictadura cívico-militar. La resolución fue dictada por la jueza federal subrogante Analía Graciela Ramponi.Los procesados son Juan Ignacio Aleman, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris, todos exintegrantes del Ejército. Habían prestado declaración indagatoria más de dos años atrás, pero todavía no se había resuelto su situación procesal. El pronunciamiento se produjo poco más de dos meses después de que Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Concordia, junto con la querellante María Ema Papetti, presentaran un pedido de pronto despacho ante el juzgado. La solicitud también fue firmada por Eduardo Maschio, Luisa Rodríguez de Caire y Estela Solaga de Moreno. En el escrito reclamaron una definición judicial y advirtieron sobre la prolongada demora que registraba la investigación.

El caso del conscripto Jorge PapettiUno de los hechos centrales examinados en el expediente es la desaparición de Jorge Emilio Papetti, quien había cumplido el servicio militar obligatorio en Concordia.Durante años, la versión de las autoridades militares sostuvo que el joven había escapado de la unidad y que era un desertor. Sin embargo, en la denominada causa Appiani, tramitada en Paraná, la Justicia estableció que Papetti había sido secuestrado y que murió mientras era sometido a torturas.La resolución vincula particularmente a Horacio Alberto Goris, quien se desempeñaba como jefe de Personal, con el caso del conscripto y con la presunta obtención de una confesión mediante tormentos.

Una denuncia presentada en 2021La causa, identificada como FPA 5688/2021, comenzó en abril de 2021 a partir de una denuncia remitida al Ministerio Público Fiscal por el Registro Único de la Verdad de Paraná.La presentación fue realizada por María Julia Suárez, ciudadana uruguaya que declaró haber sido secuestrada el 3 de julio de 1977 junto con su hermano Jesús Silverio Suárez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia.Según su testimonio, las víctimas fueron trasladadas inicialmente a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia y posteriormente llevadas a distintos centros clandestinos, donde habrían sido sometidas a torturas. Finalmente, fueron alojadas en la Unidad Penal N.º 3. Suárez también denunció haber sufrido violencia sexual durante su cautiverio.

Los roles atribuidos a los procesadosLa resolución reconstruye el funcionamiento del área de Inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” y atribuye diferentes responsabilidades a los cuatro exmilitares.De acuerdo con la decisión judicial, Echeverría y Aleman habrían desempeñado funciones de conducción dentro del Grupo de Inteligencia y tenido intervención en la recepción y el manejo de personas privadas ilegalmente de su libertad.Galeano habría ocupado una posición subordinada y ejecutiva dentro de esa estructura, mientras que Goris quedó relacionado especialmente con el caso Papetti.Para adoptar la medida, el juzgado analizó testimonios, informes, inspecciones y otras pruebas incorporadas durante la investigación. El procesamiento implica que la magistrada encontró elementos suficientes para que la causa avance, pero no constituye una condena definitiva y los acusados conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.La resolución representa un avance concreto en un expediente demorado durante años. La Justicia llega tarde para quienes sufrieron el terrorismo de Estado y para las familias que envejecieron esperando respuestas, pero finalmente llega: reconstruye responsabilidades, rompe décadas de silencio y mantiene abierta la posibilidad de que los hechos sean juzgados. 

En declaraciones a Noticias Argentinas, fuentes de la cartera comandada por Luis Petri, indicaron que no fue una decisión de ellos, sino que “acataron” una orden.“La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo”, expresaron.

Según el Ministerio, las bajas “no responden a una decisión unilateral” de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, “obligando al cumplimiento de la medida” que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados.

Quien solicitó formalmente las bajas de los efectivos, fue el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez; el documento fue enviado tanto al ministro Petri, como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo: “Solicito que se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”, concluyó el pedido.

Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, expresó que solicitó “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada” y que las condenas se encuentran firmes “encontrándose agotadas todas las instancias recursivas”, luego de haber sido condenados por “graves violaciones a los Derechos Humanos”. NA 

En entrevista con GPS (FM Litoral), Beltrán Benedit denunció que algunos jueces actúan con sesgo ideológico y expresó que “los derechos humanos son para todos, sin importar el rol en el conflicto armado”. Añadió que muchos condenados son adultos mayores con problemas de salud y que, en su opinión, deberían recibir prisión domiciliaria, como se aplicó en otros casos.

Benedit también criticó el financiamiento de juicios de lesa humanidad, sugiriendo que algunos son “un negocio”. Durante la visita al penal, explicó que los diputados recibieron denuncias de familiares sobre condiciones humanitarias y violaciones a derechos. “Fuimos por razones humanitarias y para escuchar las condiciones de salud de los detenidos”, afirmó, rechazando que la visita buscara promover amnistías.

Para finalizar, Benedit acusó a sectores kirchneristas de usar la visita como una herramienta política para desacreditar a su bloque. 

El miércoles, en los Tribunales de San Martín, continuará la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

El jueves, en Tucumán, se retomarán por medios electrónicos las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II. Finalmente, el viernes continuará en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -⬝Destacamento⬝ y �SFuerza Área⬝- agrupan a 16 de los 20 acusados.

La causa se tramitó en el Juzgado Federal de Paraná. �SLlevar adelante esta sentencia, aún en el marco de la pandemia, es un paso fundamental para la memoria, la verdad y, fundamentalmente, para hacer justicia en torno a los crímenes de la última dictadura en Entre Ríos, que todavía hoy siguen doliendo en nuestra sociedad⬝, dijo el primer mandatario provincial. 

Finalmente, señaló que �Ses imposible no recordar en un día tan sentido para todos los entrerrianos, y para los concordienses en particular, a la entrañable Margarita Alegre de Papetti, la madre de Jorge, y a su incansable lucha por memoria, verdad y justicia⬝.