La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos para analizar el proyecto que propone una reforma integral del Código de Contravenciones de la provincia.

La iniciativa fue presentada en octubre del año pasado por la diputada Vilma Vázquez, del bloque Juntos por Entre Ríos.

La propuesta apunta a reemplazar la actual Ley 3.815, vigente desde 1952, por un nuevo texto de 253 artículos que actualice las normas de convivencia bajo criterios acordes a los estándares actuales en materia de derechos humanos, vida democrática y protección ambiental. Si bien con el paso de los años se sumaron normas complementarias, nunca se llevó adelante una revisión completa que unificara el régimen en un solo cuerpo legal.

El esquema planteado contempla sanciones como multas, trabajos comunitarios y arrestos, con eje en la prevención y la proporcionalidad. Entre los puntos destacados figuran la regulación de conductas que afecten la convivencia en ámbitos urbanos y rurales, el cuidado responsable de animales y la penalización del abandono, la protección de menores y personas con discapacidad, y la incorporación de figuras vinculadas a la violencia digital, como el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas.También se incluyen disposiciones para resguardar el ambiente, prevenir incendios, sancionar el tráfico de fauna silvestre y proteger el funcionamiento de los servicios de emergencia ante conductas que los obstaculicen. Según sus impulsores, el objetivo es dotar a la provincia de un marco moderno que ordene las faltas y refuerce las herramientas de prevención en el ámbito comunitario.

Los imputados María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Rubén Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber y Renato Jesús Mansilla deberán cumplir con tareas comunitarias durante el período de 3 años (96 horas anuales), fijar domicilio y hacer un pago simbólico de la reparación del daño. Respecto a Jorge Pablo Balladares, María Jazmín y Giselle Mena Gioveni, ninguno se hizo presente y su situación deberá resolverse rápidamente antes del martes próximo o de lo contrario se tratará al final de las audiencias de remisión a juicio a finales de este año. El abogado defensor José Velázquez adujo problemas de logística pero el argumento fue rechazado por Babagelata ya que en la audiencia preliminar se había establecido que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fije una audiencia para discutir esto antes del inicio de la remisión a juicio. La presencia de los imputados es condición necesaria porque deben prestar el acuerdo a la salida alternativa de la probation.Así las cosas, el Estado recuperaría $19.585.000 cuando los 8 imputados cumplan con el pago en la cuenta bancaria del Gobierno Provincial. Tienen un plazo de dos años y medio para poder hacerlo en la forma de pago que deseen. En el caso de que la jueza homologue la probation de los otros 3 imputados, la suma asciende a $23.335.000.En sintonía con la audiencia en donde se puso en conocimiento el acuerdo de la probation que permite el recupero de más de $23.000.000 -pago simbólico de un puñado de los imputados- el gobierno provincial anunció en conferencia de prensa la nulidad de los contratos vinculados a la causa para “gestionar el recupero del dinero”.

Los pagos que debe hacer cada imputadoNicolás Beber $4.000.000Verónica Caíno $5.000.000Gastón Sarnaglia $1.800.000Jorge Balladares $1.500.000*Jazmín Mena Gioveni $1.500.000*Alejandro Ferreyra $1.096.000Victoria Alvarez $785.000Giselle Mena Gioveni $750.000*Macarena Alvarez $590.000Andrea Demartín $850.000Renato Jesús Mansilla $5.464.000* El pago del monto está sujeto a que se homologue el acuerdo de estos imputadosSegún explicaron desde el MPF los montos “no fueron arbitrarios” sino que se basaron en un criterio que tuvo en cuenta el 10% de la suma que, según el hecho investigado, cada imputado recaudó mediante el cobro de cheques de los contratos y que a ese valor se lo actualizó a un valor promedio del dólar en $20. Además, se tuvo en cuenta la capacidad de económica de cada uno de los imputados incluidos en el acuerdo. Eso explica la diferencia de pago que deberá hacer cada uno.

Los motivos del acuerdoFue el fiscal Ignacio Aramberry quien tomó la palabra para presentar el acuerdo entre las partes y explicó por qué desde el MPF se decidió avanzar con esta medida alternativa que evite el juicio oral para estos imputados. Cabe aclarar que el acuerdo alcanzaba incluso a los tres imputados que no se hicieron presentes en tribunales. El fiscal explicó que los imputados con los que se llegó a un acuerdo tenían una expectativa de pena de prisión condicional por los delitos de peculado en condición de partícipes necesarios relacionados materialmente con el delito de asociación ilícita. En el caso de Beber y Mansilla la expectativa de pena era de 5 años, mientras que para el resto era de 3 años de prisión condicional. Además, Aramberry explicó que el MPF no considera que estos imputados hayan sido funcionarios públicos al momento de cometer el ilícito ya que a pesar de haber sido contratados por el Poder Legislativo, esos contratos no tenían validez y ellos nunca cumplieron funciones en el Estado. “Siempre su participación estuvo por fuera de lo público”, expresó el fiscal. Todos estaban contratados por la Legislatura sin que se haya probado que presten algún servicio u obra para el Estado. Además, todos cobraron cheques que pertenecían a otros contratados, es decir formaban parte del grupo de confianza que recaudaba parte del dinero para los responsables máximos del grupo delictivo. “Su intervención está reducida a un fragmento del hecho global y siempre se mantuvo en el ámbito de lo privado. Esto es diferente a otros imputados que tienen una expectativa de pena mayor porque su intervención es trasversal a todo el hecho”, agregó Aramberry. Durante la investigación quedó corroborado que el vínculo de dos de los imputados era a través del estudio contable Integral Asesoría que era comandado por otros imputados de mayor responsabilidad: Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. “Según nuestra hipótesis -continuó Aramberry- el estudio fue requerido a los fines de regular la situación impositiva ante los organismos recaudadores. En ese sentido, las profesiones que poseen los imputados Beber y Mansilla, no son económicas, características parecidas a las del resto de los imputados con los qeu llegamos a un acuerdo”.Además, es condición necesaria para que se disponga una probation que ninguno de los acusados tenga antecedentes penales ni cometa ningún delito durante el cumplimiento del acuerdo.Fiscalía de Estado, cuya representación está a cargo del exjuez Gustavo Acosta, prestó conformidad al acuerdo de suspensión de juicio a prueba e hizo una reserva respecto al recupero total de los fondos a través de otra vía.

¿Qué es la probation o suspensión del juicio a prueba?Se trata de una medida alternativa al avance y realización de un juicio contra un imputado. Se puede hacer cuando la expectativa de pena no excede el límite del cumplimiento condicional, cuando el imputado no es un funcionario público ni tuvo antecedentes penales. El acusado debe comprometerse a realizar una serie de tareas comunitarias no remunerativas por un plazo estimado y el pago del resarcimiento del daño. Una vez que cumple su parte del acuerdo, el imputado queda sobreseído de culpa y cargo en el expediente. Es decir, la acusación se cae y no queda registro en el certificado de antecedentes penales. En caso de que el imputado no cumpla con lo acordado o cometa otro delito su situación procesal vuelve al momento del acuerdo de suspensión y deberá afrontar el proceso correspondiente. Con el adicional que en los casos de que haya cometido un nuevo delito, ya no tiene el derecho de que la prisión sea condicional más allá de los años a los que sea condenado.(I:Análisis)

Al dirigirse a los legisladores, autoridades, dirigentes y representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas armadas y de seguridad, y entidades intermedias, el gobernador expuso, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná,  su proyecto “de transformación y desarrollo”.

Con un mensaje de optimismo, destacando los avances logrados en el último año y proyectando un futuro de transformación y desarrollo para la provincia, Frigerio resaltó el cambio de rumbo en la gestión, enfocándose en la transparencia, la eficiencia y la lucha contra la corrupción. En el ámbito financiero, el gobernador subrayó la reducción del déficit del Tesoro provincial y el equilibrio financiero alcanzado en menos de un año, sin aumentar impuestos ni endeudar a la población. También destacó la mejora en la calificación crediticia de la provincia gracias al cumplimiento de la deuda internacional. Frigerio hizo hincapié en la reactivación de obras públicas paralizadas y el lanzamiento de nuevas inversiones estratégicas en escuelas, rutas y hospitales, eliminando sobrecostos e intereses innecesarios mediante reglas claras y competitivas.

En su lucha contra la corrupción, el gobernador delineó medidas para transparentar la gestión estatal, eliminar prácticas perjudiciales y transformar la administración pública. Se priorizó la racionalización del gasto público, la eliminación de gastos reservados y la prohibición de sobresueldos, así como la implementación de concursos públicos para garantizar la idoneidad de los empleados. La modernización y digitalización de la administración pública fueron resaltadas como avances clave, con la implementación del expediente electrónico, el Sistema de Gestión y Administración del Personal (SIGAP) y la plataforma digital Mi Entre Ríos, buscando agilizar trámites y acercar el Estado a los ciudadanos.

El Gobernador enfatizó la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, mencionando la centralización de la compra de medicamentos, el control de combustible para vehículos oficiales y la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles, además de las denuncias penales presentadas por irregularidades.

En cuanto a la Caja de Jubilaciones, se destacó la reducción del déficit y la recomposición del vínculo con la Anses, logrando el reconocimiento de una deuda de 26.000 millones de pesos. El Gobernador también informó sobre el aumento de los procedimientos por narcomenudeo, el secuestro de drogas y la inversión en equipamiento para reforzar la seguridad en la provincia.

En materia social, se impulsó la ley de emergencia alimentaria, se transparentaron los programas sociales y se aumentaron las partidas para módulos alimentarios. Se anunció la universalización del desayuno en los comedores escolares y la expansión de la política alimentaria a los clubes deportivos.

En el ámbito de la salud, se creó el Programa Entrerriano de Salud, se invirtieron 24.000 millones en equipamiento e insumos, se repararon hospitales y centros de salud, y se implementó un sistema de asignación de turnos y digitalización en establecimientos. En educación, se concluyeron obras en escuelas, se implementaron medidas de formación docente y se mejoró la conectividad.

El gobernador también se refirió a la puesta en marcha de una política habitacional, logrando que el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda se autofinancie y aumentando la escrituración de viviendas. Además, se impulsaron medidas económicas como la eliminación de impuestos provinciales en las facturas de electricidad y el congelamiento del Valor Agregado de Distribución, así como la defensa de los intereses de Entre Ríos ante la Nación.

Contará con la presencia, como invitados, del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el coordinador general ministerial del Ministerio de Infraestructura y Servicios, de Hernán Jacob; y el Equipo Técnico integrado por el director Administrador de Vialidad Provincial (DPV), Exequiel Donda, el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Rubén Dal Molín.El miércoles, en tanto, concurrirán la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la Secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta; el Secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; el Secretario de Articulación de Política Social, Ricardo Vales; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado; Rubén Dal Molín.Para ambas reuniones se hace extensiva la invitación a concurrir a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado y a todos los legisladores y las legisladoras de ambas Cámaras que deseen asistir.La llamada Ley de Leyes comenzó a tratarse en la comisión que preside el diputado Bruno Sarubi el miércoles pasado, en una reunión ampliada de la que participarán integrantes de la comisión homónima del Senado y autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, encabezados por su titular, Julio Panceri.En aquella oportunidad Panceri aseguró que se trata de “un presupuesto totalmente austero, en el cual cambiamos la base de cálculo: en vez de llevar una base incremental, como teníamos antes, vamos a llevar una base cero, que en momentos de vacaciones flacas como la que hay, creo que es lo que corresponde”.Panceri manifestó que “se va a gastar hasta donde hay y, si no hay, habrá que preocuparse por generar los recursos u optimizar los que hay”, manifestó el titular de la cartera de Hacienda. En ese contexto, afirmó que las prioridades serán “salario, salud y desarrollo social”. 

Se llevarán a cabo sesiones y reuniones de comisión. Entre los proyectos a debatir se encuentran las reformas a la Ley de Obras Públicas, el Régimen de Transición y la Ética Pública.Este martes a las 11, las comisiones de Legislación y Obras Públicas de la Cámara de Senadores se reunirán conjuntamente para discutir el proyecto del Poder Ejecutivo que propone una serie de reformas tanto en la Ley de Obras Públicas (Ley N°6351) como en el Código Contencioso Administrativo (Ley N°7061). 

El proyecto presupuestario para el próximo año fue enviado a la Legislatura a través de Diputados.

Como la Cámara está en receso, la iniciativa no tomó aún estado parlamentario. La presentación se hizo el pasado jueves 12, antes del fin de semana largo y de que se cumpla el plazo legal que fija la Constitución. Los números del presupuesto no trascendieron debido a que rige la veda de actos de gobierno que puedan ser susceptibles de captar el voto.

Por eso, los detalles recién serán dados a conocer tras los comicios del próximo domingo 22 de octubre.

El objetivo es acercar la labor legislativa local, provincial, nacional y leyes vigentes relacionadas con el tema, a quiénes forman parte de los medios de comunicación como así también a estudiantes y comunidad en general.

Algunos de los temas a exponer son: Concejo Deliberante de Concordia, autoridades y funciones; El rol de la mujer en el ambito legislativo, leyes u ordenanzas vigentes; Experiencia de legisladores provinciales y nacionales, desde el punto de vista como tales como así también sus miradas sobre los medios de comunicación; Perspectiva de Género: Leyes vigentes, proyectos trabajados y abordaje de los medios en noticias relacionadas a este punto. 

Las disertaciones estarán a cargo de concejales, diputados provinciales y nacionales como así también profesionales concordienses que vienen trabajando en el tema, además de tener experiencia al haber ocupado cargos legislativos y ejecutivos a nivel local, provincial y nacional.

El programa se desarrollará por paneles, a cuyos participantes, los asistentes podrán realizarles consultas e interactuar con los mismos.

La actividad es libre y gratuita, en el Salón de Actos de la Municipalidad local, comenzará a las 8:30 horas con las inscripciones y la apertura se realizará a las 9 de la mañana. Se entregarán certificados. Organiza El Andén Producciones y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Concordia.

Para más información, dirigirse a elandendiario@gmail.com ó al 345 496 5356.

La vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Laura Stratta, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, recibió la documentación de manos del presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara. Acompañaron, el Presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Sergio Ostes; autoridades del órgano de control y de los tres poderes del Estado provincial.

En un acto desarrollado este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, presentó e hizo entrega a los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Laura Stratta y Ángel Giano, de la Memoria y Cuenta Anual Administrativa 2021 del organismo, en el marco de una acción establecida en la Constitución de la Provincia como así también en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Si bien el gobernador Gustavo Bordet no pudo estar presente hoy en la ceremonia, envió una misiva en la que mencionó que, en cumpliendo con la reforma constitucional de 2008, en el 2020 se concursaron los principales cargos del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, accionar que contribuyen a la transparencia y eficiencia del organismo.

La actividad contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado Provincial, de los gobiernos municipales y comunales, de los vocales del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, José Luis Gea Sánchez y María de los Ángeles Moia, titulares de otros organismos y el Presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Sergio Ostes.

�SEste es un acto muy significativo para la institucionalidad porque lo estamos realizando en el marco de los 50 años del organismo, y porque por primera vez en su historia, el Tribunal de Cuentas de la provincia en función de lo que establece nuestra Constitución y de lo que nos impone nuestra ley orgánica, estamos dando cuenta a la Legislatura de nuestra Memoria anual y de nuestra Cuenta de inversión⬝, resaltó en la introducción Lara.

Eso le dio pie para describir punto por punto lo actuado por el organismo durante el 2021. �SPudimos comenzar a construir un Tribunal de Cuentas dinámico, en permanente movimiento⬝ dijo al �Srendir cuenta⬝ del proceder y destacar el �Scontexto desfavorable⬝ de pandemia que les tocó atravesar durante el año pasado cuando el control recayó �Ssobre un volumen de cargos superior a los 333 mil millones de pesos⬝, precisó.

En un tramo de su discurso, el Titular del Tribunal de Cuentas refirió al control �Seficaz y eficiente⬝ para contribuir a una �Smejor calidad de la gestión pública⬝ y al mismo tiempo como una herramienta �Sconstructiva⬝ y no sólo �Ssancionatoria⬝, �Sde modo de asegurar la producción de la información necesaria para una mejor calidad de la gestión de los recursos⬝, según definió.

También, le dedicó un párrafo a los desafíos de trabajo para el futuro, haciendo eje en la �Stransparencia, la modernización y la participación ciudadana⬝, entre otros aspectos. Asimismo, marcó como una necesidad la modificación de las reglas que rigen el funcionamiento del Tribunal y su orgánica.

Por su parte la vicegobernadora Laura Stratta, se refirió al Tribunal de Cuentas como un �Sorganismo constitucional que este año cumple 50 años desarrollando una tarea indispensable para el control de las cuentas públicas en los tres poderes del Estado⬝.

Destacó que la presentación de la Memoria y Cuenta Administrativa corresponde a �Suna manda constitucional⬝ de importante cumplimiento �Sen orden justamente a rendir cuentas y para poder hacer organismos más eficientes, que estén atados a los tiempos que corren como nos ha pasado a todas las instituciones del Estado, respetando lo que a cada uno le toca, pero siendo eficientes a la hora de administrar nuestros recursos y a ellos, de controlar.

�SPor eso hoy la Legislatura formó parte de este momento tan especial que tiene que ver también con trabajar coordinadamente respetando cada lugar, como el gobernador Gustavo Bordet siempre nos marca", expresó la también Presidenta del Senado entrerriano.

El acto también contó con la presencia de personal profesional, técnico y administrativo del Tribunal, exempleadas y jubilados, contadores, abogados, exfiscales, exvocales y ex presidentes.

Sobre la Memoria Anual 2021

La Memoria Institucional Anual 2021 describe las tareas y funciones desarrolladas por las distintas dependencias que componen el Tribunal de Cuentas de la Provincia y sintetiza todo lo realizado durante el pasado año.

En ella, se amalgaman la nómina de autoridades y funcionarios del organismo; la normativa que regula la actuación; la misión, la visión y los objetivos trazados; la composición de los recursos humanos que posee el Tribunal de Cuentas; las gestiones institucionales llevadas a cabo por las autoridades; las actividades relacionadas con su organización, los planes de mejoras y la planificación de la actividad fiscalizadora; las actividades de capacitación internas y externas; la actuación del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en el marco de la Red Federal de Control Público, la cual integra junto con la Sindicatura General de la Nación y Tribunales de Cuentas de todo el país con el objetivo de auditar los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública que se ejecutan en la provincia; las Acordadas, Sentencias y Resoluciones dictadas; entre otros puntos que la componen.

Por su parte, la Cuenta Anual Administrativa 2021, que también fue entregada en el acto de este martes, es demostrativa de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial de este �rgano Constitucional del Control Hacendal, conforme a su respectivo presupuesto.