Por Iago Vieyra - La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Lázaro Báez continuará su detención en la cárcel y rechazó el pedido de prisión domiciliaria que presentó su defensa. Purga una pena de 15 años por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.La decisión se tomó con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma, mientras que el camarista Mariano Borinsky se pronunció en disidencia, a favor de otorgar el beneficio.Con este fallo, se confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4 de retirarlo del Hospital Central Penitenciario para ser alojado en el pabellón “K” del penal de Ezeiza.El empresario patagónico condenado por lavado de dinero, a través de sus abogados, argumentó que el establecimiento penitenciario no contaba con los recursos necesarios para tratar sus múltiples problemas de salud y que su presencia en su casa resultaba indispensable para el cuidado de su pareja y sus hijos.La defensa fundamentó el reclamo en la edad del condenado, quien tiene 69 años y está próximo a cumplir 70, así como en un cuadro clínico que incluye diabetes tipo II, hipertensión arterial, asma y antecedentes cardíacos.Además, indicaron que su estadía en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza agravó sus patologías debido a supuestas deficiencias de higiene y falta de atención médica especializada. Y alegaron que la distancia de más de 2.700 kilómetros respecto a su domicilio familiar en Santa Cruz impedía el contacto fluido con sus seres queridos.Según la defensa, la pareja de Báez padece una enfermedad oncológica y, por esta razón, el dueño del grupo Austral cumplía un rol fundamental en la crianza de los dos hijos menores de ella, de 12 y 14 años. De acuerdo a este planteo, la ausencia del empresario generó un deterioro emocional en los niños y una sobrecarga para la madre, quien debe afrontar su tratamiento médico.El voto mayoritario desestimó estos argumentos y ratificó que el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza está en condiciones de alojar detenidos con problemas de salud como los de Báez.El juez Carbajo destacó que los estudios realizados por especialistas en neumonología, cardiología y oftalmología del Cuerpo Médico Forense y el SPF concluyeron que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y compensado.Lázaro Báez tiene otra condena confirmada en Casación por el caso “El Entrevero”, a cuatro años y seis meses de cárcel, que aún no fue revisada por la Corte SupremaLos peritos oficiales indicaron que las dolencias podían tratarse adecuadamente dentro de la unidad carcelaria, siempre que se cumplieran las indicaciones farmacológicas y los controles periódicos.El fallo remarcó que el Servicio Penitenciario Federal informó contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento necesarios para atender las necesidades sanitarias del interno, incluyendo guardia médica permanente y ambulancia para traslados de urgencia.Para los magistrados que lideraron la votación, la defensa no logró probar que la permanencia en prisión implicara un riesgo cierto para la vida de Báez ni que existiera una falta de atención por parte del Estado.En cuanto a la situación de los menores, los jueces Carbajo y Ledesma consideraron que no se verificó un estado de desamparo que justificara la excepción al régimen de ejecución de la pena.Evaluaron que los niños conviven con su madre, quien recibe ayuda de otros familiares, y que sus derechos a la educación y la salud se encuentran resguardados. Además, señalaron que la mujer cuenta con medios económicos para la subsistencia del grupo familiar.Por el contrario, el juez Borinsky votó en soledad por conceder el arresto domiciliario. En su disidencia, valoró que el acusado estaba próximo a cumplir la edad que la ley contempla para este beneficio y que sus patologías crónicas mostraban un agravamiento progresivo. También ponderó el interés superior de los niños y la conformación de una familia ensamblada, coincidiendo con el dictamen de la unidad funcional especializada en menores, la cual había apoyado la solicitud.Finalmente, la resolución judicial dispuso que las autoridades carcelarias garanticen la comunicación de Báez con sus familiares según la normativa vigente. Asimismo, el tribunal autorizó que el condenado sea trasladado a un pabellón común -denominado con la letra “K”- dentro del penal de Ezeiza para iniciar su tratamiento penitenciario, dado que los médicos informaron que ya no requería internación continua en el área hospitalaria.

La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.El fallo del magistrado consideró que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria. NA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó  un planteo formulado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pretendía frenar las subastas de bienes de Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario Lázaro Báez, en el marco de su proceso de quiebra. Con esta resolución, el máximo tribunal dio luz verde para avanzar con la ejecución.El TOF N° 5, que tiene a cargo causas de peso como “La Rosadita” o la “Ruta del Dinero K”, había solicitado al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28 de CABA que lleva adelante el proceso de quiebra de Austral Construcciones, que se abstuviera de subastar determinados bienes de la empresa.Este pedido se fundamentó en la existencia de medidas cautelares sobre dichos activos, dispuestas en la causa penal con miras a un posible decomiso.Para comprender la magnitud del conflicto, resulta necesario recordar el contexto de la causa conocida como “La Rosadita”. Esta investigación indagó sobre la presunta intervención de Lázaro Báez y un conjunto de personas y empresas, englobadas bajo la denominación “Grupo Austral”, en una compleja operatoria de lavado de dinero. Según los elementos de la investigación, el dinero en cuestión provendría, presuntamente, de actos de fraude contra la administración pública perpetrados en la causa “Vialidad” o, alternativamente, de maniobras de evasión tributaria. En este marco, el TOF N° 5 tiene a su cargo la ejecución penal de las conductas vinculadas al “Grupo Austral” y sus integrantes. Por otro lado, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, subrogado por el juez Jorge Sícoli, tramita de forma paralela la quiebra de Austral Construcciones.La disputa surgió específicamente cuando el tribunal penal requirió al juez comercial que detuviera las subastas de bienes de la empresa de Báez. La razón expuesta fue la posibilidad de que estos activos fueran objeto de un eventual decomiso en la causa penal que llevaba adelante el TOF 5.Sin embargo, el juzgado comercial consideró que la solicitud resultaba improcedente. Esta postura generó el conflicto de competencia que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución.El máximo tribunal debía determinar si la causa penal, con su objetivo de recuperar activos ilícitos, merecía prevalecer sobre un proceso de quiebra comercial que busca satisfacer a los acreedores de una empresa en bancarrota.La Corte Suprema intervino para resolver este entramado de competencias que enfrentó a dos fueros judiciales. Para emitir su fallo, el máximo tribunal se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, cuyos fundamentos y conclusiones compartió íntegramente.En su resolución, firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, la Corte entendió que no existe ninguna norma que establezca una prioridad de la causa penal, en lo que respecta a la recuperación de bienes por lavado de activos, sobre un proceso de índole comercial donde la finalidad es la satisfacción de las deudas que la empresa mantiene con otros particulares. Con base en este razonamiento, la CSJN dio la razón al juez comercial y consideró improcedente el pedido que había realizado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.  La decisión de la Corte Suprema ratificó la postura de que los procesos penales y comerciales operan bajo marcos legales separados en lo que respecta a la disposición de bienes en situaciones de quiebra.Tras la resolución, la Corte Suprema dispuso la devolución de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. Esta medida permitió que el proceso de quiebra de Austral Construcciones S.A. continúe su curso bajo la órbita del juzgado comercial, incluyendo las subastas de bienes, sin la interrupción que buscaba la instancia penal.Tras el fallo de este martes, está previsto que la subasta continúe el próximo 25 de septiembre, cuando se escucharán las ofertas por un predio y un obrador ubicados sobre la Ruta 3, en Río Gallegos, además de vehículos y maquinaria pesada que, hasta ahora, estaban entre los lotes embargados en causas de corrupción.La base para los remates de las propiedades ronda los 2 millones de dólares. Cabe destacar que la mayoría de los vehículos se encuentran en malas condiciones y sin mantenimiento.El detalle de cada lote podrá observarse próximamente en la página web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encargará del trámite a través de la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaurés 545. Estarán en exhibición para los interesados el 19 y 20 de este mes, de 10 a 14. Infobae.

Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico unificaron en 15 años de prisión y pago de una multa de seis veces el monto de lavado de activos comprobado en la “ruta del dinero K” para Báez, quien está detenido en una cárcel en Río Gallegos, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.Al tomar esa decisión los jueces tuvieron “en consideración el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a US$54.800.000 cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses), como así también el dominio y disposición que aquél ejercía sobre esa masa dineraria, con la consecuente magnitud de afectación al bien jurídico protegido (orden económico y financiero), de lo que se deduce la extensión del disvalor de resultado y del contenido de injusto del suceso reprochado”.La defensa de Báez había pedido que cumpla seis años de cárcel, algo que fue rechazado. El empresario tiene condenas firmes a diez años de cárcel por lavado de activos y a seis por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que ahora quedaron unificadas en 15 años de prisión. El Tribunal dispuso efectuar el cómputo del tiempo que lleva detenido para calcular cuándo vencerá la pena. NA. 

Silvana Boschi - En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, al rechazar por mayoría los recursos de apelación planteados por los condenados, entre ellos, el empresario Lázaro Báez. Para resolverlo, debió sortear dos conjueces que se sumaron al tribunal. El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.El tribunal oral que intervino en el caso deberá resolver ahora cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. En el caso de Baéz, ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica.Esta causa puede ser un antecedente de peso para determinar qué decisión puede tomar la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, en la que está condenada a seis años de prisión Cristina Kirchner, junto a otros acusados. El resultado de ese fallo tendrá un impacto directo en las aspiraciones políticas de la expresidenta, ya que la impediría postularse como candidata a diputada si se confirma antes de agosto.En la Ruta del dinero K, los planteos que llegaron a estudio de la Corte se vinculan con la causa que investigó la presunta intervención de Lázaro Báez y un grupo de personas físicas y jurídicas ligado al Grupo Austral, en una operatoria considerada por la Justicia como lavado de activos. En diversas instancias judiciales, tanto el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Caba como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, consideraron que esas operatorias provenían o bien del fraude contra la administración pública o de la evasión tributaria.

Los implicadosEl 19 de mayo pasado, y ante la falta de tres votos coincidentes, la Corte Suprema tuvo que sortear dos conjueces, ya que carecía de mayoría para resolver. Resultaron designados para intervenir en esta causa los camaristas Mariano Lozano (de General Roca) y Ramón Luis González (de Corrientes). Tanto los conjueces sorteados, como Lorenzetti y Rosatti, decidieron dejar firmes las condenas de Casación mediante la desestimación de los planteos por aplicación del art. 280. En disidencia, el juez Rosenkrantz entendió que la causa debía remitirse a la Procuración General de la Nación.En relación con dichas conductas, el TOF 4 de CABA condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión; a Martín Báez a 9 años; a Leonardo Fariña a 5 años, reduciéndole la pena por haber cooperado con la investigación en carácter de “arrepentido”; a Daniel Pérez Gadín a ocho años; a Jorge Chueco a 8 años; a Julio Mendoza a 6 años; a Juan De Rasis a 6 años; a Fabián Rossi, Cesar Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zanzot a 5; a Federico Elaskar, Martín Eraso y Claudio Bustos a 4 años y 6 meses, y a Carlos Molinari a 4 años y 6 meses de prisión.La sentencia del TOF 4 fue confirmada parcialmente por la Sala IV de la Casación, que absolvió a Lázaro Báez por un hecho (la compra del campo en Mendoza) y a Molinari por otro, además de reducir las penas.Luego de este fallo, las penas que quedaron reducidas fueron las de Lázaro Báez (a 10 años de prisión), Martín Báez (a 6 años y 6 meses ), Fariña (a 3 años y 6 meses), Pérez Gadín y Chueco (a 6 años), Mendoza (a 5 años) y Rossi, Fernández y De Rasis (a 4 años y 6 meses de prisión).Contra la resolución de la Sala IV de Casación acudieron a la Corte en queja las defensas de Lázaro Báez y Martín Báez, de Chueco, de Fernández, de Mendoza, de Zanzot, de Bustos, de De Rasis, de Castro, de Rossi, de Molinari y de Pérez Gadín.Las partes acusadoras no impugnaron la decisión del tribunal intermedio, por la cual quedaron firmes las absoluciones de las dos hijas de Lázaro Báez, que habían sido condenadas por el TOF, pero desvinculadas por Casación.

Qué probó la JusticiaLa investigación se centró en distintas maniobras de lavado, independientes entre sí. La principal de ellas es la que el tribunal de juicio denominó: “circuito de expatriación y reingreso de fondos”, que alude a la maniobra consistente en el traslado del dinero de origen ilícito en efectivo, desde Santa Cruz a Buenos Aires, en aeronaves de la empresa de taxis aéreos, para luego transferirlo mediante la financiera SGI a cuentas bancarias en Uruguay y, desde allí, a cuentas en bancos suizos abiertas a nombre de empresas off shore constituidas en Panamá.Finalmente, los fondos habrían sido utilizados para adquirir bonos de la deuda pública nacional, posteriormente vendidos en la Argentina para completar la repatriación de los fondos. INfobae.

La Justicia dio a conocer los fundamentos de la condena contra Lázaro Báez y sus hijos en la causa conocida como �Sla ruta del dinero K⬝. Ratificaron que la fortuna que hizo el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa de �SVialidad⬝. 

También tuvieron en cuenta las causas de evasión donde Báez está siendo investigado. Todos los detalles figuran en un extenso escrito, de más de 3000 páginas. Allí, todo fue confirmado por los jueces que conformaron la mayoría, Néstor Costabel, Adriana Palliotti. 

Según los jueces de la mayoría, �Sesos fondos se originaron principalmente a través de una de esas dos fuentes: concretamente, desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal 2, en la mentada causa Vialidad⬝. 

En ese expediente, la vicepresidenta Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita que se habría dedicado a defraudar al Estado al direccionar 51 licitaciones a favor de Báez, por 46.000 millones de pesos.

El fallo tiene párrafos muy duros, con alusiones directas a la corrupción del gobierno de los Kirchner. Para los jueces, �SLázaro Báez optó por generar su propia usina de lavado de dinero, del modo en que lo hizo y se ha probado, puesto que habría de recibir flujos millonarios ilícitos como un integrante más de la matriz de corrupción estatal y corporativa montada para la asignación fraudulenta de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz⬝. Por su parte, la jueza Gabriela López Iníguez tomó en cuenta solo el delito tributario de las facturas truchas. Dijo que la causa �SVialidad⬝ no sólo no se puede considerar ilícito precedente sino que además �Snos enfrenta a la dificultad jurídica que se deriva de la presunción constitucional de inocencia⬝.

Sobre el patrimonio, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo �SEl Carrizalejo⬝, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones. Siguiendo el voto mayoritario, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal.

�SSe han reunido múltiples probanzas testificales y documentales que han permitido reconstruir eventos trascendentales que acreditan de forma inmediata, con plena certidumbre y más allá de toda duda razonable las maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la organización criminal orquestada y dirigida por Lázaro Antonio Báez⬝, dijeron los jueces de la mayoría sobre la condena. Sostienen que se desarrolló un plan de lavado sofisticado y profesional, considerado una maniobra global con tintes de delito trasnacional. 

La �SRuta del Dinero K⬝ es una investigación que se inició en abril de 2013. Estaban a cargo el entonces juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Surgió de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) conducido por Jorge Lanata.

El informe apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina. Por ese entonces, Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. La investigación, con videos incluidos que vio todo el país, generó una polémica nacional e internacional en torno al lavado de dinero.

Guillermo Marijuan, fiscal general, aseguró: �SPara que la gente lo entienda, nosotros sostuvimos que a propósito del sobreprecio de la obra pública, una gran cantidad de dinero se transformó en divisas, y se justificaron los balances de la empresa de uno de los acusados con facturas irregulares; ese dinero transformado en divisas, se empleó para hacer distintos actos que permitieran que la plata volviese a su patrimonio, de forma lícita⬝.

Por otra parte, Marijuan declaró: �SHay que esperar los fundamentos del fallo, a ver cuál fue el delito precedente que se tuvo como tal para llegar a la condena⬝.

Por último, el fiscal aseguró que �Sdestaco el trabajo del periodismo de investigación que aportó pruebas importantes para el proceso⬝.

Lázaro Báez recibió la prisión domiciliara que pedía hacía varios meses sin pagar un solo peso. Fijó domicilio en el country "Ayres del Pilar" pero los vecinos hicieron una protesta muy fuerte y no lo dejaron entrar al country. A sus abogados, Juan Martín Villanueva y Elizabeth Gasaro, les tiraron huevos cuando llegaron. Insisten en que �Stiene derecho a estar en libertad⬝ y a cumplir la prisión domiciliaria en su casa, ya que la preventiva se encuentra vencida.

    El Tribunal Oral Federal 4 le concedió anoche el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez, tal cual lo marcó horas antes la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras más de cuatro años preso, el empresario saldrá de la cárcel de Ezeiza sin pagar la fianza que el TOF 4 le había impuesto como condición para acceder al arresto domiciliario.

A partir de este momento el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) será el que determine la situación, informando si Báez podrá dirigirse al domicilio fijado con la morigeración de su arresto, o si esperan a que pague la fianza fijada para que se haga efectiva su plena libertad. La Cámara de Casación había ordenado previamente bajar la fianza que le habían fijado al empresario K, y citó en aquella oportunidad una serie de aspectos que debían contemplarse sobre la situación judicial de Báez: en dos causas por lavado conexas con �Sla ruta del dinero K⬝, Báez cuenta con una excarcelación firme y también con una prisión domiciliaria firme -desde marzo de este año- �Sque fuera concedida al imputado por razones de salud y por el prolongado tiempo que lleva detenido en prisión preventiva -4 años y 4 meses en prisión preventiva⬝.

Lázaro Báez informó hace un tiempo como domicilio una de sus 1.214 propiedades. Es una casa en un barrio privado de Pilar, escriturada a nombre de Badial SA -una de sus empresas investigadas-. La casa tiene, entre otras comodidades, pileta climatizada, y tiene una valuación estimada en los U$S 500.000.

Este lunes por la mañana, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado, pero faltaba la autorización del Tribunal que lo enjuicia por las maniobras llevadas a cabo en la financiera SGI, conocida como �SLa Rosadita⬝. Ahora, se podrá hacer efectiva la salida de Ezeiza de Báez, que está preso con prisión preventiva desde abril de 2016.