Por Iago Vieyra - La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al ex diputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero. Lo acusaron por la recepción de 200.000 dólares de parte del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado y condenado en los Estados Unidos, a través de un contrato de consultoría presuntamente falso con la compañía guatemalteca Minas del Pueblo.El juez federal Lino Mirabelli ordenó la prohibición de salida del país para el exfuncionario libertario. También le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos.El contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, también fue procesado y embargado por 700 millones de pesos, al igual que la empresa Varianza SA, que enfrenta un embargo de 500 millones, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez.De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la génesis del caso data del 22 de enero de 2020. En aquella fecha, una cuenta bancaria radicada en el exterior a nombre de Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones utilizadas por la organización delictiva liderada por “Fred” Machado.

Para justificar el ingreso de los 200.000 dólares, Espert suscribió un convenio de prestación de servicios con la firma Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El contrato se fechó el 7 de junio de 2019 y estipuló honorarios totales por 1.000.000 de dólares a cambio de asesoramiento financiero y planes de crecimiento empresarial.Sin embargo, la fiscalía reunió pruebas que contradicen la veracidad de este vínculo comercial. Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que Espert nunca viajó a Guatemala para la firma del acuerdo ni para inspeccionar los yacimientos. Además, Machado estuvo en Argentina durante los días en que supuestamente se rubricó el papel en el país centroamericano.Asimismo, los investigadores señalaron que el legislador carecía de antecedentes y de equipos profesionales para realizar tareas de ingeniería y geología minera, disciplinas ajenas a su especialidad en macroeconomía.

La fiscalía reconstruyó el circuito del dinero a través de los documentos digitales secuestrados en los dispositivos del contador Cosentino y de otros asesores. Tras recibir los fondos en una cuenta no declarada del banco Morgan Stanley, Espert ordenó dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia su cuenta local del banco BBVA.Una parte se destinó a la adquisición de un BMW M240i. Posteriormente, en 2024, el imputado vendió dicho vehículo y adquirió una camioneta Lexus de alta gama por un valor de casi 130.000 dólares. Para esta última operación, se realizó un depósito en efectivo de 88 millones de pesos en una sucursal bancaria de Martínez, según lo que se desprende del expediente.La detención de Machado en abril de 2021 precipitó una serie de encuentros entre Espert y sus asesores contables, de acuerdo a lo establecido por la fiscalía. Los chats de WhatsApp y los archivos hallados en las computadoras evidenciaron que el equipo de Espert analizó diversas alternativas para afrontar el vencimiento de las declaraciones juradas impositivas.Entre las opciones evaluadas, analizaron justificar los fondos como una indemnización por rescisión contractual o, finalmente, la decisión de “no mostrar nada” ante la entonces AFIP para evitar el impacto político en la campaña electoral de aquel año.La acusación del fiscal Domínguez remarcó que Espert omitió declarar la cuenta del Morgan Stanley y el saldo remanente de más de 118.000 dólares ante el fisco. En su lugar, los acusados habrían utilizado a la firma Varianza S.A. como una estructura inactiva para simular ingresos profesionales legítimos y justificar el nivel de consumo del economista. La sociedad, constituida por el exdiputado y su cónyuge, solo emitió tres facturas en toda su existencia, de las cuales una fue dirigida al propio Espert.

Respecto al contador Cosentino, el fiscal consideró que su participación resultó indispensable para la etapa de integración de los activos: confeccionó las certificaciones de origen de fondos necesarias para las compras de los vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario en 2025, consolidando de este modo la circulación de los recursos bajo sospecha en el mercado formal.A fines de la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín convalidó la investigación y rechazó un planteo de la defensa de Espert para recusar al fiscal Domínguez. La Sala II de ese tribunal revisará el procesamiento del exlegislador, que podrá apelarlo en los próximos días.En agosto, José Luis Espert había presentado un escrito de 65 páginas para pedir su sobreseimiento. Alegó que el propio dictamen del fiscal Domínguez utiliza el término “presuntamente” para referirse al origen de los 200.000 dólares, por lo que concluyó que “sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”.Por otro lado, Espert rechazó la idea de que supiera con quién trataba cuando cobró el dinero. Su respuesta fue que en 2019 y 2020 “no lo sabía nadie”, porque en ese momento no existía “una sola alerta, causa o reporte” sobre Machado.En cuanto al empresario, cabe recordar que permanece detenido en Texas, luego de declararse culpable ante el Tribunal Federal en el Distrito Este por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. Acordó con la Justicia una condena por esos delitos a cambio de que le retiren los cargos por narcotráfico. Infobae.

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial. Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIFEl CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

La financiera “Sur Finanzas”, una entidad a la que el mundo del fútbol estima ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sería denunciada en las próximas horas ante la Justicia por presuntas maniobras de evasión durante los últimos tres años, por una cifra que algunas fuentes señalan superior a los 3.300 millones de pesos.Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentina la financiera -cuya presidenta es Graciela Vallejo y su vicepresidente es Maximiliano Ariel Vallejo- estaría siendo investigada desde hace meses por la Dirección General Impositiva (DGI) por maniobras relacionadas con evasión del denominado “impuesto al cheque”.Sin perjuicio de esto, otras fuentes judiciales mencionan un trabajo investigativo de la Regional Sur de la entidad de control impositivo, que atribuye a Sur Finanzas haber armado un entramado destinado a presunto lavado de activos, que podría ascender a 818.000 millones de pesos.La financiera fue fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Lomas de Zamora, y durante la gestión de Tapia en la AFA tuvo un rol como anunciante, primero, y como otorgante de préstamos de distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de primera división.En 2022 la firma se creó con la denominación de Neblockchain S.A., pero sus actividades más intensas tomaron forma a fines de 2023, en torno a la gestión de criptomonedas y billetera virtual, hasta que en agosto de 2024 modifica su nombre para denominarse con el actual de Sur Finanzas.Maximiliano Vallejo publica habitualmente en sus redes sociales fotos junto a Tapia, mientras Sur Finanzas logró que en los últimos tiempos el Torneo de la Liga Profesional de la AFA se llame “Copa Sur Finanzas”.Asimismo, actuó como sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda; y colocó importante publicidad en el Club de Tapia, Barracas Central, y en otros equipos. NA.

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, según confirmó el diario La Nación, en el marco de la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois.

Esta investigación está vinculada con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y que, ahora, Estados Unidos le reclama a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. NA.