Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial. Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIFEl CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

La financiera “Sur Finanzas”, una entidad a la que el mundo del fútbol estima ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sería denunciada en las próximas horas ante la Justicia por presuntas maniobras de evasión durante los últimos tres años, por una cifra que algunas fuentes señalan superior a los 3.300 millones de pesos.Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentina la financiera -cuya presidenta es Graciela Vallejo y su vicepresidente es Maximiliano Ariel Vallejo- estaría siendo investigada desde hace meses por la Dirección General Impositiva (DGI) por maniobras relacionadas con evasión del denominado “impuesto al cheque”.Sin perjuicio de esto, otras fuentes judiciales mencionan un trabajo investigativo de la Regional Sur de la entidad de control impositivo, que atribuye a Sur Finanzas haber armado un entramado destinado a presunto lavado de activos, que podría ascender a 818.000 millones de pesos.La financiera fue fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Lomas de Zamora, y durante la gestión de Tapia en la AFA tuvo un rol como anunciante, primero, y como otorgante de préstamos de distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de primera división.En 2022 la firma se creó con la denominación de Neblockchain S.A., pero sus actividades más intensas tomaron forma a fines de 2023, en torno a la gestión de criptomonedas y billetera virtual, hasta que en agosto de 2024 modifica su nombre para denominarse con el actual de Sur Finanzas.Maximiliano Vallejo publica habitualmente en sus redes sociales fotos junto a Tapia, mientras Sur Finanzas logró que en los últimos tiempos el Torneo de la Liga Profesional de la AFA se llame “Copa Sur Finanzas”.Asimismo, actuó como sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda; y colocó importante publicidad en el Club de Tapia, Barracas Central, y en otros equipos. NA.

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, según confirmó el diario La Nación, en el marco de la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois.

Esta investigación está vinculada con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y que, ahora, Estados Unidos le reclama a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. NA.