En el encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos del STJ, se abordó en detalle y singularmente la situación laboral de cada uno de los jueces y juezas y coincidió en la necesidad de resolverlas con urgencia. Se dialogó además sobre las múltiples tareas que desde los Juzgados de Paz se desarrollan en la comunidad, muchas de las cuales exceden las establecidas por su competencia específica pero a las que no se puede ser indiferente.

“Fortalecer los Juzgados de Paz es sensibilizar en derechos. Es la primer puerta a la que recurren los vecinos”, dijo Susana Medina durante la reunión en la que se analizó, por cada localidad representada, la realidad que se afronta en la labor diaria; la relación con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el mapa de casos que se tratan como el incremento del bullying y el consumo de estupefacientes.

Estuvieron presentes la jueza de Paz de Chajarí, Vanesa Pelayo, que aguarda la titularidad en el cargo desde hace 2 años y 11 meses; el juez de Paz de Concordia, Enrique Stempels; desde hace 4 años y 10 meses; el juez de Paz de Santa Elena; Guillermo Vega; que espera la designación en el cargo como titular desde hace 4 años y 9 meses.

Participaron además, la jueza de Paz de Caseros, Margarita Nery, que ejerce, sin poder alcanzar la titularidad, desde hace un año; el juez de Paz de Victoria, Carlos Pacher; que aguarda su nombramiento como titular desde hace un año; el juez de Paz de San José de Feliciano; Juan José Cian; desde hace 5 años y los jueces de Paz de Estancia Grande, Diego Dubra y de Gualeguay; Federico Antola, que llevan 3 años y 3 meses y 2 años y 10 meses, respectivamente, sin titularizar.

Una vez firmada el Acta de Replanteo, la contratista dispondrá de 150 días corridos para ejecutar los trabajos, por el que cotizó 132.773.756,40 pesos. Ese importe representó un 18,45 por ciento más de lo previsto en el presupuesto oficial (112.085.270,72 pesos).

La adjudicación fue dispuesta mediante la Resolución Nº 159/22, fechada el 13 de septiembre pasado, a través de la cual el STJER también desestimó la oferta presentada por la firma Empresa Constructora Ing. Ángel L. Moia.

La razón fue que la oferente que participó de la Licitación Pública Nº 12/22 no propuso un sistema de marca registrada de construcciones modulares. A lo que sumó la falta de referencias de trabajos similares, no ajustándose así al Pliego General de Condiciones previsto para la convocatoria.

Tras hacer lugar al mayor costo respecto del presupuesto oficial, el STJER autorizó a la Contaduría del Poder Judicial a solicitar a la Contaduría General de la provincia esa suma -20.668.485,68 pesos- para el inicio del ejercicio 2023.