La reforma apunta a resolver una problemática concreta que afecta a los gobiernos locales más pequeños: la imposibilidad de contar con un juzgado de faltas propio por razones "de estructura administrativa, económica y financiera", según reza el texto de la iniciativa. En esos casos, el proyecto propone que el presidente municipal pueda asumir transitoriamente esa función, siempre que garantice "el derecho de defensa del imputado y el debido proceso".

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación expresa de las comunas como sujetos habilitados para suscribir convenios de asociación, algo que la legislación vigente no contempla. Según los fundamentos de la norma, esta omisión genera "la ausencia en las jurisdicciones más pequeñas" de mecanismos de control administrativo, "especialmente en aquellas comunas que carecen de estructura, pero que deben ejercer su poder de policía para verificar el cumplimiento de las normas dictadas".

El esquema que plantea la iniciativa es flexible: no impone un modelo de vinculación obligatoria sino que ofrece un "marco jurídico cooperativo", en el que cada jurisdicción puede acordar, bajo sus propios criterios, la competencia territorial del juzgado interviniente, el procedimiento aplicable, el régimen de impugnación de las sanciones y el financiamiento compartido. Todos los convenios deberán ser ratificados por los Concejos Deliberantes de los municipios y los Consejos Comunales involucrados, lo que garantiza el control de los órganos deliberativos sobre el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado.

Los autores del proyecto sostienen que la reforma "se inscribe y resulta coherente con el modelo constitucional entrerriano de autonomía local con cooperación interjurisdiccional", amparado en los artículos 231, 232 y 255 de la Constitución Provincial, que promueven la asociación entre municipios y comunas "para la atención de intereses comunes, sin alterar el contenido esencial de dicha autonomía".

Firman el proyecto como coautores los diputados Silvio Martín Gallay, Mauro Godein, Rubén Rastelli, María Elena Romero y Érica Vilma Vázquez, todos integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos.

 �SNosotros nos anoticiamos por redes sociales, pero tenemos un rol que nos obliga a exigir las responsabilidad de los ciudadanos y por supuesto exigir también la responsabilidad de los partidos políticos.

����En ese sentido -agregó- a raíz de esto que salió en diferentes medios es que instamos al presidente del Concejo Deliberante que nos remita las actuaciones y todo lo demás que presentamos como bloque y que esto pase al Juzgado de faltas porque sabemos que acabamos de sancionar una normativa que estaba vigente respecto a reuniones sociales haciendo un mayor hincapié en fiestas clandestinas, pero también trata de reuniones sociales o este tipo de actividades y todo lo que implique violaciones a las medidas nacionales y a los protocolos y entendemos que ahí está la disyuntiva⬝, indicó el edil.  �SPor lo que entiendo -continuó- y lo que publicó el Partido Justicialista de Concordia en su página oficial, difundieron que hubo una convocatoria para un tema puntual en el cual participó el presidente del Partido Justicialista y creemos que mínimamente la gente que ingresó habrá estado convocada a la reunión y obviamente hubo mucha gente. Lo que desconocemos es si hicieron algún tipo de pedido o autorización al municipio o a la justicia -dijo- cosa que no creo, y es lo que debería ser motivo de investigación de la justicia de paz o de los jueces de paz que tendrán que aplicar la sanción correspondiente⬝, exigió el concejal.  Al referirse a la sanción expresó: �SPodría llegar a una carga económica que tiene muchas consideraciones al respecto, el espacio, las características, si se cumplía o no con las medidas y se debería labrar un acta en base a una actividad que ya ocurrió. Se deberá determinar la cantidad de gente, el espacio ocupado y después sí ver cuál es la sanción económica, pero también implicaría la clausura del lugar y un montón y demás consideraciones que se deberán determinar.

 �SEl pedido que nosotros hicimos al Concejo es para aunque se manifieste como órgano legislativo y como órgano político y que se sume a esta requisitoria, que desconocemos si ya lo hizo y también desconocemos si ya hicieron pedido de lo mismo otros partidos políticos⬝, explicó el concejal.  Cuando se lo consultó respecto a si había escuchado otras voces en contra de la reunión realizada, sostuvo: �SEn concreto el Presidente del bloque justicialista expresó que no avalaban este tipo de reuniones que van en contra de las normativas. No se unió a la nota que nosotros presentamos -aseguró- pero tampoco todos los concejales se manifestaron y es algo que se deberá ver en los próximos días; pero en ese sentido soy cauto porque quiero ser claro⬝, expresó Dell�"Olio.

 �SEl COES lo que debería hacer -prosiguió- es informar la situación y el que debería empezar una investigación de oficio sería el juzgado de faltas. Todo esto transcurrió durante el fin de semana y estamos a la espera del juzgado, a ver si toma cartas en el asunto. Pero nos enteraremos en los próximos días si hubo algo al respecto⬝, finalizó.

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Allí se deben completar los datos de quien solicita el turno (ya sea tanto si se trata de una Persona Jurídica, o una Persona Física), y el sistema automáticamente otorga un Turno que el usuario debe elegir la fecha y horario más conveniente.