La media fue adoptada considerando que el jueves 26 de mayo, pasadas las 9, se produjeron vibraciones de aparente considerable magnitud en el edificio del Poder Judicial ubicado en calle Mitre N° 26/28 cuyas causas deben ser establecidas. A raíz de ello, la Superintendencia local requirió a la Dirección de Arquitectura Judicial la presencia de sus profesionales a fin de evaluar el estado del edificio, elevando idéntica petición formulada por la filial Concordia de la Asociación de Empleados Judiciales. 

Atento a ello, resulta necesario comisionar a la Dirección de Arquitectura Judicial a fin de que verifique el estado del edificio, y eleve de manera urgente un Informe Técnico con las conclusiones correspondiente, comisión que deberá llevarse a cabo el día lunes próximo desde primera hora de la mañana.  

Sin perjuicio de disponer la elaboración de un exhaustivo diagnóstico técnico, es necesario disponer preventivamente el cierre del inmueble y la prohibición de ingreso de personas a partir de la notificación de la presente, ya sea público en general, integrantes de la Magistratura, del Funcionariado y de la Planta de Personal.  

No obstante, las medidas que en tal sentido se adopten, se advierte que en dicho edificio funcionan organismos cuyo servicio es transversal a todos los organismos judiciales -Informática, Médico Forense- por lo que desde la Superintendencia de la Jurisdicción Concordia se deberá asegurar la continuidad de estos de la manera más conveniente. 

La norma contempla la adhesión de la provincia a las leyes nacionales 27.372 y 27.375, la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas con asiento en Concordia (que se suma al de Paraná y el de Gualeguaychú) y cuestiones de procedimiento relacionadas con las competencias que tiene el juez.

El proyecto dispone que el magistrado �Sdebe autorizar las salidas transitorias de los internos, la semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, previa realización de un informe por parte del Equipo Técnico del Juzgado, el que debe resultar favorable para su concesión, caso contrario se deberá garantizar la realización de un nuevo informe en las condiciones que fije la reglamentación para la concesión del beneficio⬝, había explicado en su momento el entonces presidente de la Comisión de Legislación General de Diputados, Diego Lara.

El tema tomó trascendencia tras el feminicidio de Micaela García en manos de Sebastián Wagner, quien había sido liberado por el cuestionado juez Carlos Rossi.

La Cámara de Diputados aprobó en julio el proyecto, que finalmente fue sancionado el 22 de diciembre por el Senado en sesión de prórroga. En esa oportunidad los senadores informantes destacaron la posibilidad de �Sreordenar las competencias y darle mejor tratamiento a las causas⬝, así como también la posibilidad de �Sincluir la oralidad, tanto presencial como virtual, en el proceso de ejecución⬝ lo que permitirá �Sgarantizar la celeridad, inmediatez y transparencia⬝.

La ley Nº 10866, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.