Será con el objetivo de fortalecer las políticas de acceso a justicia y promover una mayor cercanía con la ciudadanía, facilitando el acceso a información, orientación y asesoramiento sobre distintos trámites y servicios judiciales, especialmente para aquellas personas que enfrentan dificultades para concurrir a las sedes de los tribunales.

Participarán juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores, juezas y jueces de Paz, profesionales de los equipos interdisciplinario e, integrantes del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) y del Dispositivo de Referentes de Cuidado y del Centro Judicial de Género. Asimismo, según la modalidad prevista en cada jurisdicción, acompañarán la actividad personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del Instituto Provincial de Discapacidad (IproDi) y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Los puntos de atención confirmados son los siguientes:-Alcaraz: Dpto. La Paz: Esc. NINA n.º 22 Chacabuco, de 9 a 12h.-Cerrito: Dpto. Paraná: Esc. Primaria n.º 38 Mariano Necochea, de 9 a 11h.-Colonia Federal: Dpto. Federal: Esc. Secundaria n.º 2 Florencio Molina Campos ubicada en Ruta 5 en la intersección de Ruta 20, de 9 a 12h.-Colonia La Argentina: Dpto. Federación: Sede Comunal-Comuna de Gualeguaycito, de 10 a 12h.-Colonia La Perla: Dpto. San Salvador: E.E.A.T. n.º 155 Jose Hernández, de 9 a 12h.-Colonia San Anselmo: Dpto. Colón: Junta de Gobierno, de 9 a 11h.-Colonia San Carlos: Dpto. La Paz: Esc. Agrotécnica n.º 15 Manuel Antequeda, de 9 a 12h.-Comuna La Verbena: Dpto. Feliciano: Centro de Salud, de 10 a 12h.-Concordia: Volando Alto ONG- Barrio Benito Legerén, de 10 a 12h..Durazno: Dpto. Tala: Esc. n.º 8 Provincia de Entre Ríos, de 9 a 12h.-Gualeguay: Hospital San Antonio, de 9 a 12h.-Gualeguaychú: Escuela n.º 94 Francisco Ramírez, de 9 a 11h.-Hasenkamp: Dpto. Paraná: Instituto Secundario Mariano Moreno (sito en 25 de mayo 637), de 10 a 12h.-Hernández: Dpto. Nogoyá: Centro Cultural Flora Muller, de 9.30 a 12h.-Irazusta: Dpto. Gualeguaychú: Salón Comunal, de 9 a 12h.-La Piragua: Dpto. Paraná: Esc. Primaria n.º 35 Francisco Ramírez, de 9 a 12h.-Las Cuevas: Dpto. Diamante: Centro Integrador Comunitario, de 9 a 12h.-Los Conquistadores: Dpto. Chajarí: Sede del Registro Civil, de 9 a 12h.-María Grande: Dpto. Paraná: Biblioteca Popular, Barrio Barzola, de 9 a 12h.-Paraje Estación Libertador San Martín (ejido Ibicuy), Dpto. Islas del Ibicuy , de 9 a 12h.-Paraná: Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI), calle Juan Báez, entre Selva de Montiel y José María Paz-Barrio Humedales del Oeste (Conocido como 500 viviendas).-Paso de la Laguna: Dpto. Villaguay: Salón Comunal, de 9 a 12h.-Santa Anita: Dpto. Uruguay: Salón Centenario, de 9 a 12h.-Santa Elena: Dpto. La Paz: Esc. Secundaria n.º 14 Maipú, de 10 a 11h.-Sauce Sur: Dpto. Tala: Ruta n.º 15, de 9 a 12h-Tabossi: Dpto. Paraná: Centro Cultural Municipal Intendente Néstor Daniel Topo Landra, de 9 a 11h.-Urdinarrain: Dpto. Gualeguaychú: Centro de Salud, de 9 a 12h.-Victoria: Esc. N.º 48 Nicolás Avellaneda, de 10 a 12h.-Villa Mantero: Dpto. Uruguay: Salón del HCD- Municipalidad, de 9 a 12h.

 Estados Unidos imputó al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, en una escalada sin precedentes de la presión de la administración Trump contra el régimen comunista de la isla.El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos —asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves— ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. El fiscal general interino Todd Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio.“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Blanche según documentos judiciales.El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate —organización de pilotos exiliados con base en Miami que auxiliaba a balseros cubanos— sobre el estrecho de Florida. Las cuatro personas a bordo fallecieron: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y el residente legal Pablo Morales. Un tercer aparato, en el que viajaba el líder del grupo, José Basulto, logró escapar.La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la postura de La Habana, que alegó que las aeronaves habían ingresado a su espacio aéreo y calificó a los aviadores de “terroristas”. Fidel Castro sostuvo en su momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes” y negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para disparar.Castro, que cumplirá 95 años el próximo mes, ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) al momento del incidente, lo que lo sitúa en la cúspide de la cadena de mando. La acusación formal también incluye a otros cinco militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.Los anuncios se produjeron el 20 de mayo, fecha en que fue declarada la República de Cuba en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense. La comunidad cubanoamericana de Miami se congregó frente a la Torre de la Libertad para la ceremonia oficial. “Todos esperamos durante mucho tiempo, durante muchos años, que esto sucediera”, declaró Bobby Ramírez, un músico de 62 años que abandonó Cuba en 1971.El dictador cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó en X afirmando que esa fecha significa “intervención, injerencia, despojo, frustración” en la historia de la isla. El régimen comunista prioriza en su narrativa otras fechas, como el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, argumentando que tras 1902 la isla permaneció bajo dominio de facto de Washington a causa de la Enmienda Platt.Horas antes del anuncio judicial, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje en video dirigido al pueblo cubano en el que ofreció “una nueva relación” con Washington y prometió USD 100 millones en alimentos y medicinas, a distribuir directamente a través de la Iglesia Católica u organizaciones caritativas. Rubio, de origen cubano, responsabilizó al liderazgo de la isla por la crisis energética que obliga a los cubanos a sobrevivir hasta 22 horas diarias sin electricidad.“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó el secretario de Estado. Señaló además que Raúl Castro fundó hace tres décadas el conglomerado empresarial militar GAESA, que según Rubio genera ingresos tres veces superiores al presupuesto del régimen cubano actual y opera como “un Estado dentro del Estado”.El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó a Rubio de “vocero de intereses corruptos y revanchistas”, aunque no descartó aceptar la ayuda. “Sigue hablando de una ayuda de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo es evidente para cualquiera ante el efecto devastador del bloqueo económico”, escribió Rodríguez en X.La imputación se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra Cuba. El presidente firmó el 29 de enero un decreto que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, lo que derivó en un bloqueo de facto que dejó al país sin combustible para sus centrales eléctricas. La Habana reconoció que ya no cuenta con reservas para cubrir las necesidades cotidianas.El lunes previo al anuncio, el Departamento del Tesoro incluyó en listas negras a los ministros cubanos de Justicia, Energía y Comunicaciones, a varios altos mandos militares y a toda la agencia de inteligencia de la isla. Díaz-Canel y Castro ya enfrentaban restricciones de viaje por sanciones anteriores.El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó recientemente La Habana y advirtió a sus interlocutores cubanos que Trump debía ser tomado en serio, citando el caso venezolano. La captura en enero del dictador venezolano Nicolás Maduro —aliado fundamental de Cuba— profundizó aún más la crisis económica y humanitaria de la isla. Trump amenazó en marzo con que Cuba “es la siguiente” tras Venezuela, mientras Díaz-Canel advirtió que cualquier acción militar estadounidense provocaría un “baño de sangre”.Las autoridades estadounidenses no precisaron cómo ejecutarían una eventual operación para capturar a Castro ni cuántos años de prisión implicaría una condena máxima. El exmandatario apareció en público en Cuba a principios de mayo y no hay indicios de que haya abandonado la isla ni de que el régimen permita su extradición. Infobae.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, brindó explicaciones ante la Justicia y alegó un “reordenamiento estructural”.La versión del Ejecutivo indicó que las demoras en los pagos responden a los tiempos naturales del proceso que lleva corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.Por otro lado, está la transferencia administrativa: el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos.Por último, sostuvieron que las demoras no implicarían reducción de cobertura ni desatención, sino que estarían en “pleno proceso de regularización”. A esto se suma el argumento central que usó el Poder Ejecutivo Nacional desde el inicio del conflicto, y que la cautelar reseña en sus antecedentes. Tanto el Decreto 534/25 como el Decreto 681/2025 fundaron la observación primero y la suspensión después en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, condicionando la ejecución de la ley a que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento.Entre sus fundamentos para dictar la cautelar, el juez Vaca Narvaja contrastó los argumentos oficiales con una serie de hechos fácticos como facturas impagas, intereses millonarios pagados al fisco por los prestadores, tratamientos suspendidos y medicamentos sin entregar durante tres meses.Las explicaciones técnicas sobre reordenamientos y transferencias no resultaron válidas para el criterio del magistrado.La resolución judicial destacó que los atrasos en los pagos podrían generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, lo que pondría en riesgo la salud de las personas involucradas. El peligro en la demora se fundamentó en la naturaleza de los derechos en juego, ya que la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

La Justicia dictó este viernes una cautelar interina y ordenó al Gobierno nacional, y en particular al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El fallo llega luego de que miembros del Ministerio Público Fiscal advirtieran sobre la falta de recursos para llevar a cabo tareas periciales en las causas por apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Las partidas asignadas para el 2026 representan apenas el 55,96% de lo solicitado por el organismo.El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, sostuvo que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó los alcances de la ley 26.548, que entre otros puntos exige asegurar que sus tareas se desarrollen “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.

La sentencia llega luego de una presentación realizada por Pablo Parenti, Fiscal General de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado; por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a raíz de una comunicación de la Directora del BNDG, quien advirtió que el organismo se encuentra en una situación crítica.

Los fiscales aseguraron que la falta de recursos “impacta de manera directa en la posibilidad de los tribunales de avanzar en la resolución de dichas causas” y consideraron “imprescindible remediarlo de inmediato”. La omisión del Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, representa “un peligro cierto de perder la pericia esencial en los casos de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado”.

Según se indicó, el Presupuesto 2026 aprobado para el año en curso incorporó apenas el 55,96% del monto solicitado por el organismo “lo que resulta insuficiente” para hacer frente a las necesidades del BNDG.

El fallo de la Justicia contra el GobiernoEl fallo de Ramos Padilla, fechado el 14 de mayo, remarca que el BNDG cumple una función “esencial e irremplazable” en causas de lesa humanidad, al ser el organismo oficial encargado de producir las pericias genéticas necesarias para identificar hijos e hijas de personas desaparecidas. Además, destacó que los estudios realizados por el BNDG permitieron históricamente restituir identidades apropiadas durante el terrorismo de Estado.Ante la gravedad de la situación, Ramos Padilla le ordenó a Adorni, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que disponga “de manera inmediata” las asignaciones presupuestarias para garantizar “el adecuado funcionamiento” del BNDG, como también la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, insumos críticos y “toda otra medida necesaria para que pueda cumplir en tiempo y forma con sus cometidos institucionales y con los requerimientos judiciales actualmente vigentes”.

La reunión fue encabezada por la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, junto a integrantes de la Comisión Directiva. Por parte del Ministerio de Justicia participaron, además, el jefe de Gabinete, Esteban Mahíquez, y responsables de distintas áreas.

En representación de JUFEJUS estuvieron presentes el vicepresidente Sergio Fabián Vittar; los secretarios Adriana García Nieto y Santiago Otamendi; los vicepresidentes regionales Germán Carlomagno (presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos) y Eduardo Allende; y los presidentes de REFLEJAR e IFITEJ, María del Carmen Battaini y Mario Adaro.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el carácter productivo del diálogo, en el que se acordó dar continuidad a líneas de trabajo conjuntas y avanzar en nuevas iniciativas vinculadas al acceso a justicia, derechos humanos, política criminal, capacitación y tecnología.

Asimismo, desde el Ministerio se ratificó el acompañamiento institucional y el apoyo económico para garantizar la continuidad del programa Bus Federal, así como el compromiso de fortalecer el área de asistencia a las provincias.

También, se analizaron desafíos y dificultades vinculadas a la implementación del nuevo régimen penal juvenil y a las competencias en materia de narcotráfico en provincias desfederalizadas, entre otros temas de interés común.

La Justicia corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un viaje al Caribe el 29 de diciembre de 2024 junto a su familia, en un vuelo de la empresa LATAM y en clase ejecutiva. El regreso se concretó en los primeros días de 2025. El dato surgió en el marco de una investigación judicial en curso.

La información toma relevancia en un contexto donde el propio funcionario había manifestado públicamente que el presidente Javier Milei había solicitado a sus colaboradores mantener criterios de austeridad en los gastos personales.

En paralelo, Adorni es objeto de una causa que analiza su evolución patrimonial, con foco en operaciones inmobiliarias realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

Como parte de esa investigación, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, con el objetivo de acceder a información sobre movimientos financieros, consumos y cuentas, y contrastarlos con las declaraciones juradas presentadas.

Además, el fiscal interviniente avanzó con nuevas medidas, entre ellas la citación de testigos, en un intento por reconstruir el circuito de diversas operaciones bajo análisis. Una de las principales observaciones está puesta en la adquisición de un departamento en Caballito, cuya forma de financiación generó interrogantes y derivó en nuevas líneas de investigación.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado presenta una serie de propuestas que articulan arte, memoria y reflexión colectiva. Las iniciativas —que incluyen una instalación sonora, una muestra histórica y una exposición de arte contemporáneo— proponen distintas formas de habitar el pasado reciente y pensar su vigencia en el presente democrático.

Una de las experiencias centrales es Los Presentes, del artista Nicolás Varchausky, una instalación performática en la que un piano híbrido traduce en sonido los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado inscriptos en el Monumento. A partir de un sistema que asigna una nota a cada letra, la obra convierte la nómina en una partitura en constante ejecución. Durante varios días, el instrumento reproduce de manera continua esta secuencia, replicando el orden original de los nombres —por año y alfabéticamente— y expandiéndolos al plano audible. Hacia el final de cada jornada, pianistas en vivo reemplazan al dispositivo, intensificando la dimensión humana de la obra.

La propuesta invita a una escucha sostenida, casi ritual, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ese gesto, escuchar se vuelve una forma de presencia: los nombres, repetidos y transformados en sonido, emergen como una memoria activa que rehúye la clausura.En paralelo, la exhibición Señores Jueces, Nunca Más. Del juicio a las Juntas Militares al presente, realizada junto a Memoria Abierta, reconstruye el proceso judicial iniciado en 1985 contra los responsables de la dictadura. A través de documentos, testimonios, fotografías y obras de arte, la muestra propone revisar el Juicio a las Juntas como un acontecimiento fundacional, no sólo en términos jurídicos, sino también éticos, culturales y políticos.

Lejos de una mirada lineal, la exposición subraya las tensiones, avances y retrocesos que marcaron el camino de la justicia en Argentina, destacando el rol clave de los organismos de derechos humanos y de los sobrevivientes. En ese sentido, el recorrido no sólo revisita el pasado, sino que interpela el presente, reafirmando la necesidad de sostener el legado del Nunca Más frente a nuevos desafíos democráticos.

Por su parte, la muestra Hay cuerpos, con curaduría de Laura Casanovas, reúne obras de artistas contemporáneas que exploran las múltiples dimensiones de la corporalidad. A través de materiales como el textil, la cerámica, el dibujo y el video, las piezas cuestionan asociaciones tradicionales —como la de lo blando con la debilidad— y proponen nuevas formas de sensibilidad y resistencia.

Las obras de Marina De Caro, Nushi Muntaabski, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi y Eugenia Streb construyen un universo donde los cuerpos se fragmentan, se agrupan, resisten y se transforman, en diálogo con un contexto atravesado por violencias tanto físicas como simbólicas. La exposición plantea así una reflexión sobre la visibilidad, la vulnerabilidad y la potencia de los cuerpos en el presente.

A medio siglo del golpe, las tres propuestas confluyen en una misma pregunta: cómo recordar sin inmovilizar, cómo transmitir sin clausurar. En el Parque de la Memoria, la respuesta se ensaya en clave artística, donde el pasado no se fija como un relato cerrado, sino que se activa —una y otra vez— en la experiencia compartida.  (NA)

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó. (NA)

La Justicia federal resolvió no hacer lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba suspender la aplicación de algunos puntos de la reforma laboral vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.La decisión fue adoptada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7, quien intervino en la presentación realizada por la central sindical contra el Estado nacional.El reclamo judicial había sido impulsado por la CGT luego de la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. En esa presentación, la central obrera solicitó que se declararan inconstitucionales los artículos 90 y 91 de la norma, que establecen el traslado de competencias de la Justicia laboral nacional al ámbito porteño.Junto con el planteo de fondo, el gremialismo pidió una medida cautelar para frenar de manera inmediata la aplicación de esos artículos hasta que se dictara una sentencia definitiva.Sin embargo, en su resolución el magistrado consideró que este tipo de medidas son de carácter excepcional, ya que implican alterar una situación jurídica antes de que el tribunal analice en profundidad el contenido del reclamo. Por ese motivo, entendió que el planteo debía ser evaluado dentro del proceso principal y rechazó la suspensión provisoria solicitada por la CGT.Desde el sindicalismo habían advertido que el traspaso de la Justicia laboral podría afectar las garantías de los trabajadores y modificar el sistema actual de resolución de conflictos laborales.De todos modos, la resolución no cierra el expediente, ya que el planteo sobre la constitucionalidad de la norma continuará su trámite judicial y la decisión sobre la cautelar puede ser apelada en instancias superiores.

La decisión se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada y fue confirmada por el Gobierno. El ahora exfuncionario volverá al ámbito privado, mientras que el nuevo titular asumirá de inmediato.Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.Según se informó, el decreto de aceptación de la renuncia y designación del sucesor se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.En el mundo tribunalicio describen a Mahiques como un dirigente con interlocución aceitada en Comodoro Py, donde confluyen jueces y fiscales federales. En off, distintos actores lo asocian con una buena relación con sectores vinculados a Daniel Angelici, histórico operador judicial del macrismo.Su nombre también aparece mencionado en un contexto especialmente sensible. El conflicto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las investigaciones por presunta corrupción que rodean a una propiedad atribuida a Pablo Toviggino sumaron tensión en los tribunales federales.Algunas versiones señalan la presencia del fiscal en la quinta de Toviggino, la misma investigada por la Justicia por presunto caso de lavado de activos. Fue allí donde el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, festejó su cumpleaños.Con la interna abierta en el oficialismo y el tablero judicial en ebullición, el futuro del Ministerio de Justicia se convirtió en una pieza clave.Un cambio estratégico antes de la gira internacionalLa salida de Cúneo Libarona se confirmó tras una reunión que mantuvo con el presidente en la Quinta de Olivos. La llegada de Juan Bautista Mahiques se concretó antes del viaje oficial de Milei a Estados Unidos. En la Casa Rosada buscan cerrar una transición sin demoras para evitar incertidumbre en el frente judicial.Hasta el momento, no se difundieron los motivos formales de la renuncia, aunque fuentes oficiales señalaron que la decisión se tomó de común acuerdo. Con la designación ya confirmada, el Gobierno apuesta a dar una señal de estabilidad en un área clave de su gestión.

Por Facundo Chaves - La Inspección General de Justicia, el organismo de control societario, solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el fin de acceder a información contable y financiera que, según el organismo, fue requerida y no entregada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se formalizó a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, tras detectar “graves irregularidades”.La solicitud, a la que accedió Infobae, establece una veeduría –no una intervención plena–, centrada en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite de creación por la AFA, y la revisión de las relaciones comerciales y financieras de la AFA con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó en un comunicado que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”. La respuesta desde la Asociación del Fútbol Argentino provino del abogado Gregorio Dalbón: “La IGJ puede fiscalizar. Lo que no puede es convertir una facultad de control en una herramienta de presión política”.La resolución -cuya notificación se hizo a la AFA de manera formal este mediodía- ordena que los veedores “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la entidad.Entre las tareas asignadas se incluye la presentación de un informe sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025. El examen implicará analizar detalladamente cuentas y partidas, y emitir una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y contributivas durante ese ejercicio, considerando tanto la consistencia contable como el comportamiento fiscal de la institución.La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con universidades u otros terceros. El foco institucional se coloca en la trazabilidad de los fondos utilizados y en la regularidad jurídica de las decisiones adoptadas.Uno de los puntos más sensibles dentro de la investigación es la revisión de las relaciones comerciales y financieras que mantiene la AFA con la firma TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, Sur Finanzas S.A., sus sociedades vinculadas y el denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellos el empresario Ariel Vallejo. Los veedores deberán auditar e informar sobre los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país, reconstruyendo el flujo financiero completo de estos acuerdos.La revisión también abarcará cualquier otra información necesaria para que la IGJ cumpla su función de control, en especial en lo referido al Libro I, Título II, Capítulo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos de la Resolución General IGJ N° 15/2024 y la Ley 22.315.Para el cumplimiento de estas funciones, los veedores tendrán facultades amplias para examinar libros societarios, documentación contable, soportes documentales y otros registros vinculados con la misión encomendada.Vítolo aclaró que la veeduría “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno”, sino que forma parte del ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por ley. Agregó: “No es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.“Reafirmamos que en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley”, sostuvo el funcionario.Este pedido se formula tras un episodio reciente en el que la IGJ rechazó la pretensión de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires. Según Vítolo, el intento de traslado no cumplió con los requisitos legales y, según el organismo, se detectó una sede social falsa, ya que en el lugar declarado se comprobó que la AFA no realiza allí su administración y gobierno.La IGJ afirmó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por lo tanto, la AFA continúa bajo la jurisdicción de la IGJ. Si el cambio de domicilio se hubiera inscrito conforme, la fiscalización habría pasado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, excluyendo a la IGJ. Así, la disputa por la sede define quién ejerce el control institucional.El proyecto de la Universidad de la AFA (UNAFA), presentado como una apuesta a la profesionalización y formación académica en el ámbito deportivo, supone una expansión institucional. Para la IGJ, el foco está en la regularidad jurídica y financiera del proceso; se auditarán la adquisición de inmuebles, equipamiento, contratación de autoridades y convenios con terceros para verificar que las decisiones se hayan adoptado conforme al estatuto y las normas aplicables a asociaciones civiles.La relación con TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas representa una de las áreas bajo mayor examen. La comercialización de derechos, ya sean televisivos, publicitarios o de otra naturaleza, representa una de las principales fuentes de ingresos de la AFA. El pedido de detalle sobre montos percibidos, rendiciones de cuentas y remesas internacionales busca reconstruir la arquitectura financiera de esos contratos: interesa no solo cuánto se facturó y cobró, sino también cómo se distribuyeron los ingresos, qué intermediaciones existieron y qué flujo de fondos se canalizó hacia o desde el exterior. El objetivo del organismo de control es determinar si se cumplieron las normas contables, fiscales y estatutarias, mientras que el análisis de estos vínculos podría tensar la relación con actores empresariales de peso.La designación de los veedores queda ahora en manos del Ministerio de Justicia. Si se concreta, comenzará una etapa de inspección que podría extenderse durante meses y cuyos resultados podrían llevar a nuevas medidas, desde requerimientos adicionales hasta eventuales sanciones si se detectan irregularidades. La AFA, por su parte, decidirá si colabora con la veeduría o si judicializa la medida por considerar que excede las facultades legales del organismo.Tras la difusión de la solicitud de nombrar veedores en la AFA, el abogado Dalbón afirmó que la entidad “es una asociación civil que aprobó sus estados contables por asamblea, con auditorías externas y cumplimiento impositivo vigente. Si la información fue requerida, se entrega por los canales institucionales. Para eso existen los procedimientos administrativos, no los titulares mediáticos”.“La llamada veeduría no es una sanción. Y si no hay sanción ni prejuzgamiento, entonces tampoco hay “graves irregularidades” probadas. Hay, en todo caso, una revisión en trámite. La IGJ no gobierna la AFA. La fiscaliza dentro de los límites de la Ley 22.315 y del Código Civil y Comercial. No puede reemplazar a la voluntad soberana de una asamblea ni utilizar disputas administrativas (como el domicilio) para ampliar su poder de control”.

La Justicia del Reino Unido dispuso que el Gobierno argentino debe entregar información financiera y contractual sobre activos en el extranjero, tras una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos cupón PBI. Este proceso se enmarca en la búsqueda de los acreedores por identificar bienes susceptibles de embargo para ejecutar el fallo.El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron a la República Argentina por modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Áxel Kicillof se desempeñaba como su ministro de Economía. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010. La Corte londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado. Todavía resta el pago de unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.La orden de la Corte británica exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó a través de su cuenta en la red social “X” que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.En agosto, un informe técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) mencionó conversaciones entre Argentina y los acreedores, pero los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes declararon: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. También informaron al FMI sobre lo que consideran afirmaciones incorrectas y solicitaron la actualización del reporte técnico.La deuda pendiente se originó en el cupón atado al PBI, instrumento creado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 que lideró Roberto Lavagna. El mecanismo establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de registrar ese nivel de expansión.Los acreedores afirman que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco abona los intereses diarios acumulados. Además, advierten que ven necesario que la Argentina resuelva sus atrasos externos, especialmente los asociados a emisiones de deuda anteriores, antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar el equivalente a unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del cupón PBI. En febrero de 2025 los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado a través de una Carta de Crédito emitida por Banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, expertos estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esa alteración motivó la demanda de cuatro fondos internacionales.Con la nueva metodología, el Indec difundió un crecimiento inferior al umbral del 3,22% necesario para activar el pago de estos warrants. Bajo la base previa de 1993, el PBI había subido un 4,9%. Así, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.

Por Camilo Cagnacci - La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.La decisión, tomada el viernes pasado, habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.Para comprender la magnitud del caso, es necesario desglosar cómo se gestó el expediente y su avance.La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero. Esta medida implica levantar el receso de verano para que el juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.Según el documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.El detalle de los números es contundente. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones , mientras que por aportes de la Seguridad Social (lo que se les descuenta a los empleados de los clubes), la cifra escala a más de $8.600 millones.En su presentación judicial, ARCA fue tajante sobre la maniobra: “La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”. Para el fisco, esto no es una simple deuda, sino una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos fondos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.En tanto, el juez Amarante ya ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir la “ruta del dinero”: libró oficios al Banco Central (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA para cotejar las fechas de los movimientos financieros y determinar si la entidad “bicicleteó” los fondos para obtener rendimientos financieros mientras postergaba sus obligaciones fiscales.La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente, aunque por el momento no solicitó medidas ni presentó descargos de fondo.

Por Facundo Chaves La Inspección General de Justicia (IGJ) inició una etapa de definiciones con impacto en el fútbol argentino. Con plazo hasta el 20 de enero, el organismo espera respuestas formales de la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y la Liga Profesional de Fútbol a las intimaciones enviadas para que expliquen rubros contables globales que superan los USD 450 millones, incluidos en los balances de ambas entidades sin el nivel de detalle que, según la visión oficial, permitiría conocer su composición real.

En diálogo con Infobae, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, explicó que el reclamo de la IGJ no es reciente ni aislado. Se trata de partidas que aparecen de manera reiterada en los estados financieros desde hace ocho años y sobre las que la IGJ realizó observaciones sin obtener respuestas concretas. “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga (que ahora se denomina Liga Profesional de Fútbol) expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”, afirmó Vítolo.La demanda oficial apunta a un aspecto clave del control estatal sobre asociaciones civiles que administran recursos elevados y que ahora deben rendir cuentas antes del 20 de enero. Vítolo precisó que la obligación legal de la IGJ no se limita a verificar la presentación formal de los balances, sino a comprender qué representan realmente las cifras consignadas. “Como autoridad de contralor y en cumplimiento de la ley, la IGJ debe determinar no solo lo que está dentro de las partidas globales cuestionadas, sino también qué es lo que no se muestra en las mismas”, señaló Vítolo.Ese planteo aborda una de las líneas más sensibles del proceso. “Es decir, los fondos que, correspondiendo a la AFA o a la Superliga por sus actividades y derechos, pudieran no figurar ingresados a ambas instituciones o hayan sido desviados por las mismas”, agregó el funcionario.El requerimiento de la IGJ no se dirige solo a la AFA y la Superliga. También abarca a los auditores externos que, año tras año, certificaron que los estados contables reflejaban razonablemente la situación patrimonial de ambas entidades. Para Vítolo, su intervención es clave para comprender cómo se validaron cifras de semejante volumen, que ahora deberán ser explicadas antes del 20 de enero.“Aspiramos a que los auditores que han afirmado que estas cifras reflejan razonablemente la situación patrimonial de las entidades puedan brindar sus propias explicaciones y clarificaciones”, señaló Vítolo. Además, especificó que esas explicaciones deben abarcar no solo criterios técnicos contables, sino también los controles aplicados en un contexto especialmente sensible. “No solo respecto de estas observaciones, sino también en relación con los procedimientos que ellos llevaron a cabo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de ciertas actividades en el país y en el exterior”, indicó.La mención no es casual. Según explicó el inspector general, el pedido de precisiones se formula “en especial a partir de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones en sede penal respecto de una suerte de aparente oscuro manejo de fondos y de negocios vinculados con ambas instituciones”. En este contexto, la IGJ considera indispensable conocer qué controles se aplicaron para verificar el origen y el destino del dinero dentro del plazo establecido.Otro aspecto que observa el organismo es el destino de fondos hacia actividades que podrían no estar directamente vinculadas al objeto social de la AFA. Vítolo mencionó de manera explícita el caso de la llamada “Universidad de la AFA”, sobre la cual se requieren detalles que también deberán ser aportados antes del 20 de enero. “Del mismo modo necesitamos precisiones sobre el direccionamiento de fondos hacia actividades no vinculadas con el objeto social de la AFA”, sostuvo Vítolo.Las intimaciones de la IGJ establecieron un límite concreto. La AFA y la Superliga tienen plazo hasta el 20 de enero para responder y aportar la información solicitada. A partir de esa fecha, el organismo evaluará la calidad y el alcance de las explicaciones recibidas.Vítolo detalló qué puede suceder si las respuestas no llegan o resultan insuficientes. “Si no contesta la AFA la intimación o se niega a dar la información, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, afirmó Vítolo.El inspector general subrayó que se trata de una herramienta prevista en el marco legal vigente y que no implica una intervención en la vida institucional del fútbol. “No es intervención en la administración ni en el funcionamiento de la AFA. Es solo una veeduría informativa para recabar la información de los balances y de las otras cuestiones que le hemos preguntado y que la AFA no ha respondido”, explicó.El objetivo de esa eventual veeduría sería estrictamente informativo: acceder a libros, registros y documentación para reconstruir la trazabilidad de los fondos y verificar la consistencia entre lo declarado y lo efectivamente administrado. Según Vítolo, una vez recibidas las respuestas de la AFA, de la Superliga y de los auditores —o vencido el plazo del 20 de enero— la IGJ realizará una nueva evaluación de la situación para definir los pasos a seguir.Aunque el eje inmediato del reclamo es administrativo y contable, la entrevista deja ver un contexto más amplio. Consultado sobre la posibilidad de que el caso escale a instancias judiciales internacionales, Vítolo comparó el escenario con el FIFA Gate, el escándalo que estalló en 2015 y expuso una red de corrupción sistémica en el fútbol mundial.“Si se comprueban las sospechas que existen sobre ciertos manejos económicos y financieros y se prueban las acusaciones de desvíos de fondos, manejos cambiarios y potenciales negocios espurios que investiga la justicia, estaríamos frente a un escenario aún más grave en cuanto a volumen que el FIFA Gate”, afirmó Vítolo. Recordó que en aquel caso se hablaba de unos USD 200 millones, mientras que en el plano local ya se mencionan cifras superiores a los USD 400 millones.Vítolo repasó el origen del FIFA Gate para explicar por qué las inconsistencias contables pueden ser el inicio de investigaciones de gran escala. “Aquel caso comenzó de la misma manera que este, con objeciones y cuestionamientos en relación con inconsistencias en los estados contables y financieros de la institución”, recordó Vítolo. “Aquella fue la llave que abrió la Caja de Pandora”.El inspector general también abordó las consecuencias personales que podrían afrontar los dirigentes si se confirmaran ilícitos. Destacó que la AFA, la Superliga y la Selección argentina no deberían verse afectadas institucionalmente, ya que la responsabilidad recaería en las personas físicas que posibilitaron las conductas cuestionadas. En ese sentido, citó el artículo 144 del Código Civil y Comercial.“Serán eventualmente los miembros del Consejo Directivo de la AFA y de la Superliga, los dirigentes de los clubes asociados que avalaron tales conductas y los fiscalizadores quienes deberían responder”, sostuvo Vítolo.Al cierre de la entrevista, Vítolo introdujo una advertencia sobre los tiempos. Este tipo de procesos, explicó, suelen resultar largos y complejos. El FIFA Gate, recordó, comenzó a gestarse a principios de los años 2000 y sus derivaciones judiciales aún no han finalizado.Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en una fecha precisa: el 20 de enero. Para la IGJ, ese día será decisivo para establecer si el proceso se encamina por la vía de las explicaciones voluntarias o si el Estado debe avanzar con herramientas de control más rigurosas, como la designación de veedores, para esclarecer el manejo de los fondos del fútbol argentino.

El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente de varios cargos de narcotráfico ante una corte federal de Nueva York, tras su inesperada captura ordenada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Entre los cargos presentados figuran narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y otros dispositivos, según la acusación leída en la audiencia judicial.Maduro, de 63 años, compareció con las manos atadas y fue escoltado por agentes armados desde un centro de detención en Brooklyn hasta el tribunal, junto a su esposa, Cilia Flores, también acusada en la investigación. Los fiscales federales de Nueva York sostienen que Maduro habría supervisado una red de tráfico de cocaína con alianzas con organizaciones como los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua venezolano. El caso contra Maduro se remonta a 2020, cuando se le imputaron cargos en el contexto de una pesquisa más amplia sobre funcionarios venezolanos y exguerrilleros colombianos, ampliada ahora con nuevos detalles y acusados.“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas.El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.Desde comienzos de siglo, los fiscales sostienen que Maduro habría participado en actividades de narcotráfico, primero como miembro de la Asamblea Nacional, luego como ministro de Relaciones Exteriores y, desde 2013, como presidente tras la muerte de Hugo Chávez. Maduro ha rechazado reiteradamente las acusaciones, a las que calificó como una cortina de humo para justificar intereses estadounidenses sobre los recursos petroleros del país sudamericano.La captura se produjo el sábado, cuando comandos estadounidenses descendieron en helicóptero sobre Caracas, superaron el cordón de seguridad y sacaron a Maduro del umbral de una habitación segura, según la reconstrucción de los hechos. Mientras tanto, una orden de emergencia emitida en Venezuela instruyó a las fuerzas policiales a detener a cualquier persona que hubiera colaborado con la operación estadounidense.El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatía el lunes la legalidad y las consecuencias de la incursión, enfrentando la condena de Rusia, China y aliados de Venezuela, quienes denunciaron la intervención. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó preocupación tanto por la estabilidad en Venezuela como por la legalidad de la acción militar estadounidense, considerada la mayor intervención en la región desde la invasión de Panamá en 1989.En el plano económico, las petroleras estadounidenses experimentaron una subida en sus acciones ante la posibilidad de acceder nuevamente a las vastas reservas venezolanas, que ascienden a 303.000 millones de barriles. Trump declaró en el Air Force One que su gobierno trabajará para que las empresas estadounidenses retornen a Venezuela y restablezcan la infraestructura petrolera, afirmando: “Estamos recuperando lo que robaron. Estamos al mando”. La producción petrolera venezolana, sin embargo, se encuentra muy por debajo de su máximo histórico, con una media de 1,1 millones de barriles por día el año pasado, frente a los niveles alcanzados en los años setenta.La administración Trump considera a Maduro un mandatario ilegítimo tras su controvertida reelección en 2018, señalada por denuncias de irregularidades. Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de la operación, algunos calificando las acciones de Trump como una violación al orden internacional basado en reglas. En Caracas, altos funcionarios del gobierno de Maduro se mantienen en sus cargos, mostrando inicialmente resistencia y luego abriendo la puerta a una posible negociación con la administración estadounidense. (Con información de Reuters).

De acuerdo con el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la audiencia se realizará al mediodía en Manhattan y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein.Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.La comparecencia se produce tras el anuncio del Gobierno estadounidense sobre la captura del líder chavista en Caracas, en una operación que incluyó acciones militares contra objetivos en Venezuela.En Estados Unidos, Maduro enfrenta acusaciones federales formuladas en 2020, que lo señalan como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a actividades vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por Washington.Cilia Flores, en tanto, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa misma red. Durante la audiencia inicial, el tribunal prevé la lectura formal de las acusaciones, la verificación de identidad y la definición de medidas preliminares, entre ellas la detención preventiva. Según medios estadounidenses, es probable que ambos continúen privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso. La fiscal general Pamela Bondi informó que la operación requirió meses de planificación y se desarrolló conforme a la legislación estadounidense, en el marco de una investigación criminal en curso relacionada con narcotráfico y delitos conexos.

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”El líder opositor envió un mensaje al país un día después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Insistió en que la legitimidad de su liderazgo se apoya en el resultado electoral de 2024 y en lo establecido por la Constitución venezolana.El ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa”. También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.

El mensaje del hijo de Maduro: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”En un mensaje difundido en redes sociales, “Nicolasito” llamó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse en las calles y advirtió que el movimiento no mostrará debilidad pese a la crisis interna. Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a una cárcel federal en Nueva York, su hijo y diputado, Nicolás Maduro Guerra, difundió este domingo un mensaje en el que habló de “traiciones” dentro del círculo del poder y llamó a los simpatizantes del chavismo a mantener la movilización en las calles de Venezuela.

La OEA analizará la situación en Venezuela en sesión extraordinariaEl Consejo Permanente de la OEA se reunirá de manera extraordinaria el próximo martes para analizar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del dictador venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo la organización internacional.La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó hoy, junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que califican como “acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”. Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin.

El Ejército de Venezuela respaldó a Delcy Rodríguez como la encargada de la transiciónEl Ejército de Venezuela exigió este domingo la liberación de Nicolás Maduro, presidente constitucional del país, quien consideran “fue secuestrado” junto a la primera dama, Cilia Flores, en un operativo que, según denunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, incluyó el asesinato a sangre fría de parte del equipo de seguridad presidencial, así como de soldados y ciudadanos inocentes por parte de los Estados Unidos. El pronunciamiento tuvo lugar durante una transmisión oficial en la que Padrino López, flanqueado por el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), leyó un comunicado dirigido tanto a la población venezolana como a la comunidad internacional.

El ministro de Defensa respaldó la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el 3 de enero designó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, como presidenta encargada para asumir las atribuciones, deberes y facultades del Ejecutivo nacional. Esta medida se adoptó en cumplimiento de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Asimismo, Padrino López apoyó plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito por el Ejecutivo.

Volodimir Zelensky aseguró que EEUU “sabe cómo tratar a los dictadores” tras la captura de Nicolás Maduro en CaracasEl mandatario ucraniano manifestó su apoyo a la aspiración de un cambio político en el país latinoamericano, enfatizando la importancia de condiciones dignas y seguras para su población.El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, analizó la última operación del ejército estadounidense en territorio venezolano y afirmó este sábado que Estados Unidos “sabe cómo tratar a los dictadores”, en alusión a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez, según pudo apreciar la Agencia Noticias Argentinas.La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.  De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario. NA.

La Justicia federal le ordenó  al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.Según el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El falloEn sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

La confianza de la sociedad argentina en la Justicia alcanza 52,4 puntos durante el segundo semestre de 2025 y supera por primera vez desde la reanudación de la medición el promedio histórico registrado entre 2004 y 2011, según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) elaborado por FORES y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).El dato marca el nivel más alto de los últimos 14 años y consolida una tendencia de recuperación sostenida en la percepción ciudadana sobre el sistema judicial.El indicador se ubica por encima del promedio histórico de 48,7 puntos correspondiente a la primera etapa del índice, lo que representa una mejora de 3,7 puntos respecto de aquel período. De acuerdo con el informe, la evolución positiva se mantiene desde 2023, año en que se retomó la medición luego de 12 años de discontinuidad, cuando la confianza alcanzaba 47,5 puntos en el segundo semestre.En términos acumulados, la confianza ciudadana crece 4,9 puntos en dos años, lo que equivale a una suba del 10,3%. Los investigadores destacan que este comportamiento evidencia un quiebre respecto de la tendencia negativa que llevó a interrumpir la serie en 2011 y permite observar una recomposición gradual del vínculo entre la sociedad y la administración de Justicia, según supo la Agencia Noticias Argentinas.El estudio, elaborado por los investigadores Marcelo O. de Jesús, de FORES, y Mariano G. Valentini, de la UTDT, señala que la mejora se explica por avances en los dos componentes que integran el índice. El subíndice conductual, que mide la predisposición a recurrir a la Justicia, alcanza 74,1 puntos, mientras que el subíndice perceptual, vinculado con la evaluación del funcionamiento del sistema, llega a 30,8 puntos.La comparación con la medición del segundo semestre de 2023 refuerza la tendencia. En ese período, el subíndice conductual se ubicaba en 70,1 puntos y registra ahora un incremento de 4 puntos, mientras que el perceptual pasa de 29,3 a 30,8 puntos, con una suba de 1,5 puntos. Ambos valores superan también los promedios del período 2004-2011, cuando el componente conductual promediaba 68,5 puntos y el perceptual 29,3 puntos.El informe pone de relieve una característica estructural del sistema judicial argentino: la brecha persistente entre el uso efectivo del servicio y la percepción sobre su desempeño. Mientras la predisposición ciudadana a recurrir a la Justicia se mantiene elevada, la valoración sobre aspectos como imparcialidad, eficiencia, honestidad y rol de contralor continúa en niveles bajos. No obstante, el relevamiento indica que quienes efectivamente utilizan el sistema manifiestan disposición a volver a hacerlo, lo que sugiere que la experiencia concreta mejora la evaluación inicial.Desde FORES y la UTDT señalan que este dato resulta relevante para comprender la dinámica de la confianza institucional, ya que muestra que el contacto directo con el servicio judicial tiende a reducir la distancia entre expectativas y percepción. En ese sentido, el ICJ permite identificar no solo el nivel de confianza, sino también los factores que inciden en su evolución.El relevamiento incluye además las principales demandas ciudadanas orientadas a fortalecer la confianza en la Justicia. Entre los cambios considerados más urgentes se destacan la menor interferencia de los poderes político y económico, señalada por el 40% de los encuestados, y la reducción de las demoras en los juicios, mencionada por el 39%. A estos reclamos se suman la necesidad de una mejor formación y capacitación de los jueces, con el 38%, y una mayor transparencia en los procesos judiciales, con el 31%.El Índice de Confianza en la Justicia se mide de manera semestral y evalúa la evolución de la opinión pública sobre la administración de Justicia en la Argentina. El indicador se crea originalmente en 2004 por investigadores de la UTDT, FORES, Fundación Libertad y Poliarquía, y se consolida como una de las herramientas de referencia para analizar la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial.En el actual semestre, los organismos del sistema judicial que concentran mayor nivel de confianza ciudadana son la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Facultades de Derecho y los abogados, de acuerdo con los resultados del estudio. Los investigadores subrayan que estos datos permiten identificar áreas de fortaleza y debilidad, y ofrecen insumos para el debate público sobre las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema.El informe concluye que la recuperación de la confianza no resulta homogénea ni automática, pero muestra señales consistentes de mejora. En un contexto de alta demanda social por instituciones más eficaces y transparentes, la evolución del ICJ refleja un cambio gradual en la relación entre la ciudadanía y la Justicia, cuya sostenibilidad depende de avances concretos en los aspectos que la sociedad identifica como prioritarios. NA.