UART precisó que se iniciaron 8.910 demandas en todo el país en diciembre, lo cual consideró que “impacta negativamente en todo el sistema productivo argentino”.

El análisis de UART atribuye este incremento en gran parte, a la demora de la Justicia en la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como lo exige la Ley 27348.Esta ley establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses especializados en medicina del trabajo, que deberían cobrar honorarios por acto médico y no porcentajes de las sentencias.La falta de estos cuerpos médicos, sumada a las altas tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales y el incumplimiento del plazo de caducidad para presentar demandas, ha generado un “efecto boomerang”, según UART.La provincia de Buenos Aires lideró el ranking de litigiosidad con 50.584 demandas en 2024, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 22.946.Santa Fe registró el mayor aumento porcentual, con un 21,5% más de juicios que en 2023, alcanzando un total de 16.439.Córdoba y Mendoza también experimentaron aumentos significativos, con 10.424 y 9.857 juicios respectivamente. NA. 

Durante 2024 se realizaron 34 juicios por jurados en la provincia, cuyo costo fue de $197.444.111. De estos 34 juicios, 7 se llevaron a cabo en Paraná; 1 en La Paz; 1 en San José de Feliciano; 1 en Diamante; 2 en Concordia; 1 en Federal; 2 en Chajarí; 5 en Concepción del Uruguay; 1 en Rosario del Tala; 1 en Villaguay; 7 en Gualeguaychú; 3 en Gualeguay y en 2 en Victoria. Si bien al sancionarse la ley se especulaba con que los juicios a llevar adelante serían alrededor de 14 por año, desde 2020 a la fecha se llevaron a cabo 111 debates (22 de promedio/año) y para 2025 se proyectan otros 50, que demandarán más de 570 millones de pesos.Para este año se había proyectado realizar 37 debates teniendo en cuenta las conocidas variables que surgen en un año judicial y en cada legajo/causa en particular. Las particularidades a tener en cuenta son la estimación de la cantidad de ciudadanos a sortear, contar con un presupuesto viable, hacer contrataciones y disponer de agenda y recursos para afrontar esta nueva modalidad de juzgamiento.En coordinación con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs), como se refirió, se proyectó esa cantidad como posibles juicios, los cuales aumentaron durante el año, al existir disponibilidad de recursos, pero al mismo tiempo, y con el correr de los meses, los debates disminuyeron por circunstancias propias de los legajos (renuncias o licencias de salud de defensas, problemas de salud de personas acusadas, incidentes procesales, abreviados concretados, etcétera), terminando el año judicial con la efectiva realización de 34. Un dato a destacar es que se logró hacer los juicios entre los 25 y 40 días de la audiencia de admisión de evidencias, permitiéndole a las partes la efectiva concreción de las negociaciones para salidas alternativas, que, en caso de no lograrse, se encontraban todas en latente condición para realizar el juicio con la reciente discusión de las evidencias que se rendirían en el plenario. De ese modo se situaban en mejores posiciones para presentar al jurado lo que era discutible y, por otro lado, la magistratura se encontraba en condiciones para dirigir el debate al tener las tesis de las partes al día.Cada juicio demandó cuatro días en promedio. En la mayoría de los casos, al haberse logrado agilidad en la audiencia de selección de jurados (lo que se denomina “audiencia voir dire”), se comenzó ese mismo día -tal como lo autoriza la Ley 10.746- con las primeras etapas del juicio (promesa del jurado, exhibición del video de sensibilización en cumplimiento de la Ley Micaela, instrucciones iniciales, y en algunos casos, hasta los alegatos de apertura).

CostosComo se indicó, para la concreción de los 34 juicios por jurados el Poder Judicial destinó este año $197.444.111 de su presupuesto. Este monto incluye remuneraciones para los integrantes del jurado; pago de seguros y viáticos; alquileres de salones en diferentes jurisdicciones para poder realizar los procesos y otros conceptos.

Recursos humanos, edilicios, materiales y técnicosDesde la implementación del sistema se crearon sólo dos cargos en toda la provincia (1 que lo ocupa la Jefatura Contable y otro la Jefatura administrativa, ambos dependientes de la Oficina Provincial de Juicio por Jurados).El resto del personal que cumple funciones en esta Dirección, como en las distintas OGAs de la provincia, readecuó y amplió sus funciones. Se trató de medidas articuladas con la Coordinación Provincial de Gestión de OGAs para seguir haciendo frente a las necesidades que impone el instituto.

Participación ciudadanaEn 2024, en igualdad de género, 544 personas se desempeñaron como jurados, y desde la implementación del sistema popular fueron convocados a la audiencia de selección de jurados 7.945 potenciales jurados, de las cuales 1.776 personas ejercieron ese rol en los 111 juicios realizados.

Proyección para 2025La estimación del presupuesto para hacer frente a los 50 juicios programados para 2025 es de $570.700.000, y el objetivo es aumentar la cantidad de juicios en las jurisdicciones de Paraná y Concordia, que presentan la mayor cantidad de legajos pendientes. 

En toda la provincia, hubo 6608 causas iniciadas, lo que arroja una media de 46,3 cada 10.000 habitantes. Aunque Concordia está muy por encima de esa media, con 78,2 cada 10.000 habitantes, Uruguay (100,7) y Gualeguaychú (79,9), están en las peores condiciones.Concordia registra efectivamente una altísima «litigiosidad laboral», lo que comúnmente se llama la «industria del juicio», en relación a que demasiadas desvinculaciones entre empleados y empleadores terminan en la Justicia.

Dos miradas de una misa fotoPara el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), Adrián Lampazzi,«hay en la Justicia algunos preconceptos contra los empleadores. En determinados niveles no hay juicio que se pueda ganar», esgrimió. Aseguró que «hay ciertos jueces que ideológicamente prefieren no validar nunca un reclamo contra un trabajador» y afirmó que «no es una sensación. La balanza no está bien equilibrada». Cuando se le preguntó si considera que «hay jueces antiempresa», contestó: «Sí, sí, totalmente. Es así, lamentablemente, es así». En sentido contrario se expresó el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti, quien aseguró que «no es verdad» que Concordia tenga un nivel de litigiosidad más alto que en otros lugares y advirtió que «juicios va a haber porque hay mucha gente que incumple todo, trabajos en negro, remuneraciones que se pagan sin respetar los convenios, inscripciones por media jornada. Acá no hay industria de juicio, esa es una queja de los que no quieren obligaciones de nada».«Para mí es algo que no pueden demostrar», remarcó y desafió «sino que me demuestren, que me digan la cantidad y los juicios que están en proceso acá en Tribunales, que nadie dice nada, si alguien tuviera un número tendrían que ponerlo en la mesa». Afirmó que «se quejan de que no quieren tener nada, que no quieren que nadie haga nada, que el empleador acá haga y decida lo que quiere, en contra de las leyes que hay en este país, que hay que cumplirlas».De acuerdo con la información que pone a disposición el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Concordia tiene efectivamente una «litigiosidad» más alta que la mayor parte de los departamentos entrerrianos, aunque entre los datos disponibles no aparece a quién benefició el resultado de la causa iniciada.En los diez primeros meses de 2024 hubo 1077 sentencias de primera instancia en el fuero laboral de Concordia. Ciento siete sentencias por mes. En todo 2023, hubo 1384 sentencias, un 5,25% más que las 1315 sentencias de todo 2022.De todas las demandas laborales que hubo en Concordia en 2024, la mayoría está originada en «cobro de pesos», (300 causas) referido al reclamo de indemnización o diferencias salariales, accidentes de trabajo (284) u homologaciones (276), referido a las causas que terminan en un acuerdo entre las partes.Las causas estuvieron repartidas en proporciones muy similares entre los juzgados laborales 2, 3 y 4. Los juzgados 2 y 3 resolvieron el 100% de las causas que se les presentaron dentro del término, en cambio el juzgado laboral 4 acumula un retraso en las sentencias que en el mes de octubre llegó al 30% de los expedientes.

A nivel provincialEn toda la provincia de Entre Ríos es dispar el inicio de demandas laborales, aunque el departamento Paraná sobresale por la baja incidencia de litigiosidad entre los lugares más poblados de la provincia.La litigiosidad más alta se observa en la costa este de la provincia, con una sobresaliente prevalencia del departamento Uruguay. Allí vive sólo el 8,15% de la población entrerriana y sin embargo se concentra el 17% de todos los juicios laborales de la provincia. Cuando la media provincial arroja 46,3 juicios laborales cada 10.000 habitantes, para Uruguay esa constante sube a 100,7. Detrás le sigue Gualeguaychú con una media de 79,9 juicios laborales cada 10.000 habitantes y muy cerca Concordia con 78,2 juicios laborales cada 10.000 habitantes. Le sigue Colón con 67,9 y los demás están por debajo de 50.En el caso de Federación, la media del departamento se ubica en 42,4, pero en términos absolutos la mayor cantidad de demandas recaen en el juzgado de Chajarí, que forma parte del mismo departamento.La mayor parte de las demandas a nivel provincial también responden a «cobro de pesos», aunque es alta la proporción de «homologaciones» que revelan que los juicios se terminan mediante un acuerdo de partes.Es llamativa la porción de accidentes de trabajo que aparecen entre los tipos de origen de las demandas, sobresaliendo de nuevo el departamento Uruguay con más demandas por accidentes de trabajo que por cobro de pesos. 

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por la vocal Claudia Mizawak, y los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, mantuvo hoy una reunión, de manera presencial y remota, con jueces y juezas de Garantías y vocales de Tribunales de Juicios y Apelaciones de las jurisdicciones de toda la provincia. Mizawak, en primer lugar hizo referencia a los motivos que determinaron la decisión de sustraer a los jueces y a las juezas de Garantías la competencia para entender en acuerdos de juicio abreviado. La magistrada, explicó que los Tribunales de Juicios y Apelaciones son quienes tienen competencia natural para el dictado de sentencias y que la magistratura de Garantías debe abocarse a la realización de tareas de control y trabajar en la urgencia de las medidas que le solicitan. Más allá de la diferencia numérica entre la cantidad de juicios abreviados que son resueltos por los/as jueces/juezas de Garantías respecto a los que lo son por las Vocalías de los Tribunales de Juicio, dijo que lo cierto es que los acuerdos de juicio abreviado son un denominador común en toda la provincia. También se refirió a la propuesta de reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos y señaló que allí se plasmó una estructura del juicio abreviado totalmente renovada y ajustada a la realidad con el consecuente fortalecimiento de la función de la judicatura de Garantías, por lo que hasta tanto se produzca una reforma legislativa susceptible de receptar estas proyecciones, esta medida otorgará mayor eficiencia operativa al funcionamiento del Instituto. Asimismo, señaló que la puesta en funcionamiento de los cambios será de manera gradual, comenzando en aquellas jurisdicciones que cuentan con Tribunal de Juicios para posteriormente evaluar los resultados. En tal sentido destacó que la Sala Penal mantuvo una reunión con representantes del Colegio de la Abogacía, oportunidad en la que se abordó la progresividad de la medida, ya que muchas veces los números no reflejan la realidad y por eso se hará un seguimiento exhaustivo de la implementación de la misma, a través de la Coordinación Provincial de Oficinas de Gestión de Audiencias. Mizawak, señaló que para que el sistema acusatorio funcione, se necesita no solo de la judicatura sino también de los Ministerios Públicos para que las audiencias no fracasen.En tanto, Daniel Carubia destacó la importancia de la oralidad en el sistema acusatorio y se consideró necesario que desde los Ministerios se destinen mayores recursos para la investigación de delitos de abuso sexual y/o cometidos en contexto de violencia de género, porque son los que en mayor medida llegan a juicio.

También se aseguró que las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs) tienen instrucciones muy precisas para aprovechar de mejor manera los tiempos.

La decisión fue tomada por la Sala Penal y ratificada por el pleno del STJ durante el mes de octubre

El trabajo se titula �SAudiencia de resolución sobre la prueba: acordo probatório e boa-fé no rito do júri⬝. En ese marco, tomaron como ejemplo a la ley de jurados de Entre Ríos, que es una de las más adelantadas del país.

Brasil mira cada vez con más atención al jurado de Argentina y, sobre todo, al diseño de la ley de Entre Ríos.

Brasil retiene un jurado popular desde hace 200 años para juzgar los homicidios dolosos, pero está muy distorsionado por un sistema procesal fuertemente escriturario e inquisitivo.

Por eso, en el jurado de Brasil no hay instrucciones al jurado y la admisibilidad o no de las pruebas se discute en el mismo juicio. Esto ocasiona tediosas demoras, frustración de debates y, sobre todo por la ausencia de instrucciones legales al jurado, incomprensión de los veredictos.

Que un país como Brasil, cuyo Esboço de Freitas fue el modelo que inspiró a Vélez Sarsfield para nuestro Código Civil de 1871, mire ahora a nuestras leyes de jurados como fuente genuina de cambio es algo que debe enorgullecer a los entrerrianos y al país.

 A tres años de su implementación, en la jurisdicción Concepción del Uruguay, se sustanciaron 13 juicios ante jurados populares. El análisis detallado de los debates da cuenta que en todos los casos el jurado arribó a un veredicto unámine, tal como lo exige la Ley, y en 92 % de los casos se llegó a un veredicto de culpabilidad.

En lo que concierne a Concepción del Uruguay, el desglose de las causas exhibe que en los años 2020, 2021 y 2022, se realizó un debate por el delito de �SHomicidio en ocasión de robo⬝, el único de la provincia; ocho por �SAbuso sexual con acceso carnal agravado⬝, el porcentaje más alto de la provincia (seguido por Gualeguaychú, con seis); dos por el delito de �SFemicidio⬝; uno por �SHomicidio simple⬝; y uno por �STentativa de homicidio⬝.

Las estadísticas exhiben que en los 13 debates el jurado arribó a un veredicto por unanimidad, entendiendo que en 12 de los casos el acusado era culpable.

Instrumentación en Entre Ríos

El 11 de noviembre de 2020 se realizó en Paraná el primer juicio por jurados de la provincia. Fue en una causa por Homicidio simple. La Ley de Juicio por Jurados fue promulgada el 8 de noviembre de 2019 bajo el número 10.746, luego de que la Cámara de Diputados y el Senado, en cada caso, la sancionaran por unanimidad.

En lo que concierne a Entre Ríos, las estadísticas muestran que se realizaron 38 juicios, en los que en 36 hubo veredicto unánime y solo en dos el jurado se declaró estancado. Asimismo, se exhibió que en 33 casos los jurados entendieron que el acusado era culpable y solo en cinco, que no.

El delito que concitó la mayor cantidad de juicios por esta herramienta fue el de Abuso sexual con acceso carnal agravado. Se trató de 17 debates.

Le siguió el de Femicidio, con seis debates; el Homicidio simple, con cinco casos; la Tentativa de homicidio y el Homicidio agravado por el uso de arma, con cuatro y dos debates; y cierran la estadística el Homicidio en ocasión de robo, el Homicidio criminis causa, el robo calificado por el uso de arma de fuego y el Homicidio agravado por ser el acusado funcionario policial.

Legajos

Las estadísticas exhiben que en Entre Ríos ingresaron para su tratamiento 156 legajos, de los cuales 28 corresponden a Concepción del Uruguay.

De aquella cifra, 62 se resolvieron antes del juicio por el instituto del Juicio abreviado. En nuestra jurisdicción, se resolvieron anticipadamente por aquella herramienta, nueve causas. En cuanto a los juicios programados para 2023, en la provincia hay 37, de los cuales cuatro corresponden a Concepción del Uruguay. Finalmente, se precisó que pendientes de programación hay 19 debates en toda la provincia, de los que tres se realizarán en esta jurisdicción.

Para este mes, entre el 19 y 27, se realizarán cuatro juicios por jurados en la provincia. Serán en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Próximos debates

Los días 20, 21 y 22 de septiembre se realizará el juicio en Paraná en la causa caratulada �SMendieta, Ariel Esteban Gustavo S/Homicidio simple en grado de tentativa⬝. El debate será presidido por el Juez técnico, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Alejandro Cánepa. El acusado se encuentra en libertad.

En tanto el 23, 26 y 27 del mismo mes, se realizará en Concordia el juicio por jurado popular en una causa de abuso sexual con acceso carnal agravado. El debate estará dirigido por el vocal Edwin Ives Bastian. El acusado se encuentra en libertad.

Los días 20, 21, 22 y 23 se llevará a cabo en Concepción del Uruguay un juicio por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, promoción de la corrupción agravada. El debate será presidido por el vocal Fernando Martínez Uncal. El acusado se encuentra en libertad.

En Gualeguaychú, los días 22, 23, 26 y 27 se sustanciará el debate en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado y otros. El vocal será Mauricio Derudi, presidirá las audiencias. El acusado se encuentra con prisión preventiva.

Notificaciones a potenciales jurados

Desde el Poder Judicial de Entre Ríos se continúa con la tarea de notificación a las y a los 6.500 ciudadanas/os que resultaron seleccionadas y seleccionados para conformar el padrón de posibles integrantes de los juicios por jurados que se realizarán en la provincia a partir de febrero de 2023.

En la página oficial del Poder Judicial https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/ se puede realizar todo tipo de consultas por los ciudadanos. Asimismo, se brinda la información sobre Juicio por jurados y se pueden chequear los números de documentos que resultaron sorteados por cada departamento de la provincia.

Este sorteo se transmitirá por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, tal como se hizo en la primera oportunidad, el 17 de junio de 2020.

Con las personas que resulten sorteadas, se conformará un padrón por jurisdicción, del cual, en cada oportunidad, se seleccionarán de manera aleatoria los jurados que serán convocados para intervenir en los casos de delitos que prevén condenas de 20 años o más.

Las personas seleccionadas serán contactadas por autoridades judiciales. Es importante destacar que ese rol es una carga pública.

Acerca de la ley

La ley 10746 que norma el funcionamiento del Juicio por Jurados fue promulgada el 7 de noviembre de 2019 dando cumplimiento así a lo dispuesto en tal sentido por la Constitución nacional y provincial.

La norma modificó la manera de realizar los juicios frente a los delitos graves. Por esta herramienta se habilitó la participación ciudadana en la administración de la Justicia Penal en la provincia.

Sobre los juicios por jurados en Entre Ríos

El 11 de noviembre de 2020 se realizó el primer juicio por jurados. Hasta la fecha (30/5) se han realizado en Entre Ríos 20 juicios por jurados.

Sólo en dos de ellos, uno realizado en Gualeguaychú y otro en Concordia, el jurado no logró un veredicto unánime. Y tal como lo prevé la ley, en cada caso el juez técnico declaró el estancamiento de esos juicios, lo que motivará nuevos debates, con otros jurados y diferentes magistrados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extenderá la suspensión hasta el 31 de mayo próximo, inclusive, de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para las micro y pequeñas empresas, como así también a los contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica, informó la dependencia oficial.

La decisión se hará efectiva a través de la Resolución General 4953/2021 que será publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa apunta a morigerar los efectos económicos de la pandemia sobre contribuyentes de todo el país.

La AFIP precisó que "continuará con las acciones necesarias para recaudar los ingresos tributarios adeudados por aquellos sectores económicos que en la actualidad no se encuentran afectados en forma crítica".

Con el objetivo de no afectar la actividad de quienes registran deudas y continuar con el acompañamiento del proceso de reactivación, la normativa "limita el alcance de las medidas cautelares a adoptar en las ejecuciones fiscales promovidas".

Para eso, "se extiende hasta fines de mayo la suspensión de la traba de embargos para todos los contribuyentes sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar", explicó el organismo.

La Resolución General N°4953 contempla la posibilidad de solicitar al juez competente medidas que, sin embargo, no serán trabadas por el representante del fisco hasta que haya finalizado el plazo previsto para las medidas de alivio.

El miércoles, en los Tribunales de San Martín, continuará la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

El jueves, en Tucumán, se retomarán por medios electrónicos las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II. Finalmente, el viernes continuará en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -⬝Destacamento⬝ y �SFuerza Área⬝- agrupan a 16 de los 20 acusados.