El pedido de juicio político iniciado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, quedó sin efecto luego de que venciera el plazo constitucional de 30 días previsto para su tratamiento. Así lo confirmó a Elonce la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena, al explicar que no se alcanzaron las mayorías requeridas para elevar el tema al recinto.

Según se informó, el plazo perentorio establecido por la Constitución provincial se cumplió el domingo pasado. Hasta ese momento, ninguno de los dos dictámenes posibles -el de acusación ni el de rechazo del juicio político- logró reunir las 11 firmas necesarias sobre un total de 19 integrantes de la comisión. Esa falta de consenso derivó en la caducidad automática del proceso, que finalizó sin una resolución formal.

“La denuncia que dio origen al juicio político estaba vinculada a presuntas inasistencias, el uso indebido de viáticos y cuestionamientos sobre el régimen de subrogancias de jueces, además de denuncias referidas al acceso a juicios orales y a un planteo laboral de una empleada del Poder Judicial”, especificó Lena. No obstante, tras la producción de pruebas y el otorgamiento del derecho a defensa a la magistrada, el trámite no logró avanzar a la instancia decisiva.Lena explicó que la falta de acuerdo interno fue determinante. “No hubo definición unánime para ninguno de los dictámenes y tampoco se pudieron juntar las firmas necesarias para llevar el tema al recinto”, señaló. En ese marco, remarcó que el vencimiento del plazo constitucional funciona como un mecanismo de cierre del proceso, sin que exista una absolución ni una condena.La diputada aclaró que, al no haber una resolución de fondo, la situación de Medina no queda definitivamente zanjada. La magistrada continúa en su cargo y cualquier persona legitimada podría volver a impulsar un nuevo pedido de juicio político, incluso con los mismos argumentos u otros adicionales, reiniciando todo el procedimiento desde cero.

Finalmente, la presidenta de la comisión adelantó que esta experiencia dejó en evidencia la necesidad de debatir reformas pendientes, como la reglamentación del juicio político por ley y la revisión del régimen de licencias de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, que actualmente se rige por normas fijadas por el propio cuerpo.

“No hay nadie por encima de los jueces y ellos fijan su propio régimen de licencias. Entonces, es muy difícil a veces determinar que una persona hace algo en contra de la ley porque se la fijan ellos mismos”, cuestionó la legisladora. De hecho, indicó que, desde el Poder Legislativo, al que también reconoció como “un poco discutido”, se presentará “un proyecto de ley para que también los miembros del Superior Tribunal tengan su un régimen de licencias parecido al que tienen los tribunales inferiores y el resto de los poderes del Estado”.

También mencionó la continuidad del tratamiento de proyectos vinculados a problemáticas sociales, como el bullying y el ciberbullying en el ámbito escolar.

 “Aunque tengamos mayoría, sin quórum no hay dictamen. Y el quórum se logra con presencia. El PJ decidió no estar y por eso el juicio político no avanzó”, afirmó Laner.En ese sentido, precisó que en la Comisión de Juicio Político el quórum se alcanza con la presencia de la mayoría de sus integrantes, condición que no se cumplió debido a la ausencia del bloque justicialista. “No existe la posibilidad de dictaminar solos. En un tema de esta gravedad institucional, el dictamen requiere quórum. El día que había que resolver, el PJ no fue”, remarcó.

Críticas a la postura del PJLaner también cuestionó lo que definió como una contradicción del peronismo, que reclamó públicamente mayor tiempo de debate mientras se ausentaba de los ámbitos institucionales donde ese debate debía producirse. “Hablan de evitar tratamientos exprés, pero no participan ni de la comisión ni de la sesión. El debate se da en los ámbitos institucionales, no desde la ausencia”, sostuvo.

Proceso legislativo y marco constitucionalLa diputada destacó que los bloques oficialistas y aliados cumplieron con todas las etapas del proceso, analizando la documentación y escuchando los descargos correspondientes. Si bien aclaró que no integra la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, señaló que los legisladores que no forman parte de ese cuerpo recibieron información permanente y detallada sobre el desarrollo del procedimiento.Finalmente, Laner fue categórica al asignar responsabilidades: “Si hoy no hubo juicio político, no es por una decisión del oficialismo. Es porque el PJ se ausentó. Sin quórum no hay dictamen, y sin dictamen no hay tratamiento en el recinto”.La legisladora recordó que el juicio político está expresamente regulado en la Constitución de Entre Ríos, en los artículos 138 a 154, y que el artículo 143 establece un plazo perentorio de 30 días para que la comisión concluya su labor.

 Son 21 páginas que solo tienen la adhesión de los legisladores oficialistas (muchos de ellos habían alentado los pedidos de juicio político, preocupados por la gravedad de las denuncias) y que esperan la votación salvadora -ordenada por el propio gobernador Rogelio Frigerio a sus subordinados- para echar por tierra las denuncias y marcar nuevos criterios de transparencia y lucha contra la corrupción. Y donde además queda claro que ningún ciudadano, ningún periodista ni diputado opositor podrá denunciar más a nadie del STJ por supuesto mal desempeño, porque ahora las reglas de juego son otras. La sesión, que en principio estaba prevista para el lunes, se adelantó para este viernes a las 14 y a las 13 habrá una reunión previa de la Comisión de juicio político. Según supo ANALISIS, el bloque del peronismo votaría en contra o bien solicitaría se acepte la abstención, que es una opción que no está reglamentada, pero que ya se acordó en otra instancia, como cuando se trató la boleta única.Después de la introducción que hicieron los señores diputados -de entrada- consignaron en el acta que “adelantamos que entendemos que no hay mal desempeño en sus funciones”. Y agregaron: “lo realizado por la denunciada, en su rol de vocal del Superior Tribunal de Justicia,-como también lo podría hacer el gobernador-, al concurrir a diferentes provincias o países a representar el Estado Entrerriano, reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad honorem, viajar sola y/u acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, viajar en autos oficiales y con choferes, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”. Quedó claro que los legisladores nunca leyeron las pruebas ni averiguaron. Medina de Rizzo nunca fue en representación del Estado entrerriano a ninguno de los 60 países en que viajó. Nadie del STJ le asignó ese rol en 21 años de funciones como vocal. Y siempre viajó en representación de la organización que presidía, como la Asociación de Mujeres jueces de Argentina (AMJA), pero utilizando recursos del Estado en su apoyatura logística para viajar a Buenos Aires hasta Ezeiza y luego esa entidad le podía cubrir los costos.Y agregaron los diputados: “El análisis de estas situaciones que no configuran infracción alguna nos lleva a concluir que una denuncia basada en ellas es lo que no debe prosperar. La idea de que se utilicen para hostigar a los magistrados y funcionarios judiciales denuncias sin sentido, debe desalentarse, remarcando el necesario apartamiento de aquellas cuestiones que –según nuestras propias convicciones y no según el reproche legal– podrían darse o haberse dado de otro modo. En esta línea argumental, cabe señalar, que según el procedimiento sustanciado no resulta contundente el acervo probatorio a efectos de imputar la violación a compromisos éticos incompatibles con la magistratura, por cuanto no resulta visible la utilización de los bienes y recursos del estado en beneficio de la vocal denunciada ni de sus familiares, sino sólo de la función jurisdiccional y la representación institucional a partir de los cargos que ostentó a nivel provincial, nacional e internacional”.Los diputados consignaron luego que “seleccionar, juzgar o analizar los gastos económicos realizados por un miembro del Superior Tribunal de Justicia en uso de sus facultades reglamentadas no es facultad de los diputados hoy aquí reunidos, si no del Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo que ha contestado el oficio número 8 y que da cuenta que todos los gastos se encuentran analizados y aprobados”. O sea, el TdC aprobó todos los gastos, tal como lo hizo con Sergio Urribarri, quien terminó condenado a prisión por 8 años, por delitos de corrupción.También marcaron distancia de los viajes de Medina al exterior, en vuelos privados, en una empresa contratada por el dueño de Aeropuertos 2000, Eduardo Eurnekian, sin dejar registro en ningún lado, violándose la Ley de Ética Pública nacional y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la recepción de dádivas como funcionaria pública. Los diputados indicaron que no corresponde “seleccionar, juzgar o analizar los gastos económicos realizados en un viaje privado fuera de su magistratura –previa autorización de licencia- sean que fuese de su peculio o abonados por terceros amigos o familiares. En efecto, mientras que el viaje se encuentre debidamente autorizado y justificado por sus funciones -reglamento interno STJ- el mismo no afecte su cargo de funcionario público, ni los intereses económicos del Estado o genere algún daño patrimonial, no se puede juzgar pues eso no es materia de discusión de este Poder Legislativo”.Más adelante manifestaron que “cuanto a la prueba acompañada en las denuncias, si bien algunas de ellas pretenden exhibir cierta convergencia temática y refieren a un mismo marco fáctico general, dicha coincidencia resulta meramente aparente y carente de solidez jurídica, en tanto las imputaciones formuladas no presentan homogeneidad, precisión ni coherencia interna suficientes. En efecto, aun cuando determinadas iniciativas aluden a hechos presuntamente comunes, otras introducen descripciones disímiles, ampliaciones no concordantes o supresiones arbitrarias, lo que evidencia una fragmentación del relato fáctico que impide construir un reproche consistente y jurídicamente inteligible. Esta falta de uniformidad se verifica también en la atribución de responsabilidades, pues la participación que se le atribuye a la vocal denunciada, presenta coincidencias parciales, exclusiones selectivas y contradicciones manifiestas, incluso respecto de un mismo hecho, lo que debilita sustancialmente la verosimilitud de las imputaciones. Así, por ejemplo, las denuncias refieren de modo genérico a un supuesto abandono de la vocalía a cargo de la vocal; sin embargo, contrastadas tales afirmaciones con los datos acompañados en la etapa probatoria, las mismas no superan el umbral de un hecho meramente anecdótico, lo que pone de manifiesto que las denuncias formuladas no persiguen la acreditación de una irregularidad concreta, sino que se limitan a intentar construir artificialmente un ´caso´, carente de sustento fáctico, jurídico y funcional. En efecto, lejos de describir un núcleo fáctico común, objetivo y verificable, las presentaciones introducen hechos diferenciales, agregados contingentes o reconstrucciones subjetivas, sin respaldo normativo ni correlato institucional alguno, que no logran configurar una conducta jurídicamente reprochable”.Según los diputados de Rogelio Frigerio, “la enumeración de atribuciones que se le efectúan a la vocal, no supera el estadio de una caracterización preliminar, provisoria y conjetural, que no se traduce en la individualización clara de actos, omisiones o decisiones concretas, ni en la identificación precisa de una norma presuntamente vulnerada. En tal contexto, dichas imputaciones carecen de entidad suficiente para habilitar un reproche serio, incluso en una instancia preliminar de análisis. (Información completa página web)Los oficios librados al STJ y las contestaciones de los mismos, dan cuenta que no se registra morosidad en su vocalía. En definitiva, las denuncias formuladas no logran articular un reproche jurídicamente sostenible, en tanto se apoyan en una lectura fragmentaria, parcial e incorrecta del sistema de gobierno judicial, omitiendo deliberadamente el carácter colegiado que define el dictado de acuerdos y acordadas y desnaturalizando la función institucional de superintendencia propia del órgano constitucional”. Agregaron que “las denuncias se bifurcan en otra posible causal de mal desempeño como son las ausencias y licencias”.

Manifestaron que el STJ, “en su carácter de órgano cabeza del Poder Judicial de la Provincia, ejerce funciones de gobierno judicial en los términos de los artículos 204 inc. a) y 205 de la Constitución Provincial, así como de los artículos 37 y 38 de la Ley 6902 Orgánica del Poder Judicial, que le atribuyen la representación institucional y la superintendencia general de la administración de justicia. En ejercicio de dichas atribuciones, el Alto Cuerpo ha dictado los reglamentos y protocolos que regulan las licencias, ausencias, comisiones de servicio y salidas transitorias de los magistrados y funcionarios judiciales, diferenciando expresamente los regímenes aplicables según la función y jerarquía de los sujetos alcanzados. En consecuencia, las acordadas constituyen verdaderas normas jurídicas, dictadas por el STJ en ejercicio de las facultades de superintendencia que le reconoce el orden constitucional y legal vigente, con el objeto de regular el funcionamiento interno del Poder Judicial y la actuación de los organismos que de él dependen”.

Más adelante señalaron que “los oficios librados al STJ y las contestaciones de los mismos, dan cuenta que no se registra morosidad en su vocalía. En consecuencia, y a la luz del plexo constitucional, legal y doctrinario vigente, corresponde afirmar que los Acuerdos y acordadas dictadas en materia de gobierno y en ejercicio de la función de superintendencia del Poder Judicial no constituyen decisiones individuales de uno de sus miembros, sino que son el resultado del ejercicio colegiado de competencias propias del STJ como órgano constitucional, adoptadas conforme las reglas de integración, deliberación y mayoría establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 6902. Desde esta perspectiva, resulta jurídicamente inconsistente pretender endilgar en forma individual a un solo Vocal la responsabilidad de un régimen que se inscribe directamente en la función de gobierno judicial, toda vez que dicha función es ejercida por el cuerpo en su conjunto, como manifestación orgánica de la voluntad institucional del STJ”.

Régimen de licencias y capacitaciones

Los legisladores oficialistas manifestaron más adelante que el “régimen previsto establece de manera expresa un límite máximo de veinte días anuales, cualquiera sea la modalidad de la licencia (con goce total, parcial o sin goce de haberes), límite que únicamente puede ser ampliado mediante Acuerdo del Tribunal, previa declaración formal de que la actividad reviste interés judicial. Asimismo, el artículo impone como condición esencial de procedencia que, en la solicitud, el interesado declare bajo juramento estar al día en el despacho de las causas y en el dictado de resoluciones y sentencias que le hayan sido asignadas para decidir, configurándose dicho requisito como un mecanismo de control funcional y de tutela del adecuado cumplimiento de la función jurisdiccional. En contraste con el régimen general antes descrito, los vocales del Superior Tribunal de Justicia se encuentran alcanzados por un régimen especial, diferenciado y autónomo, aprobado mediante los Acuerdos Generales Nº 06/17, 16/17 y 17/17”.

Agregaron que “en base a dichas particularidades, se instituyó un Régimen de Comisiones de Servicio y Ausencias específico, gestionado a través del Sistema de Gestión de Personal (SGP), que no se encuentra sujeto al tope anual de veinte días ni a la exigencia formal prevista en el artículo 40, sino a un protocolo reglamentario propio, orientado a garantizar la comunicación previa, la toma de razón administrativa, la subrogación legal y la continuidad del servicio de justicia. El artículo 38 de la Ley orgánica, establece y no fue tenido presente en la denuncia, que es el mismo Tribunal que, en primer término, el presidente fija el orden del día de los Acuerdos, previa conformidad con el Tribunal de Superintendencia y proveer las cuestiones urgentes de superintendencia, debiendo informar al Tribunal en el primer acuerdo que se celebre. Y es el mismo Superior (Art. 37) y la Ley vigente que establece, que el mismo conceder licencias, conforme a la reglamentación que dictará, a los magistrados, funcionarios y empleados, sin perjuicio de las que, en las condiciones y por el término que se fije, podrán otorgar los demás magistrados y Ministerios Públicos a su personal. En este contexto, las ausencias y comisiones de los Vocales no constituyen licencias en sentido estricto, sino manifestaciones funcionales inherentes al ejercicio del gobierno del Poder Judicial y, es la misma Ley, que define esa atribución, por eso al solicitar se consigna ´Razones de Vocalía´”.

Y remataron al respecto: “En consecuencia, corresponde concluir –conforme la prueba recolectada- que todas las ausencias, licencias, comisiones de servicios, compensatorias de ferias, que se mencionan en el período indicado (2016-2025) fueron solicitadas en tiempo y forma, con indicación del motivo por el cual se solicitaban, autorizadas, registradas y aprobadas por autoridad competente, conforme el Reglamento de licencias vigente del Superior Tribunal de Justicia”.

Vale decir, que la jueza Medina se defendió sosteniendo que la enorme cantidad de licencias no implica un incumplimiento, porque los integrantes del STJ tienen vía libre para tomar todas las licencias que quieran. Queda claro que los diputados no tuvieron en cuenta que tal instancia contiene un enorme problema ético jurídico. Los propios vocales del STJ, según declara Medina, se autoexcluyeron de toda limitación a las licencias, crearon un régimen especial a su medida, una suerte de “autoamnistía”. Nada indica que una decisión de esas características tenga valor jurídico, sino que se asemeja demasiado a un abuso funcional.

Más adelante se refirieron a la crítica que se le hace de las capacitaciones, tomando absolutamente textual lo señalado en su descargo por la jueza Medina. Y acotan: “Lo dijo la señora Vocal al momento de contestar preguntas, en el descargo efectuado y en sendas publicaciones, que “La capacitación es un derecho y deber de la Magistratura, y en mi carácter de directora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi, cargo que ejerzo “adhonorem” desde febrero de 2014 por decisión de mis pares, he participado de actividades académicas y de formación, en la provincia y fuera de ella a través de REFLEJAR (Red Federal de Escuelas Judiciales). Todas las licencias solicitadas por ese motivo fueron autorizadas por el Superior Tribunal de Justicia conforme la reglamentación vigente”.

Seguidamente, mencionaron las respuestas, en el mismo orden del descargo de Medina. “1) Viáticos. Los viáticos por actividades fueron otorgados conforme la reglamentación vigente, autorizados, y controlados por los mecanismos internos como la Contaduría General del Poder Judicial y la Tesorería, y externos como el Tribunal de Cuentas de la Provincia y sin objeciones conforme la documentación” (que al proponerse este dictamen no había sido incorporada aún, pero ya lo daban por hecho, por adelantado).

Continuando con esa misma línea de lo presentado por la defensa de la jueza, se consignó el “rechazo a uso de vehículo oficial. El 01 de febrero de 2022 la vocal denunciada renunció formalmente al uso del servicio consignado como chofer de la presidencia del STJ”, lo que fue una falta absoluta a la verdad. Medina rechazó el uso del auto de Presidencia, pero utilizó siempre otro vehículo, de la misma marca, mismo modelo y comprado en su gestión a la empresa Haimovich, con el mismo chofer, con el que hizo numerosos viajes en la provincia, en el país y en particular a Buenos Aires, por cual, a valores de hoy y en moneda extranjera, se erogaron más de 16 mil dólares. Pero, ningún diputado lo tuvo en cuenta, pese a que la información provino del propio STJ. Los diputados hicieron suyo en el dictamen que Medina rechazó el cobro de viáticos, tal como lo comunicó a Contaduría del Alto Cuerpo el 15 de julio de 2022. “Mi decisión es no percibir viáticos en los viajes oficiales que se realicen dentro de la jurisdicción, cuando los mismos no demandará gastos de alojamiento”, indicó. O sea, solamente no cobró viáticos dentro de la provincia, pero solamente por seis meses. Después lo siguió haciendo, fuera y dentro de la provincia, incluso hasta el 2024.

También tomaron absolutamente el dato aportado por la jueza de que entre 2014 y 2025 firmó 5.821 sentencias. “Mi despacho se encuentra al día de la fecha sin causas con términos vencidos para resolver, conforme dan cuenta los informes de las distintas secretarías que se agregaron oportunamente”. Al hacerlo, los diputados pasaron por alto que en la prueba presentada se muestra cómo Susana Medina -más allá de si “hoy” tiene al día su despacho-, en muchas ocasiones en los últimos años ha demorado sus votos por meses y meses, llegando a una morosidad de “8 o 9 meses”, tal como lo reconoció la propia vocal en su alegato defensivo por zoom ante los legisladores que, evidentemente, la tenían en la pantalla, pero nunca escucharon lo que ella dijo. Y menos aún se dieron tiempo para observar las pruebas presentadas, lo que deja de manifiesto una alta irresponsabilidad por parte de los representantes del pueblo.

Respecto a la Asociación de Mujeres jueces de Argentina (AMJA), los diputados dijeron: “Que del análisis integral de las presentaciones efectuadas surge que las denuncias no presentan un relato coherente, homogéneo ni verificable, sino que se estructuran a partir de imputaciones fragmentarias, conjeturales y contradictorias, carentes de individualización precisa de hechos, actos u omisiones concretas atribuibles a la persona denunciada. Por otro lado, los auspicios, aportes y donaciones recibidos por la Asociación durante los períodos analizados se encuentran debidamente identificados, no se registran aportes del Banco NBERSA, Fundación NBERSA ni Fundación Grupo Petersen, y no se ha abonado suma alguna a la Dra. Susana Ester Medina en concepto de representación, asistencia o gastos de ninguna naturaleza. Que el patrimonio de esa persona jurídica, es administrado de manera colegiada por su Comisión Directiva, bajo fiscalización de la Comisión Revisora de Cuentas, lo que torna jurídicamente improcedente e insostenible cualquier imputación de manejo personal, discrecional o espurio de fondos”. Nunca hubo información complementaria sobre AMJA, sino que Medina presentó los links de la página web de la institución, con las diversas actividades, que incluso demuestran que todos los actos de los que participó (en los que en su mayoría llegaba en auto oficial hasta Buenos Aires, con chofer oficial y pago de viáticos al conductor) eran organizadas por AMJA y no tenía nada que ver el Poder Judicial. Es decir que AMJA pasó a ser como un apéndice no oficial del STJ entrerriano, aunque parezca increíble. Y en las fotografías de los diferentes encuentros -presididos por Medina- aparecen los banners publicitarios de los auspiciantes que, para ello, siempre tienen que hacer las contrataciones correspondientes con la mencionada entidad o con quien pretenda auspiciar.

Las consideraciones y descalificaciones de los diputados

En las últimas 6 páginas del acta, los diputados oficialistas consignan: “Las denuncias examinadas revelan una manifiesta falta de rigor, al desconocer el funcionamiento institucional y colegiado tanto del Poder Judicial como de la asociación involucrada, configurando un planteo formulado con temeridad y ligereza, sin base fáctica ni jurídica suficiente. Del análisis normativo e institucional efectuado, no se verifica incompatibilidad alguna entre el ejercicio de la función judicial y la presidencia de una asociación civil sin fines de lucro, ni se advierte afectación al decoro, la imparcialidad o el buen desempeño exigible a los magistrados. Por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente— así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza. Las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.

Y acotaron: “De las denuncias examinadas se observa que: no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno. Esta ausencia no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional. El Superior Tribunal de Justicia, como órgano cabeza del Poder Judicial, ejerce constitucional y legalmente facultades de superintendencia, y sus decisiones en materia de gobierno judicial, organización interna, licencias, comisiones, acuerdos y acordadas son actos institucionales adoptados de manera colegiada, expresión de la voluntad orgánica del cuerpo. Pretender endilgar responsabilidad individual por actos que son, por definición, colegiados e institucionales, revela un desconocimiento inadmisible del funcionamiento del Poder Judicial y de los principios republicanos que lo sustentan. Las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones. Tal proceder, lejos de satisfacer los estándares mínimos exigidos por la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina de la Corte Interamericana, revela una actuación temeraria, carente de rigor y de seriedad institucional, incompatible con la gravedad que exige la activación de un mecanismo excepcional como el juicio político”.

No obstante, una exhortación

Los diputados también hicieron una exhortación al Poder Judicial. “Sin perjuicio de lo antedicho, sabido es que el sistema de gobierno republicano importa no sólo la división de poderes sino también la posibilidad que entre los poderes del Estado realicen controles recíprocos y esta instancia ha sido una de ellas. En ese marco también pueden ubicarse las denominadas sentencias exhortativas que dicta el Poder Judicial instando a los otros poderes del Estado a encaminar sus actos en un sentido o en otro o en abstenerse de realizarlos. Por ello, y dentro de las potestades que emergen del referido sistema de gobierno adoptado por nuestro país en el artículo 1 de la Carta Magna, resulta oportuno exhortar al Poder Judicial a adecuar sus regímenes de licencias a lo que rige en otros ámbitos del Estado, ajustándose al principio de razonabilidad y proporcionalidad emergentes del artículo 28 de la Constitución Nacional y en un todo de acuerdo con el principio cardinal de igualdad, según las prescripciones del artículo 16 del texto constitucional federal. Un acuerdo del STJ mesurado y de amplia difusión que contemple para sus miembros, un plazo máximo para las capacitaciones, charlas, representaciones, congresos, comisiones de servicio y salidas transitorias, gastos y viajes en el año es lo que la sociedad y los suscriptos solicitamos. Idéntico para el cómputo de los plazos, pues si bien es cierto que el cuerpo es colegiado también lo es que no hay sanciones si alguno de sus miembros está en mora, porque no existe autoridad por encima del STJ, por tal motivo también sugerimos se revisen estos parámetros y se dicte también una norma al respecto. Todo ello sin perjuicio de que esta Legislatura, en el marco del principio de legalidad, haciendo uso del poder de policía del Estado entendido como capacidad de restringir derechos por ley, pueda sancionar una norma que establezca un nuevo régimen de licencias y/o una norma para reglamentar el atraso de los Vocales del STJ. Que, en consecuencia y teniendo por concluidas las instancias exigidas en este proceso, y analizadas rigurosamente las constancias incorporadas a la presente causa, se alcanza el grado de convicción necesario para rechazar la denuncia incoada contra la doctora Susana Ester Medina por no existir mérito para la acusación y de conformidad con el art. 143 de la Constitución Provincial”. Por ende, los diputados oficialistas Gabriela Lena, Marcelo López, Fabián Rogel, Bruno Sarubi, Silvio Gallay, María Elena Romero, Carolina Streitenberger y Susana Pérez -de Juntos por Entre Ríos- y los libertarios Roque Fleitas y Gladys Salinas, resolvieron por mayoría rechazar el pedido de juicio político contra la vocal, lo que será votado este viernes 28, en la sesión especial prevista para las 14, siempre y cuando exista el quórum correspondiente. El peronismo no está de acuerdo en votar a favor de la vocal Susana Medina y planteará su rechazo o bien su abstención, a la hora de levantar la mano.(I:Análisis) 

La vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos presentaciones por presunto mal desempeño. Una de ellas señala que, entre 2016-2019 y 2024-2025, Medina habría acumulado 668 días hábiles de ausencia por actividades académicas, institucionales o vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

La segunda denuncia afirma que esas ausencias habrían generado demoras superiores al 80% en la tramitación de causas, acusación que la magistrada rechaza.También se investigan presuntos conflictos de intereses por aportes de entidades financieras a la asociación que Medina presidía, mientras integraba una sala con causas pendientes contra una de esas instituciones.

La Comisión ya abrió la investigación preliminar, ordenó medidas de prueba y otorgó a la jueza plazo hasta el miércoles para presentar su descargo, sea personal o por escrito. Su defensa está a cargo de un equipo de abogados que sostiene que Medina es objeto de un ataque injustificado.

López remarcó que la apertura del proceso responde a requisitos formales y a la necesidad de “examinar con mayor profundidad” los hechos denunciados, aunque advirtió que no corresponde anticipar conclusiones antes de escuchar la versión de la magistrada.

La decisión se adoptó después de varias horas de debate de la Comisión de Juicio Político, con la presencia de 16 diputados encabezados por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena. El cuerpo legislativo analizó los expedientes administrativos N° 3400 y N° 3432, presentados respectivamente por el docente jubilado Eugenio Alejandro Jacquemain y por María Fabiana Cian junto a María Valeria Harari (Entre Ríos sin corrupción), ambos fundamentados en la causal de mal desempeño conforme lo establece la Constitución Provincial y tomando como base lo denunciado por la revista ANÁLISIS en artículos de investigación periodística de los últimos meses, en torno a graves irregularidades de la vocal Susana Medina de Rizzo.La comisión resolvió correr traslado a la magistrada denunciada con copias de las acusaciones para que en un plazo de cinco días corridos comparezca personalmente o con apoderado a ejercer su defensa, ofrecer pruebas y constituir domicilio. La incomparecencia o inacción de Medina no impedirá la prosecución de las actuaciones.Se fijó audiencia para el lunes 22 de diciembre a las 17 horas en el recinto de la Cámara de Diputados, donde la vocal podrá ser oída y contestar preguntas de los miembros de la comisión.

Las resoluciones aprobadas incluyen un paquete exhaustivo de medidas probatorias que abarcan el período comprendido entre 2016 y 2025. La investigación se centrará en varios ejes:--Estadísticas judiciales: Se ordenó al Área de Planificación, Gestión y Estadística del Poder Judicial que informe las estadísticas de la Sala 3 del Fuero Laboral desde 2019, con especial énfasis en las estadísticas personales de la vocal Medina, incluyendo fechas de alta de procesos, dictado de sentencias, y desagregación de votos con identificación de cada vocal interviniente.--Ausencias y licencias: La Secretaría de Superintendencia N° 1 deberá informar todas las ausencias de la jurisdicción desde diciembre de 2016, con descripción de las fechas en que se ausentó de la provincia, copias certificadas de solicitudes de licencias con sus fundamentos, listado de licencias por capacitación, uso de viáticos, y acuerdos del STJ que concedieron dichas licencias, especialmente las que requieren autorización por viajes a otras provincias o al exterior.--Gastos del Estado: La Contaduría General y la Tesorería del Superior Tribunal deberán detallar todos los gastos generados por viáticos de la magistrada y sus choferes, gastos de alojamiento, refrigerio, movilidad, combustible, peajes y estacionamientos durante el período 2016-2025, discriminando montos abonados por viáticos nacionales y extranjeros.--Uso de vehículos oficiales: La Secretaría de Superintendencia N° 2 deberá informar sobre vehículos oficiales asignados a la vocal entre 2016 y 2025, registro de salidas y rutas, órdenes de comisión, libros de guardia, hojas de ruta con origen y destino, nómina completa de choferes asignados, régimen horario y horas trabajadas fuera de la jurisdicción.--Salidas del país: Se libró oficio a Migraciones Argentina solicitando informe de todas las salidas del país de la Dra. Medina en los últimos nueve años, especificando días y horas.--Vínculo con asociaciones: En un capítulo particular, la comisión ordenó a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina que informe sobre aportantes de auspicios, sponsors y donaciones durante 2023 y 2024, específicamente si recibió aportes del Banco de Entre Ríos, Fundación Bersa y Fundación Grupo Petersen. También se solicitó detalle de eventos en los que participó Medina en los últimos cinco años, con lugares, fechas y horarios, y si se le abonaron sumas por representación, asistencia o gastos.

Plazos y consecuenciasTodos los organismos requeridos tienen plazo perentorio e improrrogable de cinco días corridos para responder. En caso de incumplimiento, la presidenta de la comisión quedó facultada para realizar presentaciones judiciales o administrativas correspondientes. La investigación se desarrollará bajo las facultades conferidas por el Capítulo VIII de la Constitución Provincial, pudiendo ampliarse, aclararse u ordenar otras medidas en el transcurso del proceso.

Una vez realizada la investigación, la comisión elevará un informe a la Cámara de Diputados con todos los antecedentes y su dictamen. Si el dictamen es favorable a la acusación, requerirá dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de la Cámara para su aceptación, lo que derivaría en el enjuiciamiento ante el Senado provincial.

El acta fue suscripta por los 16 diputados presentes al finalizar la reunión a las 13:30 horas.(I:Análisis) 

La nueva presentación se realizó este miércoles pasadas las 8 en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Allí se presentó la presidenta de la ONG Entre Ríos sin corrupción, María Fabiana Cian.El nuevo trámite se suma a la denuncia formulada el viernes, que será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunión este jueves a las 11.

La denuncia de Entre Ríos sin Corrupción se centra en “abusos del sistema de licencias”, el “abandono de funciones que perjudicó la función judicial”, la “alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes” cuando Medina fue presidenta el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y una situación de “abuso de autoridad”.En el texto se marca que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se muestran estadísticas que constatan los índices de demora en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra la magistrada, reseñó Análisis.

“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, se remarca en el texto junto a datos que muestran el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.

En la información se observa que en 2024, por ejemplo, el índice de morosidad llegó al 90 por ciento. También se incluye un cotejo con las otras salas del alto cuerpo. En 2025 la morosidad alcanza el 88 por ciento. Para los denunciantes, la conducta se encuadra en la causal de mal desempeño.Otro punto aborda la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que hasta esta semana presidió Medina, “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La referencia es a una entidad bancaria que es agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas.Los denunciantes acompañan imágenes de elementos de comunicación institucional de AMJA en los que puede observarse el logo de la entidad en cuestión. Y entienden que la recepción de esos aportes, de haber existido, constituye un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.Por último, se incluyó en la denuncia un hecho que para la ONG constituyó un abuso de autoridad, ocurrido cuando al momento de celebrarse una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, a representantes de Entre Ríos sin corrupción se les impidió el acceso a Tribunales.

Elon Musk y Donald Trump rompieron públicamente su alianza política y personal, en medio de acusaciones cruzadas, amenazas de represalias económicas y publicaciones virales en redes sociales. El quiebre se formalizó cuando Musk reposteó en X un pedido de juicio político (impeachment) contra el presidente y propuso que sea reemplazado por el senador J.D. Vance. A la publicación, Musk agregó un escueto pero contundente: “Yes”.Según supo Noticias Argentinas con información de agencias internacionales, el conflicto escaló rápidamente cuando Trump, durante una reunión con el canciller alemán, expresó estar “muy decepcionado con Musk” y sugirió que podría cancelar todos los contratos gubernamentales de SpaceX y Starlink. “La forma más fácil de ahorrar miles de millones es cortar los subsidios a Elon”, escribió en su red Truth Social.Musk respondió en tiempo real: “Adelante, haceme el día”, y fue más allá al insinuar que Trump figura en los archivos no publicados del caso Jeffrey Epstein, lo que —según el empresario— explicaría la falta de transparencia de la Casa Blanca sobre ese escándalo.La ruptura se produjo pocos días después de una despedida privada en el Despacho Oval, donde Trump le entregó a Musk una llave simbólica en reconocimiento por su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ambos habían compartido actos de campaña, vuelos en el Air Force One y hasta estadías en Mar-a-Lago.Sin embargo, el proyecto económico que Trump impulsa —denominado “Enorme y Hermoso Proyecto de Ley”— generó fuertes críticas por parte de Musk, quien lo calificó de “repugnante abominación” y advirtió que aumentaría el déficit. El detonante habría sido la reversión de los créditos fiscales a vehículos eléctricos, una medida que afecta directamente a Tesla.Trump contraatacó retirando la nominación de Jared Isaacman, impulsado por Musk para dirigir la NASA, y lo calificó como “un absoluto demócrata”.Tras el cruce, las acciones de Tesla cayeron más del 10%, sumando tensión al escenario. Musk, lejos de recular, afirmó: “Sin mí, Trump habría perdido la elección. Qué ingratitud”.La disputa entre dos de las figuras más influyentes del mundo se convirtió en una guerra abierta en redes sociales, que deja interrogantes sobre el futuro político y financiero de ambos. NA.

 En una intensa y larga reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición dejaron planteadas claramente sus diferencias respecto al tema, el Frente de Todos aprobó por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Con 16 miembros sobre 31 de la comisión, el oficialismo se alzó con la resolución que sostiene que de los 14 proyectos �Sse acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales⬝.

�SEl tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático⬝, agrega el texto que hace referencia al informe de admisibilidad de unas 90 carillas.

Pasadas las 15, tras la intervención de Vanesa Siley, la resolución propuesta por el Frente de Todos se votó de manera nominal y uno a uno los integrantes de la comisión dejaron expresado su voto, resultando 16 contra 15.

Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un informe de rechazo �Sin limine⬝, de 108 páginas, en la que se aclara que los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto declaran la apertura del sumario de investigación respecto únicamente de Lorenzetti, en base a sus propios pedidos.

Un largo debate con posiciones contrapuestas

En un fuerte discurso, el vicepresidente de la comisión y jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, enfatizó: �SCreemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene, entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes, el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático⬝.

A continuación, fue el turno del titular del bloque UCR y secretario de la comisión, Mario Negri, quien sostuvo que �Sla Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias⬝, y manifestó que los jueces de la Corte Suprema �Sno han incurrido en delito o mal desempeño. Las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real⬝. �SEstá finalizando el ciclo de 16 años de confrontación con la Justicia y ahora le declararon la guerra contra la Constitución⬝, enfatizó.

De la vereda de enfrente, el kirchnerista Leopoldo Moreau brindó un discurso muy crítico contra los jueces del máximo tribunal y denunció que �Sesta Corte se ha transformado en un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución⬝, y que �Sse quieren apropiar de la democracia⬝.

 �SEs el dictamen más importante. Es un informe con la resolución donde se dice que son admisibles las denuncias y que habría pruebas de acuerdo al artículo 9 del reglamento interno de la Comisión⬝, reconoció en declaraciones a Infobae la diputada entrerriana Carolina Gaillard, presidenta de Juicio Político. La reglamentación establece en ese punto que deben analizarse si en las imputaciones se dan �Slas condiciones subjetivas del denunciado y objetivas de la causa para la apertura del sumario de investigación⬝.

La votación será un paso formal. El oficialismo cuenta con la mayoría necesaria (16 votos sobre 31) para que el despacho salga sin problemas. El dictamen abre el proceso del Juicio Político. A partir de ese momento, los cuatro ministros de la Corte pasarán a ser acusados de mal desempeño en sus funciones. Este paso no necesita ser ratificado por el plenario de la Cámara. Una semana más tarde, el jueves 16, comenzarán a desfilar ante la Comisión más de 30 testigos que convocó el oficialismo para sostener los cargos. También habrá espacio para que los cuatro jueces expongan. Recién culminada la etapa probatoria, la Comisión votará si se promoverá o no el juicio político a la Corte. Ese dictamen deberá ir al recinto. La continuidad de la arremetida requerirá que dos tercios de la Cámara lo avalen. El oficialismo está muy lejos de ese número. Antes, la Comisión que preside Gaillard deberá cumplir con otro paso procesal.

Hoy, jueves 2, habrá una audiencia para escuchar los argumentos de quienes hayan promovido pedidos de juicio político contra la Corte. �STodos han confirmado su presencia. Expondrán todos los que han presentado denuncias: autores de proyectos y autoridades de organizaciones de la sociedad civil⬝, adelantó Gaillard. Habrá 15 minutos para cada uno. Y está por definirse si se habilitan preguntas de los legisladores de la Comisión.

En una reunión que se extendió por casi cuatro horas y atravesó momentos tensos, arrancó en la Cámara de Diputados el debate de los pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En sus intervenciones, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. Mientras que Juntos por el Cambio encendió la mecha con discursos políticos en los que cargó contra el Gobierno y calificó de �Scirco⬝ el debate. En algunos tramos las chicanas e interrupciones cruzadas se agudizaron, pero sin llegar a desbordar la reunión.

En el comienzo del encuentro, que se realizó en una llena Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, la presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, repasó los 14 proyectos de resolución presentados y detalló la catarata de denuncias de delitos que contienen cada uno.

�SVoy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión⬝, aseguró la oficialista, quien aclaró: �SEl juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia⬝.

Al explicar cómo continuará el procedimiento, la diputada dijo que en la siguiente reunión, del 2 de febrero, �Svamos a recibir a los autores de proyectos para que expongan⬝; en tanto, el 9 de febrero, se tratará �Sel informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria, es decir, la apertura a prueba para que se produzca la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca, que sea útil para esclarecer los hechos que se están denunciando⬝.

�SEn caso que el informe de admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto oportunamente⬝, agregó. Y subrayó que �Sla causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos es una causal prevista en la Constitución Nacional para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien⬝.

Desde el oficialismo, el presidente de la bancada, Germán Martínez, aclaró que �Ssiempre la oposición va a tener la posibilidad de expresar lo que quiera expresar⬝, pero �Slas invitaciones están reguladas en función de la etapa de prueba⬝. �SPara nosotros, los invitados entran en una segunda etapa, una vez abierto el sumario⬝, señaló. También respondió, ante una consulta del macrista Álvaro González que �Slos elementos que tengan que ver con admisibilidad serán analizados en conjunto por parte de toda la comisión. No vamos a formar subcomisiones; lo mejor es que lo debatamos en conjunto⬝.

En cuanto a los testigos que se citarán, la oposición buscará que el ministro de Economía, Sergio Massa, asista a exponer su posición debido a su rol de líder del Frente Renovador, una de las tres patas que integra la coalición oficialista. Además, Gaillard confirmó, ante una consulta de Graciela Ocaña, que los gobernadores que apoyaron el pedido estarán invitados.

Sin hacer referencia a la cuestión reglamentaria, el primer discurso político llegó por parte del mendocino Omar De Marchi: �SMe niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda principal o importante de la Argentina⬝. En ese sentido, advirtió que a partir de esta discusión �Snos metemos de cabeza por un camino que, estoy seguro, nos conduce al patio trasero de la Argentina⬝. �SLa Argentina hoy tiene otra agenda⬝, enfatizó y resaltó el �S50 % de pobres y el 100 % de inflación acumulada⬝. �SEl ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace con la inflación a costa de los sectores más vulnerables⬝, denunció.

En contra de Alberto Fernández, quien dio impulso al juicio político con apoyo de un grupo de gobernadores, el macrista sostuvo que �Sesta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, porque es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario, tiene principalmente dos objetivos⬝ que son �Sno hablar de los problemas importantes del país⬝ y la intención del Gobierno �Scon intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial⬝.

Recogió el guante la camporista Marisa Uceda, también proveniente de Mendoza. �SNo puedo estar más de acuerdo con el diputado preopinante en que estas sesiones extraordinarias se inician no solo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar⬝, reprochó sobre la actitud que tuvo durante diciembre la principal oposición.

�SSi se preocupan por la inflación, la Suprema Corte también es parte de este problema, porque no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital⬝, apuntó la kirchnerista y lanzó: �S¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento? Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro⬝.

Otro de los momentos calientes se dio con el discurso de Juan Manuel López, quien cuestionó que la comisión se reunió �Sdespués de que el presidente de la Nación y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) intentaron incumplir⬝ dos fallos de la Corte Suprema, en relación al Consejo de la Magistratura y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque �Sle molestan al poder político, no hay otra razón, todo lo demás que están agregando, en muchos casos, me parece cotillón⬝. Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman dijo que �Sobviamente esto tiene muchísimo de montaje electoral⬝, al tiempo que �Sesta iniciativa claro que le conviene a Juntos por el Cambio⬝. �SEstamos convencidos que les conviene a todos esta discusión en lugar de estar debatiendo los grandes problemas económicos⬝, se quejó.

�SLas decisiones políticas generan alineamientos, no es que nosotros busquemos alimentar la grieta, no es culpa nuestra que se hayan alineado para defender su Corte porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ��Banda de Lago Escondido�". Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial⬝, disparó Moreau.

Avanzada la reunión, otra de las duras exposiciones de Juntos por el Cambio fue por parte del diputado Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que �Seste juicio político, absurdo en sus fundamentos, que está basado en pruebas ilegales, que está condenado a una derrota estrepitosa en el recinto, sí tiene un objetivo que ustedes quieren cumplir, porque ustedes han sido muy hábiles en la cuestión simbólica. Ustedes tienden a socavar ante la opinión pública la base moral de los fallos de la Corte.

 �SCon el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron⬝, disparó duro el macrista contra el oficialismo, mientras se despertaban los gritos en la sala. Tras el revuelo, continuó: �SUstedes, el kirchnerismo, dejen de ser hipócritas, empiecen a llamar las cosas por su nombre, y hagan el verdadero planteo que en el fondo los anima, porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo, no les gusta este sistema, ustedes quieren otro modelo de país.

�SUstedes, el kirchnerismo, van a pagar muy duro esta ofensa. Lo van a pagar en las urnas, pero mucho más lo van a pagar ante la historia, que con desprecio no les va a conceder ni siquiera el don del olvido. Con esta ordalía ridícula ustedes creen están matando a la República, yo digo que se están suicidando⬝, cerró.

Dentro del Frente de Todos hay quienes opinan que el proceso debe durar al menos 90 días, pero desde el sector K aspiran a estirar el debate hasta el comienzo de la campaña electoral. Más allá de tener mayoría para poder avanzar con los respectivos dictámenes (es uno por juez), el oficialismo no cuenta con los dos tercios para aprobar la acusación en el recinto. (I: El Parlamentario-Síntesis El Heraldo)

Lo hemos expresado en numerosas oportunidades: la división de poderes es la garantía de una república sana y equilibrada, que ponga frenos y contrapesos a decisiones políticas que atentan contra el orden institucional. 

Ahora lo hacemos con preocupación ante el intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. La manipulación de las herramientas constitucionales desnaturaliza por completo la independencia de los poderes del Estado y pone en vilo la confianza sobre el sistema republicano.

La avanzada política sobre la Justicia busca socavar el rol del Poder Judicial, un poder que hoy es casi la única herramienta (sin dudas perfectible) con la que contamos los ciudadanos para poner límites al ejercicio de poder de los gobernantes. Volvamos a poner las cosas en su lugar: en el momento de extrema fragilidad en que nos encontramos, necesitamos defender la seguridad jurídica, reconstruir la confianza y credibilidad y defender la paz social. 

Hoy las urgencias no pasan por las disputas políticas. La situación económica es acuciante y todo indica que las condiciones empeorarán a lo largo del año 2023. Necesitamos enfocarnos en las soluciones de fondo que vuelvan a traer bienestar y crecimiento, en beneficio del conjunto.

Desde el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos estamos convencidos que el respeto por la división de poderes es la garantía de nuestra Republica que se construye sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional.  

Adhieren por el Foro de Entidades de Entre Ríos:

⬢ Asociación Civil Parque Industrial Crespo

⬢ Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná

⬢ Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos 

⬢ Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Paraná

⬢ Bolsa de Cereales de Entre Ríos  

⬢ Bolsa de Comercio de Entre Ríos 

⬢ Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos

⬢ Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos

⬢ Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos

⬢ Centro de Estudios Inmobiliarios Entre Ríos

⬢ Corporación Para el Desarrollo de Paraná

⬢ Consejo Empresario de Entre Ríos

⬢ Federación Agraria Argentina de Entre Ríos

⬢ Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

⬢ Federación Económica de Entre Ríos

⬢ Federación Entrerriana de Cooperativas

⬢ Industriales Madereros de Federación Entre Ríos

⬢ Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos

⬢ Unión Industrial de Entre Ríos

En un hecho que no registra precedentes institucionales, la comisión parlamentaria entendió que la sentencia dictada por estos jueces en la mega causa de espionaje ilegal que llevaba adelante el Juzgado de Lomas de Zamora y que dispuso el procesamiento de 38 personas, entre ellas, las máximas autoridades de la conducción de la AFI en el periodo presidencial de Mauricio Macri, fue fulminada por una resolución irrita y arbitraria cuyo objeto principal fue dejar de lado todas las evidencias e incluso confesiones de los propios autores para asegurar la impunidad de quienes encabezaron el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grave del que se registra a lo largo de toda la historia argentina.

Los miembros de la bicameral parlamentaria serán recibidos por los Consejeros de la Magistratura que se encuentren presentes al momento de la reunión.

Al finalizar el encuentro, los integrantes de la Comisión Bicameral brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer el texto de la presentación el cual reúne unas 25 carillas.

Desde el Caer consideraron que �Sno debemos naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso⬝.⬨⬨�SEsta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio⬝, aseguraron en un documento que dieron a publicidad.⬨⬨

Por otro lado, desde el Colegio pidieron al Poder Ejecutivo �Sque en el proceso de selección de quien ocupe dicho lugar se considere, que la persona elegida esté ejerciendo activamente la profesión de la abogacía, que tenga idoneidad en la materia de la Sala que integrará y que con su designación, se cumpla con la norma que garantiza paridad de género⬝.⬨⬨

Asimismo, dijeron que �Sque quien resulte designado luego de la propuesta y acuerdo del Senado de la provincia, cuente con antecedentes de buen decoro, y lo cumpla tanto afuera como adentro de la oficina Judicial, ya que la dignidad y probidad de los magistrados incluye el deber de mantener con altos estándares de conducta en las relaciones interpersonales, en pos de brindarle a la ciudadanía la confianza y la seguridad que hacen al imprescindible consenso social que legitima el ejercicio del poder público⬝.⬨⬨

�SQue desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos, como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado⬝, indicaron.