Fiscalía solicita cinco años y diez meses de prisión para el exgobernador, además de la devolución de los fondos que considera injustificados.

El juez de Garantías N.º 6, Mariano Budassof, remitió a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros. Según informó ANÁLISIS, medio que mantiene un seguimiento sostenido de las causas por corrupción política en Entre Ríos, el magistrado rechazó los planteos defensivos contra la evidencia digital y la pericia contable.

Durante la audiencia de este jueves, Budassof consideró que los registros informáticos y documentales resultan pertinentes para la investigación. También desestimó la realización de nuevas pericias y sostuvo que las controversias sobre la interpretación y calidad de las pruebas podrán discutirse durante el juicio.

Respecto del informe contable, destacó que fue elaborado conjuntamente por un profesional del Ministerio Público Fiscal y otro de la defensa, quienes coincidieron en sus conclusiones. Señaló que los abogados no identificaron cálculos concretos que debieran repetirse y que la disconformidad posterior no justifica rehacer el trabajo.Las defensas de Miguel Cullen, por Urribarri, y José Velázquez, por Cardona Herreros, habían cuestionado, entre otros aspectos, los montos atribuidos, la consideración de ingresos familiares y el tratamiento de la información digital.

La acusación está a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Para Urribarri solicitaron cinco años y diez meses de prisión, además de la devolución de más de 11,5 millones de pesos, siete millones de dólares y 16.300 euros que consideran injustificados. Para Cardona Herreros reclamaron cinco años de cárcel y la restitución de los montos atribuidos en su caso.La investigación examina la evolución patrimonial y la relación entre el exmandatario y el empresario, cuya firma Relevamientos Catastrales fue contratista provincial durante sus gestiones.

Según la hipótesis fiscal, ese vínculo incluyó beneficios personales y familiares que excedieron la relación contractual con el Estado.

Urribarri cumple una condena de ocho años en la Unidad Penal N.º 6 de Gualeguaychú por el denominado megajuicio por corrupción. Con esta resolución, tiene pendientes dos debates: el de presunto enriquecimiento ilícito y el de la causa conocida como “coimas”.

El juez federal Sebastián Casanello dio por concluida la investigación al líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni y pidió opinión a las querellas y la fiscalía previo a resolver si envía esa parte del caso a juicio oral.Lo hizo luego que la semana última la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento a Belliboni y otros acusados en esa causa penal, informaron fuentes judiciales.

El magistrado consideró que, “estimándose completa la instrucción respecto de los hechos por los que fueron procesados” Belliboni y otros 17 investigados y “a fin de dar cumplimiento al mandato de celeridad” que dio el Tribunal de Apelaciones al confirmar procesamientos, corresponde dar vista a las querellas y a la fiscalía para que se manifiesten en relación a si la causa ya puede ser enviada a sorteo de Tribunal Oral.Además, el juez remarcó que debe “concentrar esfuerzos” en las restantes líneas de investigación del caso vinculadas a eventuales responsabilidades de ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alberto Fernández.Si la causa pasa a juicio oral Belliboni llegará procesado por “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión”, delitos que prevén hasta 15 años de prisión.Se trata del presunto “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”, según la acusación.

También de la “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

“Nos encontramos ante una modalidad coactiva que era una práctica repetida e institucionalizada por parte de la organización Polo Obrero que, trata de conductas que exceden el simple desvío de los fondos en desmedro de las arcas públicas puesto que reúnen también los elementos típicos de otras figuras penales más específicas como lo son las amenazas coactivas y la extorsión”, advirtió la Cámara al confirmar procesamientos. 

Hoy, a las 9, comienza en juicio a Allende en la causa Legajo OGA Nº 7436 caratulado �SAllende, José Ángel s/Amenazas coactivas⬝.

Tendrá lugar en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná y será presidido por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gustavo Pimentel.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Álvaro Piérola y Leandro Dato, mientras que los abogados defensores de Allende serán Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi.

⬢ El hecho

La conducta atribuida a Allende se subsume �Sprima facie⬝ en la figura penal de amenazas coactivas, en carácter de autor, contra el periodista Martín Carboni.

Este 30 de junio se realizó la tercera audiencia en la que continuaron exponiendo las partes implicadas en el caso.

 Puntualmente les tocaba el turno a los abogados defensores de los imputados Ojeda Daniel, Duráez Romina y María Zárate.

Recordamos que este ciclo de remisión tuvo su primera audiencia el pasado 25 de junio, continúo el 28 y este 30 de junio fue la tercera audiencia. Se espera que el Juez de Garantías Dr. Mario Figueroa entregue su dictamen el próximo 5 de julio.