En un juicio abreviado, el juez Juan Francisco Malvasio lo condenó a 2 años y 8 meses de prisión condicional, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000, tras hallarlo culpable de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración y cohecho pasivo.

La sentencia detalla correos y mensajes que prueban cómo Smaldone y Cardona armaron pliegos a medida para beneficiar a la empresa Relevamientos Catastrales S.A. y repartieron retornos en efectivo. En uno de esos intercambios, Smaldone recibió $155.000 y, según su propio registro, los distribuyó así: $50.000 para él mismo, $40.000 para “Mauro”, $20.000 para “Ruso”, $5.000 para “Turco” y $40.000 más $12.000 adicionales para “DAC”, con menciones que vinculan a Sergio Urribarri (“Urri”) en la planilla de reparto.Estos elementos comprometen aún más al exgobernador, quien ya enfrenta otra condena apelada ante la Corte Suprema. La admisión de Smaldone lo convierte en el primer sentenciado de esta causa, que sigue avanzando y amenaza con abrir un nuevo capítulo de repercusiones políticas y judiciales en Entre Ríos. 

�SAllende, José Ángel � Satler, Adriana Guadalupe � Traverso Diana María Cristina � Allende, Julio Alejandro � Allende, Victoria � Allende, Carolina S/Enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública⬝, y Legajo Nº 10940 �SVelázquez Sonia Mabel S/Su Denuncia � Denunciado: Allende, José Ángel⬝; por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de esta ciudad integrado por los vocales José María Chemez, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, y la resolución dictada en consecuencia. Asimismo, resolvió reenviar los expedientes a la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) a fin de que, una vez integrado el tribunal, se renueve el acto procesal conforme las exigencias establecidas por la normativa procesal y constitucional.

El recurso de casación fue presentado por la defensa de José Allende y la Procuración, que oportunamente habían arribado a un acuerdo de juicio abreviado rechazado por el Tribunal de Juicio.

Entre los fundamentos del recurso de casación, las partes entendieron que Allende se encontraba en mejores condiciones que nadie de explicar su propio patrimonio, razón por la que su defensa pidió expresamente que se le otorgara la palabra, la cual le fue negada por el tribunal, motivando el agravio.

La Cámara de Casación entendió que �Sno se ha otorgado al encartado (Allende) la oportunidad que tanto la Constitución como la ley adjetiva le ofrecen para hacer operativa la garantía de defensa en juicio como exigencia del debido proceso legal, razón por la que cabe receptar el pedido de nulidad efectuado por los recurrentes⬝.

Durante el debate se vio por pantalla ampliada al imputado, que desde la Unidad Penal N°3 ratificó el contenido del acuerdo, reconoció el hecho, aceptó la calificación legal y la pena de 8 años de prisión efectiva. Galarza estaba cumpliendo prisión preventiva.

 En el recinto, y guardando el correspondiente distanciamiento social, también participaron de la audiencia la fiscal Julia Rivoira y el defensor oficial Joaquín Garaycoechea, mientras que Eduardo Garay lo hizo en representación del Ministerio Pupilar al verse afectados derechos de personas menores de edad.