La resolución confirmó lo que ya había dispuesto el juez de Garantías Mariano Budasoff, quien había rechazado pedidos de sobreseimiento por prescripción, plazo razonable, inconstitucionalidad y doble juzgamiento. Sin embargo, las audiencias de remisión a juicio seguirán suspendidas hasta que se resuelva el nuevo planteo que las defensas llevarán ante Casación.La causa investiga un presunto crecimiento patrimonial no justificado de Urribarri, estimado en unos 7 millones de dólares. Para la Fiscalía, ese incremento habría contado con la participación de Cardona Herreros, empresario contratado por el Estado durante el urribarrismo.El Ministerio Público Fiscal pidió llevar a juicio al exgobernador con una solicitud de pena de 5 años y 6 meses de prisión. Para Cardona Herreros, los fiscales solicitaron 5 años de cárcel efectiva.Urribarri ya cuenta con una condena a 8 años de prisión en el denominado megajuicio y también enfrenta un pedido de remisión a juicio en la causa por coimas, donde la Fiscalía solicitó una pena de 10 años.En este expediente, también estuvo imputado Rubén Martínez, jubilado de más de 70 años, quien quedó fuera del juicio oral tras acceder a una probation. La acusación le atribuía un rol menor, vinculado a la compra de un vehículo y al ingreso al país de obras de arte destinadas al entorno familiar del exgobernador. (I: Resumen de nota de Entre Ríos Ahora) 

En una resolución clave dentro de una causa que tuvo un fuerte impulso a partir del trabajo del periodista de investigación Daniel Enz, del medio Análisis, la Justicia entrerriana volvió a respaldar el expediente por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Cardona Herreros.El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°5 de Paraná, Gervasio Labriola, rechazó todos los recursos presentados por las defensas y confirmó lo resuelto previamente por el juez de Garantías, Mariano Budassof.

En términos simples, el tribunal entendió que no hubo irregularidades en la obtención de las pruebas y que el proceso puede avanzar hacia el juicio.

La decisión despeja el camino para retomar las audiencias de elevación a juicio, que estaban suspendidas por estos planteos.

Qué discutía la defensa y qué resolvió la JusticiaLos abogados intentaron excluir pruebas centrales del expediente, pero el tribunal fue claro al analizar cada punto:Cadena de custodia: la defensa cuestionó el procedimiento de un allanamiento en 2018. La Justicia explicó que eso no invalida la prueba, sino que su valor podrá discutirse durante el juicio.Registros telefónicos: se argumentó que fueron obtenidos sin autorización. El fallo sostuvo que hubo respaldo legal y no se afectaron derechos.Informes informáticos: se objetó que no fueran realizados por peritos matriculados. El tribunal aclaró que se trata de informes técnicos —no pericias—, por lo que no requieren esas formalidades.En todos los casos, la conclusión fue la misma: las pruebas son válidas y seguirán formando parte del proceso.

Claves del fallo, en términos clarosLabriola sintetizó su decisión en tres ideas centrales:Todas las medidas se realizaron con autorización judicial.Los informes técnicos forman parte del procedimiento normal de recolección de evidencia digital.No se vulneraron derechos ni garantías constitucionales.En consecuencia, la Justicia consideró que no hay fundamentos para frenar la causa ni para eliminar pruebas.

Un caso con impacto en la provinciaEl expediente, que investiga el patrimonio del exgobernador de Concordia, tuvo amplia repercusión política y social en Entre Ríos. En ese proceso, el trabajo sostenido de Daniel Enz desde Análisis fue determinante para visibilizar el caso y contribuir a que la investigación avanzara.Con este nuevo fallo, la causa queda en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, instancia en la que se definirá la responsabilidad de los acusados.

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó. (NA)

“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, señala el documento elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York al que accedió Agencia Noticias Argentinas.El proceso de discovery es aquel que le permite a los beneficiarios del fallo pedir información y rastrear posibles activos embargables para que se cumpla la sentencia.Desde la Procuración recordaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.Asimismo, subrayaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.En ese marco, advirtieron que, frente al cumplimiento del Estado argentino, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.Asimismo, señalaron que, en las últimas semanas, “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”.Al respecto, aclararon que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.En esa línea, desde la PTN afirmaron que el discovery impulsado “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”.Advirtieron que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.Finalmente, ratificaron que “la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”. NA.

La Argentina rechazó ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el pedido de los beneficiarios del fallo de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, que reclamaban información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central. “El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.Cabe recordar que en enero de 2025, Preska había ordenado al país entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo, donde el monto a pagar ya asciende a USD 18.000 millones al contabilizar intereses. Entre los datos solicitados se encontraba información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos.Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro, la cual comanda la defensa del Estado, explicaron: “Nosotros cumplimos con un proceso de discovery que fue exhaustivo y agotador. El nivel de cooperación y la actuación de buena fe por parte de la República Argentina a lo largo de este proceso han sido realmente significativos”. Además, precisaron que la legislación argentina establece que el Banco Central es un ente autárquico. En ese marco, la Procuración no tiene la potestad ni la competencia para informar nada relacionado a la autoridad monetaria, cuyas reservas, además, tienen inmunidad y no son embargables.En diciembre, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, solicitó oficialmente a Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones por supuestamente incumplir órdenes en el proceso judicial, luego de que Argentina entregara más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios.“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026”, había señalado un paper de Latam Advisors.Burford busca medidas como sanciones civiles, multas diarias de un millón de dólares y que se declare al Estado como alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas), para facilitar embargos sobre sus activos.Este jueves habrá una audiencia, pactada previamente al pedido de sanciones, y desde la Procuración afirman que la postura de Argentina será más firme e intransigente que nunca. Tratarán de apelar a la razonabilidad de Preska, que es la que ha dado marco a Burford para que avance de esta manera.Posteriormente, frente al descargo presentado hoy en rechazo a la entrega de información sobre el oro, el 19 de febrero Burford tendrá la posibilidad de efectuar un nuevo descargo en respuesta. “De este modo, continúan abriéndose aristas puntuales dentro del pedido de sanciones presentado, que recién será tratado, según entendemos, hacia fines de marzo”, dijeron las fuentes oficiales.Creen que los beneficiarios del fallo están buscando ejecutar la sentencia lo antes posible y a como dé lugar, ya que en cualquier momento la Corte de Apelaciones puede revertirla completamente. Al respecto, ya interpusieron varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%).Asimismo, en la Procuración remarcaron que el negocio para Burford y sus accionistas resulta excepcional: adquirieron los derechos de litigio por USD 16 millones y aspiran a cobrar 16.000 millones, lo que implica una rentabilidad cercana al 100.000%. “Este dato es relevante porque esa diferencia sale del bolsillo de los argentinos”, destacan.

Por Sebastián Catalano - El principal beneficiario del litigio por la expropiación de YPF, el bufete inglés Burford Capital, insiste con la entrega de comunicaciones y documentos de una lista de funcionarios argentinos y exfuncionarios, en el marco de la fase de discovery judicial ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.La petición vuelve a generar controversias, ya que el Gobierno argentino, por medio de la Procuración del Tesoro, manifestó la imposibilidad de reunir esa información, a pesar de que dijo que iba a cooperar para conseguirla.Según la carta del 8 de diciembre de 2025 y la Joint Letter presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford busca pruebas que permitan determinar la supuesta relación de alter ego entre la Argentina y ciertas entidades estatales, como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentina.En 2023, Preska condenó en primera instancia a la Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar una multa que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones. Esa causa “madre” tuvo su audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York semanas atrás y se espera una resolución el año próximo. En paralelo, Burford intenta cobrar como sea con medidas en el estrado de Preska, entre ellas pidiendo las acciones de la petrolera o intentando demostrar “alter ego” entre el Estado y varias compañías (que son lo mismo). En este último intento está enmarcado en pedido de información de funcionarios y ex funcionarios.El tribunal le ordenó a Argentina producir comunicaciones “off-channel” (por fuera de los canales oficiales) de funcionarios, considerando que son información pública bajo la legislación estadounidense y argentina. Los demandantes sostienen que la producción de apenas 200 páginas de mensajes de WhatsApp de cinco funcionarios y ex, sobre un total de 36, es insuficiente y evidencia una resistencia sistemática a la entrega de pruebas relevantes y que los funcionarios usan WhatsApp para asuntos oficiales.El Estado, por su parte, argumenta que ha realizado un esfuerzo considerable para recolectar y revisar documentos en dispositivos personales de altos funcionarios, y que la demora responde a la complejidad y volumen de la tarea, no a una intención de obstaculizar el proceso. Además, sostiene que la mayoría de los funcionarios actuales han accedido a cooperar, mientras que la negativa de algunos se ampara en derechos reconocidos por la ley argentina.

Los funcionariosDe acuerdo con los listados consolidados en las cartas del estudio Sullivan & Cromwell y sus anexos, la solicitud de los demandantes abarca a 36 funcionarios y exfuncionarios, tanto de la administración actual como de la anterior. Entre los funcionarios de este Gobierno (alguno ya no están están en funciones) figuran:Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)Carlos Jorge Guberman, Secretario del TesoroMaría Carmen Tettamanti, Secretaria de EnergíaMariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento EnergéticoFranco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de TransporteLuis Octavio Pierrini, Secretario de TransporteHernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte AéreoJose Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política EconómicaHoracio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles LíquidosSusana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito PúblicoJorge Horacio Domper, Tesorero General de la NaciónEduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de EnergíaLuís Francisco De Ridder, ex Subsecretario de HidrocarburosNicolás Posse, ex Jefe de GabineteJosé Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de GabineteDamián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoAntonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoGuillermo Alberto Francos, ex Jefe de GabineteEduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de EnergíaMaggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de HidrocarburosA estos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos Sergio Tomás Massa (ex Ministro de Economía), Agustín Oscar Rossi (ex Jefe de Gabinete), Flavia Gabriela Royón (ex Secretaria de Energía) y otros responsables de áreas vinculadas a las entidades estatales investigadas.Según las cartas de Sullivan & Cromwell LLP del 10, 21 y 28 de noviembre de 2025, la mayoría de los funcionarios actuales que han sido contactados han aceptado voluntariamente entregar sus comunicaciones personales relevantes. Entre quienes han cooperado se encuentran Guberman, Tettamanti, Beljansky, Pierrini, Gómez, Chirillo, De Ridder, Posse, Rolandi, Sanfilippo, Milanese, Francos, Oreste y Videla Oporto.Burford reconoce que el país inició producciones escalonadas de los materiales recolectados, aunque en algunos casos la revisión y procesamiento de los datos continúa. En el caso de algunos exfuncionarios, como Raúl Enrique Rigo, también se ha recibido cooperación.Pero el núcleo de la controversia reside en la negativa de seis funcionarios de la administración actual, entre ellos los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes invocaron, según el bufete inglés, derechos bajo la ley argentina para no entregar sus comunicaciones personales. El Estado dice que estos funcionarios ejercen una prerrogativa legal y que no puede obligarlos a entregar información privada sin su consentimiento. Los demandantes, en cambio, insisten en la relevancia de Caputo y Quirno para la investigación sobre la relación de alter ego, citando incluso resoluciones previas del tribunal que subrayan la importancia de sus comunicaciones para esclarecer la relación entre la República, el BCRA y YPF. Las posiciones de las partes, reflejadas en la Joint Letter y en la correspondencia cruzada, muestran un desacuerdo persistente sobre la amplitud y pertinencia de los funcionarios incluidos como custodios. Burford –que compró los derechos de litigio e impulsa una causa en cuya carátula figuran como demandantes Petersen y Eton Park– sostiene que Argentina está en “desacato” de la orden judicial al no producir las comunicaciones de todos los funcionarios requeridos, y que la objeción basada en la falta de consentimiento carece de fundamento, ya que el tribunal ya determinó que la información está bajo control del Gobierno.Argentina, en cambio, argumenta que cumplió con la orden judicial en la medida de sus posibilidades, que la recolección de comunicaciones “off-channel” es una tarea compleja y que la negativa de algunos funcionarios se ampara en derechos legítimos. Además, cuestiona la relevancia de algunos funcionarios y ex propuestos por los demandantes y sostiene que la búsqueda de pruebas sobre la supuesta relación de alter ego es infundada, ya que tribunales anteriores han descartado esa hipótesis respecto de las entidades estatales involucradas.En cuanto a la metodología de búsqueda, las partes también discrepan sobre los términos de búsqueda y la producción de informes, así como sobre la forma y formato de entrega de ciertos documentos, como los mensajes SWIFT. Infobae.

A cuarenta años de la sentencia que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina, el Poder Judicial en pleno, encabezado por la Corte Suprema de la Nación, homenajeó a los camaristas federales que condenaron a las juntas militares, responsables de la represión ilegal durante la última dictadura.El acto, realizado en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, no sólo reconoció el coraje de quienes integraron la Cámara Federal porteña en 1985, en los primeros meses convulsionados del retorno de la democracia, sino que también subrayó el carácter inédito de aquel fallo: fue la primera vez que una dictadura debió rendir cuentas ante la justicia civil en el país, tal como destacó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.Durante la ceremonia se entregaron placas conmemorativas a los ex jueces o a sus familiares. El homenaje alcanzó a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, presentes en el acto, y a Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco —estos dos últimos, in memoriam—. El evento reunió a figuras del ámbito judicial, ex funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín, miembros de la CONADEP y del grupo de filósofos que asesoró al entonces presidente.Entre los más de 300 asistentes se encontraban ex funcionarios del gobierno de Alfonsín, dirigentes de la UCR como Horacio Jaunarena, Raúl Alconada Sempé, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez, Coti Nosiglia, Daniel Salvador y Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP. También participaron representantes de la Unión Empleados Judiciales de la Nación, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.Del ámbito judicial, estuvieron presentes los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Martín Irurzun, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros. También asistió al acto el ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.El histórico fallo de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (reclusión perpetua e inhabilitación perpetua), Roberto Eduardo Viola (diecisiete años de prisión), Armando Lambruschini (ocho años) y Orlando Ramón Agosti (cuatro años). Los delitos probados fueron privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Los otros cuatro acusados —Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo— fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cerró el acto con un mensaje en el que calificó a la experiencia argentina como “un caso de justicia transicional ejemplar” a nivel mundial, y agregó: “Rendir cuentas con el pasado es una tarea compleja, más cuando ese pasado es reciente y tumultuoso”. Recordó que hasta entonces en el país la alternancia entre gobiernos constitucionales y de facto se había dado “sin rendir cuentas”, causando “una especie de amnesia artificial que generaba impunidad”.Este “círculo vicioso”, dijo, se quebró a partir del impulso del expresidente Raúl Alfonsín y de un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley y ”coronó en una sentencia impecable”, pese a haberse desarrollado en “un contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”.En tanto, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti remarcó en su mensaje que los homenajeados “han elevado el prestigio de la institución” ya que “no solo firmaron un fallo: también generaron un texto que integra la memoria de los argentinos; mostraron coherencia, imparcialidad y templanza para resolver en un contexto difícil, e inauguraron una política de Estado que todos los jueces y juezas han sabido continuar a lo largo del tiempo”.Por su parte, el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, afirmó que “estos jueces pusieron al terror en su lugar, pero lo hicieron dentro de los límites y de acuerdo con lo ordenado por el derecho”. Por ende, sostuvo, “a 40 años del fallo la mejor manera de proyectar al futuro su actuación es renovar el compromiso central de adherir incondicionalmente a la legalidad”.Los integrantes del tribunal que juzgó a los responsables de la última dictadura, destacó Rosenkrantz, “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces en el contexto de un proceso que respetó todas las garantías y derechos de la Constitución vigente. Estuvieron a la altura del desafío de la hora, no solo porque estaban profesionalmente preparados, sino porque actuaron con el coraje requerido”.Arslanian, quien presidiera la Cámara Federal que llevó adelante el juicio, agradeció el reconocimiento y definió aquella gesta como “un trabajo coral” que contó con el apoyo y el compromiso de los diferentes actores involucrados, desde el expresidente Alfonsín hasta los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, pasando por los empleados y funcionarios judiciales intervinientes. Reivindicó la vigencia y perdurabilidad de una sentencia “que desde su dictado, allá por 1985, nunca dejó de recordarse” y se manifestó esperanzado en que “nos hallemos frente a una nueva alborada: la oportunidad de que podamos, esta vez sí, construir ese país que queremos que nos albergue a todos”.Gil Lavedra, por su parte, resaltó la contribución de todas las partes que hicieron posible que esta “tarea titánica” llegara a buen puerto. En tal sentido, valoró la valentía de los testigos “de venir a narrar públicamente sus padecimientos cuando la democracia no estaba totalmente afirmada y los autores de los crímenes seguían en libertad”. Además, subrayó la dificultad del desafío emprendido: “No había precedentes a los que aferrarse ni estructura normativa que indicara el camino a seguir, los recursos técnicos eran primitivos, pero todos teníamos la convicción de que el horror del pasado necesitaba un juicio justo”, dijo, y consideró que el sentido de recordar este proceso radica en reivindicar la importancia del Poder Judicial como pilar democrático. “Hoy Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley y respete las garantías constitucionales”.El evento había comenzado con un discurso de Mariano Llorens, actual titular de la Cámara Federal, quien evocó la figura de los homenajeados: “Con su desempeño, fijaron un hito en la historia institucional del país con el que afianzaron el principio de independencia del Poder Judicial: su veredicto tuvo legitimidad y autoridad, vino a ratificar que el respeto a la Constitución y a la ley es, frente al futuro, una determinación del pueblo argentino”, expresó.

Por Karina Poritzker - El financista Ernesto Clarens, arrepentido del caso Cuadernos, dio detalles sobre cómo empezó a trabajar para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo los pagos ilegales por parte de empresarios y entregando el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz.“En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó, según se leyó hoy en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli.Clarens recordó que se juntaba con Muñoz “para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”.“En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento...“, aseguró.La cuarta jornada del juicio oral por el caso Cuadernos se reanudó este martes poco antes de las 14 con algunos problemas de conexión a Internet por parte del Tribunal Oral Federal 7 que, luego de breves interrupciones, quedaron subsanados.“Ahí estaba la historia”. Eso decían entre sí los secretarios en relación a un particular sitio en la residencia de los Kirchner en El Calafate. “En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera, donde había una puerta placa de color blanca cerrada, donde siempre decíamos entre los Secretarios que ‘ahí estaba la historia’: el lugar donde se podrían guardar los bultos”.Gutiérrez se refería “las valijas con candado” que según el otro ex secretario ya fallecido Muñoz custodiaba en los vuelos del avión presidencial Tango 01 desde la ciudad de Buenos Aires a Santa Cruz, en fines de semana.Todo esto forma parte de la declaración como imputado colaborador de Gutiérrez, el fallecido ex secretario presidencial.Se trata de la cuarta jornada de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 acusados.Víctor Fabián Gutiérrez nació en julio de 1973 en Las Heras, Santa Cruz. Murió asesinado en su provincia, durante un supuesto robo en agosto de 2020, con 47 años recién cumplidos. Había sido secretario de Néstor y Cristina Kirchner y era arrepentido en el caso Cuadernos.Gutiérrez falleció, pero sus dichos forman parte del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli, leído desde el inicio del debate el 6 de noviembre pasado.En la acusación fiscal hay un apartado titulado “la jefa”. Se refiere a Cristina Kirchner y a su rol como presunta líder de la asociación ilícita y si dan los tiempos se repasará en esta jornada. Allí se considera probado su “liderazgo sobre el resto de los miembros de la asociación” basado en su “poder de asignar funciones” al resto de los integrantes.Para la fiscalía, Cristina Kirchner “era la única capaz tanto de accionar como ponerle fin a la agrupación destrabando la banda y desintegrando su conformación”.Era la “única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.En esa línea argumental, la asociación ilícita que se sostiene se conformó en Cuadernos fue comandada por “Néstor Carlos Kirchner respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”.“Fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación. Los elementos de prueba recabados durante la instrucción demostraron que el sistema de recaudación diseñado tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010”, se detalla.Si hubiera llegado vivo al debate oral, el secretario presidencial Gutiérrez estaría en el banquillo juzgado por encubrimiento agravado porque “ayudó a Néstor Carlos Kirchner y a Cristina Elisabet Fernández, a asegurar el dinero ilegal producto del sistema de recaudación de fondos”Como arrepentido, Gutiérrez habló de los viajes. “Con respecto a los viajes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al Sur los fines de semana, también los acompañaba siempre en el Tango 01”En cuanto a Daniel Muñoz, refirió que “la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión, pasando el área presidencial, entre la sala que solían utilizar los periodistas y la cocina”. “Lo hacía de manera reservada. Yo no vi el contenido de esas valijas pero se comentaba y también yo lo pensaba, que contenían dinero”, agregó el arrepentido.Cuando llegaban a la residencia de El Calafate y arribaba Muñoz, “Néstor Kirchner nos hacía retirar”, acotó sobre la secuencia habitual: “Cuando los Kirchner llegaban de un vuelo nos dirigíamos todos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz. Cuando aparecía Muñoz nos hacían retirar a todos por una hora aproximadamente”.“Lo mismo ocurría en la casa de Río Gallegos, donde había un sector contiguo al gimnasio de las mismas características de lo relatado en el Calafate. Que todos pensábamos, como dije más arriba, que en este lugar también se almacenaban los bultos aludidos”. “Desde el 2003 hasta el 2005 esto era en Río Gallegos y al menos entre 2008 y 2010, período en el que estuve, fue en El Calafate”, detalló.Según el cronograma que difundió el Tribunal, entre esta semana y el 2 de diciembre se terminarán de leer los requerimientos de elevación a juicio del caso central y otros dos tramos vinculados a la acusación por pago de sobornos para adjudicación de obras públicas.Desde ahora habrá dos audiencias semanales, martes y jueves.Las del 4,9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en “La Camarita”, una pesquisa conexa que juzga la cartelización de la obra pública por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales.El 18 de diciembre, último jueves hábil del año, se dedicará al requerimiento fiscal en otras dos causas, “Trenes” y “Corredores Viales”. El jueves 25 es Navidad.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá cuestiones preliminares y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión.Se calcula que entrado febrero de 2026 -si se concreta el anunciado receso por la feria judicial de enero- será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales.Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom.Con este panorama, todo indica que habrá que esperar a entrado el 2026 para saber si los imputados colaboradores se mantendrán en sus dichos. Infobae.

El Tribunal Oral Federal 7 reanudará desde las 13 el juicio y continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, en un acusación que terminará de leerse el 2 de diciembre.Así, durante las dos audiencias de esta semana se escucharán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán a lo largo del juicio.Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, habían decido la semana pasada sumar a partir del 25 de noviembre una segunda audiencia para los días martes, además de haber presentado un oficio donde reiteraron los pedidos, efectuados a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, sobre la dotación de mayores recursos humanos y mejoras en la infraestructura edilicia.Como informó la Agencia Noticias Argentinas, la semana pasada el TOF resolvió además apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-, poer presentar “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”, después de que los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF).Además de la ex presidenta Fernández de Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra pública José López; el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri; Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015 para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Por Bárbara Villar - En el anexo de la Cámara de Senadores de La Plata, donde este martes se comunicó la resolución por unanimidad de destituir a Julieta Makintach como jueza, hubo una frase que resonó varias veces por los pasillos durante todo el jury: “No importa donde esté, Diego sigue haciendo justicia”.El comentario que se escuchaba entre el público después de cada audiencia hacía alusión a lo que ocurrió con Makintach, quien debió enfrentarse a un jury por provocar, con sus irregularidades, la nulidad del primer juicio oral por la muerte de Maradona. El resultado para ella fue la máxima sanción administrativa para un magistrado, que muchos fanáticos leyeron como Diego haciendo “Justicia Divina”.Desde entonces, hay una pregunta latente que se repite: ¿Qué va a pasar con el juicio por la muerte del Diez? Por ahora, la respuesta rápida es alentadora: va a retomar su curso a partir de diciembre.Tras el escándalo de la jueza ahora destituida, luego de que la Justicia probara que protagonizaba un documental del juicio, la causa Maradona fue asignada a otro tribunal. Quedó a cargo de los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.La cita fue pautada para el próximo martes 2 de diciembre y será destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida por las partes. Deberán asistir los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que encabezan la acusación, los abogados querellantes y los defensores de los siete imputados que tiene el caso.Estos son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.La intención de los jueces es que en dicha audiencia quede acordada la prueba y la lista de testigos a presentar durante el juicio, que ya tiene fecha de inicio: el próximo 17 de marzo.Si esto se logra, entonces el camino ya estaría liberado para que el próximo encuentro sea directamente en el marco de la primera jornada del debate en los tribunales de San Isidro.Sin embargo, según supo Infobae, los defensores de los acusados buscarán aprovechar esa audiencia oral de diciembre para insistir con varios planteos que los magistrados rechazaron por escrito. Entre ellos, el non bis in idem (NdR: no ser juzgado dos veces por la misma causa).Este principio fue reclamado por Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pero es avalado por la mayoría de los defensores, quienes ya adelantaron que apoyarán a su colega cuando lleve el planteo a la sala.Si bien el juicio oral y técnico por la muerte del Diez tiene 7 imputados que serán juzgados por homicidio simple con dolo eventual, hay una acusada más que tiene la causa y que enfrentará un debate diferente que todavía no tiene fecha. Se trata de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, quien insistió con que se mantenga vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido en su debido momento.Los nuevos jueces se expidieron sobre esta petición cuando debieron tratar los alcances de la nulidad decretada en el juicio por Maradona, suspendido por el escándalo de la jueza Julieta Makintach. En este sentido, definieron que la medida regirá a partir de la audiencia preliminar del debate oral que había comenzado en marzo. Infobae.

A la audiencia de los jueves, se le sumará el día martes. Los integrantes del Tribunal pidieron llevar adelante las audiencias en la misma sala donde se condenó a las Juntas Militares, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, todo un símbolo.Esta situación es el resultado del cuestionamiento público para que el juicio se dé con celeridad; paralelamente, y a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado”.Según comunicaron, en los últimos 90 días ingresaron “29 nuevos expedientes”, lo que colaboró con el colapso operativo del Tribunal y, debido a ello, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para encarar las declaraciones en nuevas causas. Sin embargo, ese pedido que fue rechazado y deberá continuar con sus tareas habituales.Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia (Talcahuano 550) en la que estarán presentes el acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público. Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.En esta causa hay 86 imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de pagar las coimas (situación caratulada como “cohecho activo”) y alrededor de cien de abogados representantes. NA.

Por Silvana Boschi - La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido intervenir para acelerar el desarrollo del juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, en la que están imputados Cristina Kirchner y otras ochenta y seis personas. En una resolución adoptada este martes, los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, reunidos en el Acuerdo de Superintendencia del tribunal, convocaron a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 para el martes 18 de noviembre.El objetivo de la reunión es definir medidas que permitan dotar al proceso de mayor eficacia, eficiencia y celeridad, entre ellas la posibilidad de aumentar la frecuencia de las audiencias semanales, realizarlas de manera presencial y utilizar una sala de audiencias en Comodoro Py, posiblemente la recientemente remodelada sala AMIA.La preocupación de los camaristas surge porque, hasta el momento, las audiencias del juicio se celebran únicamente los jueves y a través de la plataforma Zoom. Existe una mayoría entre los jueces que impulsa la realización de audiencias presenciales al menos tres veces por semana y la eliminación de la feria judicial de verano. Esta propuesta busca evitar demoras adicionales en el proceso, considerado el caso de corrupción más relevante del país.La decisión de la Cámara Federal de Casación coincide con el avance de las obras de remodelación de la sala AMIA, un espacio con capacidad para doscientas personas, cuya inauguración estaba prevista para esta semana, pero que se ha visto retrasada por demoras en las reformas. Se estima que la sala podría estar disponible a fin de mes, lo que facilitaría la realización de audiencias presenciales con mayor frecuencia.

Una decisión conjuntaLos jueces del tribunal oral convocados —Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— deberán analizar junto a la Cámara las herramientas que permitan implementar estos cambios, entre ellas el uso de la sala AMIA y la programación de más jornadas de debate cada semana.La intención de los camaristas es que el juicio avance con mayor inmediatez y sin interrupciones, por lo que se evalúa que las audiencias no se suspendan durante el receso judicial de verano.El presidente de la Sala I, Diego Barroetaveña, no participó de la reunión por encontrarse fuera de la sede del tribunal, ya que estaba a cargo de la acusación en el juicio político al juez federal Poderti, según se informó en el acuerdo de superintendencia.

Los detalles del juicio oralEl pasado 6 de noviembre, poco después las 10:20, 87 imputados y sus abogados defensores participaron a través de la plataforma Zoom del comienzo del juicio oral, que con una audiencia transmitida en el canal de YouTube de la Corte Suprema.La audiencia comenzó casi una hora tarde, por demoras de los acusados. Poco después, cuatro secretarios del Tribunal se turnaron para leer la primera de una serie de acusaciones cuya lectura podría demandar, al menos, hasta el comienzo de la feria judicial de verano, si se mantiene la frecuencia prevista de una audieincia semanal.La semana pasada se leyó más de la mitad de la primera acusación del caso, el pedido de elevación a juicio del primer tramo del expediente 9608/2018, firmado en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli. El pedido completo, que mide unas 225 mil palabras, se terminará de leer en la audiencia de este jueves. Infobae.

El juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará el 17 de marzo de 2026, a la vez que se rechazó el pedido del debate por jurados populares formulado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.Conforme a la resolución dictaminada por los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, se estableció que dentro de cuatro meses se concrete el comienzo del nuevo debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino, un delito que prevé una pena de entre 8 a 25 años de prisión.Los magistrados fijaron una audiencia preliminar (en el término del artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires) para el 12 de noviembre a las 10:30 para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos.En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. Ese debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.Además, los jueces rechazaron el pedido presentado por los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto -abogados de Luque- para que afronte un debate por jurados populares, al considerarlo “extemporáneo”, a la vez que denegaron el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CCP, por “improcedente” y “abstracto”. Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que “no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso”.A su vez, se rechazó la petición de los abogados de Luque, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe, Mariano Perroni, la coordinadora de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz para la fijación de una audiencia para debatir “los planteos deducidos por otras partes durante el plazo del art. 338 CPP”.“Sin embargo, tales cuestiones ya han sido sustanciadas y resueltas en la presente, por lo que no subsiste materia que justifique la apertura de una nueva instancia oral destinada a reiterar debates ya concluidos y preclusos”, sostiene el escrito.El juicio se reanudará el 17 de marzo de 2026 en los Tribunales de San Isidro, emplazados en la calle Ituzaingó 340, a las 10:00, donde se determinará la posible responsabilidad de los profesionales por la muerte del ex jugador de Boca y la Selección argentina.Rivas sostuvo: “Queda pendiente un recurso de recusación contra los jueces. Oneto lo está haciendo. Es en Casación. Nos habían rechazado los pedidos de apartamientos y también las apelaciones”.El letrado agregó que “no podrá asistir” a la audiencia del próximo miércoles porque debe declarar en el jury de enjuiciamiento contra la magistrada Julieta Makintach.El anterior proceso fue declarado nulo como consecuencia del documental “Justicia Divina” protagonizado por la jueza, quien es investigada en una causa penal y será juzgada en el Senado bonaerense.El escándalo estalló a fines de mayo cuando aparecieron cámaras en el interior de la sala y se conocieron imágenes de la imputada mientras caminaba por los pasillos del edificio y ofrecía una entrevista en su despacho.La ex titular del TOC N°2 fue recusada y suspendida de forma preventiva en el cargo hasta que se trate su posible destitución en el jury.Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, a causa de una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada.

Los acusados y los testigosLuque, Cosachov, Díaz, Perroni, Almirón, Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, al tiempo que Dalma, Gianinna, Jana, Verónica Ojeda, las hermanas de la víctimas, entre otros testigos deberán volver a comparecer en la Justicia. NA.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos celebró la audiencia de alegatos orales en la apelación presentada por la Argentina en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A. La Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación de la “errónea sentencia por USD 16.100 millones dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.Durante la audiencia, los abogados de la Argentina destacaron la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. La exposición buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.“Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”, dijo la Procuración. Recordaron que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.Y señalaron que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”. “Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, señalaron.Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.“La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a la jueza Preska.Los letrados de la Argentinas indicaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.“Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global. Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales”, señalaron.Y dijeron que este caso “refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.La Procuración del Tesoro destacó que, bajo la presidencia de Javier Milei, el foco siempre ha estado puesto en resolver la pasada herencia recibida. Por ello, la Procuración ha llevado adelante una estrategia de defensa vigorosa e integral, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para proteger los intereses jurídicos del país. “La República Argentina agradece el apoyo de varios Estados que presentaron escritos ante el tribunal respaldando la posición jurídica argentina. Cada acción emprendida ha tenido como objetivo la defensa del interés nacional, la protección del patrimonio público y la consolidación de una Argentina jurídicamente previsible y económicamente estable”, indicaron.La República Argentina se muestra “optimista” en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”.

Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación rechazó este lunes los recursos presentados por el fiscal y por una de las defensas, y confirmó que el juicio oral por la tragedia del submarino ARA San Juan se llevará a cabo en la provincia de Santa Cruz, donde se desarrolló la investigación. El juez Javier Carbajo votó en disidencia y postuló que la competencia correspondía a los tribunales de la ciudad de Mar del Plata.El fallo ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, que había desestimado los planteos de incompetencia y mantenido su jurisdicción para celebrar el debate. La causa fue instruida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, que consideró competente a ese distrito por haber sido el último punto de contacto del buque antes de su desaparición en noviembre de 2017.El expediente tiene elevados a juicio al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; al capitán de navío Claudio Villamide, quien encabezaba la Fuerza de Submarinos; al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, había cuestionado la competencia del tribunal santacruceño y solicitado que el juicio se realizara en Buenos Aires o en Mar del Plata, por entender que el hecho no ocurrió dentro de la jurisdicción de Caleta Olivia sino en altamar, fuera de las 200 millas náuticas. También alegó que esa sede dificultaría la participación de las familias de las víctimas, muchas de ellas radicadas en la provincia de Buenos Aires.A su planteo adhirieron las defensas de López Mazzeo y Villamide, que reclamaron la intervención de los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto la sede de la Armada Argentina , ubicada en la avenida Comodoro Py 2055, fue -según sus argumentos- donde se tomaron las decisiones bajo análisis. El fiscal del Tribunal Oral de Santa Cruz, Julio Zárate, coincidió en que la competencia debía trasladarse a Mar del Plata, último puerto del submarino y sede de la flota de submarinos.Por el contrario, la Defensa Pública Oficial de Alonso y Correa y la abogada Valeria Carreras, representante de un grupo de familiares querellantes, se opusieron al traslado del juicio y defendieron la continuidad del trámite en la provincia de Santa Cruz. Destacaron que el tribunal de Río Gallegos fue el que previno en la causa y se encuentra en condiciones de avanzar sin más demoras hacia la etapa de debate oral.La mayoría de la Sala IV de Casación respaldó esa posición. Los jueces Borinsky y Hornos concluyeron que, ante la incertidumbre sobre el lugar exacto de los hechos -ocurridos en altamar-, debía mantenerse la competencia del tribunal que intervino desde la instrucción. “La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en Alta Mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en el caso, la tragedia radica en que, tristemente, el Submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno ya que sufrió en su última misión una implosión cuyas causas y circunstancias han de ser determinadas en el juicio a celebrarse”, señaló Hornos en su voto.El magistrado agregó que “frente a la incertidumbre que se advierte en relación a la circunscripción en la que se habría cometido el delito, no cabe otra solución que la de seguir la regla subsidiaria establecida por la ley y estar a la intervención del tribunal que previno; en el caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz”.Hornos también advirtió que un cambio de sede podría demorar el proceso: “Aventar la demora que podría implicar un cambio de sede constituye, por sí mismo, un argumento para mantener la competencia de quien está llevando actualmente la causa, sobre todo cuando en la jurisdicción de Santa Cruz no sólo se ha llevado a cabo la compleja instrucción de este proceso sino que además se ha avanzado recientemente en el trámite de la etapa de juicio”.Por su parte, su colega Borinsky coincidió en que “teniendo en consideración el estadio procesal en el que se encuentran las actuaciones, que la causa ha tramitado en su totalidad en la jurisdicción santacruceña y que allí se instruyó la mayoría de los elementos probatorios, mantener la actual competencia se presenta como la alternativa que asegura la mejor y más pronta administración de justicia”.En disidencia, el juez Carbajo sostuvo que la competencia territorial debía corresponder al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, “por tratarse de la ciudad desde donde zarpó el submarino, de su asiento natural, del puerto al que debía regresar y del sitio desde donde se emitieron las últimas órdenes de operación”. Consideró que el hundimiento y el hallazgo del submarino ocurrieron más allá de las 200 millas náuticas, fuera de la jurisdicción de Santa Cruz.El camarista subrayó además que el traslado de la causa a Mar del Plata no afectaría la validez de las actuaciones realizadas durante la instrucción, y pidió que el tribunal marplatense fijara a la brevedad la fecha de inicio del debate.Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal santacruceño para llevar adelante el juicio, que se encamina así hacia la instancia oral.

La Procuración del Tesoro informó que sumó una docena de apoyos internacionales en la causa en la que se definirá la validez del fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó que el pago de la sentencia de US$ 16.000 millones se cancele con acciones de la petrolera.El subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalijá afirmó “el gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”.En un comunicado de prensa, la Procuración señaló que “el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”.“Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina”, añadió el parte oficial.La Procuración afirmó que “en el caso de Israel es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza”.

El listado completo de presentaciones en apoyo incluye a: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar US$ 16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.La Procuración sostuvo que “el gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”.

Unos 36 imputados, entre empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo, apuntan a dar vuelta su participación en el juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocido como “la causa de los Cuadernos”, donde se reveló una trama de pagos de sobornos entre 2005 y 2015 por contratistas del Estado.El reclamo de los imputados se encuadra en la aplicación de la figura de la “reparación integral”, previsto en el Código Penal, y apuntan a evitar el proceso oral cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre.En ese contexto, el titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual el próximo viernes 12 de septiembre donde se analizarán los pedidos de los imputados.De la misma audiencia participará la fiscal Federal Fabiana León quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados, lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. Posteriormente será el tribunal quien tenga la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos.Por otra parte, el TOF 7 mantiene la realización el 24 de septiembre de la audiencia donde, junto a las partes, fijará las pautas de organización así como también la “limitación de prueba” para el debate oral y pública previsto para el próximo 6 de noviembre que tendrá más de 140 imputados, entre ellos, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Pocas semanas atrás, el empresario Gabriel Romero, propietario del grupo Emepa, había cuestionado que el juicio se realizará de manera virtual. El pedido fue sustanciado a comienzos de agosto por la Cámara Federal de Casación, que en una resolución reclamó agilizar la realización del debate.“¿Dinero mata justicia?”, consultó Infobae a una alta fuente judicial sobre los alcances del artículo 59, inciso “6” del Código Penal que señala la extinción de la acción penal “por conciliación o reparación integral del perjuicio”, a lo que respondió que esencialmente se hace necesario analizar el tenor y la gravedad del delito.El ejemplo clave fue el caso de la llamada “fiesta de Olivos” donde se celebraba el cumpleaños de la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial mientras regía el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio por la pandemia del COVID-19 decretado por Alberto Fernández mediante DNU y que, entre otras cosas, prohibía estrictamente los encuentros sociales.La ex pareja presidencial y el resto de los participantes fue denunciada y tras el devenir de la instrucción del expediente con las indagatorias realizadas, luego de varios meses de negociación con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el 23 de mayo de 2022, tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez, concretaron un resarcimiento económico donde entre los dos abonaron 3 millones de pesos. El monto fue depositado en una cuenta del Instituto Malbrán luego que el Juez Lino Mirabelli homologara el acuerdo. que además sirvió para que el resto de los imputados evitaran ser procesados. La misma fuente señaló el procesamiento como diferenciador, al indicar que en el estado de cada uno de los imputados de cuadernos “está probada la comisión del delito” en primera instancia, mediante prueba, mientras que en “la fiesta de Olivos” estaban acusados. Por eso, el pedido de la causa Cuadernos podría ser desestimado por el tribunal.El juicio por la causa Cuadernos será el más grande vinculado a la corrupción en la historia argentina: tendrá a las máximas autoridades del gobierno de Cristina Kirchner y a los empresarios más importantes del país entre los acusados. Serán juzgados la ex presidenta y funcionarios de su gobierno y los empresarios Angelo Calcaterra -primo del ex presidente de la Nación Mauricio Macri-, Benito Roggio y Carlos Wagner entre otros.La acusación es por el pago de sobornos para asignar irregularmente obras públicas. Se conoció por las anotaciones que en su cuaderno hacía Oscar Centeno, chofer del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Infobae. 

Luego de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 convocó a una audiencia preparatoria para avanzar con el juicio de la denominada causa Cuadernos, previsto para el 6 de noviembre, donde Cristina Kirchner está procesada como como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue fijada para el próximo 24 de septiembre, con el objetivo de delimitar la prueba del proceso que comenzará en noviembre.Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori convocaron a las partes para “limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral y público a realizarse en las presentes actuaciones, a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”.En la causa, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hicieron negocios con el Estado entre 2003 y 2015.La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.Durante la investigación, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner.Uno de esos empresarios fue Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, quien sostuvo que se trataba de aportes de campaña al kirchnerismo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral desconoció sus dichos.La causa Cuadernos no es la única causa que tiene pendiente la expresidenta. En los últimos días también se registraron movimientos en el caso Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de entendimiento con Irán. Sobre esta última, la Corte Suprema confirmó la elevación a juicio de la causa; se espera que sea fijada en los próximos días. (TN)

Los beneficiarios del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF -Burford Capital y Eton Park, entre otros- quieren negociar con el Gobierno de Javier Milei una modalidad de pago alternativa al cobro en efectivo o la transferencia de las acciones de la petrolera en manos del Estado por la sentencia que obliga a la Argentina a pagar más USD 16.000 millones.Los beneficiarios saben que esas opciones son prácticamente “imposibles” e hicieron trascender que están dispuestos a aceptar bonos y estirar los plazos de pagos, según pudo saber Infobae con fuentes con conocimiento directo que prefirieron no revelar su identidad.La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó este lunes a la República Argentina entregar en 14 días el 51% de las acciones de YPF. Milei anticipó que el fallo será apelado en los próximos días.El diálogo entre los fondos demandantes y el Gobierno se inició a principios del año pasado, meses después del inicio de la nueva gestión cuando Milei todavía hablaba de su intención de privatizar YPF. Burford contrató a un muy conocido ex banquero argentino, con fuerte incidencia en Nueva York, para que haga lobby a su favor desde EEUU: Gerardo “Gerry” Mato, quien llegó a ser Chairman de Global Banking de HSBC.Mato tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros globales, con base en EEUU, y antes de HSBC pasó por Merrill Lynch; también fue integrante del Atlantic Council, la US Chamber of Commerce y del Council de las Américas.En 2023, Preska condenó a Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar USD 16.000 millones, cifra que ya sumó USD 1.000 de intereses. A grandes rasgos, la jueza determinó que el gobierno kirchnerista realizó mal el proceso por el cual se le pagó USD 5.000 millones a la española Repsol, operadora de la empresa hasta el momento, y se ignoró a los demás accionistas. Otro hecho muy relevante dentro de este intríngulis judicial sucedió ayer, cuando la magistrada le ordenó al país entregarle las acciones que tiene en la empresa a Burford.El principal escenario de esta causa es la apelación de Argentina al fallo de primera instancia de Preska. Se supone que la Corte de Apelaciones de Nueva York podría definirlo en un año (aún faltan pasos, como presentar los argumentos orales, por ejemplo).Otro pendiente: la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que pidió que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación, algo que Preska no concedió.Mientras tanto, en el tribunal de Preska hay otras acciones que impulsa Burford, con idea de “hacer ruido” y convencer al Gobierno de que se siente a negociar. Por ejemplo, pedidos de embargos y demostrar que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, que el primero digita lo que hace la segunda.En paralelo, también influyen algunos movimientos de la política de EEUU. En los últimos días, hubo un tembladeral en la industria de Burford, conocida como litigation funding, o financiación de litigios. Es que un senador republicano de Carolina del Norte, Thomas Tillis, presentó un proyecto de ley para gravar con más de 40% a la actividad. Eso representaba casi el fin del negocio para las compañías del rubro. Era un proyecto paralelo a la “One, big, beautiful bill” de Donald Trump y parece que al presidente de EEUU no le gustó nada. El proyecto habría sido descartado y Tillis, que nunca estuvo alineado con Trump, confirmó que no se presentará a la reelección.Luego llegó el fallo de Preska, de extracción republicana, que involucra a la Argentina y a las acciones que tiene en YPF. Infobae.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió apartar a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La medida se tomó luego de la polémica por su presunta participación en la producción de un documental vinculado al proceso judicial.Según supo Noticias Argentinas, la magistrada aceptó su apartamiento, luego de que el tribunal solicitara formalmente su recusación por considerar que existían elementos que afectaban su imparcialidad.El pedido se fundamentó en los videos, como el tráiler, y hasta el guion de la producción que muestran a la jueza colaborando con la realización audiovisual dentro de los Tribunales de San Isidro, incluso antes de que comenzara el juicio. Una diputada bonaerense denunció a la jueza Makintach por mal desempeño y pidió su destitución tras el escándalo por el documental grabado durante el juicio.La diputada provincial Florencia Retamoso presentó este lunes una denuncia para iniciar un Jury de Enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Criminal Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro, por su rol en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.Según supo Noticias Argentinas, la legisladora, acompañada por sus pares Agustín Romo y Fernando Compagnoni, formalizó la presentación ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Ulises Alberto Giménez, argumentando mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.“La denuncia la realizamos para que un Jurado de Enjuiciamiento determine si la conducta de la Dra. Makintach (…) configuran hechos que ameritan la acción de remoción”, sostuvo Retamoso.La diputada cuestionó que se conocieran videos de la jueza hablando a cámara sobre su rol como magistrada —comparándose con “una asistente social con poder”— y reveló que el testimonio de un camarógrafo confirmó que se estaba filmando un documental sobre su figura, en paralelo al juicio que investiga presuntas negligencias médicas vinculadas al fallecimiento de Maradona.“La jueza ha incumplido con los deberes inherentes al cargo (…) y ha cometido graves irregularidades en los procedimientos”, denunció Retamoso.El escrito solicita que se conforme el Jurado de Enjuiciamiento, que la jueza Makintach sea suspendida mientras se tramite el proceso, y que finalmente sea destituida, en función de las actividades que consideran incompatibles con la imparcialidad y la gravedad del proceso judicial que encabeza. NA.