El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones de dólares.Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”. Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos, resaltando que “el ‘jefe’ de (Santiago) Bausili” (presidente del Banco Central) y que ambos están en “contacto continuo vía grupo de chat”.Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas. NA.

El tribunal del Segundo Circuito de Nueva York abordó nuevamente el reclamo en la causa paralela vinculada al juicio por la expropiación de YPF, donde Burford Capital, el fondo demandante y principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, intenta establecer si empresas como la petrolera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación operan como “alter ego” del gobierno argentino. En caso de que el Estado nacional no entregue la información requerida en los próximos días, podría caer en desacato.La audiencia del 4 de noviembre de 2025, presidida por Preska, giró en torno a la falta de entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. El procedimiento discurre en paralelo a la causa principal, que ya atravesó la resolución de primera instancia y se encuentra pendiente de apelación.

La magistrada Preska exigió que la Argentina informe antes del 10 de noviembre de 2025 cuáles funcionarios participarán en la remisión de sus comunicaciones, tanto actuales como exintegrantes del Estado, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. Extendió el plazo para la presentación de los documentos hasta el 21 de noviembre, y resaltó que el requerimiento cubre mensajería por canales no oficiales como WhatsApp, Signal y redes sociales.En la sesión judicial, los representantes de los demandantes argumentaron que la República Argentina incumplió por completo la orden previa de recopilación y entrega de comunicaciones digitales. Según expusieron, ningún custodio aportó documentos ni colaboró en la preservación de evidencia. Por su parte, la defensa reconoció que hasta ese momento no había contactado a los posibles custodios, y que sólo ahora inició gestiones para obtener su cooperación. La jueza tomó nota de ese retraso y advirtió sobre un “discovery sobre el discovery” en caso de persistir la falta de resultados, método destinado a investigar si se cumple de forma adecuada con la producción de evidencia.De acuerdo a la versión consignada por la propia corte y validada por la transcripción de la audiencia, la defensa argentina se comprometió: “Antes del 10 de noviembre enviaremos el listado de quienes van a colaborar. Si logramos acceso a los dispositivos, la producción de documentos empezará antes del 21 de noviembre”. Esta promesa llevó a la magistrada a recalcar que la producción de material debía ser sustancial, bajo la amenaza de habilitar una nueva fase de inspección, como solicitaron los demandantes.El debate incluyó la preservación de evidencia digital. Los demandantes plantearon su preocupación porque las notificaciones remitidas a los custodios argentinos no mencionaron expresamente servicios de mensajería instantánea ni redes sociales. “Las notificaciones deben ser actualizadas y contemplar específicamente WhatsApp, Signal y otras plataformas”, requirió Preska, fijando como tope el fin de semana posterior a la audiencia para que la defensa emitiera una nueva comunicación dirigida a todos los involucrados.Durante el proceso, la defensa admitió que no podía garantizar que los custodios conservaron los mensajes. El propio equipo legal del país precisó ante la jueza que dependía “de la voluntad de colaboración” de cada uno de los 35 funcionarios y exfuncionarios contactados. Explicaron que se limitaban a solicitar que entregaran dispositivos y preservaran sus conversaciones privadas, pero sin certeza sobre la existencia o integridad de los registros exigidos por los demandantes.El riesgo de sanciones sobrevoló la audiencia. Los demandantes solicitaron a la jueza que, si el Estado argentino no logra entregar la documentación en la fecha prevista, se convoque una audiencia por desacato. La jueza Loretta Preska no ordenó la medida de modo inmediato, pero manifestó que esa posibilidad permanece abierta si no percibe avances sustanciales. Una frase textual de la jueza quedó plasmada en la audiencia: “Si no hay producción sustancial, quedará habilitado el discovery sobre el discovery para investigar el cumplimiento efectivo”.El contexto de este proceso recobra relevancia por la sentencia originada en septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la República Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a los demandantes, a causa de la expropiación de YPF. También en julio de 2025, la jueza requirió que una parte del fallo se cumpliera a través de la entrega de acciones de la petrolera. La batalla legal se tornó más compleja al abrirse este caso alternativo o “paralelo”, que explora la figura del “alter ego”, clave para identificar activos argentinos susceptibles de embargo.El proceso de discovery en esa causa busca elementos que permitan certificar si YPF, el BCRA, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación tienen estructuras jurídicas y financieras tan entrelazadas al Estado argentino que permitan tratarlas como una sola persona jurídica a efectos de responsabilización y eventuales ejecuciones de sentencia.La defensa argentina formalizó su apelación ante la orden de entregar material digital y presentó los plazos procesales que extienden la disputa al menos hasta enero de 2026, plazo en que la Cámara definirá si confirma o revoca las órdenes de primera instancia. Mientras tanto, la presión para la obtención de documentos funciona como una herramienta a favor de los demandantes en la búsqueda de activos para embargar.Además de los plazos y nuevas obligaciones procesales, la audiencia abordó el modo en que la Argentina propuso cumplir con el interrogatorio judicial a través de declaraciones 30(b)(6), figura que obliga a presentar testigos institucionales en representación del Estado. Los demandantes criticaron que el gobierno sólo propuso una abogada para abordar siete ejes complejos. La jueza Preska observó que ese enfoque no respetaba el espíritu de su orden, aunque dejó pendiente la discusión sobre sus posibles consecuencias, como consta en la transcripción.El fondo Burford Capital reclama que la Argentina evadió la entrega de información relevante y sostiene que parte de la estrategia oficial es demorar los plazos y así demorar o impedir el cobro de la sentencia millonaria. “Si la Argentina no cumple con la entrega para el 21 de noviembre, pediremos que se declare el desacato”, anticiparon fuentes cercanas al caso, conforme figura en el material judicial disponible.La solicitud para ampliar la preservación de evidencia digital refuerza el intento de los demandantes de incorporar todo canal electrónico posible, ampliando la frontera probatoria. La jueza explicitó: “Deben enviarse nuevas notificaciones de preservación que abarquen WhatsApp, Signal y todas las redes sociales”, según palabras recogidas en la transcripción de la audiencia judicial.El foco de la investigación sigue puesto en si YPF y organismos como el BCRA actúan de hecho bajo la directiva exclusiva del gobierno argentino, elemento central para fundamentar el “alter ego”. La obtención de mensajes, correos y registros digitales adquirió un valor relevante porque puede demostrar la permeabilidad entre la administración estatal y las decisiones de las entidades involucradas.Mientras tanto, la causa principal sigue en fase de apelación, a la espera de que la Cámara de Nueva York resuelva los recursos interpuestos, según se describió en la última nota publicada antes de la reciente audiencia, con detalles sobre los argumentos presentados por la Argentina y las exigencias del fondo reclamante. Infobae. 

En otro capítulo del extenso juicio por la expropiación de YPF, por el que el Estado argentino fue condenado en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones, la jueza Loretta Preska determinó que el país deberá entregar las comunicaciones oficiales (chats y mails) realizadas en dispositivos personales de funcionarios de esta administración y la anterior.Y fijó un tiempo para hacerlo: hasta fin de mes. En concreto se refiere a comunicaciones de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa, de la última parte de la gestión de Alberto Fernández; y el actual, Luis Caputo.El Estado había solicitado no entregarlos, alegando que no tenía forma de recolectarlos y de que eran temas personales de los funcionarios, pero la jueza negó el pedido y ahora, de manera verbal, ordenó la entrega en una audiencia con los estudios que representan al país y a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario del fallo en primera instancia que, por los intereses, ya supera los USD 18.000 millones.Dentro de dos semanas, se realizará la primera presentación por la apelación de esa causa “madre”, el fallo original de la sentencia que luego dio lugar a otros reclamos, como la entrega de las acciones de la petrolera y el “discovery” para demostrar “alter ego” –que son lo mismo– entre el Estado y la petrolera (la orden de entrada de estas comunicaciones se da en este último capítulo de la causa).“Verbalmente, Preska obligó a Argentina a entregar whatsapps, mails, etc, el 30 de octubre, todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos. Argentina dice no son elementos oficiales, pero la jueza ordenó que los consiga y los entregue de cualquier manera antes de que termine el mes”, destacó Sebastián Maril, de Latam Advisors.

“Incluso, por lo que se puede inferir del texto oficial que se transcribió de la audiencia, la magistrada dice que si no se cumple la orden podría dictar desacato”, agregó.

 La jueza Loretta Preska ordenó a YPF que en un plazo de 15 días entregue la información que le solicitó en el proceso de discovery en la que se busca determinar si la empresa es alter ego de la Argentina.Esta causa pretende llegar a establecer si la empresa puede ser parte de la forma de pago de la sentencia por US$ 16.000 millones que condena al país.Preska quiere definir los vínculos entre YPF y el Estado argentino pidiendo que se le entregue la documentación que existe entre las partes.En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el especialista Sebastián Maril explicó que YPF debe demostrar su “independencia” del Estado argentino para que no pueda ser considerada como parte de él y en consecuencia puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.Cabe recordar que Preska absolvió a YPF en el fallo condenatorio por US$ 16.000 millones. Ahora lo que se busca definir es si los beneficiarios del fallo pueden embargar alguno de sus activos para cobrar. Burford apeló la sentencia que absolvió a YPF.Las partes –el Estado Argentino, YPF y Burford- se presentarán el 29 de octubre ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.Por un lado, Argentina contra la sentencia de Preska y por otro Burford contra la decisión de absolución de YPF. NA.

La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera.El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El jueves pasado, el Gobierno argentino apeló la sentencia de Preska, quien luego llamó a una negociación.La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado. NA.

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, y en contra de la Argentina, en una demanda por la expropiación de la petrolera YPF.

Ambos grupos reclamaban que -al momento de la estatización del 51% de la empresa en 2012- el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no sólo por una parte.

Ahora, la Argentina tendrá dos instancias de apelación de la decisión de Preska, pero para hacerlo deberá presentar una garantía.

Buford había comenzado el juicio contra la Argentina y contra YPF en 2015, en nombre de la quiebra de Petersen Energía, ya que había comprado la quiebra de esa empresa, que era accionista de la petrolera cuando fue la expropiación.

Preska dictaminó que la Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra.

La jueza también denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina -y que se calcula entre US$ 7.000 y 18.000 millones- y dijo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños.

�SEl Tribunal (de Nueva York) considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo⬝, dice el fallo.

Y agrega que los demandantes tienen tanto el derecho a reclamar daños y perjuicios como a elegir la indemnización por daños y perjuicios como su remedio en lugar del cumplimiento específico (es decir, que el país efectivamente lance una oferta por toda YPF).

Además, dice que la medida apropiada de esa compensación es el precio de la oferta pública de adquisición que Argentina tendría que haber hecho si hubiera cumplido con los estatutos.

Sin embargo, aclara que le resulta imposible fijar el monto porque no puede precisar la fecha exacta en que se activó la obligación de Argentina de lanzar la oferta.

�SEs un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, así que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, hay que destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes⬝ (como que se fije el valor de la compensación), indicaron cerca de la petrolera.