Por Bárbara Villar - En el anexo de la Cámara de Senadores de La Plata, donde este martes se comunicó la resolución por unanimidad de destituir a Julieta Makintach como jueza, hubo una frase que resonó varias veces por los pasillos durante todo el jury: “No importa donde esté, Diego sigue haciendo justicia”.El comentario que se escuchaba entre el público después de cada audiencia hacía alusión a lo que ocurrió con Makintach, quien debió enfrentarse a un jury por provocar, con sus irregularidades, la nulidad del primer juicio oral por la muerte de Maradona. El resultado para ella fue la máxima sanción administrativa para un magistrado, que muchos fanáticos leyeron como Diego haciendo “Justicia Divina”.Desde entonces, hay una pregunta latente que se repite: ¿Qué va a pasar con el juicio por la muerte del Diez? Por ahora, la respuesta rápida es alentadora: va a retomar su curso a partir de diciembre.Tras el escándalo de la jueza ahora destituida, luego de que la Justicia probara que protagonizaba un documental del juicio, la causa Maradona fue asignada a otro tribunal. Quedó a cargo de los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.La cita fue pautada para el próximo martes 2 de diciembre y será destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida por las partes. Deberán asistir los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que encabezan la acusación, los abogados querellantes y los defensores de los siete imputados que tiene el caso.Estos son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.La intención de los jueces es que en dicha audiencia quede acordada la prueba y la lista de testigos a presentar durante el juicio, que ya tiene fecha de inicio: el próximo 17 de marzo.Si esto se logra, entonces el camino ya estaría liberado para que el próximo encuentro sea directamente en el marco de la primera jornada del debate en los tribunales de San Isidro.Sin embargo, según supo Infobae, los defensores de los acusados buscarán aprovechar esa audiencia oral de diciembre para insistir con varios planteos que los magistrados rechazaron por escrito. Entre ellos, el non bis in idem (NdR: no ser juzgado dos veces por la misma causa).Este principio fue reclamado por Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pero es avalado por la mayoría de los defensores, quienes ya adelantaron que apoyarán a su colega cuando lleve el planteo a la sala.Si bien el juicio oral y técnico por la muerte del Diez tiene 7 imputados que serán juzgados por homicidio simple con dolo eventual, hay una acusada más que tiene la causa y que enfrentará un debate diferente que todavía no tiene fecha. Se trata de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, quien insistió con que se mantenga vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido en su debido momento.Los nuevos jueces se expidieron sobre esta petición cuando debieron tratar los alcances de la nulidad decretada en el juicio por Maradona, suspendido por el escándalo de la jueza Julieta Makintach. En este sentido, definieron que la medida regirá a partir de la audiencia preliminar del debate oral que había comenzado en marzo. Infobae.

En otro capítulo del extenso juicio por la expropiación de YPF, por el que el Estado argentino fue condenado en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones, la jueza Loretta Preska determinó que el país deberá entregar las comunicaciones oficiales (chats y mails) realizadas en dispositivos personales de funcionarios de esta administración y la anterior.Y fijó un tiempo para hacerlo: hasta fin de mes. En concreto se refiere a comunicaciones de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa, de la última parte de la gestión de Alberto Fernández; y el actual, Luis Caputo.El Estado había solicitado no entregarlos, alegando que no tenía forma de recolectarlos y de que eran temas personales de los funcionarios, pero la jueza negó el pedido y ahora, de manera verbal, ordenó la entrega en una audiencia con los estudios que representan al país y a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario del fallo en primera instancia que, por los intereses, ya supera los USD 18.000 millones.Dentro de dos semanas, se realizará la primera presentación por la apelación de esa causa “madre”, el fallo original de la sentencia que luego dio lugar a otros reclamos, como la entrega de las acciones de la petrolera y el “discovery” para demostrar “alter ego” –que son lo mismo– entre el Estado y la petrolera (la orden de entrada de estas comunicaciones se da en este último capítulo de la causa).“Verbalmente, Preska obligó a Argentina a entregar whatsapps, mails, etc, el 30 de octubre, todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos. Argentina dice no son elementos oficiales, pero la jueza ordenó que los consiga y los entregue de cualquier manera antes de que termine el mes”, destacó Sebastián Maril, de Latam Advisors.

“Incluso, por lo que se puede inferir del texto oficial que se transcribió de la audiencia, la magistrada dice que si no se cumple la orden podría dictar desacato”, agregó.

 La jueza Loretta Preska ordenó a YPF que en un plazo de 15 días entregue la información que le solicitó en el proceso de discovery en la que se busca determinar si la empresa es alter ego de la Argentina.Esta causa pretende llegar a establecer si la empresa puede ser parte de la forma de pago de la sentencia por US$ 16.000 millones que condena al país.Preska quiere definir los vínculos entre YPF y el Estado argentino pidiendo que se le entregue la documentación que existe entre las partes.En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el especialista Sebastián Maril explicó que YPF debe demostrar su “independencia” del Estado argentino para que no pueda ser considerada como parte de él y en consecuencia puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.Cabe recordar que Preska absolvió a YPF en el fallo condenatorio por US$ 16.000 millones. Ahora lo que se busca definir es si los beneficiarios del fallo pueden embargar alguno de sus activos para cobrar. Burford apeló la sentencia que absolvió a YPF.Las partes –el Estado Argentino, YPF y Burford- se presentarán el 29 de octubre ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.Por un lado, Argentina contra la sentencia de Preska y por otro Burford contra la decisión de absolución de YPF. NA.

Julieta Makintach, la jueza del fallido juicio por la muerte de Diego Maradona, presentó este miércoles su defensa por el escándalo del documental en la comisión de juicio político, aseguró que sus superiores sabían de las grabaciones y dijo que tiene chats para aportar.Su abogado, Darío Saldaño, presentó ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el descargo de la jueza suspendida ante las acusaciones.Son momentos decisivos para Makintach, que ya presentó la renuncia, pero Axel Kicillof aún no se la aceptó. En unas dos semanas, si el Gobernador no da curso a la dimisión, el jury avanzará y el desenlace sería la destitución.Ahora la presidenta de la Corte Hilga Kogan debe convocar a una reunión para la admisibilidad de la prueba. Una vez que eso ocurra, la jueza ya no podrá renunciar y deberá someterse al jury.En el escrito, al que tuvo acceso TN, Makintach sostiene que los tres jueces del tribunal y los presentes conocían de la existencia de la cámara, que ella había comunicado por las vías informales a sus superiores, que no se ventiló ninguna cuestión propia del debate en esas tomas y que la difusión de actos públicos corresponde al sistema republicano de gobierno.Las denuncias contra Makintach fueron presentadas por Julio César Coria, Fernando Míguez, Florencia Retamoso, Agustín Romo, María Florencia Arietto y Fernando Burlando, además de la Procuración.Los denunciantes alegan “mal desempeño de sus funciones”, “incumplimiento de sus deberes” y “posibles comisiones de delitos” por parte de la jueza.Apuntan a que Makintach habría participado activamente en grabaciones no autorizadas, utilizado recursos públicos para un proyecto con fines comerciales y faltado a la imparcialidad que requiere su cargo. La defensa presentará en el plazo de dos semanas un descargo buscando atacar cada uno de esos puntos.Según pudo saber TN, hubo cierto alivio en el entorno de la jueza suspendida porque finalmente las acusaciones no tuvieron la gravedad que trascendieron cuando estalló el escándalo por el documental que era grabado con Makintach como protagonista sobre el juicio del caso Maradona.La Comisión elevó el 14 de julio, antes del inicio de la feria judicial, a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Hilda Kogan, un informe sobre la última sesión del 11 de julio. Allí la Comisión Bicameral resolvió asumir el rol de acusadora por las denuncias contra Makintach, jueza del Tribunal Criminal N° 2 de San Isidro.Además de Makintach, hay denuncias que involucran a los jueces que la acompañaban en el juicio por el caso Maradona, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. La Comisión resolvió no expedirse sobre ellos hasta que avancen las investigaciones penales, según el documento de 31 carillas. En paralelo, Makitanch enfrenta un juicio penal por el documental del caso Maradona.El objetivo final de la Comisión es remitir los dictámenes para su incorporación en cada una de las causas.Makintach había sido suspendida por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y se le aplicará un descuento del 40% de su salario.En ese entonces, su abogado Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace dos meses.“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito.Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”.Saldaño presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.

“Justicia Divina”, el documental del escándaloSegún un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”.D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”.La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal.El 21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”.En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”.Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada.Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia.El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán.D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que “siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”.Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz y el desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona. (TN)

La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera.El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El jueves pasado, el Gobierno argentino apeló la sentencia de Preska, quien luego llamó a una negociación.La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado. NA.

La justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.La orden la dictó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos, entre los que incluyó el oro y acciones de otras empresas estatales. El fallo responde a una presentación judicial por parte de los demandantes para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago, otorgando un plazo de dos semanas para cumplir con la cesión de las acciones de YPF.De esta manera, Preska dispuso que “se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.Asimismo, determinó  “instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.La resolución judicial adversa para el país puede ser apelada a la Corte de Apelación. El gobierno argentino ya apeló en 2023 la condena inicial, por la que debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos. La noticia, que fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X, golpea de lleno las acciones de la petrolera estatal en Wall Street, registrando un desplome en su cotización que supera el 5%.En la argumentación del dictamen, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”.En este sentido, se ampara en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, sobre la que asegura que “la propiedad de un estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación”.Al respecto, el tribunal dictaminó que “el uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos (incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses) cumple con este requisito”.En relación a la inmunidad de las acciones bajo la Ley de Nueva York, el tribunal sostuvo que las acciones pueden ser transferidas, a pesar de la restricción del Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, ya que las “Constancia de Acciones” emitidas por CdV confirman que son totalmente transferibles.En la misma línea, indicó que no hay un “verdadero conflicto” entre la ley argentina y el alivio solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir (obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo).Además, indicó que “incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones de comunidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias”.La decisión de la magistrada se da en contra del pedido del gobierno de Estados Unidos para que no avance en la entrega de acciones de YPF a beneficiarios del fallo, realizado en septiembre del año pasado. NA.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió apartar a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La medida se tomó luego de la polémica por su presunta participación en la producción de un documental vinculado al proceso judicial.Según supo Noticias Argentinas, la magistrada aceptó su apartamiento, luego de que el tribunal solicitara formalmente su recusación por considerar que existían elementos que afectaban su imparcialidad.El pedido se fundamentó en los videos, como el tráiler, y hasta el guion de la producción que muestran a la jueza colaborando con la realización audiovisual dentro de los Tribunales de San Isidro, incluso antes de que comenzara el juicio. Una diputada bonaerense denunció a la jueza Makintach por mal desempeño y pidió su destitución tras el escándalo por el documental grabado durante el juicio.La diputada provincial Florencia Retamoso presentó este lunes una denuncia para iniciar un Jury de Enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Criminal Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro, por su rol en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.Según supo Noticias Argentinas, la legisladora, acompañada por sus pares Agustín Romo y Fernando Compagnoni, formalizó la presentación ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Ulises Alberto Giménez, argumentando mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.“La denuncia la realizamos para que un Jurado de Enjuiciamiento determine si la conducta de la Dra. Makintach (…) configuran hechos que ameritan la acción de remoción”, sostuvo Retamoso.La diputada cuestionó que se conocieran videos de la jueza hablando a cámara sobre su rol como magistrada —comparándose con “una asistente social con poder”— y reveló que el testimonio de un camarógrafo confirmó que se estaba filmando un documental sobre su figura, en paralelo al juicio que investiga presuntas negligencias médicas vinculadas al fallecimiento de Maradona.“La jueza ha incumplido con los deberes inherentes al cargo (…) y ha cometido graves irregularidades en los procedimientos”, denunció Retamoso.El escrito solicita que se conforme el Jurado de Enjuiciamiento, que la jueza Makintach sea suspendida mientras se tramite el proceso, y que finalmente sea destituida, en función de las actividades que consideran incompatibles con la imparcialidad y la gravedad del proceso judicial que encabeza. NA.

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, rechazó un pedido de amparo en la justicia civil para que se reclamen exámenes psicofísicos a los candidatos presidenciales.

"La idoneidad requerida por la Constitución no solo se limita a la aptitud técnica, sino que tiene un significado más general, pues comprende la aptitud física, psíquica, legal y político moral", argumentó en su presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de Mar del Plata María Valeria Viglianchino, con el patrocinio legal de Jorge Ardito. Servini, luego de escuchar la opinión del fiscal Ramiro González por el rechazo, consideró "improcedente" por la ausencia de una normativa que establezca el requisito.

Para la jueza, el Poder Judicial "no puede establecer, imponer y/o exigir nuevos requisitos a los postulantes al cargo de Presidente de la Nación, más allá de los establecidos –oportunamente- por el órgano constitucionalmente competente para ello, esto es, Poder Legislativo". El mismo argumento sostuvo en su dictamen González pocos días atrás cuando, luego de advertir los pocos argumentos de la presentación sobre el perjuicio sobre el colectivo de votantes, opinó por no hacer lugar al amparo. "Corresponde rechazar la acción de amparo interpuesta por María Valeri Viglianchino, en tanto procura que a través de la función jurisdiccional se establezca una exigencia no requerida por la Carta Magna ni por las leyes de la Nación que rigen el caso", señaló.

El amparo llevó como carátula "Viglianchino, María Valeria c/ Milei Javier Gerardo y Otros s/ Amparo Colectivo".

Días atrás, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone que todos los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación se realicen "un examen psicológico y psiquiátrico" para competir por esos cargos.

El legislador del Frente Renovador plasmó así en un proyecto el planteo que hizo días atrás el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para que se les realice esa prueba a quienes aspiran a esos cargos.

En el texto del proyecto, el diputado por Buenos Aires propone incorporar como artículo 14 bis al Código Electoral Nacional que "todos aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina, deberán haber aprobado un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos".

Según pudo saber Infobae, el Presidente rubricó la decisión luego de que el Senado, la semana pasada, votará por la continuidad de la magistrada que ocupaba una silla en la Cámara de Casación.

El jueves de la semana pasada y tras un doble empate en la votación, Claudia Ledesma Abdala —Presidenta provisional de la Cámara— fue quien definió para que el Senado aprobara el pliego de Ana María Figueroa. Con 70 senadores en sus bancas, el resultado de la votación fue de 35 a 35 —dos veces—. Ante esto, por reglamento tuvo que desempatar la santiagueña, que presidía la sesión ante la ausencia de Cristina Kirchner.

El primero de los temas que se trataron en el Congreso aquel día de la última semana fueron los pliegos judiciales, que incluyó el de Figueroa, la exjueza de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de Justicia que la Corte Suprema de Justicia definió que se debía jubilarse el pasado 9 de agosto cuando cumplió los 75 años.

Desde abril que el interbloque del Frente de Todos quería avanzar con este pliego.

La idea del kirchnerismo era aprobarlo antes de que la magistrada cumpliera los 75 años, pero Juntos por el Cambio logró bloquear las sesiones. Meses más tarde, el oficialismo logró sumar a otros bloques, obtuvo el quórum y avanzó, aún después de que la Corte ya había firmado por unanimidad que la magistrada se tenía que jubilar.

Tras la votación de una continuidad de Figuero en el Senado, todavía faltaba un paso clave para considerar que volvía a ser nombrada jueza: el decreto del presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial. "Falta la firma del presidente de la Nación. No sé qué va a pasar", había deslizado el senador del Frente de Todos José Mayans, en medio de su defensa a la votación del pliego. Recién cuando aparezca en el Boletín Oficial se podrá decir que se completó el acto de nombramiento.

Mientras tanto, el Presidente de la Nación procedió al primer paso de este proceso: la firma del pliego de la magistrada.

El bloque oficialista del Senado aprobó el pliego para la continuidad en su cargo de la jueza de Casación Ana María Figueroa, a pesar de que había cumplido los 75 años. La votación finalizó con un empate de 35 votos a favor y 35 en contra, y la senadora Claudia Ledesma Abdala, del Frente de Todos, desempató a favor de la permanencia de la magistrada por cinco años más.

La sesión del Senado también incluyó el tratamiento de otros asuntos, como el proyecto de quita del Impuesto a las Ganancias y cambios en la Ley de Alquileres, que luego serían enviados de regreso a la Cámara de Diputados.

La vicepresidenta Cristina Kirchner desafió la decisión de la Corte Suprema de Jubilar a la jueza Figueroa y promovió el tratamiento de su pliego para que continuara en su cargo. Esto generó un conflicto de poderes, ya que la Corte había dictaminado que Figueroa debía dejar su puesto debido a su edad y la falta de un nuevo acuerdo en el Senado.

El bloque de Juntos por el Cambio, que se oponía a la continuidad de Figueroa debido a su supuesta cercanía al kirchnerismo, logró separar la votación de su pliego del resto y obtuvo la mayoría para hacerlo. Esto llevó a la aprobación de la continuidad de la jueza.

La jueza Figueroa es relevante porque estaba involucrada en decisiones judiciales importantes, como la reapertura de causas contra Cristina Kirchner. La sesión en el Senado también incluyó la discusión sobre la eliminación del Impuesto a las Ganancias para salarios altos, un proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.

A pesar de su último intento de obtener una licencia extraordinaria de 30 días sin goce de sueldo con la esperanza de conseguir un nuevo acuerdo del Senado que le permitiera continuar en el cargo por cinco años más, la Corte Suprema tomó una decisión definitiva y la destituyó.

La situación de Figueroa se volvió insostenible para sus colegas, ya que superó el límite de edad en agosto y no dejó su puesto, esperando el respaldo del kirchnerismo en el Senado. Aunque había pasado por entrevistas y había recibido un dictamen favorable de comisión para su continuidad en casos relevantes que involucraban a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus hijos y exfuncionarios, el oficialismo no logró reunir los votos para aprobar la extensión y fracasó en convocar una sesión en la Cámara alta. Los jueces de la Casación informaron a la Corte y al Consejo de la Magistratura que la jueza “habría cesado como magistrada”, pero no la removieron oficialmente.

El 8 de agosto, en un acuerdo con sus colegas de la Casación, Figueroa anunció que dejaría la presidencia en manos de su entonces vicepresidente, Mariano Borinsky, y que ya no firmaría sentencias, lo cual fue documentado en un acta. Sin embargo, en la reunión de este martes, decidió revertir esta decisión.

�SYo estaba haciendo un trabajo académico⬝, dijo Suárez y continuó: �SMe produce lástima las personas que analizan imágenes fuera de contexto⬝. Según la protagonista del escándalo en la provincia de Chubut, su cometido es escribir un libro sobre la historia del asesino y su familia.

�SDe alguna manera necesito arrancar, para aprovechar la feria y poder ofrecer este producto a distintas editoriales⬝, argumentó.

A la jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien ahora está sancionada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, se la vio besándose, compartiendo mates y sacándose selfies junto a Bustos en la prisión.

Así es como se ordenó iniciar actuaciones administrativas por �Sconductas inadecuadas⬝.

Sin embargo, sostuvo que los motivos de la visita al internado fueron totalmente laborales.

�SNo soy tonta, yo se que en los lugares de detención hay cámaras. No voy a ir a exponerme con algo que no es cierto⬝, dijo.

La magistrada, en tanto, aclaró que el hombre insistió porque �Sestaba muy contento y efusivo⬝ por la propuesta de participar en un trabajo de investigación: �SNo es una relación sentimental y tampoco es un beso⬝.

Además de especializarse en el cibercrimen, Mariel Suárez es una férrea defensora de la paridad de género dentro de la Justicia. Así se muestra en sus redes sociales, donde publicó algunas entrevistas en las que se refirió al tema.

Respecto a lo que ocurrirá con su carrera, Mariel dijo que cuenta con testimonios que dejarían en claro que el contacto fue únicamente por trabajo.

La jueza de Garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio, declaró inconstitucional el DNU presidencial que prevé la detención de las personas por violación de la cuarentena o que vulneren el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de las medidas tomadas para combatir el coronavirus. El fallo no es nuevo, sino de hace dos semanas, pero cobró notoriedad durante los últimos días y recibió amplia difusión, sobre todo en los medios capitalinos e incluso la magistrada fue entrevistada este miércoles en el canal A24.

�SEl Presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como esta. Incluso se lo permiten algunos pactos internacionales. Pero lo que no puede es decir que el cumplimiento de estas restricciones configure un delito del Código Penal, porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional.

����Eso es lo que yo he declarado inconstitucional. De esta manera, los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio⬝, explicó Mauricio.

�STodos los DNU tienen un mecanismo muy estricto que requieren la convalidación del Congreso. Si bien el Parlamento ha convalidado muchos de estos decretos de la cuarentena, que para mí muchos están convalidados fuera de término porque no están cumplidos los plazos, nunca puede convalidar lo que es nulo de nulidad absoluta e insalvable como lo dice la Constitución⬝, explicó.

Mauricio consideró lo que podría llegar a hacer el Congreso de la Nación ante esta situación: �SEmitir una ley que probablemente diga que el Presidente tendrá las facultades para declarar los períodos de cuarentena y establecer las restricciones, y decir que ese incumplimiento será del tipo penal del artículo 205 y el 239.

Pero tiene que ser una ley emitida a través de los mecanismos constitucionales, no una convalidación⬝. La magistrada se manifestó a favor de las multas y de que sean onerosas como ocurre con las que se aplican a quienes conducen en estado de ebriedad y que han sido eficientes para reducir esta falta en Mendoza. �SCuando comenzó a regir esta ley fue categórico cómo bajaron los accidentes de tránsito por estado de ebriedad.

En Mendoza esto se cumple mucho y demuestra que la multa produce más efectos que un proceso penal que termina en la nada, malgastando el dinero de los contribuyentes. De 7 mil causas, con suerte si se pueden juzgar 100 creo que es mucho⬝, dijo. Además, en un extenso reportaje con Cristina Pérez en Radio Mitre, la jueza explicó su resolución al asegurar que dispuso la inconstitucionalidad de los DNU firmados por Alberto Fernández �Sporque el Artículo 99 de la Constitución le prohíbe al presidente de la República Argentina emitir Decretos de Necesidad y Urgencia que legislen en materia penal⬝. Mauricio dijo que en el inciso tercero de ese artículo, que refiere a las atribuciones del Presidente, se hace la salvedad expresa de que esos decretos de Necesidad y Urgencia nunca pueden legislar en materia penal, tributaria y de partidos políticos. Para la jueza, la gente no puede estar privada de su libertad y ningún ciudadano puede quedar sometido a proceso por los DNU porque son inconstitucionales y recordó que �Slo que está prohibido no puede ser convalidado por el Congreso de la Nación⬝.

Soy una jueza de la Constitución, juré sobre ella hace 30 años cuando entré en la Justicia. Estoy convencida de la vigencia de la Constitución, porque es el principio del Estado de derecho.

La legalidad, el debido proceso, la división de poderes y su control debe existir y lo debemos defender, empezando por los jueces, que tenemos la obligación de declarar de oficio todas las inconstitucionales que nosotros advirtamos en las leyes que se emiten desde el Congreso o quien sea.

La jueza explicó además que, cuando el gobernador Rodolfo Suárez comience a flexibilizar la cuarentena, va a sancionar con multa el incumplimiento y la violación de las restricciones, lo que agrega un problema más a la situación.

 �SAcá hay una doble persecución por el mismo hecho, un principio que es esencial en el Estado de derecho: nadie puede ser sometido a proceso dos veces ni sancionado por el mismo hecho dos veces⬝, recordó Fuente:D.U.