El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el CongresoEn el fallo, al que tuvo acceso TN, el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.La decisión se dio en el marco de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad. Los demandantes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.La sentencia consideró que la decisión del gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos. (TN)

La Corte Suprema de Justicia definirá si acepta o no el pedido de licencia extraordinaria que presentó el juez federal Ariel Lijo, luego de que sea fuera designado en comisión junto con el ya miembro del máximo tribunal Manuel García Mansilla, que juró la semana pasada. El futuro de Lijo se dirimirá en la reunión de Acuerdo de Ministros de este jueves en la que estarán presentes el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y García Mansilla.Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, recibió la aprobación unánime por parte de la Cámara Federal del pedido de licencia que solicitó para poder asumir en comisión en la Corte.El pedido obedece a que la designación que establece el decreto 137/2025 es para integrar el tribunal hasta noviembre próximo, y de no contar con el acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente.Sin embargo, las bibliotecas jurídicas en este aspecto difieren y también los antecedentes. Los detractores sostienen que la licencia otorgada por la Cámara Federal carece de validez, ya que solo la Corte está facultada para otorgar licencias extraordinarias. De seguir esta línea, la Corte podría rechazar el pedido y solicitarle a Lijo que para asumir renuncie formalmente a su Juzgado de Comodoro Py. Esta mirada la comparte el ex cortesano Juan Carlos Maqueda, que dejó el tribunal en diciembre e hizo énfasis en los antecedentes. “En la década del ‘70, hubo un juez federal de primera instancia, que había sido designado en comisión en segunda instancia. La Corte, en ese caso, se pronunció diciendo que el juez no podía pedir licencia a un cargo para tener el otro. Claro, tenía que renunciar a ese cargo”, explicó.Luego, Maqueda ejemplificó con el resonado caso de José Francisco Bidau en la década del ‘60: “El Senado, cuando tuvo que tratar el pliego, lo rechazó, y el doctor Bidau era integrante de la Corte Suprema, perdió el cargo de la Corte Suprema y también perdió el cargo de camarista”.El jueves de la semana pasada, la Corte sorprendió con la jura en silencio y bajo perfil de García Mansilla cuando todos esperaban una definición sobre Lijo, que la pateó para las próximas horas. García Mansilla estrenó su traje de flamante integrante de la Corte el sábado pasado en el Congreso para presenciar la apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente Milei. Fue el primero en llegar y recibió saludos por parte de legisladores, gobernadores y funcionarios. NA.

Mediante el decreto 905/2020 que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el presidente de la Nación, Alberto Fernández, nombró a Federico Ángel Claudio Martín como juez federal de primera instancia de Victoria. Así, el primer mandatario dio el visto al �Sacuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. El decreto lleva la firma del presidente; del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Marcela Losardo.

Así, la designación de Martín llega a 17 años de la sanción de la Ley del Congreso de la Nación que creó �Sun juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, con competencia sobre los departamentos de Victoria, Gualeguay, Tala y Nogoyá, el que contará con dos secretarías, y una fiscalía y una defensoría pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa⬝.

Concursos

El nombramiento de Martín fue muy bien recibido en el fuero federal entrerriano. Primero porque se trata de un funcionario de carrera y segundo, porque debió disputar el cargo con abogados de Buenos Aires. En octubre de 2018 se conoció que los concursos para ocupar el puesto de juez en los nuevos Juzgados Federales en las jurisdicciones de Concordia, Gualeguaychú y Victoria habían entrado en etapa de definiciones y varios postulantes eran de Buenos Aires. También se indicó que la iniciativa fue impulsada por el gobernador Gustavo Bordet y fue bien recibida por el Consejo de la Magistratura, el organismo que sanciona y designa a los jueces. Así, las ternas ingresaron en la etapa en la que la Cámara de Senadores de la Nación se abocaría a evaluar los pliegos que envió el Poder Ejecutivo.

De los dos candidatos al juzgado de Victoria, Gustavo Díaz y Martin, fue seleccionado Martín. Respecto de Díaz se señaló que es un hombre con importantes vinculaciones en la Justicia provincial entrerriana, mientras que de Martín se indicó que por su trayectoria en el fuero Federal tiene muy buenas relaciones a nivel nacional.

Fuentes judiciales deslizaron que Viri fue nombrado en el juzgado de Gualeguaychú, en tanto que Ramponi fue nombrada en Concordia, aunque aún no está en funciones por cuestiones de infraestructura edilicia. Las mismas fuentes recordaron que Viri se desempeñó como secretario de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman; mientras que de Ramponi señalaron que tenía vínculos con el PRO.

El Juzgado

De acuerdo a la Ley N° 25.862 , el Juzgado Federal de Victoria contará con un juez, un fiscal, un defensor, dos secretarios de Juzgado, dos prosecretarios administrativos, un jefe de despacho, un oficial mayor, dos oficiales, dos escribientes, dos escribientes auxiliares, personal de servicio y dos medio oficiales.

Bonadío, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue designado al frente del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 del fuero federal en 1994, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Era el cuestionado juez de la causa de los cuadernos y en los últimos años se ensañó con la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien procesó en decenas de causas pidiendo su detención y desafuero.

El magistrado, que había cumplido 64 años el pasado sábado 1° de febrero, había sido operado de un tumor el año pasado y su salud era delicada, por lo que había pedido una licencia por todo el mes de febrero. En estos días se estaba hablando de su posible jubilación

Finalmente esta mañana, Mónica, su histórica secretaria, fue la encargada de confirmar la muerte de uno de los jueces más polémicos de Comodoro Py. (Minuto Uno)