La Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada en Argentina en 2017, creó un marco legal para proteger, asistir y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos. En ese marco, la función del Defensor Público de la Víctima apunta a la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad. Hasta el momento, esa figura no estaba cubierta en la Provincia.La novedad se conoció en el Boletín Oficial de Entre Ríos de este miércoles, que publica que la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación comunicó el ingreso del mensaje del Poder Ejecutivo Nacional en el que solicita prestar acuerdo para la designación de Lazzáneo como Defensor Público de Víctimas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.La audiencia pública se llevará a cabo el 14 de mayo, a las 11, en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, y el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos será desde el 17 hasta el 23 de abril.

En el marco del concurso N° 212 convocado por el Ministerio Público de la Defensa para cubrir el cargo de Defensor Público de la Víctima en Entre Ríos, el orden de mérito quedó así: 1) María de las Mercedes Esquivel; 2) Juan Ignacio Lazzáneo; 3) Walkyria Magalí Bértoli; y 4) Eugenio Nicolás Bolotner, indicó Entre Ríos Ahora.El Ministerio Público de la Defensa elevó en noviembre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional la terna conformada por María de las Mercedes Esquivel, quien lideró el orden de mérito, seguida por Juan Ignacio Lazaneo y Walkyria Magalí Bértoli.Lazzáneo había sido designado juez de Ejecución de Penas de Concordia en 2021, cuando Martín Cabonell -padre de su esposa, Mariana Carbonell, funcionaria judicial en el ámbito del Ministerio de la Defensa- presidía el Superior Tribunal de Justicia (STJ).La elección del nombre de Lazzaneo fue a propuesta de la Sala Penal del STJ. Al momento de su designación como juez contaba con 36 años, apuntó el sitio digital Entre Ríos Ahora. Obtuvo el título de abogado en 2012 en la Universidad Nacional del Litoral. Ingresó al Poder Judicial como escribiente en la Defensoría General desde 2010 a 2014; luego, fue designado como defensor público interino de Paraná, desde 2014 a 2018; más adelante, ocupó el mismo cargo de defensor público interino en Concordia, de 2018 a 2020. Ejerció la defensoría pública en materia de Ejecución Penal ante la Cámara de Casación de Concordia. El 17 de marzo de 2020 fue designado defensor en Gualeguaychú en materia de Ejecución de Penas. 

El juez neoyorquino encargado del proceso contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar el caso, tal  como pedían sus abogados.“No voy a desestimar el caso”, aseveró el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra los exlíderes del chavismo, quienes están acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.Maduro entró a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal. Lucía el pelo canoso y parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada el pasado enero, al igual que Flores, según el diario venezolano El Nacional y supo la Agencia Noticias Argentinas.Los abogados mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.La defensa de Flores y Maduro, capturados en Caracas el 3 de enero por tropas estadounidenses, pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos de los venezolanos.Tanto Maduro como el gobierno venezolano están sujetos a sanciones de Estados Unidos, por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó ese permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.Wirshba también aseguró que los acusados están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que “permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones” impuestas por Estados Unidos.Sin embargo, el juez Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela”.Desde la captura de Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas y su posterior traslado a Nueva York, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones. A principios de marzo, ambos restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Cargos por narcoterrorismoMaduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra”.

Al hacer uso de la palabra, Germán Carlomagno felicitó a Gianello por el trabajo que viene realizando en el juzgado desde su creación, y lo felicitó porque hoy ocupa el lugar tras haber ganado el concurso. Participaron de la ceremonia  el intendente de Colón José Luis Walser; el senador provincial Ramiro Favre; el diputado provincial, Mauro Godein; los vocales de la Sala Civil y Comercial de C. del Uruguay, Celina I. Ansaldi -presidenta- y Gustavo E. Marcó -vicepresidente-; la presidenta de la Sala Civil y Comercial N.º 1 de Concordia Flavia Pascualini y Diego Estévez – vicepresidente; el presidente de la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay, Jorge Alberto Pirovani; el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo, Mariano Alberto López, su vice presidente, Federico José Lacava y la vocal María Fernanda Erramuspe; el presidente de la Sala Segunda Laboral de Gualeguaychú, Vicente Martín Romero; la presidenta de la Sala Primera de la Cámara Laboral de Paraná y vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, María Gabriela López Arango y el Juez de Garantías y Transición, Jesús David Alexis Penayo Amaya.También concurrió, en representación del Ministerio Público, el fiscal Coordinador de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi; el Jefe de la Policía Departamental Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez; el Juez de Paz de Colón, Roberto Simon; integrantes de la magistratura; autoridades del Colegio de la Abogacía, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; trabajadoras y trabajadores; invitados especiales y familiares y amigos del magistrado jurante.El acto fue asistido por la Secretaria de Superintendencia N°1 del Superior Tribunal de Justicia, Elena Salomón.Gianello fue nombrado por el Poder Ejecutivo por decreto 3133 del Ministerio de Seguridad y Justicia en noviembre de 2025 y atravesó con éxito todas las instancias establecidas por la Constitución de Entre Ríos. Entre ellas el proceso de preselección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y luego el Acuerdo Constitucional del Senado. 

El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente. La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a todo el territorio nacional los efectos de la cautelar dictada en septiembre, que en ese momento solo regía para la provincia.El nuevo fallo se inscribe en una serie de decisiones judiciales dictadas en distintas jurisdicciones del país. En Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro, jueces federales ya habían ordenado la restitución integral de las prestaciones suspendidas, el reintegro de los haberes no abonados y la aplicación de multas diarias por cada día de demora. También se registraron resoluciones de alcance individual en Mendoza, Córdoba, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, todas con resultado favorable a los beneficiarios y en rechazo de las suspensiones dispuestas por la ANDIS.En este caso, el juez Díaz Martínez sostuvo que las suspensiones aplicadas por la Agencia en base al Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo Nacional vulneraron derechos de incidencia colectiva y debían ser dejadas sin efecto. En sus términos, el magistrado dijo: “corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.El fallo recordó que el reclamo colectivo se originó en la “suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo”, derivada de la aplicación del decreto del Ejecutivo. En su análisis técnico, citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN Ley 25.837 y decreto 1564/04 s/ amparo”, en el que la Corte Suprema de Justicia estableció los criterios de legitimación en procesos colectivos y definió los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.Según el titular del juzgado catamarqueño, la causa se encuadra en esa categoría, ya que existe “un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea”. Esa homogeneidad -indicó- “lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.El magistrado también designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul como representantes del colectivo, al concluir que de acuerdo a “sus estatutos, fines de su conformación y trayectoria en la materia”, ambas reúnen las condiciones de idoneidad requeridas para ejercer una representación adecuada. “Por cierto que, ello no implica desconocer los atributos de otras personas también presentadas, sino tan solo un ejercicio de la potestad que me asiste a la hora de procurar un desenvolvimiento ordenado y no traumático del proceso”, añadió.La medida responde al mismo contexto que motivó el amparo anterior, presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo provincial, quienes reclamaron la nulidad de las suspensiones de pensiones y la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos de acceso a los beneficios. La norma, dictada en septiembre del año pasado, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la Agencia en agosto de 2024 se llevó a cabo sin un marco normativo claro, sin criterios de evaluación públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas para las personas con discapacidad. Señalaron además que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían defectos formales que impidieron a los beneficiarios ejercer su derecho de defensa.Organizaciones de personas con discapacidad impulsaron el amparo colectivo que derivó en el fallo, en rechazo de las suspensiones dispuestas bajo el Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo (Fotografía: Maximiliano Luna)Según datos oficiales citados en las distintas presentaciones judiciales, la Jefatura de Gabinete informó que de las 997.654 cartas documento enviadas por la ANDIS, 504.802 -más de la mitad- no pudieron ser entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%.Antes de las primeras resoluciones en contra del decreto, la Agencia había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos en los que la Justicia ordenó la restitución, la ANDIS acató las decisiones y volvió a pagar los haberes.Con la decisión adoptada ahora por el Juzgado Federal de Catamarca N°2, la cautelar adquirió alcance nacional. El juez dispuso que la Agencia cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”. Infobae.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño.Además de los nuevos jueces de Concordia, prestaron juramento Jesús David Alexis Penayo Amaya, quien estará a cargo del juzgado de Garantías y Transición de Colón, y Nadia Paola Benedetti, jueza del juzgado de Garantías y Transición de Villaguay. Los magistrados fueron designados por el gobierno provincial tras obtener acuerdo en la Cámara de Senadores y superar el proceso de concurso correspondiente. 

Un juez de Paz de la localidad cordobesa de San Francisco del Chañar fue destituido por "mal desempeño de sus funciones" tras ser denunciado por "maniobras fraudulentas", entre ellas, haberse apoderado de haberes de jubilados internados en un centro de salud, informaron fuentes del Poder Judicial local.

Se trata de Gustavo Orona, quien fue destituido por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), la máxima instancia judicial provincial, que consideró "acreditado que el juez de Paz hizo suscribir poderes generales y especiales a un grupo de adultos mayores", alojados en un hospital que lo habilitaban, entre otras cosas, a "cobrar sus jubilaciones y percibir otras sumas de dinero".

Algunos de esos instrumentos legales, el magistrado los firmaba en calidad de fedatario (funcionario con autoridad para certificar la autenticidad de las documentaciones), que lo autorizaba a percibir esos haberes ajenos, detalla la información oficial.

Los hechos fraudulentos comenzaron en enero de 2019, en esa localidad del departamento Sobremonte, y tuvieron como víctimas a media docena de personas jubiladas que estaban alojadas en el hospital Dr. José. J. Puente, de la población de San Francisco del Chañar.

A los damnificados, todos adultos mayores, el juez de Paz les hizo firmar poderes que lo facultaban como apoderado para percibir sus ingresos jubilatorios y disponer de los destinos de todos los bienes, como enajenarlos, comprar, ventar, gestionar créditos y manejar cuentas bancarias, entre otras gestiones, se informó.

El ahora exjuez de Paz Orona está imputado por el delito de "defraudación agravada por circunvención de incapaces reiterada" (abusar de las necesidades o inexperiencia de un incapaz), causa que está a cargo del Juzgado de Control y Faltas de Deán Funes, que además investiga presuntas maniobras con compra y ventas irregulares de bienes materiales.

Los miembros del TSJ también mencionaron que "la conducta desplegada por Gustavo Orona tuvo repercusión en diversos medios periodísticos, comprometiendo así la imagen y prestigio de este Poder Judicial".

En ese sentido, consideraron que "el rol que ocupa el Juez de Paz en la sociedad le exige mantener una actitud responsible, decorosa y digna de su condición, lo cual no parece haber sucedido con Orona al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los adultos mayores".

Además asistieron la vicegobernadora de la provincia, Laura Stratta; los vocales del STJ, Germán Carlomagno; Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher; los vocales Jorge Pirovani y Leonardo Portela; el intendente de Victoria, Domingo Maiocco; y legisladores y legisladoras provinciales, entre otras autoridades.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda fue internado de urgencia este domingo luego de descompensarse en un restaurante del barrio porteño de Recoleta, cuando comía con su esposa.

Maqueda, de 72 años, estaba almorzando en el restaurante La Recova junto a su esposa cuando empezó a sentirse mal y sufrió una descompensación cardíaca.

Rápidamente, uno de sus custodios llamó al 911 y una ambulancia acudió para trasladarlo al Hospital Fernández, donde se le realizaron las primeras atenciones.

Luego, el supremo fue llevado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en Marcelo T. de Alvear y Larrea, Barrio Norte, para realizarse diversos estudios a fin de determinar la gravedad de lo ocurrido. Allí quedó internado por precaución, aunque fuentes cercanas dijeron a la agencia Télam que está fuera de peligro.

�SFue internado en terapia intensiva para extremar los cuidados, pero es un cuadro habitual del doctor Maqueda, con episodios cíclicos de este tipo, con virtuales síncopes, y además ya tiene varios stents⬝, describieron las fuentes.

En 2014 el juez atravesó una situación similar. En esa ocasión, el supremo fue trasladado de urgencia al IADT como consecuencia de una descompensación que sufrió durante un evento en la Embajada de Italia.

Diez años antes, le habían colocado un stent por sus problemas coronarios. A los pocos días, se descompuso durante un escrache en su contra que protagonizaron ahorristas perjudicados en la crisis del 2001.

Oriundo de Río Tercero, Córdoba, Maqueda es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de esa provincia. Comenzó su carrera política en la década de los 70, ocupando diversos cargos a lo largo de su vida, hasta que en 2002 asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia. (I:Ambito)

 Dicha capacitación es organizada por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), cuya Presidenta es la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) Claudia Mizawak.

El programa es producto de un trabajo de investigación realizado por las escuelas judiciales, cuya finalidad es generar una currícula de formación y perfeccionamiento para los integrantes de la magistratura de las provincias argentinas y CABA.

Además, tiene la particularidad de que es dictado sólo por Ministros y Ministras de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la disertación estará a cargo del Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Enrique Osvaldo Peretti, y la inscripción se encuentra disponible en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYtExSaYCyH1p6xCUnQPRDoB2V5CjKK_-QBAIPP6si0S36g/viewform

Para mayor información dirigirse a www.reflejar.gob.ar