Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026. En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura. “La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, señala la declaración.Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”. Además, remarcaron que el nuevo reglamento refuerza la confianza pública y mejora la calidad institucional del Poder Judicial, en línea con el mandato fundacional de la Constitución Nacional de afianzar la justicia.El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial. “Su aprobación en forma integral permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz”, sostuvieron, y advirtieron que ello evitará soluciones parciales que puedan afectar la coherencia y los objetivos de la reforma.Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia. “Avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia”, concluye el texto.La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de La Plata, Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

Consejo de la MagistraturaEl Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada 4/2026 -firmada el 25 de marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales. El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción. Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

“Consideramos que bajar la edad de punibilidad a 14 años, como se propone, no parece una medida dirigida a la mejor protección de las personas adolescentes y, además, es contraproducente, pues en todos los países donde se bajó la edad de punibilidad no disminuyó el delito, sino al contrario”, dice el texto de la nota que la Asociación de la Magistratura envió a los diputados nacionales por Entre Ríos.Los magistrados entrerrianos plantean: “Uno de los elementos fundamentales que lleva al delito juvenil es la exclusión del cuerpo social; entonces, si un adolescente debe cumplir una pena privativa de la libertad a muy corta edad, se le cierra la puerta de la escuela y del trabajo por parte de la sociedad y se le abre la puerta de la banda y del crimen organizado. No debe perderse de vista que el dictamen de Comisión regula institutos procesales que no deberían ser regulados en una ley nacional de fondo, sino que corresponde a las Provincias, por tratarse de materias no delegadas al Congreso Nacional, conforme el art. 121de la Constitución Nacional”.En la Cámara de Diputados de la Nación, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda emitió dictamen en torno al proyecto de ley que propone modificar Régimen Penal Juvenil, y bajar la edad de imputabilidad en adolescentes de 16 a 14 años.

La modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.

Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal. 

Brenda Struminger (Infobae) - El Gobierno cambió el discurso sobre las nominaciones de Ariel Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, en medio del escándalo por las criptomonedas y en la previa de la probablemente espinosa sesión del Senado para decidir el futuro de los pliegos. Dos días antes del debate legislativo sobre el primero, descartaron de plano la posibilidad de nombrar a Lijo por decreto, como habían insinuado con firmeza en varias oportunidades. E incluso admitieron que tienen otros nombres de magistrados en carpeta para el caso de que se caiga el pliego.La discusión en el recinto está prevista para el viernes.

Y, en el Gobierno, mientras intentaban sin éxito sacudirse las esquirlas de la polémica por $LIBRA, deslizaron que está prácticamente descartado nombrar a Lijo por decreto, como había planteado el propio Milei. Y que incluso tienen cinco nombres en mente para reemplazarlo, en caso de que sea rechazado.La votación para definir los reemplazos de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se perfila reñida, según todos los pronósticos. El kirchnerismo, que tiene la mayoría, después de largos coqueteos y negociaciones, deja trascender que no acompañará. Y en el Gobierno, que necesita una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes, dicen que prefieren evitar un nombramiento de Lijo por decreto. Según argumentan, porque a partir de entonces, todos los fallos de los magistrados estarían sujetos a revisión. Pero no descartan nombrar por decreto en el caso de García Mansilla, y del otro, eventual candidato, cuyo nombre no se definirá mientras Lijo siga en carrera.“Si rechazan a Lijo, vamos a proponer a los jueces más libertarios que podamos encontrar”, dijo un asesor presidencial. Los dos más firmes por los que se inclinan en la Casa Rosada son Ricardo Ramírez Calvo, recomendado por el propio García Mansilla, que trabajó a su lado; y Ricardo Manuel Rojas, el ex juez penal y autor del libro “La Inflación como delito” al que Milei había propuesto ser Procurador del Tesoro tras la escabrosa salida de Rodolfo Barra. Rojas rechazó el cargo -que finalmente aceptó el abogado Santiago Castro Videla-, y no está claro si en el momento en que declinó la propuesta sabía que podrían ofrecerle una designación para el Máximo Tribunal de Justicia.En la lista de suplentes aparecen también el constitucionalista Carlos Laplacette, que también había sonado para encabezar a los abogados del Estado, autor de numerosos trabajos sobre derecho constitucional e integra el estudio Cassagne. Y Alberto Bianchi, otro abogado constitucionalista de perfil académico, cercano a Videla Castro y autor, entre otros, del libro Recurso Extraordinario, en alusión al recurso que funciona como puerta de entrada para acudir a la Corte Suprema.

Hay en cantera, también, una jueza, la única mujer en la lista de eventuales reemplazantes de Lijo, pero por ahora prefirieron evitar difundir su nombre. Según dijeron, para evitar exponerla. Uno de los principales argumentos contra las nominaciones de Milei era que no había ninguna mujer, pero en la Casa Rosada aseguran que el aspecto del género no será determinante. 

Hace poco más de 23 años, en la misma sala donde por estos días se juzga a los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, la doctora María Claudia Castro intervenía en otro juicio que acaparó la atención pública, el del asesinato de José Luis Cabezas. Venía de trabajar años atrás en el juzgado de José Luis Macchi, que instruyó la causa por el secuestro y homicidio del reportero gráfico, y para el debate oral de ese caso, que comenzó a fines de 1999, fue designada fiscal de instrucción: junto a dos colegas lograron la condena a perpetua para todos los autores del hecho.

Desde entonces inició un extenso camino hasta llegar a presidir el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que desde hace varios años también integran los jueces Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.

Los tres cuentan con amplio recorrido y son elogiados en la esfera judicial. �SSerios, de perfil bajo y gran trayectoria profesional⬝, los describe una fuente del mismo ámbito. �SSon tres jueces con mucha experiencia, muy preparados⬝, agrega alguien que frecuenta los tribunales de Dolores.

Castro tiene 54 años. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y egresó en 1992. Trabajó en la Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia y después recaló en el juzgado de Macchi.

La investigación sobre el crimen de Cabezas tuvo una relevancia especial en su carrera. Así lo mencionó en una entrevista con elDiarioAR: �S�0ramos un juzgado que tenía una planta de secretaria auxiliar, letrado, oficial mayor, tres o cuatro empleados y nada más. Por lo cual, en lo personal significó una carrera acelerada en todo lo que es el procedimiento penal⬝.

Luego de varios años en desempeñándose en el Ministerio Público Fiscal, Castro desembarcó en 2014 en el TOC N°1, que fue sorteado para juzgar el caso Báez Sosa en mayo de 2021. Otra fuente judicial dice que le dejó �Smuy buena impresión⬝ su actuación en el proceso contra los rugbiers: �SLo condujo muy bien, con aplomo, con dominio de las audiencias, como una autoridad dúctil⬝.

En uno de sus últimos casos que adquirieron trascendencia en los medios de comunicación, la magistrada se encargó de dirigir, en abril del año pasado, el debate del juicio por jurados contra dos jóvenes que fueron condenados a perpetua por matar a Javier Ayuso, en 2017.

Te puede interesar: Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: los testimonios que son clave para la acusación y que la defensa buscó derribar. Rabaia, por su parte, tiene 47 años e integra el cuerpo desde hace más de tres. Egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2001 y en los primeros años de carrera se dedicó a la actividad privada, con un estudio propio en el municipio de Quilmes. Y desde 2005 empezó su recorrido en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Previo a su arribo en este tribunal, trabajó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Dolores junto a la fiscal Gabriela García Cuerva. Al momento de su jura como juez, en agosto de 2019, ella resaltó tanto el �Saspecto personal como funcional o espiritual⬝ de Rabaia y le agradeció que hubiera �Sestado a su lado en los momentos difíciles, esos que a uno le toca sobrellevar⬝, según un artículo de El Mensajero de la Costa. En aquella ceremonia estuvieron presentes, entre otros funcionarios judiciales, la doctora Castro y otro de los participantes del presente juicio contra los rugbiers: el fiscal de instrucción Juan Manuel Dávila.

El tercer integrante a cargo del debate por el caso Báez Sosa es Lázzari. Es el más joven (42) de los tres y, en su caso, llegó al Tribunal un año antes que Rabaia, en 2018, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esto se debe a que forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal provincial, que se utiliza para cubrir vacantes libres por ausencia de los jueces titulares en cualquiera de las instancias judiciales.

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Lázzari también se desempeña como juez Correccional de Dolores y compone la Red de Jueces Penales bonaerenses, que fue creada hace más de 22 años y se define como �Suna entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal⬝. El magistrado fue, entre 2020 y 2022, uno de los miembros de la comisión revisora de cuentas de esa organización que también tiene en sus filas a Castro, quien actualmente integra la Comisión Directiva, ocupando hasta 2024 el rol de protesorera.

Esta semana se terminó el debate del juicio por el crimen de Báez Sosa. Presentadas las pruebas, la fiscalía y el particular damnificado coincidieron en sus alegatos y pidieron prisión perpetua para los ocho imputados.

A su turno, la defensa solicitó la absolución de todos los rugbiers, aunque en su exposición planteó subsidiariamente que, en caso de existir una condena, se considere encuadrar el hecho bajo las figuras de homicidio en riña (que tiene una pena de 3 a 6 años de reclusión o 1 a 3 de prisión), homicidio preterintencional (de 2 a 6 años de cárcel) u homicidio simple con dolo eventual (de 8 a 25 años). Ahora, se espera al 6 de febrero, fecha en la que se conocerá el veredicto del Tribunal.

También ingresaron Alberto Lugones y Alejandra Provítola. Los jueces nacionales y federales de todo el país votaron a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura.

Los consejeros jueces elegidos son Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, por la lista Bordó, la más crítica con el Gobierno; Alberto Lugones, por la lista Celeste, que vota en ocasiones en sintonía con el oficialismo; y María Alejandra Provítola, por la tercera lista, Compromiso Judicial.

Finalmente el Consejo de la Magistratura alcanzó los 20 miembros que ordenó que tuviera la Corte Suprema de Justicia, luego de que los jueces y abogados eligieran a sus nuevos representantes ante el organismo, que se sumarán el próximo mes a la mesa del organismo, clave en el Poder Judicial.

Ganó la Lista Bordó, encabezada por Diego Barroetaveña, que obtuvo 286 votos, superando así a la Lista Celeste, que alcanzó los 230 escaños, y a la agrupación Compromiso Judicial, que consiguió 163.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro, informaron este miércoles a Télam fuentes del organismo.

Las notificaciones aún no fueron cursadas a todos los que habían suscripto el pedido, pero "es una decisión tomada" y el organismo "está empezando a intimar" a esos jueces y fiscales, señalaron desde la Anses.

Las fuentes indicaron además que "se esperará que estén intimados todos los que presentaron las carpetas para jubilarse y las dejaron stand by".

Las intimaciones comenzaron a correr a partir de una resolución del organismo firmada hace una semana que establece que "en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia".

Quiénes deben jubilarse

Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia.

En esa situación se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.

Desde Anses aclararon que se intimará a magistrados y fiscales que iniciaron el trámite jubilatorio para que ratifiquen su voluntad de retirarse o si, por el contrario, desisten y retiran la carpeta.

Según consta en la resolución 11-46 del organismo, el objetivo de la iniciativa es "establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación".

También establece la resolución que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.

La modificación de la ley

En abril del año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento, y que cosechó la lógica resistencia de los afectados y los organismos que los representan.

La modificación, aprobada por las cámaras legislativas luego de un amplio debate, también incorporó que los afectados tendrían que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.

El malestar de los funcionarios de la justicia llevó a que la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), judicializara la decisión del Congreso y pidiera la inconstitucionalidad de las modificaciones, un expediente aún en trámite y que podría llegar a la Corte Suprema.

El bloque de Juntos por el Cambio en el Senado se había retirado de la sesión. La vicepresidenta no estuvo presente al momento de la votación virtual. De esta manera, los legisladores de la bancada opositora buscaron no avalar la embestida del kirchnerismo contra los magistrados.

El Frente de Todos continuó con el debate en soledad. �SNosotros vamos a votar en contra, vamos a dejar expresamente constancia de que no tienen la mayoría para modificar el reglamento y después de esta votación nos vamos a desconectar.

Esperemos que los próximos días la Presidencia tenga un gesto político de encontrarle el rumbo y el sentido de coherencia que esta Cámara necesita⬝, había adelantado minutos antes Luis Naidenoff. José Mayans, último orador, sostuvo: �SNosotros estamos haciendo las cosas como corresponde, y la oposición tendría que estar presente para fundamentar esto. 

��No es la forma de fortalecer la democracia, todo lo contrario. Desconocen al Congreso y desconocen la constitución⬝.

La sesión comenzó pasadas las 14 con una tensa ida y vuelta entre la titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, y los legisladores Martín Lousteau y el propio Naidenoff por el tiempo de exposición.

�SEsto es un delivery, usted lo quiere, usted lo tiene⬝, ironizó la ex Presidenta, al preguntarle a Lousteau cuántos minutos de los otorgados a su bloque iba a disponer para exponer su discurso.

A su turno, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) calificó el inicio de la sesión como un �Spapelón, asistiendo a algo que parecía un remate de minutos para definir cuánto hablaba cada senador⬝ por el hecho de que no se convocan a reuniones de Labor Parlamentaria.

Presente físicamente en el recinto, la senadora cordobesa aseguró que �Shay una decisión política de avanzar sobre la Justicia de Argentina.

�SPara que nos entienda la ciudadanía: existen tres jueces que están sentados sobre causas que evidentemente al kirchnerismo le molesta que estén en manos de jueces independientes. Estos magistrados fueron motivos de un traslado perfectamente a derecho. Buscan cambiar la normativa para sacarlos de estas causas⬝, se quejó la senadora.

�SEstos jueces han sido designados de forma absolutamente constitucional. Este bloque de 29 senadores está siempre presente, vamos a defender la independencia de la Justicia. No es el Senado, es un bloque el que piensa de esta manera. El resto los está respaldando⬝, añadió.

La legisladora pronosticó que el siguiente paso en la �Sestrategia del Gobierno⬝ es �Sdeclarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que involucren al kirchnerismo, porque van a decir que no fueron trasladados conforme a derecho⬝.

En tanto, Naidenoff acusó al oficialismo de �Sbuscar atajos⬝ y de estar �Sobsesionados con la agenda de la Justicia, de los traslados y del Procurador.

�S¿Quieren designar un Procurador? Discutan, para eso está la Comisión de Acuerdos. Nosotros ya discutimos un procurador cuando también gobernaban ustedes. ¿Se acuerdan de Reposo? Fue sometido a la Comisión de Acuerdo. Y cuando no se encontraron los números, fue Gils Carbó, y nosotros acompañamos, pero no había atajos. Ustedes siempre están buscando los atajos⬝, lanzó.

Respecto a los movimientos de los jueces en el macrismo, el titular de la bancada de JxC dijo que fueron �Strasladados por decreto presidencial, con el respaldo de acordadas de la Corte Suprema.

�SNo hay que confundir la agenda de las personas con la agenda del Estado. La confusión de Gobierno y Estado ya nos da dolor de cabeza, y ahora que también le sumamos la agenda personal a la agenda del Estado, así nos va como país⬝, agregó, apuntando directamente contra Cristina Kirchner.

También apuntando contra la gestión anterior, la kirchnerista Marín Pilatti Vergara aseguró que, �Scomo no tenían la mayoría para designar nuevos jueces, trataron de retorcer las exigencias legales para hacer pasar esas designaciones como si fueran traslados, pero los requisitos están muy claros en la ley y aquí no fueron respetados⬝.

La semana pasada, la Comisión de Acuerdos del Senado dictaminó que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli deben volver a sus puestos de origen y dejar de ese modo los tribunales en donde en los últimos años intervinieron en causas de corrupción que investigan a la hoy vicepresidenta.

En la sesión convocada por Cristina, se daba por hecho que ese dictamen sería aprobado por el oficialismo, que cuenta con una amplia mayoría en la Cámara alta.

El debate se realiza luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara un pedido de �Stratamiento urgente⬝ del recurso de amparo rechazado en un fallo de primera instancia que los camaristas Bruglia y Bertuzzi presentaron para evitar que el Senado revisara sus traslados.

Kemelmajer mencionó que �Shay un esquema jurídico con la dinámica de pensamiento binario⬝ donde se cataloga �Slo lícito y lo ilícito⬝ y �Sal hombre y a la mujer⬝, entre numerosos ejemplos de conceptos antagónicos. Aunque admitió que, en algunos casos, �Slas definiciones tan absolutas se van diluyendo⬝. Por caso citó la lucha de hombres y mujeres para que no se los catalogue: �SHay personas que no quieren estar ni aquí ni allá⬝, afirmó en el salón de actos del Poder Judicial de Entre Ríos, que estaba colmado.

 También se refirió a diversos fallos que reconocieron derechos de filiación en familias multiparentales, como el de una magistrada tucumana que accedió al pedido de una niña que quiso conservar la relación con su padre biológico y su padre jurídico. En ese sentido Kemelmajer dijo que  �Sprimariamente el derecho de familia se construyó sobre la autoridad y luego, sobre la solidaridad, pero el afecto no puede quedar fuera porque es lo que caracteriza a una familia⬝.

 Y afirmó que en las apreciaciones sobre estas nuevas formas �Sno hay nada de natural. Es cultural y social⬝, distinguió. Finalmente, y tras enumerar otras resoluciones en idéntico sentido, advirtió que se deberán evaluar luego otros efectos jurídicos de las filiaciones, como los sucesorios.

 Por último Kemelmajer opinó que la ley civil no debe tener influencia religiosa y aclaró que �Sla poligamia -que es una forma vieja- es muy diferente al poliamor.

����Esta conferencia lleva un signo de interrogación. Los jueces no podemos desconocer las cosas que están pasando en la sociedad⬝, sentenció la disertante, que concluyó: �SEl mundo no ha parado ni un momento⬝ en alusión a la canción de Jimmy Fontana del año 1966.