La resolución fue dictada este martes por el Juzgado Civil y Comercial N°1, a cargo de Julio César Marcogiuseppe, y establece una restricción de acercamiento y la prohibición de actos molestos o perturbadores, con el objetivo de evitar nuevos conflictos entre las partes mientras se analizan las actuaciones presentadas.

El hecho se dio en un contexto de fuerte tensión política y social, luego de que el Ejecutivo municipal resolviera no renovar más de 130 contratos administrativos, decisión que el gobierno local justificó como parte de un proceso de ordenamiento, eficiencia y revisión de contrataciones realizadas en la gestión anterior.Según se expuso oficialmente, la medida alcanzó a contratos que vencían en diciembre y que, tras una evaluación administrativa, no fueron renovados por irregularidades en su origen o falta de funciones asignadas.Tras el cruce público, la concejal Villalba presentó denuncias en los fueros civil y penal. En paralelo, la Justicia avanza en el análisis de los hechos, incorporando testimonios y material audiovisual aportado por las partes, sin que hasta el momento exista una resolución de fondo sobre responsabilidades.

El caso abrió un nuevo capítulo de debate político en Concordia, atravesado por el impacto social de las bajas contractuales, la convivencia democrática y los límites del intercambio público entre dirigentes.

En ese marco, será la Justicia la que determine el alcance de lo sucedido. Y seguramente, con la experiencia que le otorgan años de ejercicio en el ámbito judicial, el propio intendente Azcué sabrá medir la situación, aportar las explicaciones correspondientes y actuar con la prudencia que el momento institucional exige.

La posición de la Dra. Petit   La abogada María de los Ángeles Petit sostuvo que la concejal Claudia Villalba intentó en reiteradas oportunidades solicitar una audiencia con el intendente para dialogar sobre la baja de más de 100 contratos municipales, sin obtener respuesta. El primer contacto público se produjo durante la Maratón de Reyes, donde, al intentar acercarse, Villalba habría sido contenida con empujones por personal de seguridad. Según la letrada, en ese contexto el intendente le dirigió expresiones agraviantes y, luego, integrantes de su equipo de seguridad la agredieron físicamente, provocándole lesiones constatadas por médico policial.

A partir de los hechos, se realizaron dos presentaciones: una denuncia penal por lesiones, que derivó en medidas de protección dictadas por la jueza de Garantías contra dos integrantes del equipo municipal, y una denuncia civil contra el intendente por presunta violencia de género en su modalidad simbólica, verbal e ideológica, actualmente en evaluación judicial.

En esa fecha, el servicio de Justicia será garantizado por magistrados/as, funcionarios/as y personal que atenderán los casos de urgencia. También funcionará la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800-444-6372. 

La resolución definitiva de los concursos 232 a 245 del Consejo de la Magistratura (CM) de Entre Ríos que se realizaron en 2018 para cubrir cargos de fiscales auxiliares en Paraná, Diamante, Feliciano, La Paz, Concordia, Chajarí, Concepción del Uruguay, Colón, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Villa Paranacito y San Salvador, sigue sin respuestas a siete años del llamado a concurso.

Hace un mes, el portal paginajudicial.com  reveló un listado que definiría, luego de siete años, un concurso que tuvo todos los condimentos de un culebrón judicial. La información del portal especializado en noticias judiciales consignó que “el gobernador Rogelio Frigerio tiene la lista de designaciones para cargos de fiscales auxiliares. Se trata de los concursos, entre el 232 al 245, que se llevaron adelante en el Consejo de la Magistratura”.

La novedad fue recibida como “una buena noticia si se tiene en cuenta que los concursos se realizaron antes de la pandemia por el Covid -19. Pasó mucho tiempo. En el Ministerio Público Fiscal se había generado una importante expectativa por esta decisión gubernamental”.

Sin embargo ocurrió lo contrario. Lo que fue un concurso enrevesado por situaciones impensadas como la pandemia y por dilaciones involuntarias –dos concursantes cursaban sendos embarazos y solicitaron la postergación del concurso-, se vio estallado por la calificación que logró un abogado de la matrícula que alcanzó el más alto puntaje que el Consejo de la Magistratura ha colocado en un examen escrito en toda su historia. Esta situación generó la impugnación de la calificación que obtuvo el letrado particular, lo que generó nuevas dilaciones. Todas las impugnaciones fueron rechazadas en todas las instancias que las abordaron. Hasta aquí, nada fuera de lo jurídico, aunque se señalaron cuestionamientos “éticos” a las impugnaciones.

Los anuncios de un nuevo CM que se diferenciaría de etapas anteriores quedó en una proclama voluntarista puesto que la lista que fuentes oficiales cedieron a Página Judicial generó muchos rechazos y pocas adhesiones. Fuentes judiciales destacaron que “no pocos de los que fueron incluidos en la lista quedaron conformes con los destinos que se les adjudicó”. En este sentido, las fuentes deslizaron que “la Procuración tampoco quedó satisfecha con el listado”.

La nueva etapa del CM, que se vería reforzada con la nueva modificación que propuso el Poder Ejecutivo de la Ley que lo regula, no sería tal en función de “viejas prácticas” que retrotraerían el funcionamiento del organismo que asesora al Ejecutivo en la designación de funcionarios judiciales. En este sentido se encuentra la entrevista personal de los concursantes con los consejeros del CM. Es vox populi en Tribunales que las políticas de género son utilizadas como una herramienta que deja afuera a postulantes que no serían del paladar de la Procuración.

Boris Cohen, el abogado particular que obtuvo el “histórico” puntaje, así lo destacó quien era en su momento el presidente del CM, fue “desactivado” en la entrevista con los consejeros, puntualmente con una pregunta que realizó la consejera por las organizaciones sociales. Según se pudo determinar, la pregunta tuvo condimentos “maliciosos” porque habría tergiversado los hechos sobre los que pivoteó la pregunta. El corolario fue que Cohen pasó de ser el más alto puntaje en el examen que avalúa los conocimientos técnicos, para ser el más bajo en la historia de las entrevistas personales con los consejeros, lo que le valió descender abruptamente en la posición que había logrado hasta ese momento.

Igual situación denunció otro abogado particular que habría sufrido una situación similar a la de Cohen. Andrés Messina sostuvo que iniciará acciones “si se confirma por decreto la lista de fiscales auxiliares que se ha publicado en medios provinciales”. Messina precisó que denunció ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) que fue perjudicado en el transcurso del concurso y añadió que el 17 de marzo envió una Carta Documento al Gobernador, Rogelio Frigerio, advirtiendo “la incorrecta forma” en que fue evaluado en la entrevista personal en el CM.

Quienes siguen de cerca las dinámicas político-judiciales advierten de una Procuración que pretende un Ministerio Público Fiscal (MPF) “obediente y disciplinado”. Así, no habría lugar para operadores del Derecho que no “comulguen con el paladar del procurador”. En este sentido se indicó que hubo nuevas designaciones “a dedo” sin que se respete, aun para ocupar cargos interinos, a concursantes que pasaron por todo el proceso y esperan que el concurso del que fueron parte hace siete años, se defina de una vez.

Se trata de una actividad asincrónica, no arancelada y con certificación, destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática. Se dictará a través del campus virtual del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi”.Esta cohorte estará vigente hasta el 17 de abril a las 23:59. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/capsula-educativa-compensaciones-economicas-para-conyuges-y-convivientes/ 

En la oportunidad se invitó a Benítez a participar y hacer extensivo al organismo a su cargo, con el fin de lograr, no sólo el conocimiento de los objetivos y proyectos planeados, sino como forma de nutrirse de inquietudes que permitan lograr consensos.A partir de la línea de trabajo impulsada por el STJ se realizarán reuniones con los organismos públicos de los tres poderes del Estado, colegios profesionales, asociaciones gremiales del Poder Judicial, universidades, organizaciones no gubernamentales y con quienes deseen aportar sus opiniones.El próximo encuentro será con el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García. 

El dispositivo estará destinado a personas que en el marco de la suspensión de juicio a prueba y/o condena condicional se encuentren bajo el seguimiento y control de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), dependiente de la Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia.En el acto de firma estuvieron presentes la vicepresidenta del STJ, vocal Laura Mariana Soage; el director ejecutivo de la OMA, Fabricio Amateis; la coordinadora, Valeria Fornara, y el secretario de Integración y Cooperación de la UADER, licenciado Raúl Russeaux.El convenio establece, entre otros puntos, que los probados o condenados deberán cumplimentar todas las tramitaciones y requisitos dispuestos por la universidad para la participación en el dispositivo. Y cumplir con todas las obligaciones, diligencias y disposiciones fijadas para la asistencia y finalización del mismo, al igual que el respeto y acatamiento de las normas de convivencia establecidas en el claustro.La OMA será responsable directa del contralor y supervisión del cumplimiento de las reglas de conducta por parte de los probados y condenados, debiendo mantener una comunicación permanente y directa, en lo que refiere a la asistencia del dispositivo, con la persona que la UADER designe al efecto.El programa está destinado a personas adultas condenadas y/o con probation (suspensión de juicio a prueba), que aborde la problemática de delitos contra la integridad sexual, específicamente el abuso sexual simple, excluyendo los perpetrados contra niños/as y adolescentes. 

Además, durante la reunión se dio tratamiento a las impugnaciones a concursos por antecedentes y oposición, se abordó la modificación de los artículos 3 y 4 del Reglamento General del Consejo y se establecieron criterios y mecanismos para las licencias transitorias de los consejeros.El Consejo es presidido por Mauro Vazón y su integración se completa con el secretario general del organismo, Rodrigo Devinar, y 10 consejeros que representan diferentes estamentos como la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el Colegio de la Abogacía de la Provincia, la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este lunes rechazar el pedido de sobreseimiento que planteó Guillermo Smaldone, imputado y abogado en causa propia, en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar si hubo sobornos a ex funcionarios de las gestiones del ex gobernador, Sergio Urribarri, para beneficiar a la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero, en la licitación que se realizó para la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública provincial. Días antes, el mismo juez rechazó un pedido similar formulado por la defensa del empresario.

Vergara fundó su decisión en que Smaldone ya había formulado el pedido de desvinculación de la causa en distintas instancias, por lo que fue escuchado y su planteo fue rechazado en diferentes etapas -rememoró el fallo de su par, Elvio Garzón, que el 30 de junio de 2022 revocó el sobreseimiento que dictó el juez, Mauricio Mayer, respecto de Urribarri y los dos exfuncionarios, Carlos Haidar y Miguel Ulrich, al que Smaldone adhirió-, y que adhirió a planteos que formularon otras defensas en el contexto de la misma causa, para que se hagan extesivas a su situación, las resoluciones que allí se determinen.

También mencionó la adhesión de Argentina a los pactos internacionales de lucha contra la corrupción; que la Corte Suprema ha destacado que los plazos procesales se determinan no por plazos sino por criterios y dependen de la complejidad de los casos investigados; fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en los que, a pesar de tener los vocales posiciones distintas sobre los plazos de prescripción, caducidad e insubsistencia de la potestad del MPF de seguir produciendo evidencia e incorporar al legajo, se señaló que el vencimiento de los plazos y la falta de pedido de prórroga por parte de los fiscales, no es causal de sobreseimiento, precisamente por las consecuencias que podría traer al país el no cumplimiento de aquellos pactos.

Vergara señaló que la Investigación Penal Preparatoria (IPP), en el caso concreto de Smaldone, se agotó el 16 de abril de 2022; añadió que el plazo para determinar el vencimiento de los plazos procesales comenzó a correr el 16 de octubre de 2020, cuando Smaldone declaró como imputado, por lo que vencieron 18 meses después de aquella declaración. Con estos plazos como referencia, Vergara entendió que Smaldone no planteó ninguna objeción a la profusa actividad probatoria que fueron desplegando los fiscales, más allá de haber vencido los tres meses para solicitar la prórroga que la Sala Penal estableció en el polémico fallo Cozzi para poder continuar con la investigación.

En aquella línea de análisis, el juez detalló puntillosamente la actividad que desplegaron los fiscales, aún con los plazos vencidos, sin que las defensas plantearan las correspondientes objeciones, entendiendo que Smaldone tuvo una actitud “saneadora” respecto del vencimiento de los plazos a partir de su actividad defensiva. El juez también señaló que Fiscalía pidió la remisión de la causa a juicio el 29 de abril de 2022, 13 días después del vencimiento de los 18 meses que determina el fallo Cozzi que debe durar la IPP.

Así lo manifestó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, respecto al caso “Irigoytia Carlos Francisco y Otros C/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, que fue resuelto favorablemente a la provincia por el máximo tribunal.

Los imputados cumplieron prisión preventiva y luego por una serie de cuestiones del proceso se los absolvió, por lo que accionaron en procura de una indemnización por haber estado privados de su libertad.

“Con este fallo favorable la provincia, por un lado, se ahorró una suma muy significativa de dinero; y en segundo lugar obtuvo un criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, destacó el fiscal.

Se argumenta que “para que proceda la indemnización por privación de la libertad, el error judicial debiera ser grosero, un error realmente insalvable, pero no por las contingencias del proceso, porque las nulidades y las caducidades, entre otras contingencias, forman parte de las vicisitudes comunes propias de un proceso judicial”.

“Entonces, reclamar una indemnización por privación de la libertad con posterior absolución en función de un proceso que tuvo defectos, no garantiza automáticamente la fijación de una indemnización o no da lugar inmediatamente a un caso de responsabilidad del Estado, sino que se tienen que dar requisitos que en este caso no se presentan”, explicó el funcionario.

A la fecha, más de 9.000 postores inscriptos están en condiciones de participar de la puja de bienes muebles e inmuebles y para este año se estima un volumen de trabajo similar al del año pasado.

Según el informe elaborado por la Oficina de Subastas, el año pasado fueron suspendidos 50 remates, en la mayoría de los casos por acuerdo de las partes –evitándose así las subastas- o por defectos en publicaciones o notificaciones. En tanto fracasaron otros 11 procedimientos: 7 por falta de ofertas y los restantes porque los postores incumplieron las condiciones de pago y fueron declarados remisos.

Del relevamiento estadístico surge que el incumplimiento es poco significativo, ya que representa menos del 5 por ciento del total de remates decretados desde la entrada en vigencia del sistema de subastas electrónicas, que permite efectuar ofertas las 24 horas y desde cualquier punto de la Argentina.

El año pasado terminó con 9.532 usuarios o postores registrados de todo el país, entre personas físicas (9.350) y jurídicas (182), en condiciones de ofertar o pujar en relación a los bienes en remate. Y la cifra se incrementó, ya que en el mes en curso la cifra de postores ascendió a 9.710, con tendencia a aumentar de manera permanente, viabilizando el desarrollo de las subastas con una importante participación de interesados.

Además, durante los dos años de vigencia el sistema consolidó su aceptación por parte de los postores y arrojó resultados positivos, verificándose que en muchos casos los bienes se subastaron a valores cercanos a los del mercado.

En tanto, para los meses de febrero y marzo de este año se encuentran decretadas y cargadas 20 nuevas subastas electrónicas.

El encuentro, realizado esta mañana en el Salón de Acuerdos, sirvió como presentación formal de las nuevas autoridades del STJER.

En la ocasión se coincidió en fortalecer los vínculos institucionales y trabajar en forma mancomunada para lograr una mejor prestación del servicio de justicia.

Estuvieron presentes la presidenta del CAER, María Marta Simón; el vicepresidente 1°, Santiago Esquivel; la vicepresidenta 2º, Andrea Saxer y la tesorera, María Pía Delaloye .

Como presidente del STJER fue designado el vocal Leonardo Portela y como vicepresidenta fue electa la vocal Laura Soage, quienes expresaron su voluntad de asumir la función encomendada con responsabilidad y compromiso.

La propuesta fue del vocal Martín Carbonell, a la que adhirieron el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Cluaudia Mizawak y la vocal Gisela Schumacher. Los vocales Daniel Carubia; Germán Carlomagno y la vocal Susana Medina se abstuvieron de votar.

El 16 de febrero de 2021 a las 6:00 de la mañana cuando Oscar se dirigía a trabajar como todos los días a su carnicería La Marca Carnes, fue embestido por una camioneta propiedad de la empresa Rav SA conducida por el Sr. Felipe Van Derdonckt, quien conducía alcoholizado, a 90km/h por calle La Rioja (esquina Corrientes) en pleno centro de la ciudad de Concordia y aún bajo la restricción para circular por Covid-19.

El impacto de la camioneta de Van Derdonckt arrastró media cuadra al vehículo de Pisani, provocándole la muerte instantánea.

El deseo de la familia Pisani es que este tipo de sucesos no pasen desapercibidos quedando en la nada, sino que reciban condena justa y nos demuestren que somos responsables de nuestras acciones, que no podemos ir por la vida sin afrontar las consecuencias ocasionadas por nuestros malos actos.

Que la justicia no sea cómplice, que se escuche a las víctimas y familiares de accidentes viales.

Que la sociedad entera se concientice que el alcohol volante mata.

En el caso del STJER, el material disponible se discrimina de la siguiente manera: Sala Nº 1 en lo Penal (933 fallos y 1.838 sumarios); Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial (1.307 fallos y 2.435 sumarios); Sala Nº 3 del Trabajo (843 fallos y 1.299 sumarios); Secretaría de Amparos (1.157 fallos y 1.986 sumarios); y Secretaría Contencioso Administrativo (669 fallos y 969 sumarios).

El informe incluye también un detalle por jurisdicciones –Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay- que permite conocer los fallos y sumarios correspondientes a las Cámaras Civiles y Comerciales, las Cámaras Laborales, las Cámaras de Casación Penal, las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, y los Tribunales de Juicio y Apelaciones.

Jurisdicción Paraná

Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná, Sala I: 798 fallos y 2659 sumarios. Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná, Sala II: 740 fallos y 1681 sumarios. ámara Segunda Civil y Comercial de Paraná, Sala III: 621 fallos y 1933 sumarios

Cámara Tercera Laboral de Paraná, Sala 1: 95 fallos y 118 sumarios. Cámara de Casación Penal I de Paraná: 716 fallos y 960 sumarios. Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná: 528 fallos y 2363 sumarios. Otros organismos del fuero penal de Paraná (incluye: Juzgados correccionales y Salas de la Cámara del sistema penal mixto, Tribunal de Juicio y Apelaciones de transición y del nuevo sistema acusatorio, Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes y OGA): 228 fallos y 359 sumarios.

Jurisdicción Concordia

Cámara Civil y Comercial de Concordia, Sala 1: 372 fallos y 468 sumarios

Cámara Civil y Comercial de Concordia Sala II: 217 fallos y 266 sumarios

Cámara del Trabajo de Concordia: 376 fallos y 930 sumarios

Cámara de Casación Penal II de Concordia: 47 fallos y 177 sumarios. Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia: 74 fallos y 110 sumarios

Jurisdicción Gualeguaychú

Cámara Civil y Comercial de de Gualeguaychú: 1766 fallos y 4710 sumarios Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú: 12 fallos y 13 sumarios

Cámara Laboral de Gualeguaychú: 1189 fallos y 4029 sumarios

Jurisdicción Gualeguay

Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay: 48 fallos y 102 sumarios

Jurisdicción Uruguay

Cámara Civil y Comercial de Uruguay: 534 fallos y 1308 sumarios Cámara del Trabajo de Uruguay: 477 fallos y 561 sumarios

Cámara Contencioso Administrativo de Uruguay: 821 fallos y 2887 sumarios

Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay: 32 fallos y 55 sumarios

El buscador de jurisprudencia del STJ es de acceso libre a través del siguiente linK: https://www.jusentrerios.gov.ar/jurisprudencia/

Los reclamos fueron planteados al Superior Tribunal de Justicia y al Gobierno Provincial pero, ante la falta de respuestas, AJER resolvió convocar a dos paros de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo en todo el ámbito del Poder Judicial de la provincia: uno se concretó el jueves 28 y otro tendrá lugar este miércoles, junto a una movilización provincial a la ciudad de Paraná.

El personal judicial reclama que se le restituya el 25,57% de los salarios que se le quitaron por la Ley de Emergencia y aseguran que no han recibido “respuesta positiva al justo reclamo”.

Desde AJER afirmaron que “la creciente inflación/devaluación ha dejado a un sector importante de los empleados más jóvenes con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, además de deteriorar gravemente los ingresos de todos/as los judiciales”.

Otro de los reclamos por la creación de cargos: hicieron un relevamiento organismo por organismo a lo largo y ancho de la provincia del que surgió la necesidad 231 cargos nuevos para cubrir las necesidades mínimas de funcionamiento para que el Poder Judicial pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad, fundamentalmente en la primera instancia (juzgados, fiscalías y defensorías).

“Este pedido no ha sido atendido ni por el STJ ni por el gobierno, estando algunos fueros como el de familia en virtual estado de colapso”.

En otro tramo del documento surgido del plenario, desde AJER defendieron “la vigencia del ingreso y ascenso por concurso y la carrera judicial, que sigue siendo un derecho innegociable para los trabajadores/as judiciales” y advirtieron que “este derecho basado en el principio de igualdad de oportunidades viene siendo violentado sistemáticamente y crecientemente por el STJ”, que realiza designaciones sin concurso.

A su vez, indicaron que “recientemente se dispuso la obligatoriedad de guardias seguidas del horario habitual para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs), una medida a todas luces violatoria de los derechos básicos de un trabajador/a”.

Por otra parte, criticaron que “estando en desarrollo el examen de ingreso al Poder Judicial en todas las jurisdicciones simultáneamente, el STJ dispuso que el mismo sea a distancia o remoto sin contar con los medios técnicos para realizarlo adecuadamente, lo que podría significar un retroceso en la transparencia y legitimidad que desde hace tiempo se ha logrado”.

“El actual ejemplo de Mendoza con innumerables denuncias e impugnaciones que obligaron a suspenderlo evidencian el error de la medida”.

Por otro lado, expresaron que “a pesar de los largos años que AJER viene reclamando, los compañeros/as que realizan las tareas de notificadores en la enorme mayoría de las jurisdicciones de la provincia todavía lo hacen en condiciones salariales y laborales inadecuadas para la responsabilidad e importancia de sus funciones”.

De la ceremonia, realizada en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, participaron la vocal Claudia Mizawak; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela; el intendente de Concordia Enrique Cresto y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano entre otras autoridades.

El 1 de enero comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 31 de ese mes.

Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-6372.

El Superior Tribunal de Justicia, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:

CONCORDIA

Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Silvina Isabel Gallo -del 1 al 8.1.2023

Carolina López Bernis -del 9 al 15.1.2023

Aníbal Lafourcade -del 16 al 23.1.2023

María del Luján Giorgio -del 24 al 31.1.2023

Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande:

Roberto Elvio Masara -del 1 al 15.1.2023

Diego Luis Esteves -del 16 al 22.1.2023

Agustín González -del 23 al 31.1.2023

Jueces en materia Penal:

Francisco Rafael Ledesma -del 1 al 10.1.2023

Germán Darío César Dri -del 11 al 17.1.2023

Mario Andrés Figueroa -del 18 al 24.1.2023

Darío Guillermo Mautone -del 25 al 31.1.2023

Jueces en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Juan Ignacio Lazzaneo -del 1 al 10.1.2023

Francisco Rafael Ledesma -del 11 al 17.1.2023

Mario Andrés Figueroa -del 18 al 24.1.2023

Darío Guillermo Mautone -del 25 al 31.1.2023

Juez y jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

María Constanza Ortiz -del 1 al 15.1.2023

Raúl Eduardo Tomazalli -del 16 al 31.1.2023

Médicos de Tribunales con competencia en Concordia, Federal, Federación, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario del Tala, Villaguay, Ibicuy y San Salvador:

Gustavo López Lallana -del 1 al 15.1.2023

Leonardo Sosa Canale -del 16 al 31.1.2023

Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Evelina Espinosa -del 1 al 2.1.2023

Julia Rivoira -del 1 al 4.1.2023

Jesús Peyano Amaya -del 1 al 4.1.2023

María José Fonseca -del 3 al 9.1.2023

José E. Arias -del 5 al 11.1.2023

Pablo Garrera Allenda -del 5 al 11.1.2023

Mauro Jaume Blanco -del 10 al 16.1.2023

Martín Núñez -del 12 al 18.1.2023

Natalia Conti -del 12 al 18.1.2023

Mariana Elías -del 13 al 26.1.2023

Evelina Espinosa -del 17 al 23.1.2023

Mauricio Guerrero -del 19 al 25.1.2023

Daniela Montangie -del 19 al 25.1.2023

Juan Pablo de Giambatista -del 24 al 31.1.2023

Julia Rivoira -del 26 al 31.1.2023

Jesús Peyano Amaya -del 26 al 31.1.2023

Mario Guerrero -del 27 al 31.1.2023

Fiscal General de Coordinación:

José D. Costa -del 1 al 12.1.2023

Defensorías Públicas:

-en materia Civil:

Lorena Pignataro -del 1 al 10.1.2023

Diego C. Ponce -del 11 al 20.1.2023

Alfredo A. Russo -del 21 al 31.1.2023

-en materia Penal:

Magdalena Vedoya -del 1 al 10.1.2023

Jorge L. Legarreta -del 11 al 20.1.2023

Sebastián Tito -del 21 al 31.1.2023

-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Luciana Cometti -del 1 al 14.1.2023

Darío Andrioli Jaurena -del 15 al 31.1.2023

Registro �anico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER):

Equipos Técnicos:

Maricel Tamaño -del 1 al 15.1.2023

María Gabriela Leiva -del 16 al 31.1.2023

Elsa María Ramedi -del 16 al 31.1.2023

Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal:

Mariana Carbonell -del 1 al 16.1.2023

Mercedes Iturburu -del 17 al 31.1.2023

Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Adrian Novkovic -del 1 al 15.1.2023

Lucrecia Saez -del 16 al 31.1.2023

En la capital entrerriana el sindicato realizará una movilización de 10 a 12, confirmó el secretario general del sindicato, Mario Brnusak.⬨

⬨La Mesa Directiva ampliada de Ajer �Sresolvió -en base a los mandatos de las asambleas de las 15 filiales- sumarse al paro de FJA y se declaró en estado de alerta y movilización, con realización de asambleas informativas para evaluar la evolución de la situación⬝, informó Mario Brnusak, quien adelantó que en Paraná los trabajadores se concentrarán de 10 a 12 en la explanada de Tribunales y, también, protestarán en la explanada de Casa de Gobierno⬝.⬨

⬨La medida, �Ses en rechazo al intento de reducción salarial que se busca aprobar mediante el mal llamado impuesto a las ganancias, ya que los trabajadores no obtenemos ningún tipo de ganancia, entregamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario⬝, explicó el dirigente sindical.⬨⬨

En ese sentido, en un comunicado de Ajer se precisó que �Sen una época en donde claramente los trabajadores venimos perdiendo en la disputa por apropiación de la renta, la aplicación de impuestos sobre los ingresos de los asalariados no hace más que profundizar esta desigualdad e injusticia, profundizándola aún más⬝.⬨- 

⬨�SEn vez de meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores, el gobierno debería controlar a las grandes corporaciones que fugan las divisas que produce el trabajo de los argentinos y que remarcan los precios descaradamente, y tomar medidas que controlen la inflación⬝, indicaron en la Carta Abierta.⬨⬨Lo que Argentina necesita �Ses un sostenido aumento en los ingresos de los trabajadores, comerciantes y Pymes, que distribuya la riqueza en forma justa y de manera que permita un crecimiento y desarrollo equitativo, es decir un país realmente más democrático. La contracara es la concentración de la riqueza en manos de las grandes corporaciones que extorsionan, coartan y corrompen el sistema democrático⬝, aseguraron los judiciales.

Desde la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia se destacó que las leyes de protección contra la violencia � familiar y contra la mujer � nacionales y provinciales, contemplan medidas tendientes a hacer cesar las situaciones y prevenir de futuras. Las normas resultan ejemplificativas, debiendo la judicatura dictar las que resulten apropiadas al caso. Dichas medidas deben establecerse por plazos, ya que en el marco de protección de alguna de las partes se cercenan derechos de la otra, vencido el mismo pueden prorrogarse en caso de que el riesgo persista.

Los hechos denunciados, así como los informes de riesgo elaborados por Equipos Técnicos Interdisciplinarios, aportan elementos para la fijación de las medidas, su modificación y/o cese de las mismas.

El informe de REJUCAV indica que en dicho período la medida �Simplementación de botón de pánico⬝ se ha dictado en el 25% de los procesos tramitados por violencia familiar. En relación al sistema dual, se ha ordenado su implementación en 43 causas pertenecientes a Paraná y al Gran Paraná (Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda), durante el mismo período.

En los procesos de violencia contra la mujer, la medida �Simplementación de botón de pánico⬝ se ha ordenado en el 33% de los mismos. Con respecto al sistema dual, se ha ordenado su implementación en 78 causas pertenecientes a Paraná y al Gran Paraná (Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda), durante el mismo período.

Este lunes 8, desde las 20 hasta las 22 horas, se realizó en calles Coronel Navarro y Balcarce la reconstrucción o simulacro del homicidio en el que se encuentran imputados los hermanos, Joan y Marcos Heis.El Heraldo presenció la reconstrucción de escena que culminó con Jonathan gravemente herido y su posterior fallecimiento. El operativo se desplegó por calles y cortadas aledañas a Balcarce y Navarro.Las partes interesadas, defensa , fiscalía, junto a Personal de la División de Criminalística, Comisaría Segunda, empleados judiciales y diversos testigos realizaron todo el recorrido de la escena, mientras recitaban en voz alta los hechos. Además se simularon algunas escenas puntuales , constataron datos y domicilios. Todo quedó documentado, filmado y fotografiado.Aparentemente los imputados lo corrieron, junto a otras personas, le dispararon varias veces, una bala entró por la espalda y le dio en el corazón. En su momento (2018) se dijo que la pelea habría sido con una persona con la que tenía problemas por su ex pareja.

EL DEBATE

El Juicio Oral y Público comenzó la anterior semana (miércoles), se esperan los alegatos para la semana del 15 y la posterior condena. Por último señalamos que la defensa está a cargo del Dr. Rafael Briceño, mientras que, en representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra el Dr. José Arias.  

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