Los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reflejan el ajuste por inflación correspondiente a marzo de 2026El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. A partir de ese informe se determina el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales desde mayo. El sistema vigente dispone que los montos se ajustan cada mes, según la variación inflacionaria de dos meses atrás.El IPC del tercer mes del año registró una suba del 3,4 por ciento. Ese porcentaje se utilizará para la próxima actualización de los pagos gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y repercutirá en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales.El esquema de movilidad actual, implementado por el Decreto 274/2024, sustituyó el mecanismo de ajuste trimestral por actualizaciones mensuales basadas en la inflación, buscando reducir la diferencia entre los ingresos previsionales y el incremento de precios.Esto implica que los haberes de mayo tendrán un aumento del 3,38% respecto de abril. De este modo, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10 y, si continúa otorgándose el bono extraordinario, el total podría llegar a 460.044,10 pesos.En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.

Cómo queda los haberes de Anses en abril de 2026Jubilación mínima: $393.174,10Jubilación mínima con bono: $463.174,10PUAM: $314.539,28PUAM con bono: $384.539,28Pensiones no contributivas: $275.221,87Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10AUH: $141.285,31AUH con Discapacidad: $460.044,10

Desde abril de 2024, los ajustes se aplican de manera automática cada mes, tomando como referencia el IPC de dos meses antes. Esta medida apunta a reducir los atrasos que generaba el esquema previo y a reflejar con mayor precisión la evolución de la inflación.En los próximos días, la Anses dará a conocer el calendario de pagos para mayo. Por lo general, los pagos se distribuyen según el número final del DNI de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se paga en la tercera semana.Actualmente, el organismo está pagando los haberes correspondientes a abril, que ya contemplan el último ajuste basado en la variación del índice de precios de febrero. 

La inflación se aceleró en marzoEl IPC difundido por el Indec mostró en marzo una suba de 3,4%, lo que representa una aceleración de medio punto respecto al 2,9% de febrero. Es el registro mensual más elevado desde marzo de 2025, mes en el que la inflación fue de 3,7 por ciento.Este aumento llevó la variación interanual a 32,6% y acumuló en los primeros tres meses del año un avance de 9,4%, en línea con las proyecciones oficiales y privadas. Entre los factores que explican el alza se encuentran el encarecimiento internacional del petróleo, producto de la crisis en Medio Oriente, y los nuevos ajustes en los precios de los combustibles, sumados a la influencia de factores estacionales como el regreso a las aulas.Según el Indec, el IPC muestra incrementos desde julio de 2025, cuando marcaba 1,9 por ciento. Son ya diez meses consecutivos en los que el índice no desacelera. El Ejecutivo estima que, a partir de abril, el ritmo de suba de precios comience a moderarse y que la actividad económica muestre señales de recuperación.El relevamiento oficial indica que los precios regulados tuvieron el mayor incremento del mes, con una suba de 5,1%, debido a aumentos en servicios públicos, transporte y educación. El IPC núcleo, que no contempla ni regulados ni estacionales, presentó una variación de 3,2%, ligeramente inferior al promedio general. Los precios estacionales subieron 1%, impulsados por el turismo y los cambios de temporada en indumentaria, aunque las caídas en verduras y frutas compensaron parcialmente estas alzas.En detalle, el informe señala que Educación lideró los aumentos con un 12,1%, asociado a la estacionalidad del inicio del ciclo lectivo. Transporte se ubicó en segundo lugar con un 4,1%, por el impacto de los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La mayor incidencia regional correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por el alza de Carnes y derivados, que alcanzó 6,9% en el Gran Buenos Aires.

Por Nicolás Parera Deniz (Presidente del Frente Entrerriano Federal)

En la política contemporánea, muchas discusiones ya no se ganan en el terreno de los datos, sino en el de las percepciones. Uno de los grandes teóricos de este cambio fue Frank Luntz, asesor político estadounidense, quien sostenía que no es necesario modificar la realidad para cambiar la opinión pública: alcanza con modificar el lenguaje con el que esa realidad es interpretada. El principio es simple, pero poderoso. No se trata de explicar mejor una medida, sino de reencuadrarla. Así, un recorte puede convertirse en “orden”, un derecho en “privilegio” y un ajuste en “equidad”. Cuando el marco cambia, cambia también la reacción social.

Esa lógica, que en Argentina se volvió visible a nivel nacional, comienza a replicarse con precisión en el plano provincial. El debate sobre la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos es un ejemplo claro.El Gobernador parte de una afirmación que, en apariencia, resulta contundente: “un millón y medio de entrerrianos sostienen jubilaciones que no van a recibir”. La frase tiene fuerza, pero su potencia no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Porque transforma un sistema previsional solidario en una relación de abuso entre grupos. Deja de ser un esquema colectivo para convertirse en una carga injusta.

El problema no es que el dato sea completamente falso, sino que es incompleto. Todos los sistemas previsionales (provinciales o nacionales) funcionan bajo un principio básico: la solidaridad intergeneracional, donde los trabajadores activos financian a los pasivos. Sin embargo, el financiamiento no se agota en ese esquema: en Argentina, una parte sustancial del sistema se sostiene también con impuestos, tanto de afectación específica como generales. Así opera ANSES, y así opera cualquier sistema jubilatorio del mundo.

Esto implica que todos los ciudadanos, independientemente de si son empleados públicos, privados o incluso si trabajan en la informalidad, contribuyen al sistema previsional nacional cada vez que consumen o realizan una actividad económica. El IVA, el impuesto a las Ganancias, los débitos y créditos bancarios, los impuestos sobre los combustibles, entre otros, tienen afectaciones directas o indirectas al financiamiento de ANSES.En otras palabras: no existe un grupo que “no paga” jubilaciones. Todos, de una u otra forma, participan en su sostenimiento. La idea de que unos “pagan” y otros “reciben” es, en este contexto, una simplificación que recorta el funcionamiento real del sistema. Y ese recorte no es neutro: cumple la función de instalar una percepción de injusticia.A partir de ahí, el conflicto se desplaza. En lugar de discutir cómo se financia y se mejora un sistema previsional, se construye una tensión entre entrerrianos. Trabajadores contra trabajadores. Activos contra pasivos. Públicos contra privados. El resultado es una fragmentación que debilita cualquier análisis estructural y facilita la aceptación de medidas regresivas.En ese contexto aparece otro elemento clave del discurso: el 82% móvil. Se lo presenta como una garantía de continuidad, como una bandera que no se negocia. Sin embargo, lo que no se explicita es que el cambio no está en el porcentaje, sino en la base de cálculo.Actualmente, el haber inicial se determina sobre el promedio de los últimos años de la carrera laboral, donde los salarios suelen ser más altos. La propuesta de extender ese cálculo a un período mucho más amplio incorpora remuneraciones significativamente menores, propias de las etapas iniciales. El resultado es claro: el promedio baja, y con él, el haber jubilatorio.

En términos concretos, el 82% deja de ser un porcentaje del salario real del trabajador para convertirse en un porcentaje de un promedio artificialmente reducido. No se elimina el 82% móvil; se lo vacía de contenido. Así, una medida que implica una reducción efectiva del ingreso se presenta como un acto de responsabilidad y equilibrio. Y aquí es donde la lógica comunicacional se vuelve determinante: la pérdida material se resignifica como una corrección moral.El debate previsional es complejo y requiere soluciones sostenibles. Pero esa discusión no puede darse sobre la base de simplificaciones que enfrentan a la sociedad consigo misma ni sobre consignas que, bajo apariencia de justicia, encubren recortes.Porque cuando se cambia el lenguaje, se cambia también la forma en que entendemos lo que ocurre. Y en ese terreno, muchas veces, las decisiones ya están tomadas antes de empezar a discutirlas.

Expertos vaticinan cada vez más litigios previsionales como consecuencia de la modalidad de cálculo jubilatorio, que se mantiene retrasada dos meses.Con la entrada en vigencia de la nueva fórmula, los ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones se calculan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Pero la legislación previsional define que las jubilaciones deben reflejar la evolución de los sueldos, dado que se trata de un salario diferido.Entre abril de 2024 y agosto de 2025, los salarios medidos por la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables crecieron 117%, mientras la inflación acumulada fue de 71%. La diferencia de 46 puntos porcentuales refleja una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados.Esto genera tensiones en el sistema judicial y una cantidad cada vez mayor de juicios contra el Estado, según especialistas.“La tasa de sustitución es muy baja si la comparamos con la de nuestros países vecinos, Chile y Uruguay. Es decir, el primer pago jubilatorio suele ser muy inferior al último salario en actividad, y la inflación, aun después del plan de estabilización del presente gobierno, erosiona rápidamente cualquier ingreso jubilatorio”, explica Carlos Curi, economista especializado en finanzas, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.De continuar la tendencia, el ajuste basado exclusivamente en la inflación consolidaría una brecha creciente entre ingresos de trabajadores y haberes jubilatorios. Según especialistas, el mecanismo actual apuesta todo al IPC y desatiende variables como la recaudación y la evolución salarial.

Esto podría perpetuar la pérdida del poder de compra de los jubilados y abrir una nueva etapa de litigios contra la Anses.El sistema previsional argentino es obsoleto y está quebrado desde hace varias décadas. “Ningún gobierno se ha ocupado seriamente de mejorarlo de manera sostenida”, alerta Curi.“Lo que debería ser un ingreso estable y suficiente se transforma en un cálculo constante de supervivencia: ajustar gastos, mudarse a viviendas más chicas en barrios más accesibles, recurrir a los pocos ahorros en dólares o alquilar alguna propiedad, en aquellos escasos casos en que pudieron y decidieron ahorrar o invertir en ladrillos”, señala. También menciona que se recurre a “seguir trabajando en forma independiente, como soluciones alternativas frente al estructural desmanejo del sistema previsional por parte de los diferentes gobiernos y a la imprevisión o indisciplina del ahorro-inversión de los trabajadores”.En el vacío del retiro, los ex trabajadores se encuentran con “muchos desafíos por delante, no solo en lo financiero ni en la degradación de los servicios de la obra social, sino también, en la mayoría de los casos, con la exclusión social producto de una cultura edadista que perfora las esperanzas de mantener el nivel de vida prejubilatorio”, señala.“Pero el retiro no es solo económico, también es identitario. Tras décadas de trabajo, muchos argentinos sienten que pierden parte de su rol social al dejar la empresa o la profesión”, señaló.Curi dijo que “la pregunta de fondo es si, como sociedad, gobierno, corporaciones e individuos, estamos dispuestos a ignorar el abismo del retiro o si podemos construir un sistema previsional sustentable, apoyado en sus tres pilares básicos: ingreso universal, planes corporativos de retiro y programas de inversión individual a largo plazo, que devuelvan a los próximos jubilados lo que realmente merecen: seguridad económica y calidad de vida”.Y advirtió que “la avidez fiscal ha sido tan significativa que ningún gobierno, en lo que va de este siglo, siquiera propuso exenciones fiscales para los últimos dos pilares, que son los que hacen la diferencia a la hora de saltar al retiro”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 y el dato permite determinar los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de marzo. Según el esquema vigente, los haberes se ajustan cada mes en función de la inflación.En enero, el IPC registró un aumento del 2,9 por ciento. Este porcentaje se trasladará directamente a las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por lo que se prevé una actualización equivalente en las jubilaciones y demás asignaciones sociales desde el próximo mes.El ajuste se suma a los incrementos del 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero conforme al sistema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula de actualización trimestral anterior.Con este nuevo aumento, el haber mínimo será de $369.560,34 en marzo. De confirmarse el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzaría $441.572,40.El incremento del 2,9% también impactará en las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones familiares y universales que abona la Anses. Así, la PUAM se elevará a $295.648,43, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en aproximadamente $258.677,18. Las madres de siete hijos recibirán un monto de 369.560,34 pesos.En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor subirá a $132.796,38. La Asignación por Embarazo (AUE) se incrementará a $125.336,48 por hijo; de ese monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona de manera anual tras la presentación de las libretas correspondientes.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en marzo 2026Jubilación mínima: $369.560,34Jubilación mínima con bono: $441.572,40PUAM: $295.648,43PUAM con bono: $367.652,36Pensiones no contributivas: $258.677,18Pensiones no contributivas con bono: $330.705,03Pensión Madre de 7 Hijos:$369.560,34Pensión Madre de 7 hijos con bono: $441.572,40AUH: $132.796,38AUH con Discapacidad: $432.415,18Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.401,26Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente según la inflación de dos meses previos. El propósito de este esquema es evitar los atrasos que generaba la fórmula trimestral y lograr que los ingresos sigan más de cerca la evolución de los precios.El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, formalizó este cambio en la metodología de cálculo y dispuso una transición con aumentos mensuales atados al IPC. Desde enero de 2025, las actualizaciones se realizarán en forma automática, sin necesidad de nuevos decretos.Todavía falta la confirmación oficial del cronograma de pagos de la Anses para febrero. Se estima que continuará el esquema habitual, con acreditaciones que se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas se abonarían desde la segunda semana del mes, como suele ocurrir, y los haberes de montos superiores desde la tercera semana. En paralelo, el organismo previsional sigue efectuando los pagos correspondientes a febrero de 2026, que registraron un aumento del 2,85 por ciento.La inflación de enero de 2026 fue de 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que llevó la variación interanual a 32,4%. La publicación del informe tuvo lugar en medio de cuestionamientos por la salida de Marco Lavagna del organismo y la postergación de la nueva fórmula para actualizar la canasta de consumos, prevista para este mes.Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró la mayor suba en el mes, con un incremento del 4,7%. Restaurantes y hoteles se ubicaron en segundo lugar, con un aumento del 4,1 por ciento.En el análisis regional, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo impulsada principalmente por aumentos en carnes y derivados, así como en verduras, tubérculos y legumbres. Por otro lado, Educación tuvo el menor incremento mensual, con 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja de 0,5 por ciento. Infobae.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) deberían ser un 21% más altas si el Gobierno hubiese aplicado la actualización correspondiente a la canasta de inflación, según se desprende de un duro análisis difundido en las últimas horas.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del Ministerio de Economía de mantener la medición con una canasta de consumo que data de 2004, postergando la nueva metodología que debía regir desde este mes, provocó que los aumentos otorgados quedaran muy por debajo del costo de vida real.El informe detalla que, desde la implementación de la nueva movilidad decretada por Javier Milei, los haberes mínimos aumentaron un 99% entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, con una medición de precios debidamente actualizada, deberían haber aumentado un 140%.

Esta brecha del 21% en la fórmula de actualización se traduce en una pérdida directa de bolsillo. En términos acumulados, cada jubilado de la mínima perdió $1.032.000 solo por el desfase del índice. Si a esto se suma el congelamiento del bono de $70.000 (estancado desde marzo de 2024), la pérdida total asciende a más de $2.401.483 por beneficiario en el período analizado.

El análisis contrasta estos números con el costo de vida real: mientras que la Defensoría de la Tercera Edad calculó que una canasta básica en octubre de 2025 costaba $1.514.074, el haber mínimo más el bono apenas alcanzaba los $396.298, cubriendo solo 8 días del mes.

La crítica apunta directamente al ministro Luis Caputo, cuestionando que mientras se posterga la actualización estadística argumentando que se hará “cuando el proceso de desinflación esté consolidado”, los funcionarios del Gabinete duplicaron sus sueldos a $5 millones.

Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, según precisó un estudio privado.El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización de la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación.Esta decisión fue una de las herramientas que le permitió a la administración libertaria lograr el superávit fiscal.Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que recibió la Agencia Noticias Argentinas, estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.El documento señala que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”.El informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar.Siempre según la visión del centro de estudios, con el sistema actual, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido anteriormente.La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio.Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real.“Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%”, precisa el análisis.Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.El informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes” de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben.Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.Asimismo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector.El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”.Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores.Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no contar con los 30 años de aportes.En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.

Luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre hace dos semanas, se determinó el incremento que tendrán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de enero de 2026.El mes pasado el IPC registró una suba de 2,47%, lo cual se utiliza como parámetro para las prestaciones desde abril de 2024: los montos se ajustan todos los meses según la inflación registrada dos meses antes. La finalidad de este mecanismo es reducir el desfase que generaba el esquema de actualización trimestral previo.Como resultado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento equivalente sobre todas sus prestaciones, lo cual impactará en los haberes jubilatorios y en el resto de las asignaciones sociales.El valor de la PUAM se eleva a $279.439,46 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedan en $244.509,52A partir de enero, la jubilación mínima se ubicará en $349.299,32. Al sumarse el bono de $70.000, que se mantiene sin cambios desde su implementación en 2024, el monto total será de $419.299,32.El incremento alcanza también a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras asignaciones gestionadas por Anses. El valor de la PUAM se eleva a $279.439,46 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedan en $244.509,52.Con el bono adicional, estos montos se incrementan a $349.439,46 y $314.509,52, respectivamente. Las madres con siete hijos que cobran una pensión recibirán el mismo importe que la jubilación mínima.Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta a $125.518, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.705.La Asignación por Embarazo se fija en $118.454,32 por hijo, con un pago mensual del 80% y el 20% restante condicionado a la presentación anual de la libreta. Además, la Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos. La Asignación Familiar por Hijo. La Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos.

A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.Capital Humano aclaró que quienes cobren por encima de la mínima recibirán el bono hasta completar la suma de $419.299,32.Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $279.439,46.El ajuste se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Por último, la resolución estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026. NA. 

El cierre del año trae una actualización clave en la jubilación mínima de ANSES, definida a partir de la variación de precios informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para octubre. El organismo dispuso un reajuste de 2,34% sobre las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025. Esta suba responde a los valores verificados por el registro de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al décimo mes del año. A dicha actualización se suman el pago del bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo.La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el ente encargado de distribuir mensualmente los haberes previsionales a jubilados y pensionados en toda la Argentina. En diciembre, sus beneficiarios reciben un incremento directo relacionado con la inflación más una suma adicional que busca mitigar el impacto económico en algunos grupos, tal como detallan las publicaciones recientes de la prensa especializada argentina.

Montos para jubilados y pensionados en diciembre 2025Los valores integrales que ANSES confirmó para diciembre, incluyendo los conceptos de haber, bono extraordinario y aguinaldo, son los siguientes:Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56Las personas que acceden a la jubilación mínima pueden reunir $581.319,38 si cumple con los requisitos del bono extraordinario; en el caso máximo, el monto llega a $3.440.695,38, suma que además contempla el aguinaldo. Los titulares de PUAM y PNC también reciben el bono, siempre que su haber no supere el monto mínimo fijado para el extra. Estos valores surgen del último calendario oficial publicado por el organismo y se reflejan en reportes de medios económicos nacionales.El pago de la segunda cuota del aguinaldo se realiza de manera simultánea con los haberes de diciembre, en la misma fecha de cobro que la prestación principal. Las publicaciones periodísticas remarcan que este calendario depende estrictamente de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se extiende durante todo el mes. Este sistema garantiza una distribución escalonada para evitar la congestión en las sucursales bancarias.El bono extraordinario de $70.000 también forma parte de la estructura de pagos que rige en diciembre, según las comunicaciones oficiales difundidas por ANSES y replicadas por medios especializados. Este bono busca reforzar el monto final percibido por quienes reciben la jubilación mínima, titulares de PUAM y pensiones no contributivas. Cuando el beneficiario tiene un haber superior al mínimo, ANSES otorga el bono de modo proporcional, de manera que el total abonado, sumando todos los conceptos, no supere un tope establecido de $410.879,59.Segu?n detallan medios reconocidos, el objetivo del bono consiste en compensar la diferencia entre el aumento mensual derivado de la inflación y el poder adquisitivo real de los jubilados y pensionados de menores ingresos. El monto del bono permanece en $70.000 desde marzo de 2024, sin actualización adicional hasta diciembre de 2025. Esto implica que la mejora mensual por inflación se refleja, pero la suma extraordinaria no acompaña los ajustes de precios recientes.Analistas y medios señalan que, aunque existe una suba de 2,34% definida por la variación de precios de octubre, el hecho de que el bono no aumente de manera correlativa con la inflación genera que el incremento real en la jubilación mínima resulte inferior al crecimiento general del IPC. Esta dinámica es objeto de seguimiento por parte de los analistas económicos y los representantes de los beneficiarios previsionales.En cuanto al procedimiento para tramitar la jubilación ante ANSES, el organismo informó el paso a paso oficial. El interesado debe ingresar al sitio web de la entidad, acceder a la sección Mi ANSES y validar identidad con CUIL y clave de la seguridad social. Posteriormente, la persona tiene que corroborar que todos sus aportes laborales estén acreditados a través del apartado Trabajo > Consultar Historia Laboral. Si falta algún período, el solicitante debe presentar documentación respaldatoria, como certificados de servicios, recibos de sueldo, afiliación de obra social o declaraciones juradas. Además, debe completar el formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales.La etapa final del trámite consiste en solicitar un turno en alguna de las oficinas de ANSES y presentarse el día asignado con el Documento Nacional de Identidad. En ese momento, el beneficiario oficializa la gestión y continúa el proceso siguiendo las indicaciones de la dependencia.Las informaciones relativas a las fechas de pago, el importe de los haberes y el acceso a la jubilación integran la agenda de fin de año en medios nacionales, que realizan un seguimiento mensual de estos anuncios. El cierre de 2025 incorpora el incremento por inflación, la continuidad del bono previsional y la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo, ejes clave del esquema de ingresos de los adultos mayores.El análisis de Google Trends en Argentina durante los últimos cinco años revela que el término “Aguinaldo” es objeto de una búsqueda cíclica y altamente predecible por parte de los usuarios. Esta periodicidad se manifiesta con picos de interés claros y definidos que ocurren dos veces al año. Estos aumentos en las consultas comienzan a notarse típicamente en los meses previos a su pago, es decir, cerca de mayo-junio (para la primera cuota) y nuevamente alrededor de noviembre-diciembre (para la segunda cuota). Estos picos de búsqueda demuestran que los argentinos buscan activamente información sobre el Salario Anual Complementario (SAC) justo antes de que se efectúen los pagos, probablemente para consultar fechas de cobro, métodos de cálculo, consejos sobre cómo administrar este ingreso extra o quiénes pueden cobrarlo.Observando los datos más recientes, específicamente el interés durante la última semana (19 de noviembre al 26 de noviembre), se evidencia que las búsquedas del término “Aguinaldo” ya están mostrando un marcado crecimiento. La tendencia de interés a lo largo de estos siete días ha sido fluctuante, pero la línea general muestra una aceleración en las consultas, culminando en un pico de interés justo al final del período analizado, alcanzando el valor máximo en la escala. Este repunte en las búsquedas en los últimos días de noviembre es un claro indicador de que la población está comenzando a anticipar y prepararse para el cobro de la segunda cuota del aguinaldo.El Sueldo Anual Complementario en Argentina abarca a empleados formales bajo relación de dependencia, tanto del sector privado como público, así como a trabajadores agrarios y personal del Régimen de Casas Particulares. La Ley de Contrato de Trabajo determina que este derecho se extiende a quienes tengan contratos por tiempo indeterminado, plazo fijo, tareas eventuales o de temporada.El beneficio también se otorga a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), donde recibe el nombre de Prestación Anual Complementaria. Para este grupo, el cálculo y los plazos son idénticos a los de los empleados activos, lo que busca asegurar la equidad y la protección ante aumentos estacionales del gasto.No existen restricciones por carga horaria ni antigüedad: tanto quienes cumplen jornada parcial como completa acceden al derecho, ajustado al tiempo trabajado y a la mayor remuneración registrada en el semestre.Quedan excluidos de este pago quienes solo perciben planes sociales, ya que estos programas no constituyen una relación laboral formal ni generan aportes previsionales. Por lo tanto, el Sueldo Anual Complementario corresponde únicamente a quienes están registrados en el sistema laboral o previsional argentino. Infobae.

Durante el décimo mes del año, el haber mínimo jubilatorio, ajustado por la fórmula de movilidad (que consideró la inflación de agosto, del 2,1%), se fijó en $3 26.298. Al sumar el bono adicional de $70.000, la prestación mínima total ascendió a $396.298.Sin embargo, a pesar de que el haber mínimo (sin contar el bono) experimentó un crecimiento interanual del 1,8% real, el bono previsional ha mantenido su valor nominal constante desde marzo de 2024 y provocó la caída, según cálculos de ASAP a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto de este congelamiento es significativo: el bono adicional de $70.000 mostró una contracción interanual del 23,8% al compararlo con la evolución de la inflación.El bono de suma fija se devenga a través del programa de ANSES denominado “Complemento Prestaciones Previsionales”. La falta de ajuste nominal de este complemento generó que el gasto de este programa registrara una caída del 23,7% real en octubre.En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, la baja interanual de este programa es aún mayor, alcanzando el 28,9%.

Comparando la situación actual con el mismo mes de 2023, la prestación mínima (haber más bono de octubre de 2025) refleja una baja interanual aún más pronunciada, del 17,2%.Los analistas advierten que si se mantiene fijo el monto nominal del bono, la pérdida de poder adquisitivo que afecta a las jubilaciones mínimas se incrementará, acercándose progresivamente al valor de la Canasta Básica Total (que mide la pobreza).

En el mes de octubre de 2025 la Canasta Básica Total arrojó un valor de $ 392.815 por adulto equivalente.

La movilidad de los haberes aplica un ajuste de 2,1%, en cumplimiento de la fórmula vinculada a la inflación. Con la publicación de este índice, el monto mínimo y el alcance de los bonos refuerzan el ingreso de los sectores con haberes más bajos.A partir de este esquema, el haber mínimo ascenderá a $333.150. Ese valor corresponde al ajuste automático fijado por el aumento del índice inflacionario. Sobre esa base, los beneficiarios que perciben la mínima cobrarán un bono extraordinario de $70.000, cuyo objetivo es garantizar un ingreso de bolsillo de $403.150 en noviembre. La suma refuerza el ingreso de quienes reciben exclusivamente la jubilación mínima, pero el alcance del bono abarca un universo mayor.

Esquema de pago del bono y haberes integradosLa política oficial establece que todas las personas cuyo ingreso mensual sea inferior a $403.150 recibirán un bono complementario. El monto específico varía según cada caso. Quienes perciben solo la jubilación mínima de $333.150 se beneficiarán con el bono total de $70.000, mientras que quienes obtienen un haber mayor —pero aún por debajo de $403.150— accederán a un refuerzo proporcional que los lleva exactamente a ese nivel de ingreso mensual.Por lo tanto, el bono no es exclusivo del haber mínimo, sino que su alcance abarca a todas las prestaciones cuyos montos netos resulten menores a $403.150, estableciendo un piso igualador en el sistema previsional. Solamente quienes superen ese umbral no acceden a este beneficio adicional.La actualización mensual del bono responde a una decisión administrativa emanada desde el Poder Ejecutivo, ratificada por las fuentes oficiales en octubre. El monto de $70.000, vigente desde marzo de 2024, se mantiene congelado y en noviembre seguirá bajo el mismo esquema.La corrección también alcanza a otros segmentos del sistema de la Seguridad Social. El haber máximo para noviembre aumentará a $2.241.788,48. Esta categoría no está alcanzada por el bono de refuerzo.La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $266.520. La política de refuerzos aplica el mismo criterio que para las mínimas: si la suma de la PUAM y el bono complementario no supera $403.150, se paga el monto necesario hasta llegar a ese piso. Así, un titular de PUAM percibirá el refuerzo completo de $70.000, alcanzando $336.520, y el resto hasta cubrir $403.150 como bono variable.Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $233.252 después del ajuste de movilidad. Como en los casos anteriores, quienes perciban menos de $403.150 con la suma del bono (o bonos parciales), también serán alcanzados por el refuerzo proporcional hasta alcanzar el piso unificado.Este funcionamiento se repite de modo automático cada mes, ajustando la suma del bono según el valor del haber hasta igualar el piso fijado por las disposiciones.

Actualización y valores de la AUH y otras asignacionesEl índice de movilidad influyó también sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH). Su monto bruto asciende a $119.713 a partir de noviembre. Debido a la retención de ANSES del 20%, el monto de bolsillo mensual será de $95.771 para quienes cumplen con la presentación de la Libreta AUH. Este esquema se replica para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que también se actualiza a $119.713 brutos y $95.771 netos, tras descuento.En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, la cifra sube a $411.290. La actualización de las Asignaciones Familiares lleva el valor base a $59.862 por menor a cargo para los trabajadores formales del primer tramo.

Alcance social y distribución del ingresoEl universo alcanzado por el sistema de haberes y bonos incluye a un estimado de 6 millones de beneficiarios en todo el país, con aproximadamente la mitad cobrando haberes mínimos y refuerzos, mientras el resto recibe haberes superiores y no accede a bono. La política del bono complementario alcanza de manera proporcional a todos los que perciben haberes por debajo de $403.150.De ese modo, la estrategia procura establecer un piso unificado en los segmentos de menores ingresos. La medida ataca las diferencias entre haberes inferiores provocadas por situaciones de moratoria previsional, mínimos contributivos o acceso a PNC y PUAM. La suma de los haberes y refuerzos opera automáticamente y no requiere trámites extra de los titulares, siendo liquidada en el cronograma habitual de pagos según terminación de DNI.

Detalles del cálculo, normativa y contextoLa fórmula de movilidad —determinada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24— actualiza los haberes según el IPC publicado cada mes por el INDEC. El calendario de pagos aplica el índice de inflación dos meses previo al cobro, generando un rezago sistemático entre la variación de precios y la actualización efectiva en los ingresos previsionales.El bono de refuerzo, sin actualizaciones desde su introducción en marzo de 2024, fue objeto de debate. Algunas fuentes especializadas calcularon que su monto corregido por inflación ascendería a unos $169.890, pero la norma lo mantuvo fijo en $70.000.Al sumar la movilidad y el refuerzo, el ingreso con bono ha subido 91% desde abril de 2024 hasta septiembre, mientras que los haberes sin bono experimentaron un alza del 138,2% en el mismo período. En contraste, la inflación general acumulada resultó de 75,2%, según los informes analizados.Entre enero y septiembre de 2025, los haberes mínimos sin bonos subieron 23,4%, apenas por encima del 22% de inflación acumulada. Al incorporar el bono, ese incremento se ubica en 18,4%. Hacia noviembre, la recomposición con bono llega a 23,1%.

Requisitos y detalles administrativosQuienes perciben la AUH deben presentar la Libreta de Escolaridad de niñas, niños y adolescentes, así como mantener al día los controles médicos y de vacunación fijados por el calendario oficial, para acceder a los remanentes retenidos. Además, quienes tienen hijos menores de 3 años y cumplen con las condiciones acceden a un Complemento Leche por $40.000.La política oficial de refuerzo mensual para los beneficiarios de haberes bajos se mantiene gracias a la prórroga de las decisiones administrativas vigentes. El cronograma y los montos actualizados de ANSES se informan oficialmente en los días previos al inicio de cada período de pagos.

Criterios para grupos específicos y moratoriasLas personas que accedieron a jubilaciones por moratorias previsionales, así como quienes reciben Pensiones No Contributivas a Madres de siete hijos y titulares de la PUAM, reciben un refuerzo que ajusta automáticamente el haber a $403.150. Si su haber supera esa cifra, no acceden al bono; si resulta inferior, cobran la diferencia necesaria como refuerzo.Este método busca igualar el ingreso mínimo de bolsillo, independientemente del régimen de acceso o el valor base del haber contributivo. El piso fijado por el Gobierno nacional aspira a mantener el acceso a un monto unificado para quienes se ubican en los tramos más bajos del espectro previsional. Infobae.

En una sesión cargada de tensión, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley que aumentaba los haberes jubilatorios. La votación terminó con 160 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 83 en contra y 6 abstenciones, lo que le permitió al presidente Javier Milei mantener su veto y frenar la aplicación de la norma.

La iniciativa contemplaba un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, la actualización del bono mínimo a $110.000 y recursos adicionales para las cajas previsionales provinciales, con un costo fiscal estimado en 0,78% del PBI anualizado.

Aunque parte de la oposición buscó alternativas para insistir parcialmente con algunos artículos, no hubo consenso entre los bloques. El radicalismo mostró divisiones y también hubo ausencias en el PRO y en La Libertad Avanza, lo que facilitó el debate pero no cambió el resultado final.Con esta votación, el oficialismo logró neutralizar la avanzada opositora en Diputados y, al mismo tiempo, cerró el camino a cualquier intento de revertir el veto en el Senado. 

La oposición avanza. Conversa, cruza mensajes y busca cerrar acuerdos para alcanzar los dos tercios que le permita avanzar este miércoles en Diputados en la insistencia en el ajuste para las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad. También se va a tratar el veto a la vuelta de la moratoria previsional, pero en este caso en todos los bloques dan por descartada la posibilidad de que la oposición se imponga.“En discapacidad estamos más tranquilos que en jubilaciones, aún hay algunos que no sabemos que van a hacer”, explicó un diputado de la oposición que impulsa la sesión.Con el quórum asegurado, el juego y las miradas están puestas en las abstenciones y las ausencias. Los que apoyan o los que rechazan el veto ya mostraron sus posiciones, pero hay un numeroso grupo de legisladores que en la votación original de ambos proyectos se abstuvieron o estuvieron ausentes que son los que van a cambiar el resultado. Particularmente en el debate sobre las jubilaciones.“El bloque de la UCR es quien va a terminar definiendo. La votación original muestra que hubo 142 votos a favor y 62 en contra, pero 19 diputados se abstuvieron y hubo 28 ausentes. Para que salga la ley es necesario que algunos de los radicales voten a favor y otros que originalmente se abstuvieron se paren y se vayan”, explicó.El bloque que conduce Rodrigo De Loredo hoy es una incógnita. No queda claro qué van a hacer los radicales que conducen la comisión de Previsión Social y durante el 2024 fueron quienes encabezaron la recomposición de las jubilaciones. “Es la misma discusión que ellos plantearon, es devolver lo que perdieron en enero de 2024 cuando se cambió la fórmula. En ese momento ellos eran la punta de lanza del reclamo y hoy es la misma situación”, explicó un legislador.Un dato que alienta la esperanza de aquellos que van por la insistencia es que en la última sesión, en medio de las movidas para que se caiga el quórum que implementó La Libertad Avanza, los radicales se quedaron en sus lugares y fueron quienes finalmente aseguraron los más de 129 diputados que al final de la jornada le ganaron 12 votaciones al oficialismo.El bloque de la UCR buscará avanzar en una postura, pero algunos de los que en la votación se abstuvieron aseguraron a este medio que van a ir por el rechazo al veto.Todo esto en un ambiente de mucha volatilidad donde los acuerdos se forman y se rompen con mucha rapidez y eso se aceleró con el cierre de las listas y la proximidad de las elecciones.Por el lado de LLA y de sus satélites también persisten las dudas, pero entienden que tienen posibilidades ciertas de contener el veto para la suba jubilatoria. “Estamos cerca del tercio, discapacidad es probable que la perdamos, pero en la suba de las jubilaciones estamos finito”, dijo a Infobae un diputado amarillo cada vez más violeta. Y, nuevamente, todos miran a los radicales de De Loredo.En el PRO hay 8 diputados que el oficialismo los descarta. Sin embargo, la preocupación es la misma, pero en sentido contrario. “Si no votan contra el veto que se abstengan, pero que no se retiren del recinto”, piden.La puja está planteada. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia y el Frente de Izquierda tienen que asegurar la presencia de la totalidad de sus miembros. Y, a partir de eso, sumar voluntades.Del lado del oficialismo lo mismo. Todos los libertarios y sus bloques satélites como el MID, el PRO y la Liga del Interior tienen que tener a todos para poder reeditar a los “héroes” del 2024.

Los gobernadoresEn medio de esta discusión aparece también el tratamiento de los proyectos que impulsan los gobernadores -reparto de los ATN y del Impuesto a los Combustibles Líquidos- que ya tienen media sanción del Senado. En este caso, y luego de la intromisión de dos proyectos que presentó el oficialismo que otorga “algo” a los jefes de los estados provinciales, se abrió una instancia de negociación.En este punto, hay cruces también entre los legisladores y los gobernadores para encontrar un proyecto de consenso con el oficialismo con el fin de evitar un futuro veto. Si no se logra, avanzarán con los proyectos originales y se expondrán a un nuevo rechazo de la Casa Rosada.  (Infobae)

Javier Milei confirmó que vetará el aumento a los jubilados que convirtió en ley el Senado este jueves. En un acto en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, el Presidente comenzó su discurso haciendo referencia al tema del día y lanzó fuertes críticas a los senadores y a los gobernadores, aunque sin nombrarlos explícitamente.“Nada de esto que está pasando a nosotros no nos sorprende. Nosotros estamos preparados para esto y sanemos que vamos a ser exitosos. Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Lo más importante es que sepan: están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”, comenzó el mandatario.Y completó: “A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Aún se dieron las circunstancias, que no creo, que le veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”.Luego, en un tiro por elevación a los gobernadores, sentenció: “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar. No la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. La diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente un chaleco de seguridad y no pase nade. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.El paquete legislativo aprobado por el Senado -tenía media sanción de Diputados- implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excluyendo los regímenes especiales, y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. La principal objeción oficialista radica en que este bono se convierte en un derecho permanente. Además, la restitución de la moratoria previsional por dos años permitirá que quienes no hayan completado los 30 años de aportes puedan adquirir los períodos faltantes para acceder al haber mínimo. Infobae.

Quienes acreditan 30 años de aportes efectivos, sin acceder a moratorias, reciben un monto diferenciado en relación con otros beneficiarios. Este grupo, en particular, accede al haber mínimo más el bono adicional, que se mantiene estable a pesar del aumento de precios.Durante julio, el haber mínimo bruto para jubilados con 30 años de aportes se ubicará en $379.298,16, cifra que contempla el bono extraordinario. Una vez aplicados los descuentos, principalmente por el aporte al PAMI, el haber neto estimado asciende a $370.158.En comparación con el mes anterior, el haber mínimo sin el bono pasó de $304.723,93 a $309.298,16, con una suba equivalente al 1,5%, conforme al índice de precios al consumidor (IPC) de abril. En tanto, el haber máximo aumentó de $2.050.503,62 a $2.081.283,91.A quienes tienen más de 30 años de aportes, el sistema jubilatorio les reconoce un adicional. Por cada año extra de aportes más allá del umbral de los 30 años, se suma un 1% del haber mínimo como beneficio. Este incremento se aplica hasta un máximo del 15%, que equivale a 45 años de aportes registrados.La medida de mantener un bono extraordinario mensual de $70.000 impacta de forma directa sobre aquellos que cobran la jubilación mínima. Este bono no se ajusta automáticamente por inflación, lo que genera diferencias en términos del poder adquisitivo real según la evolución de los precios.Para quienes acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber también sube un 1,5%, en línea con el IPC. Así, el monto bruto pasa de $243.779,14 a $247.438,53. Con el bono extraordinario incluido, este grupo alcanza un ingreso total de $317.438,53.En julio también se actualizan otras asignaciones familiares y sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $111.141,68 por menor y a $361.897,12 en el caso de hijos con discapacidad. Estas asignaciones también suben un 1,5%.En lo relativo a aportes previsionales, el tope mínimo de remuneraciones sujetas a aportes se fija en $104.170,43, mientras que el máximo trepa a $3.385.489,09. A partir de esos valores, los aportes mensuales obligatorios alcanzan un máximo de $567.027,89, incluyendo el 3% correspondiente a PAMI.Para los autónomos, la base mínima para calcular los aportes asciende a $30.209,42. Por su parte, el valor requerido para adquirir cinco años de aportes por parte de quienes buscan completar su historia laboral suma un total de $1.812.565,20.

De acuerdo con las estimaciones de la Subsecretaría de Seguridad Social, los jubilados y pensionados que no perciben el bono habrán acumulado una suba nominal del 19,14% durante el primer semestre de 2025. Este incremento se encuentra alineado con la inflación estimada para el mismo período. Sin embargo, quienes cobran el haber mínimo junto con el bono de $70.000 registraron una caída real del 13,7% en su poder adquisitivo, lo que equivale a una pérdida de entre 2% y 3% en términos reales.El bono extraordinario mensual, que sigue vigente por decreto, no posee un mecanismo de actualización automática, por lo que su valor real se erosiona frente a los aumentos sostenidos de precios. Esta situación afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos.

Cambios en el régimen de movilidadLa fórmula vigente desde abril de 2025 reemplazó al mecanismo anterior que combinaba la recaudación previsional con la variación salarial. El nuevo esquema, basado exclusivamente en el índice de inflación mensual, busca otorgar mayor previsibilidad en los haberes jubilatorios, aunque no resuelve los problemas de fondo que arrastra el sistema previsional argentino.Las autoridades nacionales aún no definieron si el bono de $70.000 se mantendrá durante el segundo semestre o si será reemplazado por otro instrumento de compensación. Hasta el momento, su aplicación se confirma cada mes mediante decreto presidencial. Infobae. 

La norma impulsada por la oposición propone un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y eleva el bono a $110.000. Alcanzaría a todas las escalas.

El proyecto de ley impulsado por bloques opositores al Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción. La norma propone un aumento del 7,2% sobre los montos actuales y una suba del bono previsional a $110.000. Esta iniciativa, que contó con apoyo mayoritario en el recinto, avanza en paralelo al rechazo explícito del Poder Ejecutivo, que anticipó su veto en caso de aprobación definitiva.Con este esquema se busca, por un lado, recomponer la pérdida de los 8,1 puntos porcentuales que no fueron concedidos de la inflación de enero de 2024 en la fórmula que puso Milei por Decreto el año pasado y recomponer la pérdida real del refuerzo de ingresos por $70.000, que se mantenía congelado dese marzo del año pasado.La jubilación mínima alcanza $304.723,93 en junio, la máxima llega a $2.050.503,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $243.779,14, todos antes de aplicar los descuentos correspondientes a la obra social.Actualmente, los beneficiarios reciben un bono previsional de $70.000, lo que lleva el ingreso total de una jubilación mínima a $374.723,93 y el de la PUAM a $313.779,14. La propuesta opositora eleva el bono a $110.000, lo que impacta directamente en el ingreso disponible de los beneficiarios.El bono no se aplica a todos los niveles de ingreso, sino a la mínima y a todos aquellos haberes que superan la mínima pero no alcanzan a sobrepasar el umbral de lss $374.723,93 al que trepa la mínima más el bono. Este valor actúa, entonces, como un piso.

Mientras tanto, la aplicación del incremento del 7,2% sobre los haberes base, la jubilación mínima ascendería a $326.648,01, la jubilación máxima a $2.197.140,00, y la PUAM a $261.330,24. Al sumar el nuevo bono, los ingresos totales quedarían configurados de la siguiente manera:El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Fue una contundente mayoría conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo. 

En este marco, el oficialismo rechazó el proyecto y definió la propuesta como una “irresponsabilidad política”. Según declaraciones del vocero presidencial, el Gobierno considera que el esquema propuesto por la oposición no tiene sustento presupuestario y atenta contra el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. La vocería presidencial explicó que, en caso de ser aprobado en el Senado, el presidente vetará la ley, manteniendo así la política de ajuste vigente.El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también establece que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.Ahora se espera que en el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, desafió el Presidente en las redes sociales tras la votación. Infobae. 

Asimismo, el presidente Javier Milei firmó mediante el cual oficializan el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a adultos mayores.ANSES fijó los valores para jubilaciones y pensiones a partir de junio de 2025. La medida, firmada por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi, fue publicada el 30 de mayo de 2025 en el Boletín Oficial y alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional nacional.La Resolución 237/2025 fijó el haber mínimo garantizado en $304.723,93 y el haber máximo en $2.050.503,62. Además, determinó los nuevos valores de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que serán de $139.397,29 y $243.779,14 respectivamente, a partir del mes de junio.La decisión se tomó en cumplimiento de la Ley 26.417, que regula la movilidad de las prestaciones del SIPA, y del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que modificó el artículo 32 de la Ley 24.241. Este establece que los haberes previsionales se actualizarán mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC. Según los informes técnicos citados en la resolución, la movilidad correspondiente para el período es del 2,78%.La resolución también actualiza las bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales. A partir de junio, la base mínima será de $102.630,97 y la máxima de $3.335.458,18. Estos valores impactan en los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia y en el cálculo de los futuros haberes jubilatorios.A su vez, el Decreto 367/2025 dispuso el pago del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en el mes de junio a los titulares de prestaciones contributivas a cargo del ANSES, a los beneficiarios de la PUAM y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.El texto detalla que se pagará en su totalidad para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. Por otro lado, quienes superen este monto, recibirán una suma equivalente a la necesaria para alcanzar el tope. En el caso de pensiones con varios copartícipes, se considerará un único titular a los efectos del cobro.El documento establece que “el Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.La medida responde a la necesidad de “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”, según se expresa en los considerandos del decreto.El Gobierno ya había modificado la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto 274/24, que dispuso la actualización mensual de los haberes a partir de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC.Por último, ANSES actualizó los montos y límites de las asignaciones familiares a partir del próximo mes. La Resolución 238/2025, firmada por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi, impacta en los beneficiarios de la Ley 24.714 y sus modificatorias, con excepción de las asignaciones por ayuda escolar anual y por maternidad, y regirá para los pagos y hechos generadores ocurridos a partir de junio de 2025.La decisión afecta a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez, perceptores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social.El nuevo tope de ingresos individuales para acceder a las asignaciones familiares se fijó en $2.244.686 mensuales. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, el grupo queda excluido del beneficio, aunque la suma total de ingresos no supere el límite máximo establecido.El proceso de actualización se realizó tras informes técnicos de la Dirección de Asignaciones Familiares y de la Dirección General de Procesos y Normas de ANSES, que analizaron la evolución del índice de precios y la movilidad correspondiente.A su vez, actualizaron los montos que recibirán los beneficiarios de las asignaciones que paga el Gobierno a través de ANSES.

Nuevos montos de las asignaciones universales AUHGeneral: $109.498Zona 1: $142.348Hijo con DiscapacidadGeneral: $356.545Zona 1: $463.509Embarazo para Protección SocialGeneral: $109.498Zona 1: $142.348Ayuda Escolar Anual:General: $63.820Zona 1: $63.820Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad:General: $381.597Zona 1: $381.597

El reajuste hará que el haber mínimo suba de $279.121 a $285.820 y el haber máximo pase de $1.878.224 a $1.923.302. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $349.121 a $355.820. En tanto, quienes cobren haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla. De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado que perciba un haber de $300.000 sólo recibirá como bono $55.820.El organismo previsional estableció mediante la Resolución 179/2025, publicada en el Boletín Oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de abril de 2025, será de $285.820,63’’. Mientras que el máximo, a partir del cuarto mes del año, será de $1.923.302,29.En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $96.264,34 y $3.128.545,73, respectivamente, a partir del período devengado abril de 2025.Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $130.749,89. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $228.656,50. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $298.656.Con el mencionado bono, que continúa sin ser actualizado, las jubilaciones mínimas subirán en abril apenas 1,91% con respecto a marzo, quedando por debajo de la inflación. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante pasó a ser de $70.000.La ayuda previsional fue confirmada por el Ejecutivo mediante el Decreto 231/2025, donde se aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.Al respecto, el texto oficial señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta marzo de 2025, inclusive”.Por otro lado, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05; b. Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias; c. Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES. 

Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo para su tratamiento legislativo.El presidente de la Asociación, Alejandro Cánepa, recalcó: “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo que es la necesidad de sanear el déficit y ordenar administrativamente la Caja. Queremos tener buenas jubilaciones, como creo que todos los afiliados tenemos el mismo objetivo. Justamente el presidente de la Cámara nos comentaba que otros sectores han coincidido con esta postura”.Luego de resaltar la buena recepción que tuvieron de parte del titular de la Cámara, Cánepa aclaró que hay algunos aspectos que preocupan a la entidad que preside. “Nosotros también queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo, sobre todo en un punto básico que es que el 82 por ciento móvil no se afecte de ninguna manera”.Por otro lado aclaró: “Entendemos que en el proyecto que ha sido enviado para su tratamiento hay una cuestión de la redacción que no ayuda y que debería modificarse y nosotros estamos a disposición para trabajar en eso. Puntualmente, en lo que hace referencia a la base de cálculo, se habla del haber jubilatorio inicial permanente y que de quedar así redactado daría lugar a que quede estancado en el tiempo el haber previsional. Debería ser una base móvil o actualizada y confiamos en que eso pueda modificarse“Participaron también del encuentro con Hein, Gabriela López Arango y Julio Pérez Ducasse. 

El estudio indica que desde 2017, los jubilados que perciben la mínima perdieron un 26% de su poder de compra. “En términos de junio de 2024, el haber promedio mensual en 2017 equivalía a $370.000”, señaló Argañaraz. A partir de entonces, las jubilaciones comenzaron a disminuir, alcanzando un mínimo de $212.400 en febrero de este año. “Este fue el mes de menor poder adquisitivo de los últimos años, con una caída del 43% respecto al promedio de 2017”, explicó.Durante marzo, abril y mayo, las jubilaciones empezaron a incrementarse, pero aún se mantienen lejos de los valores de 2017. “El monto de mayo, incluido el bono de $70.000, fue de $273.000 en términos constantes. Desde el mínimo de febrero, el poder adquisitivo de la jubilación subió un 29%, pero sigue siendo un 26% inferior al promedio de 2017”, indicó el especialista.Argañaraz advirtió que, bajo el actual esquema de ajuste mensual, si la inflación se mantiene relativamente constante, los haberes reales se estabilizarán en los valores actuales, que están muy por debajo de los niveles de 2017 y dijo: “Un jubilado necesitaría $97.000 adicionales por mes para recuperar el poder de compra que tenía en 2017”.Otro punto importante es la dinámica de los bonos compensatorios. Si el valor del bono de $70.000 no se ajusta, la inflación, aunque sea baja, erosionará el ingreso real de los jubilados. “Sin ajustes, lo que se recuperó en estos últimos meses se perderá nuevamente y para diciembre de 2025 se volvería a los mismos valores de febrero de este año”, advierte Argañaraz.Argañaraz sugirió que, para evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno debe implementar un mecanismo que preserve el valor de estos ingresos. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que incluye una mejora del 8,5% en los haberes reales, pero el presidente Javier Milei manifestó su intención de vetar cualquier medida que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.“La sostenibilidad futura es clave. Sería ideal que el Congreso apruebe simultáneamente ajustes en gastos o ingresos que aseguren que el aumento del gasto no afecte negativamente el resultado fiscal. Una reforma integral del sistema previsional, dentro de una reforma fiscal más amplia, es necesaria para que los jubilados recuperen el poder adquisitivo de 2017”, concluyó Argañaraz. NA.