Las iniciativas, trabajadas en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, presidida por el diputado socialista Juan Manuel Rossi, abordan de manera integral 3 desafíos ambientales de la provincia: cambio climático, gestión de residuos  y simplificación de los procedimientos de habilitaciones ambientales.Uno de los proyectos aprobados fue el Expte. N° 28.345 Política pública de respuesta provincial frente al cambio climático global, impulsada por Rossi junto a la Secretaría de Ambiente. La norma establece un marco legal moderno y estable para enfrentar la crisis climática, institucionalizando una política pública que trascienda las gestiones. Entre sus principales ejes se destacan la elaboración de un Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, la creación de un Gabinete Provincial de Cambio Climático, una estrategia financiera climática y acciones de educación y concientización ambiental. La iniciativa obtuvo sanción y fue girada al Senado.También obtuvo aprobación en la Cámara baja el Expte. N° 28.728 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, que impulsa un cambio de paradigma al derogar la antigua ley 6.260 del año 1978 y modernizar el sistema de evaluación ambiental. La norma crea el Certificado Único Ambiental (CUA), que reemplaza múltiples certificaciones, simplifica trámites, reduce tiempos administrativos y elimina superposiciones normativas. Al mismo tiempo, fortalece el rol del Estado en el control ambiental, incorporando herramientas tecnológicas para la fiscalización, garantizando la participación ciudadana y estableciendo un marco sancionatorio claro. El proyecto fue aprobado y pasó al Senado para su tratamiento.En la misma sesión, Diputados dio sanción definitiva al proyecto  de ley N° 28.852 que habilita la conformación del Parque Ambiental de la Economía Circular del Gran Paraná, una iniciativa regional que ya contaba con sanción del Senado. La ley permite la creación de un consorcio interjurisdiccional entre la Provincia y los municipios del área metropolitana de Paraná, con el objetivo de establecer políticas comunes de tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Con esta iniciativa se pretende avanzar en el cierre de basurales a cielo abierto y minibasurales. Asimismo, el consorcio ambiental buscará reducir la disposición final de residuos y avanzar hacia un modelo basado en la economía circular, la valorización de residuos y la reducción progresiva del impacto ambiental. Con la sanción en Diputados, esta iniciativa parlamentaria ya es ley.Al respecto, el diputado Juan Manuel Rossi destacó “el compromiso de nuestro gobernador Rogelio Frigerio para que podamos avanzar en la aprobación de estas leyes que son un gran noticia para Entre Ríos en materia ambiental” y, remarcó que “son normas que buscan menos burocracia, una mejor planificación y un abordaje moderno de la compleja problemática ambiental desde un punto de vista económico, social y de salud”.

Con este paquete legislativo, Entre Ríos avanza en la consolidación de políticas ambientales de largo plazo, orientadas a la protección del ambiente, el desarrollo productivo y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. 

“Este triunfo demuestra que es posible construir una alternativa clara, por fuera de La Libertad Avanza ni con el PJ que nos ha gobernado”, sostuvo Rossi, quien remarcó que la experiencia correntina confirma que hay un camino propio para fortalecer una opción progresista, productiva y federal.

“Esto además se da en el marco de una fuerza que estamos consolidando a través de Provincias Unidas, con el liderazgo de Schiaretti, y la unión de los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y Santa Fe y ahora Corrientes”, dijo.

El diputado provincial y jefe de campaña subrayó que la victoria de Valdés envía un mensaje de esperanza a quienes creen en una política que defienda la producción, el trabajo y la justicia social, sin atarse a los extremos que hoy polarizan el país.

Por eso creamos Entrerrianos Unidos agregó: “somos un espacio nuevo, honesto, transparente, amplio y plural, donde confluyen socialistas, peronistas, radicales, vecinalistas, desarrollistas y demócratas cristianos. No nos une un sello ni un caudillo: nos une la convicción de que Entre Ríos merece una forma de hacer política distinta”. 

Con vaivenes, en una pulseada compleja, se acerca sin vueltas el día en que se confirme lo que para muchos es inevitable: la alianza entre Rogelio Frigerio y Javier Milei en Entre Ríos.La decisión impacta en la realidad política de los distintos pilares de Juntos por Entre Ríos y especialmente en el Partido Socialista (PS), miembro de la coalición que tiene pendiente un congreso para definir su política de alianzas aunque, de antemano, hay una definición contundente: “Con Milei no vamos ni a la esquina”.Así lo expresó el diputado Juan Rossi ante la consulta de Página Política. El legislador y presidente del partido en Entre Ríos puso de manifiesto las dificultades que suponen los cimbronazos electorales en curso, hizo saber que en unos días el congreso provincial tomará las definiciones respecto del escenario político y ratificó la decisión socialista de sostener, a nivel nacional, la coalición con Hacemos, el partido con el que Juan Schiaretti disputó la Presidencia en 2023.“Seguimos sosteniendo nuestra alianza a nivel provincial (Juntos por Entre Ríos). Estamos viendo cómo se darán las conversaciones pero nosotros con La Libertad Avanza no vamos a ir”, enfatizó el diputado.“Nosotros apostamos a que se pueda consolidar el espacio que integramos a nivel nacional, con Juan Schiaretti. Apostamos a un proyecto de federalismo, a fortalecer la Región Centro, apostamos a la producción y sostenemos una agenda vinculada al ambiente, a la perspectiva de género”, dijo y marcó las diferencias, en ese sentido, con las prioridades de la Casa Rosada. Se podría agregar, en este listado, el acompañamiento socialista al reclamo de mayor presupuesto por la Universidad, el posicionamiento en defensa del INTA y las expresiones de adhesión a las jornadas de sensibilización en torno al Hospital Garrahan.“Los socialistas creemos que este es el momento de los gobernadores. Es el momento de la Región Centro, de la producción, del federalismo. Pero veremos cómo se dan finalmente las conversaciones”, resumió Rossi.

En el marco de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el diputado Juan Rossi recibió a la perito Silvina Patterer, quien brindó un detallado informe sobre la preocupante situación ambiental provocada por el basural a cielo abierto en la ciudad de San José.

Durante su exposición, Patterer describió las condiciones del lugar y los serios daños al medio ambiente que genera este tipo de disposición de residuos. Los legisladores presentes realizaron preguntas, profundizando sobre las consecuencias para la salud de la población y los ecosistemas locales.El diputado Rossi fue contundente: “La mala gestión ambiental en San José es insostenible. Estamos ante un basural que no solo contamina el ambiente, sino que pone en riesgo la salud de los vecinos. Es inadmisible que sea la segunda gestión del intendente Bastián y siga sin separación de residuos, con incendios reiterados y una situación que es, sencillamente, alarmante”.Rossi también destacó que la Justicia recientemente ordenó la remediación del ecosistema dañado por los incendios en el basural, fallo que reafirma la gravedad del problema y la necesidad de acciones urgentes.

“La sentencia exige a la municipalidad de San José que garantice una adecuada gestión de los residuos, implemente medidas para prevenir futuros incendios y coordine acciones con la provincia. Además, deberá llevar a cabo un estudio de impacto ambiental y un plan de saneamiento del basural. Esto va en el mismo sentido que venimos planteando en el proyecto de resolución, es responsabilidad directa del municipio poner fin a esta situación”, afirmó Rossi.

El fallo también señala que el municipio “se encuentra en infracción a los derechos” consagrados en la Constitución de Entre Ríos en lo que “respecta a un ambiente sano y equilibrado”, y ordena implementar “las medidas que se estimen necesarias para la prevención del fuego y de la disposición de residuos peligrosos en el predio de disposición final, evitando el ingreso de personas ajenas al trabajo en el predio”.

Desde la Comisión de Ambiente se sigue impulsando el debate y la búsqueda de alternativas sustentables. “Ayer nos reunimos, escuchamos a la perito y quedó claro que la responsabilidad recae directamente en el municipio. El intendente Bastián incumple leyes ambientales, y la comunidad de San José, preocupada por su salud y la calidad del aire, merece respuestas y soluciones ya”, concluyó Rossi.Cabe señalar que el municipio fue invitado a participar de la reunión de la Comisión, pero sus representantes no asistieron. 

Soy de la opinión que el futuro de Entre Ríos depende en buena medida del tipo de acuerdo de convivencia entre el campo, pueblos y ciudades. Tales acuerdos son de naturaleza política y, en consecuencia, su contenido es lo que deberíamos debatir. Por ejemplo: en estos meses hemos estado debatiendo sobre la problemática social y ambiental derivada del uso de productos fitosanitarios (“agroquímicos” o “agrotóxicos” incluyen también a los fertilizantes); un problema complejo ya que las pulverizaciones y sus derivas involucran la producción agropecuaria, la salud y el ambiente; tres aspectos centrales en la vida de muchos entrerrianos. Este estado de situación implica un desafío político enorme para la dirigencia entrerriana. Así las cosas, con el apoyo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, desde la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados que presido, decidimos modernizar la regulación fitosanitaria vigente, un tema, que como veremos, excede con creces las buenas prácticas agropecuarias en sí. En Entre Ríos los fitosanitarios están regulados por la Ley 6.599 de Plaguicidas sancionada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar y ratificada en democracia en 1984. Es una ley de 21 artículos que regula los actos derivados del expendio, aplicación, transporte y almacenamiento de plaguicidas. En ella también se destacan: la obligación de contar con el asesoramiento técnico de un profesional en el expendio y/o aplicación, la creación de los registros de expendedores y aplicadores y sanciones para quien causare daños a terceros.Desde entonces fueron numerosos tanto los decretos y resoluciones ministeriales en materia fitosanitaria, como los amparos ambientales y fallos judiciales. El 6 de marzo de este año, el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad, entre otras cuestiones, declarar ineficaz e insuficiente la normativa vigente en materia de fitosanitarios para la protección del derecho a la salud y al goce de un medio ambiente sano y sustentable, ordenando al Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos el dictado de la ley que corresponda en un plazo razonable.

El 30 de noviembre del 2022 el gobierno de Gustavo Bordet presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley 26.117 de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios. Una propuesta que tuvo el mérito de haber sido consensuada con la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, un espacio donde confluyen actores vinculados al mundo productivo, económico, profesional y académico. Sin embargo, pasó más de un año, y aun teniendo mayorías en ambas cámaras, nunca existió la decisión política de aprobarlo.

Ya con un nuevo gobierno, el 26 de marzo del 2024 desde la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, como decía, comenzamos un proceso de discusión abierto y participativo sobre los “escabrosos fitosanitarios”. Convencido que el proyecto de Ley 26.117/22 no contenía una perspectiva de salud y ambiental adecuada, convocamos a especialistas en toxicología, medicina, veterinaria e ingeniería y a decenas de agrupaciones ambientales, entre otras. Escuchamos a personas afectadas, sindicatos, científicos del INTA, funcionarios provinciales y actores del mundo productivo entrerriano. Asimismo, recorrí la provincia para comprender los posibles impactos en las economías regionales, productores y obreros rurales. Con ambientalistas nos encontramos en lugares contaminados, en Colonia Elía conocí el funcionamiento del protocolo de control de aplicación de fitosanitarios y en el aeroclub de Paraná presencié pruebas de simulación de derivas de aplicaciones aéreas y terrestres. También analizamos variados papers científicos y opiniones escritas. ¡Fueron un montón!

Una gran parte de los aportes y muchas de las demandas sociales en materia ambiental, productiva y de salud fueron plasmadas en los 109 artículos del dictamen de comisión aprobado el día 2 de octubre. Como prontamente será debatido en la Cámara de Diputados, paso a destacar las principales novedades respecto de la ley 6.599 de Plaguicidas vigente desde hace 44 años. 1) Alcance regulatorio ampliado. Nuevos deberes para nuevos y viejos actores: importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores, expendedores, asesores, ensayistas, aplicadores, operarios, almacenadores y transportistas y empresas de verificación técnica. Compárese con los 4 actores de la Ley 6.599 vigente. 2) Ordenamiento ambiental del territorio. Establece 3 zonas bien diferenciadas: Zona de Exclusión (existe restricción absoluta para aplicaciones de productos fitosanitarios), Zona de Amortiguamiento (pueden aplicarse algunos productos fitosanitarios de forma condicionada: presencia obligatoria del asesor fitosanitario, receta agronómica digital presentada, aviso con 48 horas de anticipación y condiciones meteorológicas adecuadas) y Zona de Libre Aplicación. Esta zonificación combinada con las modalidades de aplicación (manual, drone, terrestre y aérea) dan como resultado 24 distancias diferenciadas. 3) Intensificación ecológica. En las zonas de exclusión, donde se prohíbe el uso de fitosanitarios, el gobierno deberá otorgar incentivos económicos, beneficios fiscales y/o pago por servicios ambientales a las y los productores que impulsen modelos productivos de intensificación ecológica que contribuyan a un desarrollo rural sostenible. 4) Sistema de monitoreo ambiental.El gobierno provincial, los municipios y comunas promoverán redes de monitoreo ambiental sobre las actividades de aplicación de fitosanitarios y sobre los potenciales efectos en la calidad del suelo, el aire, el agua y la biota. También el sector privado podrá instrumentar sistemas de control y monitoreo de manera complementaria al de las autoridades públicas. 5) Inspección, fiscalización y sanción. Para mejorar las deficientes capacidades estatales de control se incorpora el poder de policía concurrente entre la Provincia, municipios y comunas según lo establece el artículo 83 de la Constitución provincial. Asimismo se crea un Cuerpo de Inspectores exclusivo y en un plazo de 2 años, todos los equipos de aplicación de fitosanitarios deberán contar con dispositivos de contralor tecnológico instalados. 6) Régimen sancionatorio ampliado. 7) Sumar tecnología. Además del contralor tecnológico mencionado, se incorporan bajo regulación tecnologías relevantes tales como los productos fitosanitarios de origen biológico (biofitosanitarios) y los drones para pulverizaciones. 8) Buenas prácticas en materia de fitosanitarios. Toda actividad en territorio entrerriano que utilice productos fitosanitarios deberá regirse por un protocolo de buenas prácticas en materia de fitosanitarios aprobado por el Consejo Asesor Fitosanitario. 9) Salud y escuelas rurales. Enumero: elaboración de un mapa público de georreferenciación para las 781 escuelas rurales entrerrianas, las cuales deberán contar con barreras vegetales en sus perímetros. Implementación obligatoria de protocolos de limpieza en las escuelas después de aplicaciones y de protocolos de actuación ante casos de aplicaciones de productos fitosanitarios en cercanías de escuelas. Por último, vigilancia epidemiológica a las personas afectadas por la exposición aguda o crónica a productos fitosanitarios. 10) Educación ambiental. Campañas de concientización y sensibilización periódicas y programas de educación ambiental en materia de fitosanitarios y sus riesgos, en los términos dispuestos en el artículo 84 de la Constitución entrerriana y la Ley Nº 10.402 de Educación Ambiental. 11) Consejo Asesor Fitosanitario. El Consejo se integra con 17 actores estatales y no estatales, destacándose representantes académicos, el INTA, organizaciones de productores y ambientales, sindicatos de trabajadores rurales y docentes, etc. 12) Fondo Fitosanitario Entrerriano. Básicamente se conforma con el 1% de la recaudación del impuesto inmobiliario rural y las partidas presupuestarias asignadas. Tiene afectación específica, esto es, solo podrá ser utilizado para el cumplimiento de la ley.

Todos sabemos que la producción agropecuaria es estratégica para el desarrollo entrerriano. Comparto unos datos para ilustrar la magnitud del impacto sobre la producción de las reformas propuestas. Para la campaña 2024/25, en Entre Ríos se proyecta sembrar 2,2 millones de hectáreas con cultivos de trigo, maíz, sorgo, soja y arroz. Además, unas 700.000 hectáreas destinadas a los cultivos agrícolas restantes, semillas forrajeras, carne bovina, citrus, pecán, forestal y de pastura. Asimismo, aunque es escaso el uso de productos fitosanitarios, unas 2 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería en campo natural. Sumando da un total de casi 5 millones de hectáreas en donde se emplean fitosanitarios con diferente intensidad y frecuencia. Estas casi 5 millones de hectáreas representan el 63 % de la superficie total de la Provincia de Entre Ríos (7,8 millones de hectárea).Bajo el paradigma productivo actual los productos fitosanitarios sirven para combatir las plagas que impactan en la productividad y calidad de los cultivos. La FAO estima que las plagas y las enfermedades vegetales causan pérdidas de entre el 20 % y el 40 % de la producción mundial de alimentos. Por lo tanto, el uso de fitosanitarios no solamente afecta la productividad de las unidades productivas y, la economía de una determinada región, con sus consecuencias en el tejido social rural y en la recaudación estatal, sino que las pérdidas de cultivos y rendimientos debido a las plagas son una amenaza para la seguridad alimentaria mundial.

Por otro lado, si bien es cierto que el uso de fitosanitarios crece de manera continua, la toxicidad de los mismos disminuye. Sin embargo, es excesiva la concentración de fitosanitarios encontrados en los seres vivos, en la lluvia, el aire y los suelos, en las cuencas y los ríos. Los fitosanitarios, tanto los sintéticos como los de origen natural, son sustancias intrínsecamente tóxicas. No obstante, el riesgo de que tales sustancias perjudiquen la salud de las personas y los ecosistemas, depende no sólo de la toxicidad intrínseca de la misma, sino del grado de exposición que se tenga a la sustancia (riesgo = toxicidad x exposición).

En este relato quise mostrar la complejidad que deriva del hecho de usar fitosanitarios en la producción entrerriana actual, las diferentes caras de un problema político y socio-ambiental cuyos elementos no son separables y, por lo tanto, no deben ser estudiados aisladamente. En consecuencia, es necesario salir del inconducente debate que proponen las posturas políticas unilaterales; porque, sencillamente, más allá del ruido y los slogans, no aportan soluciones realistas e integrales. De un lado, están las posiciones exclusivamente ambientales, que ignoran los relevantes aspectos productivos que permiten el autosostenimiento económico de las unidades productivas, olvidando además las consecuencias en la maltratada ruralidad. En el otro extremo, las perspectivas netamente productivistas que niegan o minimizan los evidentes impactos en la salud y el ambiente.

Finalmente, esta crítica no implica pararse en el medio de los extremos. El contenido del dictamen aprobado y su proceso de construcción muestran que existe un amplísimo consenso social en priorizar la salud humana, cuidar el ambiente y la biodiversidad y producir de manera sostenible con las y los productores viviendo en los campos. Es un principio de un nuevo acuerdo de convivencia entre el campo, pueblos y ciudades. Resta ponerlo en práctica.    

Aumentos en salud, educación y seguridad

Durante su exposición Frigerio destacó los incrementos previstos en las áreas de salud, educación y seguridad. “En salud, pasamos del 16,7 % en 2023 al 20,2 % en 2025, lo que representa un aumento significativo de casi 4 puntos porcentuales”, explicó. En cuanto a educación, el porcentaje del presupuesto pasará del 31,6 % en 2023 al 34,4 % en 2025, sin contar transferencias nacionales. En seguridad, el Gobernador mencionó un crecimiento del 11,3 % en 2023 al 12,3 % en 2025.Rossi celebró estos avances y puso especial énfasis en el aumento de más del 100 % en los aportes a comedores escolares, así como el mantenimiento de los subsidios al transporte. Además, se anunció un refuerzo de 70 mil millones de pesos adicionales para el sector educativo en conceptos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aporte de conectividad para los docentes.

Infraestructura y el desafío de la deuda

En materia de infraestructura, el gobernador presentó un ambicioso plan de obras, particularmente para escuelas, un sector que históricamente ha sido relegado. Sin embargo, el diputado Rossi mostró preocupación por la deuda de 30 mil millones de pesos que arrastra la provincia en obra pública. “Esta deuda en infraestructura es una carga pesada, pero estamos obligados a seguir invirtiendo en escuelas, porque la educación es nuestra prioridad”, afirmó el legislador.

Un llamado a la transparencia y sostenibilidad

Finalmente, Rossi hizo hincapié en la necesidad de un cambio cultural en la gestión del Estado. “No podemos seguir funcionando como hasta ahora. Necesitamos sincerar las cuentas públicas para que cada entrerriano sepa dónde va la plata de sus impuestos. Cada peso que se gaste debe estar justificado”, sostuvo. El diputado concluyó señalando que el presupuesto 2025 debe reflejar el norte propuesto por el gobernador, enfocado en la modernización, la innovación y la sostenibilidad financiera de la provincia.

El Presupuesto 2025 ahora continuará su análisis en la legislatura provincial, donde se debatirán los detalles y ajustes necesarios para su aprobación. 

Entre los oradores principales, participaron Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba, y Facundo Manes, diputado nacional y renombrado médico y científico, quienes ofrecieron sus visiones sobre la necesidad de construir un modelo productivo federal e inclusivo. Ambos coincidieron en la importancia de la innovación tecnológica y el rol de las provincias en el futuro económico del país.

El presidente del Partido Socialista de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, subrayó: “como dice nuestro gobernador Rogelio Frigerio tenemos que fortalecer la región centro para ser una Entre Ríos que genere trabajo y riqueza. Debemos seguir reclamando a la Nación los recursos que nos corresponden y construir un nuevo federalismo que sea real, es el momento de los gobernadores”. Además, Rossi remarcó que una de las claves hacia 2050 está en “impulsar el desarrollo científico-tecnológico, el financiamiento de las universidades y potenciar el desarrollo productivo, para así generar más empleo y producir más”. El Encuentro congregó a referentes como la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, legisladores, funcionarios, empresarios, académicos y miembros de la comunidad en un espacio de reflexión profunda sobre las perspectivas del país.

Las discusiones giraron en torno a la implementación de políticas que promuevan un desarrollo equitativo en todas las regiones, fomentando el crecimiento económico sustentable con un enfoque federal.Estos encuentros fomentan el diálogo y permiten encontrar puntos en común respecto a políticas concretas para construir el futuro productivo del país, en un contexto donde la innovación y el desarrollo territorial son ejes centrales. 

Asimismo, Rossi sostuvo: “Valoramos el coraje de este gobierno para impulsar el tratamiento de este tema, ya que muchos años pasaron y aún tenemos una legislación que no da respuestas a las demandas actuales, y es por eso que destacamos el coraje de esta gestión que pone arriba de la mesa estos temas’’.

El encuentro de la Comisión para tratar el proyecto de Ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios, se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la HCDER.

En la misma estuvieron presentes la Dra. Lilian Pereyra, Médica Forense del Superior Tribunal de Justicia; la Dra. Carolina Sasal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Guillermo Stamatti, Médico Veterinario y Asistente del Area de Investigación del INTA y la Dra. María Cecilia Travella, Médica Especialista en Toxicología.

En la Comisión los legisladores escucharon con atención los informes de los especialistas y debatieron sobre los diferentes temas que involucran a este proyecto de Ley, tanto como los referidos a la salud de las personas, como los que respectan a las formas de aplicaciones vinculadas con el medio ambiente.

“Gustavo Hein está haciendo lo que hay que hacer, los entrerrianos nos votaron para que pongamos orden en todas las áreas del estado. La mejor manera de cuidar el dinero, que los ciudadanos aportan con esfuerzo, es siendo honestos y transparentes en el manejo de los fondos públicos. Después de 20 años de gobiernos con graves hechos de corrupción, y tras el triunfo electoral, está muy claro que la gente ya no quiere más manejos oscuros, ni ningún tipo de privilegios para quienes gobiernan y sus familiares” remarcó Rossi.

Las declaraciones del legislador provincial están vinculadas con la decisión del Presidente de la Cámara de diputados de revisar todos los contratos que tengan inconsistencias y se hayan realizado durante los últimos meses de gestión. En el mismo sentido, el gobernador Rogelio Frigerio envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Transición de Gobierno donde, entre otras cuestiones, prohíbe las designaciones en planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo provincial que, en caso de aprobarse, deberá ser cumplido por el actual gobierno.