La causa, iniciada en 2012 tras una denuncia periodística, apunta a un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2000 y 2016, período en el que Allende fue legislador provincial y figura central del gremio UPCN.Según confirmaron fuentes judiciales, las audiencias tendrán lugar en el Salón Nº 3 de los Tribunales de Paraná, bajo la supervisión del juez de Garantías N° 8, Pablo Zoff, quien tramita la causa desde el Juzgado de Transición N° 2. Intervienen como fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat.La primera en declarar será Diana María Cristina Traverso, exesposa de Allende, citada a las 9. Luego será el turno de sus hijos Victoria y Julio Alejandro Allende —este último con un cargo en planta permanente de la Cámara de Senadores, asignado por su padre— y, por último, declarará Adriana Guadalupe Satler, actual pareja del dirigente y empleada en la Cámara de Diputados. El propio Allende deberá comparecer el próximo viernes 16 de mayo.El Ministerio Público Fiscal sostiene que Allende aumentó su patrimonio de forma “desproporcionada” utilizando a familiares como testaferros para ocultar bienes y movimientos de dinero. “Actuaron como personas interpuestas”, detallaron los fiscales en su imputación, señalando maniobras destinadas a disimular el verdadero alcance de los bienes del exlegislador.Vale recordar que en 2021 se intentó cerrar la causa con un juicio abreviado en el que Allende admitía haber desviado fondos públicos para su beneficio personal. Sin embargo, ese acuerdo fue rechazado por el juez Elvio Garzón, lo que obligó a reactivar el expediente.Ahora, el caso entra en una etapa clave: por primera vez, toda la familia deberá dar explicaciones formales ante la Justicia.

El exdiputado provincial José Ángel Allende firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció un crecimiento patrimonial de más de un millón de dólares y admitió el delito de negocios incompatibles con la función pública.

�SEl propio Allende reconoció que se enriqueció ilícitamente por sumas exorbitantes durante estos 20 años en que estuvo sentado en una banca de la Cámara de Diputados y también admitió que realizó negociados que no eran compatibles con su función en el Estado provincial⬝, afirmaron desde el radicalismo.

�SSi tiene cuatro patas, una cola y ladra es un perro, pero los vericuetos de la Justicia establecen que el estado de delincuencia en el que viene viviendo Allende se puede reparar entregando un par de propiedades, unos miles de dólares, corriéndose de la posibilidad de ejercer cargos públicos y con una condena ficticia que le evita la cárcel⬝, lamentaron.

Párrafo aparte dedicaron al rol de la Justicia, que �Sclaramente benefició a este delincuente paladar negro y, con argumentos paupérrimos, lo salvó de la cárcel y le decomisó lo que significa un vuelto en relación a la tremenda fortuna que construyó y de la cual debemos conocer la mitad⬝.

En este marco, coincidieron con lo manifestado por el diputado radical y miembro del Comité, Eduardo Solari, quien sostuvo que �Sdurante un lustro se investigó el enriquecimiento ilícito del ex diputado -tiempo en que pudo haber ocultado inmuebles, dinero, cómplices, etc.-, para que finalmente los fiscales aprueben un arreglo que no refleja, ni por asomo, la larga trayectoria delictiva del personaje que nos ocupa⬝.

En tal sentido, desde el Comité Provincial de la UCR consideraron que es necesario �Sreformar el Código Procesal Penal para evitar que la Justicia tenga la posibilidad de mirar para otro lado y hacer como que hace para que todo siga igual⬝.

�SLas causas por corrupción, más allá del volumen de dinero que haya en juego, dañan al erario público y son demasiado graves como para que se resuelvan en un juicio abreviado en el que el precio de la libertad vale dos propiedades⬝, aseveraron.

Por último, las autoridades de la UCR fueron más allá al decir que �Slos delincuentes como Allende deberían someterse a la decisión de un Juicio por Jurados para que sean los propios ciudadanos los encargados de juzgar este tipo de conductas que se contrapone a la honorabilidad que implica ejercer un cargo público para servir al pueblo⬝.