Por Facundo Chaves - La Inspección General de Justicia, el organismo de control societario, solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el fin de acceder a información contable y financiera que, según el organismo, fue requerida y no entregada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se formalizó a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, tras detectar “graves irregularidades”.La solicitud, a la que accedió Infobae, establece una veeduría –no una intervención plena–, centrada en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite de creación por la AFA, y la revisión de las relaciones comerciales y financieras de la AFA con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó en un comunicado que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”. La respuesta desde la Asociación del Fútbol Argentino provino del abogado Gregorio Dalbón: “La IGJ puede fiscalizar. Lo que no puede es convertir una facultad de control en una herramienta de presión política”.La resolución -cuya notificación se hizo a la AFA de manera formal este mediodía- ordena que los veedores “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la entidad.Entre las tareas asignadas se incluye la presentación de un informe sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025. El examen implicará analizar detalladamente cuentas y partidas, y emitir una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y contributivas durante ese ejercicio, considerando tanto la consistencia contable como el comportamiento fiscal de la institución.La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con universidades u otros terceros. El foco institucional se coloca en la trazabilidad de los fondos utilizados y en la regularidad jurídica de las decisiones adoptadas.Uno de los puntos más sensibles dentro de la investigación es la revisión de las relaciones comerciales y financieras que mantiene la AFA con la firma TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, Sur Finanzas S.A., sus sociedades vinculadas y el denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellos el empresario Ariel Vallejo. Los veedores deberán auditar e informar sobre los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país, reconstruyendo el flujo financiero completo de estos acuerdos.La revisión también abarcará cualquier otra información necesaria para que la IGJ cumpla su función de control, en especial en lo referido al Libro I, Título II, Capítulo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos de la Resolución General IGJ N° 15/2024 y la Ley 22.315.Para el cumplimiento de estas funciones, los veedores tendrán facultades amplias para examinar libros societarios, documentación contable, soportes documentales y otros registros vinculados con la misión encomendada.Vítolo aclaró que la veeduría “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno”, sino que forma parte del ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por ley. Agregó: “No es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.“Reafirmamos que en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley”, sostuvo el funcionario.Este pedido se formula tras un episodio reciente en el que la IGJ rechazó la pretensión de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires. Según Vítolo, el intento de traslado no cumplió con los requisitos legales y, según el organismo, se detectó una sede social falsa, ya que en el lugar declarado se comprobó que la AFA no realiza allí su administración y gobierno.La IGJ afirmó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por lo tanto, la AFA continúa bajo la jurisdicción de la IGJ. Si el cambio de domicilio se hubiera inscrito conforme, la fiscalización habría pasado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, excluyendo a la IGJ. Así, la disputa por la sede define quién ejerce el control institucional.El proyecto de la Universidad de la AFA (UNAFA), presentado como una apuesta a la profesionalización y formación académica en el ámbito deportivo, supone una expansión institucional. Para la IGJ, el foco está en la regularidad jurídica y financiera del proceso; se auditarán la adquisición de inmuebles, equipamiento, contratación de autoridades y convenios con terceros para verificar que las decisiones se hayan adoptado conforme al estatuto y las normas aplicables a asociaciones civiles.La relación con TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas representa una de las áreas bajo mayor examen. La comercialización de derechos, ya sean televisivos, publicitarios o de otra naturaleza, representa una de las principales fuentes de ingresos de la AFA. El pedido de detalle sobre montos percibidos, rendiciones de cuentas y remesas internacionales busca reconstruir la arquitectura financiera de esos contratos: interesa no solo cuánto se facturó y cobró, sino también cómo se distribuyeron los ingresos, qué intermediaciones existieron y qué flujo de fondos se canalizó hacia o desde el exterior. El objetivo del organismo de control es determinar si se cumplieron las normas contables, fiscales y estatutarias, mientras que el análisis de estos vínculos podría tensar la relación con actores empresariales de peso.La designación de los veedores queda ahora en manos del Ministerio de Justicia. Si se concreta, comenzará una etapa de inspección que podría extenderse durante meses y cuyos resultados podrían llevar a nuevas medidas, desde requerimientos adicionales hasta eventuales sanciones si se detectan irregularidades. La AFA, por su parte, decidirá si colabora con la veeduría o si judicializa la medida por considerar que excede las facultades legales del organismo.Tras la difusión de la solicitud de nombrar veedores en la AFA, el abogado Dalbón afirmó que la entidad “es una asociación civil que aprobó sus estados contables por asamblea, con auditorías externas y cumplimiento impositivo vigente. Si la información fue requerida, se entrega por los canales institucionales. Para eso existen los procedimientos administrativos, no los titulares mediáticos”.“La llamada veeduría no es una sanción. Y si no hay sanción ni prejuzgamiento, entonces tampoco hay “graves irregularidades” probadas. Hay, en todo caso, una revisión en trámite. La IGJ no gobierna la AFA. La fiscaliza dentro de los límites de la Ley 22.315 y del Código Civil y Comercial. No puede reemplazar a la voluntad soberana de una asamblea ni utilizar disputas administrativas (como el domicilio) para ampliar su poder de control”.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación anunció que suspendió la habilitación del puerto de Ushuaia luego de haber detectado irregularidades en el manejo de fondos, y ordenó su intervención administrativa. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde la agencia intimaron al gobierno provincial que lidera el peronista Gustavo Melella para que solucione las irregularidades detectadas, que irían desde desvío de fondos hasta riesgos operativos y de seguridad por falta de infraestructura.“La medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan”, revelaron a través de un comunicado de prensa. La resolución a la que accedió esta agencia lleva la firma del director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención será por el plazo de un año y se oficializará este jueves en el Boletín Oficial. La medida se inició a partir de una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596, a cargo del secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, tras la creación de un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia.De esta forma, Avellaneda, bajo la supervisión de directores y gerentes de la agencia, estará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria de Tierra del Fuego. Asimismo, desde la agencia revelaron que iniciaron inspecciones y detectaron fallas en la infraestructura portuaria: el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica, así como serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa. Por su parte, expresaron que las fallas fueron informadas a la provincia junto al reclamo por la creación de un registro de ingresos y egresos de dinero y compras, acción que fue tercerizada a una empresa que figuraría habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.“En detrimento de la normativa vigente, que indica que el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en sí mismo, se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, remarcaron.Por último, remarcaron que Prefectura Naval asistirá a la intervención para “optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas”.

Por Sebastián Catalano - La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dispuso la apertura de una investigación de mercado en los sectores de distribución y comercialización de gas natural en toda la Argentina.Esta medida tiene su origen en una solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe y se basa en denuncias de grandes consumidores y estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) sobre posibles prácticas anticompetitivas. La distorsión, aseguran en la provincia, también impacta en la tarifa de gas que pagan las familias. El proceso se inició tras la detección de supuestas distorsiones en los precios y condiciones del servicio, y por el momento abarca a una parte muy importante del negocio: todas las distribuidoras y comercializadoras del país (no a las generadoras y transportistas).De esa manera, la ANC, que hasta el año pasado era la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y estaba bajo la órbita de Economía –ahora es un ente autárquico– hará la investigación nacional, no sólo en Santa Fe, que podría derivar en imputaciones puntuales a empresas de este sector. También podrían surgir otras medidas, como recomendaciones regulatorias.La acción se originó en reclamos por la aplicación de un sistema de “mix de cuencas” que determina la tarifa de transporte del gas natural. La sospecha de los funcionarios es que este método no representa los flujos reales de gas ni el actual peso de Vaca Muerta en la producción, lo que podría perjudicar a determinados usuarios.El ministerio santafesino presentó formalmente sus observaciones ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), señalando las quejas provenientes de grandes consumidores y clientes de estaciones de GNC sobre los esquemas de tarifas vigentes. Según el expediente, al que tuvo acceso Infobae, existe la sospecha de que algunas distribuidoras y sus comercializadoras asociadas habrían incurrido en prácticas contrarias a la competencia en el mercado.Según Santa Fe, podrían existir “actos o conductas que pudieran configurar una violación a la normativa vigente, o un abuso de posición dominante en el mercado de distribución y comercialización de gas natural”, como detalló la disposición de la ACN que firmó su presidente, Eduardo Montamat.En ese contexto, mencionan que se “habrían detectado potenciales distorsiones vinculadas a: (i) la aplicación de un mix de cuencas para la fijación de tarifas de transporte que no reflejaría los flujos reales de gas natural, particularmente considerando la concentración de la producción en la cuenca Neuquina; y (ii) conductas presuntamente anticompetitivas de las distribuidoras y sus comercializadoras vinculadas”.“Fuimos la única provincia que puso esto que está pasando por escrito. Lo que pedimos, sobre todo al Enargas, es que se actualicen las combinaciones de lo que se llama el ‘mix de cuencas’ de las distribuidoras y comercializadoras. Nos pasa a nosotros y a todos: ese mix –lo que viene de la Cuenca Neuquina y venía del norte, importado desde Bolivia– cambió rotundamente. No hay más importación y está Vaca Muerta, desde donde ahora llega el 100% de gas. Nos cobran más caro y no deberían, así de simple. Si funcionara el esquema que reclamamos, el gas sería entre 20 y 40% más barato. Hay inequidad regional, algo que impacta fundamentalmente en grandes usuarios, empresas, y también en las familias. Nos cobran por un transporte que ya no existe“, le dijo a Infobae Gustavo Piccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia.“Hay distribuidoras y sus accionistas que también comercializan y eso no debería pasar, quedó obsoleto. La actualización tarifaria ahora es diferente, luego de la Ley Bases. Es un tema muy importante para nosotros porque tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas”, agregó el ministro.Enargas –que ya estaría trabajando en una simplificación del esquema que ahora va a incluir el rol del Gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner– respondió que la infraestructura y las normas regulatorias actuales determinan cómo se reparte el gas en distintas regiones. Sostuvo que la definición del “mix de cuencas” y su impacto en las tarifas es parte de su análisis técnico, aunque reconoció que la interpretación legal de autorizaciones sobre integración vertical involucra a otras autoridades.Entre las irregularidades señaladas, destaca la utilización de tarifas combinadas según el origen del gas. Dada la concentración de la producción en la cuenca Neuquina, esto podría no reflejar los movimientos reales del sector, generando ventajas para ciertos operadores y afectando la competencia y el acceso igualitario al servicio.La investigación examina, bajo la óptica de la Autoridad Nacional de la Competencia, posibles casos de abuso de posición dominante y de competencia desleal. La Ley 24.076 prohíbe explícitamente estos comportamientos y restringe la integración vertical, al impedir que un comercializador controle transportistas o distribuidores. Sin embargo, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 180/2004, emitido durante la emergencia pública, permitió que las distribuidoras participen, mediante empresas controladas, en actividades de comercialización. El documento advierte que esta excepción debe aplicarse de forma restrictiva y que su alcance excede las funciones de Enargas, conforme reconoció el propio ente.Las autoridades remarcaron que la apertura de la investigación no implica una conclusión sobre la existencia de irregularidades ni anticipa la responsabilidad de los agentes investigados. Y que la sola puesta en marcha del expediente representa una etapa preliminar destinada a evaluar si hay fundamento suficiente para una revisión más amplia, sin prejuzgar sobre la posible comisión de actos anticompetitivos. Infobae.

Destacó la importancia de este paso para la transparencia y la rendición de cuentas. Reconoció los desafíos heredados y expresó su compromiso de abordarlos. Los resultados de la auditoría se compartirán con la comunidad, reafirmando la voluntad de enfrentar cualquier delito. Azcué también destacó el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y confió en el apoyo de los ciudadanos para transformar la ciudad.

El universo de empresas alcanzado por esta iniciativa abarca firmas que por su actividad y niveles de facturación deberían contar con trabajadoras y trabajadores que, sin embargo, no declararon empleados en relación de dependencia.

También se observaron casos donde vencieron los plazos para presentar las declaraciones juradas de trabajadores correspondientes a junio. Desde la AFIP advirtieron que aquellos empleadores que no regularicen la situación podrán ser sancionados y multados. La normativa contempla incluso la clausura de establecimientos.

Los resultados surgieron de los cruces de información disponible en las bases de datos de las áreas especializadas en fiscalización y control de las relaciones laborales.

De esta manera, la AFIP reforzó sus acciones contra el empleo informal, que se suma a inspecciones realizadas en los últimos meses, que permitieron desarticular maniobras de fraude laboral, principalmente en la industria textil y la gastronómica.

Como parte de las acciones estratégicas de control impulsadas por la AFIP para combatir el trabajo informal a lo largo de los últimos dos años y medio, el organismo complementa las fiscalizaciones presenciales con inducciones directas a empleadores y procesos automatizados de determinación de deuda en materia laboral.

En ese marco, recientemente los inspectores del organismo detectaron niveles de informalidad del 70 % en locales gastronómicos del barrio porteño de Palermo. Las irregularidades más frecuentes fueron la ausencia de cualquier tipo de cobertura y la subdeclaración en los salarios, por las que se aplicaron multas millonarias.

Anteriormente, se realizaron fiscalizaciones en el sector textil, tanto en comercios como en talleres de confección de ropa de la Ciudad de Buenos Aires y Pergamino. También se llevaron a cabo con el mismo objetivo procedimientos en lavaderos de autos del área metropolitana. Durante estas tareas de control se verificaron irregularidades en hasta el 80 % de los casos relevados.

La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional.

Los instrumentos de investigación y control se potencian, a su vez, con los avances registrados en la implementación del Libro de Sueldos Digital, que permite a los empleadores cumplir con distintas obligaciones en un único trámite, favoreciendo la despapelización, simplificando el cumplimiento y reduciendo costos.

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció al exministro del Interior del gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, por presuntas «negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádivas y cohecho» por una serie de operaciones inmobiliarias en las que aparece como inversor y firmante de la venta de terrenos fiscales para un emprendimiento a cargo de la constructora de Nicolás Caputo, un estrecho amigo y colaborador del expresidente Mauricio Macri.

Antes de la escrituración, la empresa accedió a la compra de unos terrenos fiscales que puso en venta la agencia de bienes del Estado AABE, cuyo traspaso fue firmado por el propio Frigerio. Esos terrenos están ubicados en el barrio porteño de Palermo, asignado a un proyecto inmobiliario de departamentos de lujo para compradores de alto poder adquisitivo.

El desarrollo del proyecto fue asignado a la constructora de Caputo y, según explica la denuncia, un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas el entonces ministro Frigerio suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.

«Queda claro que el 23/06/17 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat», sostiene la denuncia. «Pero además, pocos días después de suscribir la adjudicación del inmueble referido, específicamente durante el mes de julio de 2017, invirtió $3.298.000 en la adjudicataria Koolhaas S.A.», añade el texto.

La denuncia, que recayó en el juzgado federal número 11 �a cargo del juez Julián Ercolini- con intervención del fiscal Guillermo Marijuán, sostiene que «no puede soslayarse que las inversiones de Rogelio Frigerio con las empresas de Gustavo Esses y Ariel Naistat venían llevándose a cabo sin solución de continuidad al menos desde el año 2014, y que en función de la primera inversión concretada, Frigerio adquirió un departamento con cochera en el edificio Mirabilia Belgrano».

«En consecuencia, resulta casi obvio que mediante la segunda inversión en la firma Koolhaas S.A. concretada en julio de 2017, Rogelio Frigerio adquirirá el dominio de al menos un inmueble en el edificio Mirabilia 851, cuando culmine su construcción», añade el texto.

«El dictado por parte de Rogelio Frigerio de la Decisión Administrativa que adjudicó el inmueble de la calle Fitz Roy 851 a la firma Koolhaas S.A., no puede considerarse de modo aislado a las inversiones de que el ex Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda viene concretando en las empresas de Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, que vienen encadenándose sin pausa al menos desde 2014», resumió.

Se trata de Antonella Belén Delmonte, tiene 24 años y ya le aplicaron el primer componente de la Sputnik V en la provincia de Buenos Aires. Fue denunciada por haber falseado la declaración jurada. El intendente de Merlo, aseguró que este caso se está investigando y que la denuncia está hecha".

(El Trece)