El llamado juicio de los cuadernos investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero vinculado a funcionarios públicos y empresarios durante los gobiernos kirchneristas. La causa tomó dimensión nacional a partir de la investigación periodística encabezada por Diego Cabot, quien accedió a los registros del chofer Oscar Centeno y luego publicó el contenido que dio origen al expediente judicial.

Tras declarar durante casi 13 horas, Cabot contó que vivió una jornada extenuante, con preguntas permanentes, saltos de tiempo y una dinámica que, según describió, buscó llevarlo al límite. “No es que te van preguntando cronológicamente: te llevan un día, después cuatro años atrás, después adelante, volvés para atrás. Es constante”, relató.El periodista explicó que permaneció todo el tiempo aislado, sin celular, sin contacto con nadie y con breves salidas a una sala de testigos cuando el tribunal debía resolver planteos. También contó que, frente a una pantalla de Zoom, veía a numerosos abogados conectados desde sus estudios, con colaboradores, consultas y relevos, mientras él debía sostener solo cada respuesta.Uno de los momentos más tensos se produjo cuando una de las defensas intentó que revelara fuentes periodísticas. Cabot se amparó en el derecho constitucional de los periodistas a preservar la identidad de sus fuentes. El tribunal finalmente respaldó esa postura, en una decisión que el propio Cabot consideró importante no solo para él, sino para todo el periodismo.

También relató preguntas sobre su vida privada, sus confidentes y sus miedos personales, además de expresiones que consideró agresivas, como cuando se habló de un supuesto “grupo de tareas” o de “trabajo de inteligencia” para referirse a su labor periodística.

Cabot reconoció que la causa lo marcó profundamente. Dijo que cambió su vida profesional, el peso de su palabra y también su vida familiar. Habló de años de amenazas, operaciones, agravios y temores. Incluso explicó por qué rechazó tener custodia: prefirió no convertirse en un “blanco difícil” y dejar expuesta a su familia.

La declaración terminó con la exhibición de los cuadernos. Para Cabot, cerrar ese capítulo en una sola jornada, aunque agotadora, era necesario para no tener que volver a atravesar el mismo proceso en otra audiencia.Más allá del expediente y de sus derivaciones, su testimonio dejó una imagen clara: la de un periodista que sostuvo su palabra bajo presión, defendió el secreto profesional, protegió sus fuentes y enfrentó con entereza el costo personal de haber hecho su trabajo. En tiempos donde investigar puede tener consecuencias, la actitud de Diego Cabot vuelve a poner en valor la valentía, la profesionalidad y la dignidad del oficio periodístico.

Una investigación publicada por la revista Análisis vuelve a poner en foco el sistema de licencias médicas en el sector docente entrerriano, especialmente aquellas vinculadas a salud mental, con datos que generan preocupación en ámbitos oficiales y educativos.

El informe anticipa que doce psiquiatras concentraron la emisión de más de 25 mil certificados entre 2021 y julio de 2025. Entre ellos, se destaca el nombre de Héctor Daniel Putallaz, profesional de Concordia, quien encabeza el ranking por cantidad de certificados extendidos.

Según el relevamiento, existirían casos donde las consultas serían breves o incluso inexistentes, con entrega de certificados sin entrevistas clínicas y cobros que podrían alcanzar cifras elevadas sin facturación, lo que abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema.

El problema no es nuevo. Ya en 2016, el entonces gobernador Gustavo Bordet había advertido sobre la magnitud del fenómeno al señalar que en la provincia había “cuatro docentes por pizarrón”, en referencia al alto nivel de ausentismo. En ese contexto, también se había informado que las licencias alcanzaban cerca del 24% del total del plantel docente.

Años después, el actual gobernador Rogelio Frigerio retomó el tema con datos actualizados: en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, expuso que la provincia destina alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales al pago de suplencias, con niveles de licencias cercanos al 25% en el sistema público, frente a apenas un 5% en el ámbito privado.

En los últimos meses, el Gobierno comenzó a implementar herramientas digitales para dar mayor control y trazabilidad a los certificados, y ya surgieron informes preliminares donde las licencias por salud mental aparecen como uno de los puntos más sensibles.

En este contexto, la investigación periodística pone el foco en el rol de los profesionales que prescriben estas licencias y plantea un interrogante de fondo: si detrás de diagnósticos como ansiedad, estrés o depresión se ha instalado un circuito que, más allá de la problemática real de salud mental, podría estar derivando en un sistema con escasos controles y fuerte impacto económico.

El informe completo de Análisis profundiza en los datos y casos, en un tema que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública de Entre Ríos.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma nuevos movimientos y se centra especialmente en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, además de sus viajes al exterior y otras operaciones vinculadas a bienes declarados.El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una serie de pedidos de información para reconstruir el mapa patrimonial del funcionario. Entre las medidas solicitadas se incluyen datos completos sobre propiedades a su nombre y al de su esposa, así como detalles de gastos, expensas, cuentas asociadas y posibles mejoras realizadas en los inmuebles.

En paralelo, se requirió a la Dirección Nacional de Migraciones el registro de ingresos y egresos del país, con el objetivo de verificar sus desplazamientos internacionales y contrastarlos con declaraciones públicas. En ese marco, uno de los puntos que despertó interés es un viaje al Caribe hacia fines de 2024, que podría no coincidir con lo manifestado previamente por el funcionario respecto a su actividad personal.También fue convocado como testigo el exfutbolista Hugo Morales, quien figura como anterior titular del departamento actualmente habitado por Adorni.

Entre los aspectos bajo análisis aparecen la compra del inmueble en Caballito, una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires y distintos movimientos financieros asociados. La operación que encendió las alertas corresponde a la adquisición del departamento por 230 mil dólares en noviembre de 2025, con una estructura de financiamiento que ahora es objeto de revisión.Según los registros, gran parte del monto habría sido cubierto mediante un crédito hipotecario otorgado por dos jubiladas, lo que llevó a los investigadores a examinar si la operación se ajusta a la evolución patrimonial declarada.A esto se suma la compra de otra propiedad ese mismo mes, a nombre de su esposa, y la necesidad de verificar si todas las operaciones fueron debidamente informadas en las declaraciones correspondientes.Desde la fiscalía indicaron que las medidas buscan profundizar el análisis y completar el cuadro de situación, en una causa que continúa avanzando con nuevos elementos bajo revisión.

El Poder Ejecutivo provincial resolvió iniciar un sumario administrativo contra una agente del Estado por una reiteración extrema de inasistencias sin justificar y ordenó, además, el recupero de una suma millonaria percibida sin contraprestación laboral.

La medida quedó formalizada mediante un decreto oficial que instruye a la Dirección de Sumarios a avanzar en la investigación administrativa sobre la conducta de la trabajadora, quien se desempeñaba en el ámbito de la Dirección de Comedores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. De acuerdo a las actuaciones incorporadas al expediente, se registraron 293 ausencias injustificadas a lo largo del período analizado.

En paralelo, el mismo acto administrativo dispone que la agente deberá reintegrar al Estado provincial 7.242.954,04 pesos, monto correspondiente a haberes considerados indebidamente percibidos.

El decreto establece que el dinero deberá ser depositado en una cuenta oficial del Ministerio de Desarrollo Humano dentro de un plazo máximo de diez días hábiles administrativos, una vez notificada en forma fehaciente en el último domicilio denunciado ante la administración pública.

La resolución lleva la firma del gobernador de la provincia y de la ministra de Desarrollo Humano, y marca un caso extremo que vuelve a poner en debate los mecanismos de control interno dentro del Estado.

Porque más allá de la responsabilidad individual, este episodio expone una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo es posible que una situación de este tenor se prolongue durante tanto tiempo sin advertencias ni correcciones? La idea de que “el Estado aguanta todo” también merece ser revisada. Del mismo modo, resulta inevitable discutir por qué, aun frente a faltas reiteradas o incapacidad manifiesta para el cargo, los procesos para dar de baja a un agente suelen ser tan complejos y lentos. Este caso no sólo interpela a una persona, sino a un sistema que, evidentemente, durante años no controló nada.

El nuevo aparato permite al equipo de Lanari que desde la Argentina los trabajos de sus científicos trabajen en simultáneo y en remoto con sus pares de Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal y otros países, disminuyendo significativamente el tiempo y gastos de traslados para alcanzar los objetivos.La doctora Lanari trabaja desde 1993 a partir de su original hipótesis de que la hormona progesterona puede causar cáncer de mama, además del estrógeno. Comprobó en ratones que la hormona progesterona podría causar cáncer de mama, cuando se postulaba que sólo la hormona estrógeno podía causarlo. Actualmente, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, Lanari dirige a un grupo de vanguardia y referencia en hormonas y cáncer de mama.El hallazgo de la doctora Lanari, confirmado por un estudio sobre 16.000 mujeres en los Estados Unidos en 2002, alcanzó repercusión internacional. Ante ello, la investigadora puso en valor la Mifepristona -un medicamento ya existente para otro fin- para tratar el subtipo de cáncer de mama relacionado con la progesterona. Las pruebas en pacientes en laboratorio mostraron resultados satisfactorios, un avance que fue destacado en la revista internacional Clinical Cancer Research, en marzo de 2023.El objetivo actual es un estudio para identificar a los pacientes que podrán tratarse con Mifepristona. Así accederán a una terapéutica personalizada. El Microscopio Escáner costó algo más de U$S 90.000 y permitirá lograr dicho objetivo en un tiempo notablemente menor.Lanari expresó “Estamos muy agradecidos y contentos de tener el equipo funcionando en el laboratorio. Es muy importante esta contribución sobre todo en tiempos donde no hay apoyo a las ciencias médicas.” Los donantes son considerados los “protagonistas principales” de este logro para salvar vidas y que potencia el desarrollo científico en el país.

Acerca de Fundación SALESLa Fundación SALES fue fundada en 1976, estando cercano su cincuentenario, con el objetivo de concientizar y fomentar estudios científicos en oncologíaEs en ese marco que SALES crea Cáncer con Ciencia, para el desarrollo de programas de investigación en cáncer con científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Argentina.En línea con el tema impulsado por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), que Fundación SALES integra, “UNIDOS POR LO ÚNICO”, que coloca a las personas en el centro de atención médica, cabe destacar que, desde hace 26 años,  Cáncer ConCiencia de Fundación SALES  brinda apoyo  a pacientes, familiares y cuidadores  a través de los talleres online en alimentación, de apoyo a pacientes y a cuidadores, y de ejercicios -gratuitos y semanales- del Programa de Autocuidado, (https://cancerconciencia.org.ar/autocuidado/ ).  Estos desarrollos son posibles gracias a más de 155.000 donantes individuales históricos que acompañan los programas científicos de Fundación SALES y el CONICET. 

Por Sebastián Catalano - La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dispuso la apertura de una investigación de mercado en los sectores de distribución y comercialización de gas natural en toda la Argentina.Esta medida tiene su origen en una solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe y se basa en denuncias de grandes consumidores y estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) sobre posibles prácticas anticompetitivas. La distorsión, aseguran en la provincia, también impacta en la tarifa de gas que pagan las familias. El proceso se inició tras la detección de supuestas distorsiones en los precios y condiciones del servicio, y por el momento abarca a una parte muy importante del negocio: todas las distribuidoras y comercializadoras del país (no a las generadoras y transportistas).De esa manera, la ANC, que hasta el año pasado era la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y estaba bajo la órbita de Economía –ahora es un ente autárquico– hará la investigación nacional, no sólo en Santa Fe, que podría derivar en imputaciones puntuales a empresas de este sector. También podrían surgir otras medidas, como recomendaciones regulatorias.La acción se originó en reclamos por la aplicación de un sistema de “mix de cuencas” que determina la tarifa de transporte del gas natural. La sospecha de los funcionarios es que este método no representa los flujos reales de gas ni el actual peso de Vaca Muerta en la producción, lo que podría perjudicar a determinados usuarios.El ministerio santafesino presentó formalmente sus observaciones ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), señalando las quejas provenientes de grandes consumidores y clientes de estaciones de GNC sobre los esquemas de tarifas vigentes. Según el expediente, al que tuvo acceso Infobae, existe la sospecha de que algunas distribuidoras y sus comercializadoras asociadas habrían incurrido en prácticas contrarias a la competencia en el mercado.Según Santa Fe, podrían existir “actos o conductas que pudieran configurar una violación a la normativa vigente, o un abuso de posición dominante en el mercado de distribución y comercialización de gas natural”, como detalló la disposición de la ACN que firmó su presidente, Eduardo Montamat.En ese contexto, mencionan que se “habrían detectado potenciales distorsiones vinculadas a: (i) la aplicación de un mix de cuencas para la fijación de tarifas de transporte que no reflejaría los flujos reales de gas natural, particularmente considerando la concentración de la producción en la cuenca Neuquina; y (ii) conductas presuntamente anticompetitivas de las distribuidoras y sus comercializadoras vinculadas”.“Fuimos la única provincia que puso esto que está pasando por escrito. Lo que pedimos, sobre todo al Enargas, es que se actualicen las combinaciones de lo que se llama el ‘mix de cuencas’ de las distribuidoras y comercializadoras. Nos pasa a nosotros y a todos: ese mix –lo que viene de la Cuenca Neuquina y venía del norte, importado desde Bolivia– cambió rotundamente. No hay más importación y está Vaca Muerta, desde donde ahora llega el 100% de gas. Nos cobran más caro y no deberían, así de simple. Si funcionara el esquema que reclamamos, el gas sería entre 20 y 40% más barato. Hay inequidad regional, algo que impacta fundamentalmente en grandes usuarios, empresas, y también en las familias. Nos cobran por un transporte que ya no existe“, le dijo a Infobae Gustavo Piccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia.“Hay distribuidoras y sus accionistas que también comercializan y eso no debería pasar, quedó obsoleto. La actualización tarifaria ahora es diferente, luego de la Ley Bases. Es un tema muy importante para nosotros porque tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas”, agregó el ministro.Enargas –que ya estaría trabajando en una simplificación del esquema que ahora va a incluir el rol del Gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner– respondió que la infraestructura y las normas regulatorias actuales determinan cómo se reparte el gas en distintas regiones. Sostuvo que la definición del “mix de cuencas” y su impacto en las tarifas es parte de su análisis técnico, aunque reconoció que la interpretación legal de autorizaciones sobre integración vertical involucra a otras autoridades.Entre las irregularidades señaladas, destaca la utilización de tarifas combinadas según el origen del gas. Dada la concentración de la producción en la cuenca Neuquina, esto podría no reflejar los movimientos reales del sector, generando ventajas para ciertos operadores y afectando la competencia y el acceso igualitario al servicio.La investigación examina, bajo la óptica de la Autoridad Nacional de la Competencia, posibles casos de abuso de posición dominante y de competencia desleal. La Ley 24.076 prohíbe explícitamente estos comportamientos y restringe la integración vertical, al impedir que un comercializador controle transportistas o distribuidores. Sin embargo, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 180/2004, emitido durante la emergencia pública, permitió que las distribuidoras participen, mediante empresas controladas, en actividades de comercialización. El documento advierte que esta excepción debe aplicarse de forma restrictiva y que su alcance excede las funciones de Enargas, conforme reconoció el propio ente.Las autoridades remarcaron que la apertura de la investigación no implica una conclusión sobre la existencia de irregularidades ni anticipa la responsabilidad de los agentes investigados. Y que la sola puesta en marcha del expediente representa una etapa preliminar destinada a evaluar si hay fundamento suficiente para una revisión más amplia, sin prejuzgar sobre la posible comisión de actos anticompetitivos. Infobae.

Por Karina Poritzker - La ex fiscal del caso por la muerte de Nisman, Viviana Fein, tendrá que responder en declaración indagatoria por acusaciones vinculadas a serias falencias en su investigación que derivaron en un “grave perjuicio” e “impactaron de manera directa” en el esclarecimiento del hecho.Lo hará si acepta hablar y contestar preguntas ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. La cita es a las 10 del lunes 15 de diciembre en Comodoro Py 2002.La Justicia advirtió que hubo un “plan criminal” para “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación a lo ocurrido al fallecido fiscal federal Alberto Nisman. Para ello resultaba “esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.En el extenso dictamen donde se pidió la indagatoria, Taiano evaluó que las deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó “ la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.Ello impidió “reunir todos los elementos que se deben resguardar en una potencial escena del crimen, lugar y momento trascendental para la recolección de prueba”.Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.La fiscal “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho, limitándose al interior del departamento”, además tardó casi una hora y media en llegar al lugar desde que fue advertida sobre lo que pasaba.Cuando arribó, afirma el dictamen fiscal, “no tomó medidas para revertir” la “situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen ni dejó constancia de ello”. También “manipuló y permitió la manipulación de elementos de prueba”.Fein “no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”, se enumera además, entre otros aspectos. Todo se realizó “en forma contraria al correcto accionar en la escena del crimen”.Las conductas investigadas “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de los allí presentes bajo su órbita, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación originada a raíz del fallecimiento del fiscal”Al momento de morir en forma violenta -fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento- Nisman estaba “a cargo de la investigación del atentado terrorista más grave de nuestro país”, recordó la fiscalía.Además, “acababa de denunciar a la Presidenta de la Nación y a otros altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional por encubrir dicho ataque en favor de los imputados -miembros jerárquicos de la República Islámica de Irán y de la organización terrorista Hezbollah -”. También estaba a punto de exponer su denuncia en el Congreso de la Nación.El dictamen señala también que la fiscal llegó “casi tres horas después de iniciado el procedimiento” y cuando ingresó a Le Parc había en el lugar alrededor de 20 personas. Nadie tenía la vestimenta adecuada para un procedimiento de ese tipo. A nadie se le preguntó quién era ni qué hacía allí.“Pese a que era evidente la situación irregular que se estaba desarrollando en la escena del crimen, la fiscal no arbitró ningún tipo de medida tendiente a modificar dicha situación”, continúa la imputación.Tampoco buscó “determinar el estado en el que se encontraba el departamento al momento de su llegada” ni “modificó la circunscripción deficiente del lugar del hecho -el departamento- ampliándola al complejo en su totalidad”.“Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control, puesto que no se restringió la libre circulación por la escena del hecho, no se utilizaron herramientas ni vestimenta adecuadas, levantamiento de rastros y evidencia incompleto”, continua la acusación fiscal. Hubo una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho”.El pedido de indagatoria para Fein fue presentado por la fiscalía, que tiene delegada la investigación. El juez Ercolini hizo lugar y la convocó para el 15 de diciembre. La fiscal nunca presentó un descargo en el caso, pese a que fue notificada de la imputación en agosto pasado. Infobae.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.Cuadernos es “solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.“Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, destacó.En la primera parte del informe la fiscal hizo mención a las características de la investigación que llega a debate oral con un total de  87 acusados, entre ellos la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.También llegan a juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios.Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, resume el informe.A lo largo de los años desde 2018, cuando se inició el primer expediente 9608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002, se han dictado “embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc”.“Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados.En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, aseguró la fiscalía.Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.Las audiencias desde el 6 de noviembre serán virtuales por decisión de los jueces del Tribunal  Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. NA.

Un kilo de ácido esteárico vegetal sale unos 10.000 pesos, aproximadamente. Tiene varios usos, como por ejemplo en la fabricación de jabones, cosméticos, velas, lubricantes, detergentes y productos farmacéuticos. Los ladrones de guante blanco que hicieron desaparecer tres kilos de cocaína incautados que iban a ser destruidos, y que dejó a 11 agentes de la Policía de Salta bajo sospecha; decidieron darle un nuevo rol a ese compuesto químico: hacerlo pasar por los estupefacientes que se esfumaron en la Dirección de Drogas Complejas (DICOM) de la fuerza de seguridad provincial en Orán.Claro, el negocio fue redondo. Un kilo de cocaína cuesta en esa zona del Norte argentino unos 2.000 dólares, o $2.740.000 al cambio oficial de este lunes. Los delincuentes sacaron tres kilos y los cambiaron por el mismo peso de ese ácido que les salió 30 mil pesos. Ganancia garantizada, más si la revendieron en centros urbanos, como Rosario y Buenos Aires, donde el valor escala a USD 3.500/4.000 los mil gramos.La maniobra se descubrió la mañana del 27 de junio pasado en la empresa INZA (Industria Zapla), ubicada en la calle Martijena de la ciudad de Pálpala, en Jujuy, donde se había trasladado un lote de cocaína y marihuana de dos toneladas para su destrucción.Frente a testigos, los agentes procedieron, en primer lugar, a extraer de una caja de cartón cerrada, con su respectiva cadena de custodia: tres ladrillos forrados con cinta de embalar transparente, luego realizaron el pesaje de cada uno de ellos. Por último, se ejecutó la prueba de narcotest con reactivos de Gendarmería, debido a que los salteños no contaban, ese día, con uno propio. Fue en este momento en el que llegó la sorpresa y el desconcierto: el resultado fue negativo.Pensaron que habían usado plastilina y en los laboratorios de la PFA resolvieron el misterio en las últimas horas. El reciente informe pericial entregado al despacho del fiscal federal de Tartagal Marcos Romero determinó que la cocaína había sido sustituida por ácido esteárico.Según el Diccionario Médico de la Universidad de Navarra, corresponde a un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono, presente de forma natural en grasas animales y vegetales, y ampliamente empleado en la industria bajo la denominación E570.Este hallazgo, confirmado por fuentes del caso a Infobae, permite reconstruir el mecanismo detrás de la maniobra que puso bajo sospecha a 11 agentes de la Policía de Salta.El ácido esteárico, sólido, incoloro y sin olor a temperatura ambiente, facilitó su uso como sustituto de la droga incautada sin levantar sospechas inmediatas. La elección de este compuesto, abundante en la manteca de cacao, el sebo bovino y el aceite de palma, revela un conocimiento técnico preciso para simular la apariencia de la cocaína y sortear los controles superficiales previos a la destrucción del cargamento, como se ve en las imágenes de los panes truchos a los que accedió este medio.

El casoEl origen de la incautación se sitúa tres meses antes de que fueran a quemarse los estupefacientes, cuando una mujer de nacionalidad boliviana alertó al 911 tras abrir por error un vehículo similar al suyo.En el interior, la policía halló tres paquetes de cocaína, procediendo a la detención y posterior deportación de la sospechosa, mientras el cargamento quedaba bajo custodia. En ese momento, la sustancia incautada era efectivamente cocaína, lo que confirma que la sustitución se produjo en una etapa posterior, durante el resguardo en dependencias oficiales.La Dirección de Drogas Complejas (DICOM) de la fuerza provincial en Orán, ciudad fronteriza con Bolivia y uno de los principales puntos de ingreso de cocaína al país, fue el lugar donde se almacenó la droga.Según fuentes consultadas, el acceso al depósito resultó determinante: los 11 policías investigados tuvieron oportunidad de manipular la evidencia durante el periodo bajo análisis. Un sumario interno derivó en la suspensión preventiva de tres agentes, mientras que los otros ocho permanecen bajo la lupa de la fiscalía.La investigación se centra ahora en reconstruir los movimientos de cada uno de los policías con acceso al depósito, con el objetivo de identificar al responsable principal de la maniobra. (Infobae)

El gobernador Rogelio Frigerio, a través del Decreto Nº 47, dispuso la apertura de una Información Sumaria en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con el objetivo de investigar posibles irregularidades administrativas detectadas en registros audiovisuales correspondientes a los años 2018 y 2019.La resolución fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.076.Los videos, difundidos por medios nacionales y provinciales, muestran a funcionarios y empleados públicos manipulando dinero en efectivo dentro de oficinas del Estado. Entre las personas identificadas se encuentra Edgardo Kueider, quien se desempeñaba como secretario general de la Gobernación durante ese período, junto a otros cuatro agentes del Poder Ejecutivo provincial.Mediante el decreto, el Poder Ejecutivo encomendó a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado la realización de la investigación, facultándola a requerir la colaboración de la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y otros organismos provinciales que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.La medida tiene carácter estrictamente administrativo, se tramita en forma independiente de las actuaciones judiciales en curso, y tiene como finalidad establecer responsabilidades, promover las sanciones que pudieran corresponder y resguardar los principios de transparencia, legalidad y ética pública que deben regir el accionar estatal, incluyendo acciones de recupero en caso de ser necesarias.

“Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”, subrayó el espacio. 

En un comunicado, señaló que “es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas”. “El Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”, resaltó el PRO. 

Luego del escándalo, las primeras denuncias penales y los reclamos de juicio político, el partido de lidera Mauricio Macri aclaró que no acompañará esas iniciativas.

“En esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia”, enfatizó el espacio.

Y agregó: “No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”. NA

Tras el escándalo provocado por la promoción que el presidente Javier Milei hizo de la moneda digital $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Poder Ejecutivo, deberá investigar si el mandatario incumplió la Ley de Ética (N° 25.188), y en caso de detectar irregularidades, efectuará una denuncia penal ante la Justicia. Las alertas se encendieron cuando el mandatario, todavía en horas del Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero, utilizó sus redes para alentar la participación ciudadana en el “Viva la Libertad Project”, de la empresa KIP Protocol. Esto generó que la nueva moneda que costaba US$ 0,000001 llegara a valer US$ 5,20, y se desplomara luego de que sus desarrolladores abandonaran el proyecto, retirando además los fondos de los inversores. Con más de 24 horas de demora, y luego de realizar el correspondiente control de daños con la primera disculpa pública del libertario, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción, a cargo del abogado Alejandro Melik, para que “determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”. “Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, supo declarar Melik en enero de 2024, luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciara que la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dejarían de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero. Para dar lugar al pedido del Ejecutivo, el organismo cumplirá con el artículo 36 de la Constitución Nacional, incluido en reforma de 1994, que establece la supervisión de la ética pública para continuar en ejercicio del cargo al que se accedió. A través de la investigación que iniciará determinará si el Presidente o cualquier funcionario involucrado violó la Ley de Ética Pública, que enumera “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado” (art. 1). En especial si hubo incumplimiento del artículo 2, inciso G, en el que se establece que el Presidente de la Nación debe “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.En Casa Rosada muestran tranquilidad por la investigación impulsada, y descartan la posibilidad de que el pedido de juicio político impulsado por Unión por la Patria en el Congreso avance. “Se debe investigar todo y ahí veremos. No tenemos problema porque no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo”, aseguraron a la agencia Noticias Argentinas.“La Constitución Nacional, art. 53 determina que las causales de juicio político son solo tres: 1) el mal desempeño, y es relativa a la administración del Gobierno. 2 y 3) la comisión de delitos, que requieren sentencia judicial previa. Por lo tanto, no existe casual”, sentenciaron.

El paso a paso de la investigación Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario. De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común. Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo. En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.Tanto Davis como su firma “Kelsen Ventures” serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador. Del encuentro participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos. Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia. “Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación”, detallan desde el organismo en su página web como uno de los objetivos a cumplir tras evaluar el impacto en el funcionamiento y credibilidad de las instituciones; la cantidad de ciudadanos afectados por el acto; el monto del perjuicio causado por el acto y la antigüedad de los hechos.Además, aclaran que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.“Todo lo que se pueda investigar vamos a hacerlo”, sostuvo ante esta agencia un funcionario con acceso al despacho presidencial.

El reclamo de los constitucionalistasLa agencia Noticias Argentinas consultó al abogado constitucionalista Felix Lonigro, quien definió como una medida “para la tribuna” el anuncio del Ejecutivo sobre la investigación de la OA a raíz del escándalo.“Será de relativa importancia la investigación porque la Oficina Anticorrupción no tiene autonomía. No me imagino que el abogado designado por el Presidente tenga libertad para investigar”, fustigó sobre Alejandro Melik.Asimismo, reclamó la participación de la Justicia y se mostró a favor de que el Congreso impulse una comisión para determinar si el Presidente incurrió en una conducta que justifique una sanción. “Lo que hizo el Presidente es muy grave”, especificó. A su turno, el doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez también cuestionó la autonomía de la Oficina Anticorrupción tras argumentar que su titular no podrá impulsar una investigación transparente debido a la tendencia libertaria de “castigar” a todos los que oponen al Presidente, y pidió la intervención del Congreso. Aunque descartó la posibilidad de Juicio Político, promovió la creación de una comisión que detecte si el mandatario violó la Ley de Ética Profesional. Además, precisó que el Código Penal debiera “castiga al funcionario público que directamente o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo (art. 265)”. NA

La noticia que irrumpió sobre la confirmación de la intoxicación alimentaria con carnes y achuras en la localidad bonaerense de Berazategui recupera el debate de los precisos recaudos que hay que tener en cuenta cuando se faena y manipula carnes y derivados en carnicerías y domicilios, sobre todo en la época estival, donde se necesita la férrea metodología de mantener la cadena de frío de los alimentos.

La tragedia quedó en evidencia al constatarse la muerte de dos hombres, y en estos momentos se están analizando muestras de laboratorio de otros dos casos que fueron reportados en el mismo municipio.

Según se pudo saber, los casos identificados están todos localizados en el municipio de Berazategui. Si bien hasta ahora son cuatro en total, se está ampliando el radio de búsqueda de otros casos porque, lógicamente, las personas se trasladan o por el alcance de distribución que tienen de estos productos. Actualmente, la investigación por el brote de intoxicación alimentaria está trabajando en la identificación de nexos entre los casos que se presentaron, y en la precisa y documentada realización de las pruebas de laboratorio para conocer el origen de los contaminaciones.

A través del análisis de cultivo de la materia fecal, en el caso del primer fallecido se confirmó la presencia de la bacteria salmonella typhimurium; y en el segundo se detectó rastros de dos bacterias, shigella y salmonella.

Ambos hombres llamaron la atención por la escalada del cuadro y la toxicidad. �SLas dos personas presentaron un fallo multiorgánico y fallecieron⬝, explicó el doctor Martín Garaycochea, director asociado del Hospital Evita Pueblo, respecto a los dos masculinos de 48 y 36 años que murieron los días 12 y 17 de enero en la localidad bonaerense de Berazategui, producto de un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable. Y las dos personas fallecidas afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas.

Teresa Varela, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires explicó: �SNo nos apresuramos a atribuir a un determinado agente el brote que estamos investigando. Necesitamos indagar más en los resultados del laboratorio⬝.

�SEstos primeros casos resultan llamativos porque eran personas jóvenes sin condiciones de riesgo, solo tenían antecedentes de haber consumido carne y achuras. Todavía no encontramos nuevos casos con iguales características pero seguimos buscando y estimulando a todos los establecimientos de la zona a que informen estos casos a través del sistema de vigilancia para indagar en las bacterias involucrados⬝.

 Varela enfatizó en no demonizar el consumo de carnes, �Sno hay recomendaciones sobre el no consumo de achuras, siempre y cuando sea en carnicerías habilitadas y con la cocción adecuada. No prohibimos el consumo de achuras. Es importante concientizar acerca de las buenas prácticas para el consumo: alimentos bien cocidos y la recomendación general para los crudos como la carne, es que no se crucen con otros alimentos para que no se contaminen. Y mucho lavado de manos antes de comer y después de manipular alimentos crudos⬝

�SLa salmonella detectada es una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Se manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación⬝, explicó a Infobae la doctora María Ximena López Mujica médica clínica, especialista en medicina interna del Hospital Alemán.

 Para el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos en UADE, �Seste tipo de microorganismos son bacterias denominadas enterobacterias, que son patógenos que están en el intestino de los mamíferos. En las heces de los mamíferos aparecen estos patógenos; la vaca los puede tener en su intestino y cuando la faena industrial no se hace correctamente y no se tienen buenas prácticas de manufactura, las vísceras pueden llegar a contaminar otros cortes de carne⬝, detalló el especialista acerca de cómo pueden llegar estas bacterias a la mesa de los seres humanos.

Piña aclaró que hay otras fuentes de contaminación, �Sotra puede haber sido una mala práctica en la carnicería -continuó-. En ese caso, la media res viene faenada correctamente pero, si no se tienen buenas prácticas en el comercio, se contamina, por ejemplo, por una mala higiene producto de un empleado que no se higienizó correctamente las manos luego de ir al baño, y puede ocasionar contaminación cruzada⬝.

 La Ley 11029 publicada en el Boletín Oficial del 19 de diciembre, establece que producido el fallecimiento de una persona y que su cuerpo no sea reclamado por familiares o personas vinculadas en 24 horas se notificará a allegados y si no se retira el cuerpo en 15 días podrá ser utilizado para la enseñanza e investigación en medicina. En ese marco, se avisará en forma fehaciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, para que en el término de diez días corridos retire el cadáver, para proceder a la utilización. La práctica con cadáveres proporciona una fuente inagotable de recursos educativos y posiciona de manera diferente a la hora de resolver las situaciones que ponen en frente en las distintas especialidades.

 La Secretaría de Ciencia y Tecnología informó que los últimos datos elaborados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para el período 2020-2022 dan cuenta de un significativo crecimiento en todos los tramos de recursos humanos que ejecutan actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación en Entre Ríos.

Específicamente, la cantidad de investigadores de carrera Conicet radicados en instituciones científico-técnicas entrerrianas creció un 32,6 por ciento, alcanzando el número de 118 investigadores: 47 están en centros de doble dependencia entre el organismo y la Universidad Nacional de Entre Ríos; 29 en el centro triple dependencia con la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Gobierno de Entre Ríos; 13 en la Universidad Autónoma; y 10 en la Nacional de Entre Ríos. A su vez, hay nueve investigadores radicados en universidades privadas, Universidad Católica Argentina y Adventista del Plata; ocho en otros organismos públicos Universidad Tecnológica Nacional e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; y dos en organizaciones privadas.

Respecto de la cantidad de becarios doctorales y postdoctorales Conicet, el incremento fue aún mayor. El número aumentó un 42,4% entre 2020 y 2022, alcanzando los 161 becarios. Los centros doble dependencia UNER-Conicet participan con 62 becarios; 26 tiene el centro triple dependencia UADER-Gobierno de Entre Ríos-Conicet; 5 están en Uader; 23 en UNER; 23 en universidades privadas (UCA, UCU y UAP) y 22 en otros organismos públicos (INTA y UTN).

El secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerard, destacó estos avances en materia científica, indicando que este crecimiento de los recursos humanos en investigación �Ses producto de una política definida del Gobierno provincial, las instituciones científico-técnicas de Entre Ríos y el Conicet⬝.

Complementó al decir que �Sestamos realmente agradecidos por el esfuerzo que han hecho las diversas entidades para sentar las bases que permitan ir cerrando las brechas en capacidades de investigación con otras jurisdicciones⬝.

Al respecto, el funcionario recordó el convenio interinstitucional firmado por el gobernador Gustavo Bordet con la presidenta del Conicet, Ana Franchi, para la incorporación de becarios doctorales y postdoctorales cofinanciados, que permitió cuadruplicar el promedio de ingresos en la provincia.

Destacó también la participación del Instituto Becario Provincial y la Comisión Técnica Mixta, señalando al mismo tiempo la convocatoria para Proyectos Especiales de la Provincia de Entre Ríos del Conicet, que posibilitó 13 ingresos adicionales a carrera, entre otras medidas.

Finalmente, el secretario expresó: �SLas capacidades científico-tecnológicas dependen de las personas, de investigadores formados, y esta expansión del Conicet nos permite desarrollar conocimiento para el crecimiento productivo y social de Entre Ríos en múltiples líneas, como tecnología médica, producción alimenticia, sustentabilidad, bio-economía, entre otras⬝.

Por su parte, el director del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Santa Fe, Carlos Piña, que engloba a los centros de doble dependencia de Entre Ríos, sostuvo: �SNos alegra poder afirmar que resulta notorio el aumento de la cantidad tanto de ingresos como de becarios en Entre Ríos. Este crecimiento, cuya velocidad se ha acentuado mucho en los últimos dos años, es fruto de interesantes acuerdos entre el Conicet y la Provincia destinados a atender problemáticas regionales, los cuales pudieron llevarse a cabo gracias al armado de proyectos a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología⬝. Determinó que �Snuestro objetivo es seguir por este camino para que Entre Ríos logre llegar al número de investigadores por habitantes que poseen las demás provincias de la Región Centro⬝, finalizó Piña.

Este caso fue caratulado por Homicidio Culposo y aseguró la fiscalía a cargo de Fabio Zabaleta que se retrocedió a la instancia pericial. Además ante la pregunta expresó que no se han presentado acuerdos, de ningún tipo, entre las partes.

Zabaleta amplió que la defensa del Dr. Pessolani (imputado) solicitó un pedido de aclaración en relación a unas pericias accidentológicas.

Esto hace que el personal que realizó la pericia deba rever ese pedido y aclarar al defensor y elaborar un nuevo informe para la defensa. Luego de este ida y vuelta se espera que el proceso pueda avanzar.

La denuncia -presentada el último día de 2019, en los tribunales de Granada, ciudad donde nació el poeta-, reclama una investigación para dar "sepultura digna" a García Lorca junto a los tres hombres asesinados con él y más datos sobre la muerte violenta del escritor, informó la agencia de noticias Efe. 

La denunciante es Nieves García Catalán -nieta del maestro Diósforo Galindo, fusilado junto a García Lorca-, sobre una entrevista hecha el año último a un exdiputado, José Antonio Valdivia, responsable de Obras en Granada en 1986, cuando se encontró un fémur que fue removido de su sitio, en un parque de la localidad de Alfacar.

García Catalán solicitó que se tome declaración a Valdivia y al hispanista irlandés y experto en Lorca, Ian Gibson, además de la aportación de pruebas documentales, como las hojas de servicio de la Guardia Civil española de los días de agosto de 1936 en los que Lorca fue asesinado.

La denuncia también recuerda que, en 2018, un organismo del Gobierno regional de Andalucía publicó un documento para exhumar restos en el lugar donde podría haber sido enterrado el dramaturgo, pero que no llegó a ejecutarse nunca.

Los datos:

García Lorca fue asesinado extrajudicialmente cerca de Alfacar un mes después del estallido del golpe de Estado que derivó en la Guerra Civil Española, y sus restos permanecen en paradero desconocido.

La poesía lorquiana constituye una de las cimas de la poesía de la Generación del 27 y de toda la literatura española; reflejo de un sentimiento trágico de la vida, en la que conviven tradición popular y culta.

Mientras que su teatro es, con el de Valle-Inclán, el de mayor importancia escrito en castellano en el Siglo XX, poético en el sentido de que gira en torno de símbolos medulares como la sangre, en espacios míticos y de un realismo trascendido, como "La zapatera prodigiosa", "Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores" y "La casa de Bernarda Alba".