El objetivo de la medida es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el 8 de diciembre pasado, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez.El gobernador Ignacio Torres reclamó a la administración nacional que tome cartas en el asunto para normalizar la situación.El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.Más de 400 brigadistas participaban de los operativos de emergencia y eran respaldados por helicópteros, aviones hidrantes y autobombas forestales.La escasez de precipitaciones complica el trabajo de los bomberos, mientras las autoridades estudian permanentemente las zonas más afectadas.La Administración de Parques Nacionales reiteró a los habitantes que se mantengan informados por los medios oficiales y respeten las normas impuestas.

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay firmaron un comunicado conjunto condenando la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en una respuesta coordinada que marca una clara distancia de la estrategia de Washington, las seis naciones de peso en Iberoamérica manifestaron su repudio a las acciones unilaterales ejecutadas por el gobierno de Donald Trump. El grupo de países subrayó que el operativo militar representa un quiebre en las normas básicas del derecho internacional.El documento conjunto pone el foco en tres puntos críticos que amenazan la estabilidad del continente:Uso de la fuerza: Los gobiernos expresaron su rechazo a la “prohibición del uso y la amenaza de la fuerza”, recordando que el respeto a la integridad territorial de los Estados es innegociable.Soberanía de recursos: Se manifestó una especial preocupación por posibles intentos de “apropiación externa de recursos naturales”, vinculando directamente el operativo con el interés de EE. UU. en la riqueza energética venezolana.Zona de Paz: Reafirmaron que América Latina y el Caribe debe mantenerse como una región de paz, basada en la no intervención y el respeto mutuo.Para los firmantes, la caída de Maduro no debería significar un tutelaje externo. El comunicado enfatiza que la salida a la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas” y a través de un proceso político inclusivo liderado por los propios venezolanos, sin injerencias externas.Asimismo, el bloque elevó un pedido urgente a los organismos internacionales. Así, reclamaron la intervención de la ONU y exhortaron al secretario general, Antonio Guterres, a mediar para desescalar la tensión.Al mismo tiempo, hicieron un llamado al resto de los países del continente para preservar la estabilidad y evitar que el conflicto se expanda por la región.Esta postura marca un fuerte contraste con la de otros países de la región (como Argentina) que han mostrado sintonía con las acciones de Trump. El comunicado conjunto posiciona a España, Brasil y México como los principales detractores de la vía militar, priorizando la negociación diplomática bajo el marco de las Naciones Unidas. NA.

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, advirtió este miércoles que el país caribeño se encuentra en un momento decisivo, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y las tensiones con el dictador Nicolás Maduro.Sus declaraciones coinciden con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a aguas cercanas a la costa venezolana y el inicio de nuevos movimientos de fuerzas del régimen chavista.Machado participó de manera remota en un foro organizado por el Grupo IDEA —que reúne a ex presidentes iberoamericanos— en el Miami Dade College. En su intervención, convocó tanto a la población venezolana como a líderes de la región a no mantenerse al margen. “Lo que ocurre en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina”, remarcó la opositora, instando a la comunidad internacional a acompañar el proceso que, asegura, marcaría el comienzo de una transformación profunda.La líder opositora enfatizó que estas serían “horas decisivas” para el destino de Venezuela. Subrayó, además, su confianza en el potencial del movimiento social que la respalda.“La gente unida, como ninguna generación venezolana antes, es la garantía de una transición ordenada, pacífica, irreversible”, dijo.También aseguró que el país se ubica “en el umbral de la libertad y de una transformación sin precedentes”, prometiendo que, en caso de acceder al poder, asumiría de inmediato el control de las instituciones y del territorio, gestionando la emergencia humanitaria, promoviendo transparencia en las finanzas públicas y ejecutando reformas sociales y económicas integrales para lograr una transición perdurable.“Desde el primer día vamos a asumir el control institucional y del territorio, atender la emergencia humanitaria, poner orden, transparencia en las finanzas e iniciar las reformas y las transformaciones profundas que harán que este cambio sea sostenido e irreversible”, dijo.El foro del Grupo IDEA reunió a figuras políticas como el ex presidente español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, quienes debatieron junto a Machado los retos para el cambio democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela.La opositora solicitó apoyo internacional y resaltó la importancia de que “las democracias de la región” acompañen esta etapa de cambio. “Necesitamos respaldo para lograr una transición pacífica; Venezuela tiene condiciones para convertirse en el milagro latinoamericano del siglo XXI”, auguró Machado.

La llegada del USS Gerald R. FordEl USS Gerald R. Ford —el portaaviones más grande de la Marina estadounidense con más de 4.000 marineros y numerosas aeronaves tácticas— entró en operaciones cerca del Caribe venezolano.Washington justificó el despliegue como parte de un esfuerzo contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Desde septiembre, autoridades estadounidenses reportan la destrucción de cerca de veinte embarcaciones y, según sus cifras, 75 presuntos narcoterroristas abatidos por acciones en el Caribe y el Pacífico.En respuesta, la dictadura de Nicolás Maduro movilizó a más de 200.000 efectivos de las fuerzas armadas, además de unidades de la Milicia Bolivariana y otros organismos de defensa.Según el ministro Vladimir Padrino López, el despliegue abarca medios terrestres, navales, aéreos y fluviales para responder al incremento de la presencia militar extranjera.“Nos preparamos para defendernos de las amenazas imperiales”, declaró Padrino López, al confirmar el inicio de maniobras en todo el territorio nacional.La Asamblea Nacional aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, orientada a fortalecer la recolección de información, el monitoreo de amenazas y la coordinación ante escenarios de crisis.La dictadura chavista sostiene que las acciones de Estados Unidos buscan justificar una intervención militar.“La derecha maltrecha está amamantando las amenazas de la bestia imperialista del norte”, dijo Maduro el lunes durante un acto transmitido por la televisión estatal.En medio de este clima de alta tensión, Machado reiteró su llamado a la unidad y a la movilización como elementos esenciales para asegurar una transición no violenta y legitimada para Venezuela, mientras la crisis del país gana relevancia en los debates políticos y diplomáticos del continente. (Con información de EFE)

A pesar del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la divisa no logró contener su precio y se disparó $50, registrando un precio máximo de $1.485 durante la jornada.Antes de la apertura de los mercados, Bessent lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina.Dijo que el Tesoro “está monitoreando a los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.Confirmó, además, que ese organismo sigue comprando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina “blue chip swap”, que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una suba de 1,3% en la jornada.El mayorista, por su parte, se ubicó en $1.455 con una suba del 3,9%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.489,09 para el techo y $939,59 para el piso.Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 4,1% hasta $1.533,82, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,8% hasta los $1.548,02.Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$41.701 millones. NA.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó la posibilidad de que su país se involucrara en el actual conflicto entre Israel e Irán, aunque aclaró que, hasta el momento, no había participación directa de la nación norteamericana en las hostilidades. La declaración del mandatario se produjo en un contexto de escalada de tensiones en Medio Oriente.Trump expresó que “es posible que nos involucremos”, durante una entrevista con ABC News este domingo. Sin embargo, enfatizó que Estados Unidos “no está involucrado en este momento” en las acciones que se estaban llevando a cabo en la región.Actualmente, Estados Unidos mantenía una significativa presencia militar en las cercanías de los países en conflicto, incluyendo cazas, buques y sistemas de defensa aérea terrestres. Estos recursos estaban posicionados con el objetivo de contrarrestar cualquier ataque iraní que pudiera dirigirse contra activos o ciudadanos estadounidenses. Si bien no había asistido abiertamente a Israel en sus ofensivas, sí había brindado apoyo para la defensa del país.En una publicación realizada en su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que se estaban desarrollando numerosas conversaciones y anticipó que “¡pronto tendremos PAZ entre Israel e Irán!”. Esta afirmación sugería una expectativa de resolución diplomática por parte del presidente.En relación a una comunicación telefónica que mantuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, el sábado, Trump indicó a ABC que estaría “abierto” a la mediación de Putin en el conflicto. “Él está listo. Me llamó por eso. Tuvimos una larga conversación al respecto”, detalló Trump. Cabe recordar que Rusia mantenía una alianza estratégica con Irán, y ambos países habían coordinado acciones contra Estados Unidos en conflictos previos en Siria e Irak. NA.

El gobernador Rogelio Frigerio hizo referencia a la intervención del Iosper tras la conferencia de prensa brindada este miércoles en Casa de Gobierno. “no es solo una medida administrativa; es una respuesta a meses de incremento en el déficit mensual y una caída alarmante en la calidad de las prestaciones” por lo que anticipó que “durante los próximos meses, trabajaremos para corregir estas deficiencias, equilibrar las cuentas y garantizar que cada afiliado reciba el servicio que merece”.Al respecto, integrantes del oficialismo citaron la publicación respaldando la medida:Manuel Troncoso, ministro de Gobierno: “Orden al desorden y luz a la oscuridad”.Gabriela Lena, diputada Juntos por Entre Ríos: “Excelente medida Sr Gobernador. La obra social de los entrerrianos debe ser transparente y sobre todo eficiente.Rafael Cavagna, senador provincial Juntos por Entre Ríos: “Tomar decisiones para que provoquen los cambios que pide la sociedad es el objetivo. A trabajar por una obra social que de respuestas inmediatas. Gran paso para cambiar”.Carolina Streitenberger,  diputada provincial PRO: “Una medida que es clave para asegurar la eficiencia y claridad de IOSPER, mejorando así las prestaciones de salud”.Leandro Jacobi, director general de Relaciones Institucionales y Comunidades: “Muy importante medida para traer transparencia y agilidad a la Obra Social que cubre prestaciones a más de 300.000 entrerrianos”.Bernardo Schneider, secretario de Acción Social de la Municipalidad de Nogoyá: “Después de 20 años, se enfrentan los problemas de fondo en Entre Ríos. Acompaño al gobernador en la decisión de intervenir el IOSPER. Durante décadas, dejó de ser una obra social y se volvió una caja política, con mala gestión y malos servicios. ¡Vamos por más E.R.!”

La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.

En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas. Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción. El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo indica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos. Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos. Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público, aún en el gobierno de Alberto Fernández, fue la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del registro número 3 de la ciudad neuquina de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.

"Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos", le comentó a Infobae un especialista en el mercado automotor argentino. Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos. El primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6 % del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios, publicó InfoBae. En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5 % de arancel de transferencia, y si es importado paga 2 %. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entran con arancel de importación 0 %, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos. También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientras en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3 % de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4 % del valor del vehículo. El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.

“En Argentina hay que pasar por seis ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es sólo una y en México son 2. En Estados Unidos es también una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta”, cuenta un experto del mercado de autos usados en Argentina. El sistema norteamericano, además, aporta un modelo distinto también desde lo conceptual. La matrícula o patente es del conductor y al vender el automóvil, este se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo. Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deudas como ocurre en Argentina. El debate está abierto desde hace muchos años en Argentina, pero el nuevo gobierno de Javier Milei lo ha reflotado con fuerza. (Nota completa en página web)

Los registros de Entre Ríos que están próximo a intervenir el Gobierno.

08023 CONCORDIA Nº 3

308005 CHAJARI

08030 COLON Nº 2

08003 CONCEPCION DEL URUGUAY Nº 1

08022 CONCEPCION DEL URUGUAY Nº 2

08023 CONCORDIA Nº 3

08026 GUALEGUAY Nº 2

08020 PARANA Nº 2

08029 PARANA Nº 6

08013 SAN JOSE DE FELICIANO

08018 SAN SALVADOR

 El Congreso de Brasil aprobó este martes la intervención federal de las fuerzas de seguridad de Brasilia decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras el asalto a la sede de los tres poderes el domingo, mientras la justicia ordenó la detención del entonces responsable de la policía militar del Distrito Federal (DF) y del secretario de Seguridad, Anderson Torres, y la Fiscalía pidió el bloqueo de bienes del exmandatario Jair Bolsonaro y otros exfuncionarios.

El Senado dio luz verde este martes al decreto de intervención de Lula, que estará vigente hasta fines de enero, con el voto en contra de ocho legisladores que responden a Bolsonaro, un día después del aval dado por la Cámara de Diputados.

�SEsa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño. Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales⬝, declaró el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, reportó Europa Press.

Las únicas dos bancadas de Diputados que se abstuvieron de votar fueron las del Partido Liberal (PL), la formación de Bolsonaro, y los liberales de Partido Novo.

Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso.

A su vez, el Ministerio Público de Brasil pidió este martes al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos de Bolsonaro, así como del suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y del exsecretario de Seguridad del DF Anderson Torres, recogió el portal de noticias G1.

El objetivo de la solicitud es garantizar los recursos para el caso de que los funcionarios sean condenados a pagar una indemnización.

Por la tarde, la policía de Brasil liberó �Spor cuestiones humanitarias⬝ a casi 600 personas detenidas el domingo.

Las autoridades detuvieron el domingo a más de 1.500 personas, en su mayoría militantes bolsonaristas, que asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses de acampe frente a la sede del Ejército reclamando un golpe de Estado contra el Gobierno de Lula.

Tras el ataque de �Sgolpistas⬝ y �Sterroristas⬝, como fueron definidos por las autoridades, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador Rocha y de Torres, por �Somisión⬝ de sus funciones y �Sconnivencia⬝ con los asaltantes.

El juez de Moraes prometió este martes castigar a todos los implicados en esos actos, �Sa los que realizaron los actos, a quienes los financiaron y a los que los alentaron (...) porque la democracia prevalecerá⬝, dijo durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

Rodrigues asume el cargo dejado por Márcio Nunes de Oliveira, nombrado por Bolsonaro en febrero de 2022.

A su vez, de Moraes ordenó la detención del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fabio Augusto Vieira, quien se encontraba en funciones el domingo, y de Anderson Torres, quien de todos modos no podrá ser privado de su libertad porque se encuentra en Estados Unidos.

El lunes, los encargados de la intervención federal en la capital apartaron a Vieira para designar en su lugar al coronel Klepter Rosa Gonçalves.

El interventor federal de Brasilia, Ricardo Cappelli, denunció que el ataque golpista en la capital fue resultado de �Sun acto de sabotaje⬝ de Torres.

En una entrevista con CNN Brasil, Cappelli afirmó que Torres, quien era el ministro de Justicia de Bolsonaro, asumió la secretaría el pasado 2 de enero y cambió todo el mando para luego irse de vacaciones a Estados Unidos, donde se encuentra el exmandatario.

�SEl 2 (de enero) Anderson Torres asumió la Secretaría de Seguridad, destituyó a todo el comando y viajó. Si esto no es sabotaje, no sé qué es⬝, sentenció.

El funcionario, designado por el presidente para asumir la seguridad pública en el DF, argumentó que �Slo que faltó el domingo fue la dirección de la Secretaría de Seguridad⬝.

En ese contexto, las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados solicitaron al STF que investigue a congresistas por los actos antidemocráticos del domingo pasado.

En paralelo, se alcanzaron otras denuncias a los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso.

Previamente, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, había adelantado que todos los congresistas que participaron en los actos antidemocráticos serían investigados.

En tanto, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó que ya fueron identificados los responsables de trasladar hasta Brasilia a participantes del intento de golpe de Estado perpetrado el domingo por bolsonaristas.

Indicó que aunque todavía no están plenamente reconocidos quienes financiaron la movilización, �Sse puede afirmar plenamente que sí hubo financiamiento⬝.

El ministro, que nombró al episodio como �Sel Capitolio brasileño⬝, aseguró que el Gobierno maneja una lista de contratistas de colectivos que facilitaron el traslado y que todas esas personas serán llamadas a declarar en breve, citó la Agencia Brasil.

Dino responsabilizó al gobierno del DF, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue �Sdeterminante⬝ para posibilitar el asalto.

El presidente habló el lunes por la noche en una reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.

Mientras la capital permanecía tranquila, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), responsable de coordinar la Oficina de Monitoreo de la Situación del Sistema Eléctrico Brasileño, informó que tres torres de transmisión fueron derribadas desde este domingo, aparentemente en una acción vandálica de sabotaje.

Según la Aneel, se registraron dos incidentes en Rondônia y una en Paraná, pero ninguno provocó la interrupción del suministro eléctrico, y anunciaron medidas de seguridad.

En uno de los primeros balances del estado de los edificios públicos en Brasilia, el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional (Iphan) �Slamentó profundamente los daños causados⬝ y aseguró que realizará una pericia para �Sevaluar las necesidades de restauración⬝, citó la agencia AFP.

Entre los hechos de violencia del domingo, al menos 14 trabajadores de prensa fueron agredidos, informó el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal (Sjpdf), citó Sputnik.

En paralelo, Bolsonaro alcanzó en Internet su nivel más bajo de popularidad de los últimos cuatro años, según el prestigioso Índice de Popularidad Digital (IPD), y expertos lo atribuyen a una posible fractura en su base.

En el plano internacional, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para mañana a una reunión extraordinaria en la que estudiará �Slos actos antidemocráticos⬝ ocurridos el domingo.

La resolución de primera instancia, dictada en el marco del proceso de "salvataje" de la empresa, había sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhirió el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de "vaciamiento".

Contra esa resolución, dictada luego de dos décadas de iniciada la causa, la concursada presentó un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cámara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.

Desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colaboró para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, "se mantiene" por sus aportes "desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente continúa utilizándolos", señalaron los representantes legales del Grupo Macri.

Además, plantearon que eran "erróneas" las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cuáles eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).

Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la Cámara Comercial determinó que las mismas "resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, además, la cuestión puede resolverse con las constancias obrantes" en la causa.

Omisión de información

El tribunal, en ese punto, recordó que la ley 24.522 (ley de concursos y quiebras) habilita al juez a disponer la separación del concursado de la administración cuando se incurre en algunas de las conductas enunciadas en la misma norma, como "la omisión de información que el juez o el síndico le requieran" y "en general, cualquier acto en perjuicio potencial o evidente para los acreedores".

La Cámara Comercial añadió que la juez Cirulli profundizó la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que "aun cuando se tomara como referencia aquel reconocido por la apelante de 118.363.388,68 pesos (la intervención indicó 191.997.055,52 pesos), se aprecia relevante, considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos años".

Las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dijeron que "a ese respecto no sólo cabe cuestionar la existencia de que esas deudas que sin hesitación agravan la situación de la masa de acreedores, sino el hecho de que en esta instancia todavía no pueda determinarse de modo claro su extensión, con la consiguiente imposibilidad de garantizar un adecuado control del Magistrado concursal".

En tal sentido, para justificar la intervención judicial, integrantes de la Sala B señalaron que "resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo" y que el juez del concurso "pueda estar al tanto" de las operaciones de la empresa "que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorización".

Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habrían sido "expoliados" por el Estado Nacional, el tribunal de segunda instancia remarcó que "dichas cuestiones competen al Fuero Federal, donde son ventiladas".

Justicia federal

La referencia es a la causa que tramita ante la justicia federal, en la que el fiscal de ese fuero, Pedro Zoni, luego desplazado, formuló imputación contra el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por un acuerdo de pago entre la concursada y el Estado Nacional, durante el anterior gobierno.

El acuerdo fue rechazado en coincidencia con el dictamen de Boquin, quien se opuso por considerar que implicaba una quita de casi el 99 por ciento de la deuda, mientras que en el fuero federal un representante del Ministerio Público lo consideró "abusivo" y "ruinoso" para el Estado.

En concreto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuración General de la Nación había estimado que extender el pago hasta 2033 (cuando finalizaría si se aceptaba la propuesta de la concursada), el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos.

Boquin, a quien la concursada le atribuye "falacias" en sus dictámenes y a la que intentó sin éxito apartar del expediente, determinó que el Correo Argentino se benefició con un estado de ����eterno�"�" concurso -la causa se inició en 2001- para suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores, lo que implicó "perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa".

A principios de mayo, la fiscal presentó un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relación entre Correo Argentino SA y el banco austríaco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quitó la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remitió documentación a la Justicia penal.

El mismo día en que la Cámara Comercial ratificó la intervención judicial de la empresa concursada, Correo Argentino SA presentó varios escritos en los que cuestionaron otra vez a Boquin y pidieron que las actuaciones pasen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que suele ser permeable a los intereses del expresidente Macri.

Además, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se opuso a todos los pedidos de quiebras que se presentaron en el concurso, entre ellos los promovidos por titulares de créditos laborales.

Se dejó constancia del acto y fue todo muy breve. No llevaron ni pidieron documentación. Por razones de espacio para lograr el distanciamiento suficiente, el magistrado no los recibió en su despacho sino en el hall que está en el primer piso del edificio de tribunales.

Terminado ese breve trámite, la delegación que llegó al aeropuerto de Reconquista en dos aviones y allí se movilizaba en ocho automóviles y camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con acompañamiento de la Policía Federal, se desplazaron al otro lado del Arroyo del Rey, donde están las oficinas centrales de Vicentin, en Avenida San Martín y calle 14 de la ciudad de Avellaneda, donde no pudieron ingresar porque el edificio estaba bajo llave.

El abogado de Vicentin había ordenado al personal desalojar las oficinas y dejar todo cerrado.

 El poco personal y algunos herederos que permanecían en la vereda fueron testigos de la llegada de la delegación oficial rodeada de policías.

El diario Reconquistas aseguró que escucharon un agravio, que alguien expresó: �S¡Abran delincuentes!⬝; y que �Srecibió puteadas de respuesta⬝; y que la otra reacción de integrantes de la delegación estatal fue hacerse unas �Sselfies con el edificio de fondo⬝, lo que algunos tomaron como una provocación; y se retiraron. Fueron a la Municipalidad de Reconquista donde los recibió el intendente, pidieron comida y allí permanecieron al menos hasta las 15:51.