El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará la ley aprobada por el Senado que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el ex presidente Jair Bolsonaro.“Ya lo he dicho hace tiempo, las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos”, reiteró Lula en una rueda de prensa celebrada en el Palacio del Planalto. “Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. No es un secreto para nadie”, añadió.La propuesta, avalada el miércoles por el Senado, contempla una rebaja sustancial de las penas para los implicados en el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero de 2023, con reducciones de hasta un 70% en algunos casos. Según Lula, es fundamental esclarecer todos los detalles de lo sucedido, antes de considerar cualquier medida de clemencia. “Todavía no ha acabado el proceso”, indicó el mandatario, reafirmando la necesidad de preservar la memoria democrática para evitar riesgos futuros.“Todavía no sabemos quiénes lo financiaron. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023 y hay personas que quieren que se olvide, pero no nos podemos olvidar porque si nos olvidamos de la importancia que tiene la democracia para una nación, perderemos la partida”, exclamó.El propio Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión como cabecilla de la trama golpista, podría ver reducida su pena mínima a dos años y cuatro meses en régimen cerrado si el proyecto legislativo entra en vigor. Actualmente, el expresidente cumple condena en una sala especial de la sede de la Policía Federal de Brasilia.La iniciativa fue impulsada originalmente por sectores de la oposición que promovían una amnistía general, pero en el Congreso fue reformulada para acotar su alcance exclusivamente a los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, enfatizó que no se trata de un perdón indiscriminado, sino de una revisión de la proporcionalidad de las penas para evitar castigos excesivos. “La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”, explicó durante la sesión.La norma fue aprobada con 48 votos a favor y 25 en contra, y llegó al pleno tras un acuerdo de procedimiento entre oficialismo y oposición para acelerar su tratamiento antes del cierre del año legislativo. En caso de ser promulgada, la ley aún podría enfrentar impugnaciones ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). (Con información de Europa Press).

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado en el que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El vendedor de algodones de azúcar que gatilló un arma en la cabeza de la ex presidenta de la Nación fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su exnovia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, recibió una pena de 8 años.En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron -tal como se esperaba- a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informaron los jueces en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.En primer lugar, el Tribunal desestimó los pedidos de las defensas para declarar inimputable a Fernando Sabag Montiel, por su “trastorno psicótico”, y suspender el proceso contra Brenda Uliarte por incapacidad mental sobreviniente.En un fallo unánime, Uliarte y Sabag fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Los jueces desestimaron los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política que había incluido la Fiscalía.Cabe recordar que la fiscal Baigún, en su alegato, había pedido condenas de 15 años para el autor y 14 para su cómplice.A Fernando Sabag Montiel también lo sentenciaron por la portación ilegal de arma de guerra, aunque fue absuelto por la receptación ilegítima de la misma.El TOF N° 6 unificó la condena de Sabag en una pena total de 14 años de prisión, ya que purga otra por 4 años y 3 meses por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.Brenda Uliarte fue declarada partícipe necesaria del intento de magnicidio. La absolvieron de la acusación de receptación y tenencia ilegal de arma. Cumplirá una pena única de 8 años y 2 meses de cárcel -le habían dado un año por falsificación de DNI-.Los antecedentes de ambos surgieron a partir de los allanamientos a sus domicilios y peritajes de sus teléfonos que se hicieron en el marco de la investigación del atentado.

Últimas palabrasMás temprano el TOF N° 6 permitió a los acusados dar sus “últimas palabras” antes del veredicto. Fernando Sabag Montiel lo hizo primero e intentó trazar un paralelismo entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió para advertirlo y le pidió que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio.Siguió su alocución con desvaríos. Por ejemplo, sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó Sabag.Por último teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de garantizar una supuesta extradición que pretendería el país vecino, donde nació Sabag.Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. Pasó la última audiencia aislada del resto, cercada por un perímetro de agentes del Servicio Penitenciario Federal que evitaron cualquier contacto con otras personas.Nicolás Carrizo se pronunció brevemente y lamentó su paso por la cárcel: “Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.

El atentadoEl juicio contra los ejecutores del intento de asesinato de la entonces vicepresidenta comenzó a fines de junio de 2024, y en poco más de un año declararon 157 testigos.A partir de las pruebas recabadas durante la investigación -a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti-, la fiscal Baigún estableció que el atentado a CFK fue “una decisión adoptada previamente por ambos” con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, tal como dio por demostrado luego del debate oral y público.La pareja “se infiltró entre la multitud que se había congregado frente al domicilio de Cristina, simulando ser simpatizantes de la misma”, durante la noche del 1 de septiembre de 2022 en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.Según reconstruyó la fiscal Baigún, el principal acusado portaba una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, cargada con cinco proyectiles y apta para disparar.“Una vez que se encontraba a escasos centímetros de la doctora Fernández de Kirchner, -Sabag- apuntó contra su rostro y gatilló en una oportunidad. El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió, y cuando se disponía a recargar nuevamente fue interceptado por la multitud que se encontraba en el lugar”, dio por probado la acusación. Infobae.

Tras ser examinado por la médica policial se dictaminó el traslado al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia a fin de profundizar sus estudios. 

Se realizaron pericias en el lugar donde sucedió el hecho (vivienda donde habita con su esposa) así como se recabaron testimonios.

Se investigará el móvil de haber adoptado esta determinación. Intervino en el lugar SubJefe Dptal. San Salvador Crío. Inpector Piaggio Emilio; Jefe de División Investigaciones; Oficial de la Sección Asuntos Judiciales.

De todo lo expuesto se dio inicio a un Legajo Judicial con intervención de la Fiscalía en Turno de la ciudad de San Salvador.