En silencio y sin anuncios públicos, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más sensibles del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el documento estratégico elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que había quedado bajo fuerte cuestionamiento por su redacción original. Según reveló Hugo Alconada Mon en una investigación publicada por La Nación, la nueva versión enviada al Congreso elimina o reformula los pasajes que habilitaban interpretaciones compatibles con tareas de espionaje ilegal dentro del país.El PIN original, un texto secreto de unas 170 páginas desarrollado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la SIDE, fijaba los lineamientos estratégicos de la política de inteligencia argentina. Sin embargo, tras su difusión periodística a fines de mayo, se encendieron las alarmas en sectores políticos, sociales y periodísticos por artículos que colocaban bajo la órbita de interés del sistema de inteligencia a actores que pudieran “erosionar” la confianza pública en el Gobierno, “distorsionar” la percepción social o afectar procesos “cognitivos” de la opinión pública.

Esas formulaciones fueron suprimidas o acompañadas por aclaraciones explícitas en la versión corregida, que fue remitida nuevamente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia luego de las elecciones de octubre. “Se eliminaron los aspectos más controvertidos y se receptaron la mayoría de las observaciones de los legisladores”, señaló una de las fuentes consultadas por Alconada Mon.

Uno de los ejes más cuestionados del texto original era la ambigüedad con la que la SIDE definía a los posibles sujetos bajo observación, sin distinguir entre amenazas externas y actores internos como economistas, periodistas, movimientos sociales u opositores políticos. También generaron preocupación las referencias a la manipulación informativa mediante nuevas tecnologías y a la supuesta afectación de procesos electorales, conceptos que, según las fuentes, fueron reformulados para circunscribirlos a acciones de origen extranjero.Las correcciones habrían sido introducidas antes de la salida de Neiffert de la SIDE, con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos y legales. En ese marco, el presidente Milei designó a Cristian Auguadra como nuevo titular del organismo, dando por cerrada una primera etapa de reorganización del sistema de inteligencia y anunciando el inicio de una fase de “modernización técnica y operativa”.

Desde el Congreso, sin embargo, persisten las dudas. La renovación parlamentaria dejó a la comisión bicameral en un limbo institucional, a la espera de la designación de sus nuevos integrantes, que deberán analizar formalmente la versión corregida del PIN. Mientras algunas interpretaciones sostienen que, sin dictamen definitivo, sigue vigente el documento original, otras fuentes aseguran que el Ejecutivo ya considera operativo el texto enmendado, más allá de la revisión legislativa.

La comisión bicameral estuvo presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el radical Martín Lousteau; ahora la presidencia pasa a Diputados, donde está ahora el expresidente del radicalismo, aunque está claro que la presidencia de la bicameral estará en manos de un libertario.La polémica se ve atravesada, además, por el decreto 941/2025, firmado por Milei sin debate parlamentario, que amplió las facultades de la SIDE, incluyendo la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial y el cruce masivo de datos personales. Para sectores de la oposición, ese decreto contrasta con la decisión de suavizar el PIN y mantiene abiertas las preocupaciones sobre el alcance real del sistema de inteligencia.Según detalló La Nación, la reescritura del Plan de Inteligencia se produjo en paralelo a un acuerdo político poco visible entre legisladores oficialistas y de Unión por la Patria dentro de la comisión bicameral. En una misma reunión, ambas bancadas aprobaron el último año de gestión de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández y el primer año de funcionamiento de la SIDE bajo la presidencia de Milei, en una maniobra que benefició a los dos espacios.Desde el kirchnerismo defendieron esa decisión en términos contables y presupuestarios, al señalar que no se detectaron irregularidades y que incluso se devolvieron fondos al Tesoro tras la caída de un DNU. Otros legisladores, en cambio, fueron más críticos y describieron el episodio como un entendimiento transaccional sellado al final de los mandatos de la mayoría de los integrantes de la comisión.La discusión sobre el Plan de Inteligencia Nacional expuso, una vez más, la tensión entre el rediseño del Estado que impulsa el Gobierno libertario y los límites institucionales que fija la ley de inteligencia, que asigna al Congreso la tarea de control parlamentario para garantizar el respeto de las garantías constitucionales. Con el texto corregido aún bajo revisión, el debate sobre hasta dónde puede llegar el poder de los organismos de inteligencia sigue abierto.

El Gobierno de Rusia ha anunciado la expulsión de un trabajador de la Embajada de Reino Unido en Moscú por sus supuestos lazos con los servicios de Inteligencia británica, al tiempo que ha trasladado una queja formal a Londres en torno a estas acusaciones, sin que las autoridades del país europeo hayan reaccionado por ahora.El Ministerio de Exteriores ruso ha apuntado en un comunicado que la encargada de negocios británica en Moscú, Danae Dholakia, ha sido convocada para trasladarle un “firme protestas” por “las informaciones recibidas por las autoridades competentes de Rusia sobre los lazos entre un trabajador del personal diplomático de su Embajada con los servicios de Inteligencia de Reino Unido”.“Dholakia ha sido informada de que, ante esta situación y en línea con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de Viena, la acreditación de esta persona ha sido revocada”, ha dicho, antes de destacar que esta persona “debe abandonar el territorio de la Federación Rusa en dos semanas”.Asimismo, ha recalcado que Moscú “no tolerará en territorio ruso las actividades de oficiales de Inteligencia británicos no declarados”, al tiempo que ha subrayado que seguirá actuando “en línea con los intereses de seguridad nacional”. Además, ha advertido a Londres de que “si recrudece la situación, Rusia dará una firme respuesta equivalente”.Tras ello, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha identificado a esta persona como Gareth Samuel Davis y ha destacado que “fue detectado como un oficial de Inteligencia británico no declarado a raíz de un trabajo de contrainteligencia”. “Fue enviado a Rusia bajo la cobertura de un puesto como secretario segundo del Departamento Administrativo y Económico de la Embajada británica en Moscú”, ha señalado.“A partir de ello, el Ministerio de Exteriores ruso, tras consultas con las agencias relevantes, ha decidido revocar la acreditación de Davis, quien ha recibido orden de abandonar Rusia en un plazo de dos semanas”, ha apuntado el organismo en un comunicado, en el que asegura que “seguirá haciendo frente a los trabajos de las agencias extranjeras de Inteligencia a través de todos los medios disponibles”. (Con información de Europa Press).

Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas  y sociales pidieron que el Congreso proceda a la derogación del DNU que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”.La postura está plasmada en un documento firmado por la Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas,  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron.Esos organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia “es grave” porque el “decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”“Por primera vez en democracia, la SIDE  puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron.Y destacaron que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control. En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron.Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es que el decreto “establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.En ese sentido señalaron que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”Agregan que “este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso.”

La polémicaEl Gobierno dictó el 31 de diciembre el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permitir la aprehensión del personas y otorgar un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso.Tras llegar al Congreso, la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su tratamiento, pero es probable que ese plazo se venza ya que ni siquiera está constituida la comisión, con lo cual la oposición puede impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, nombró como jefe de su gabinete a Kiril Budanov, responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa.La decisión del mandatario llegó tras la renuncia de Andrí Yermak, anterior jefe de gabinete, ocurrida el 28 de noviembre, día en que fue objeto de registros por parte de las autoridades anticorrupción.El comunicado del jefe de Estado plasmó la importancia de reforzar el enfoque en seguridad nacional, desarrollo de las fuerzas de defensa y la diplomacia en un contexto de guerra con Rusia.Zelensky subrayó la “especial experiencia” de Budanov en áreas estratégicas, señalando la necesidad de que Ucrania se centre en asuntos de seguridad y diplomacia; y en robustecer la defensa del Estado. Aunque el nombramiento no ha sido formalizado oficialmente, el presidente ha encargado a Budanov, junto a los principales responsables de seguridad nacional, actualizar y presentar la estrategia de defensa nacional.La dimisión de Yermak se produjo tras el registro de su oficina y vivienda, en el marco de una investigación en curso por parte de las autoridades anticorrupción. Este episodio marca un cambio de rumbo en el círculo presidencial, con el desplazamiento de una figura que había ocupado un lugar central desde el inicio de la guerra.Budanov, de 39 años, lidera la inteligencia militar de Ucrania desde 2020. La GUR ostenta reputación de ser una de las instituciones más competentes del país tras la invasión rusa, según evaluaciones recientes. La trayectoria de Budanov lo posiciona como un perfil altamente cualificado para afrontar los desafíos en materia de defensa y seguridad estatal.Las nuevas prioridades establecidas por la Oficina de la Presidencia incluyen tareas clave en materia de seguridad, el crecimiento de las Fuerzas de Defensa y el papel diplomático, en línea con los actuales retos del país.Durante el periodo de guerra, Yermak llegó a ser considerado la figura política nacional con mayor influencia tras el propio presidente, asumiendo papeles de representación y peso internacional dentro de la administración ucraniana. Infobae.

El Gobierno Nacional prepara una reforma para otorgar mayor poder a la SIDE para concentrar todo el sistema de inteligencia, donde se establecen que toda las tareas serán “encubiertas” y se habilitara aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de “flagrancia”.Esa reforma se efectuará a traves de un DNU que podría ser publicado mañana donde  le da mas poder a la SIDE-que conduce Cristian Auguadra, señalaron fuentes oficiales a la Agencia NA.De acuerdo al texto al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas se establece en el artículo 2  que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.Otro de los artículos que ya despertaron críticas de la oposición es el 19 que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, destaca.

DETALLESUno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la a División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia.Fuentes oficiales señalaron a NA que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.Establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema.Aclara que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.

PRINCIPALES EJESSeñala que los principales ejes de la reforma son la creación de  un ámbito de integración funcional permanente, bajo conducción de la SIDE, para “compartir inteligencia entre todos los organismos especializados del Estado”.Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete.El Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia  que estará en la orbita de la SIDE.

CONTRAINTELIGENCIAEn el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”En ese contexto se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.

DEFENSA Y SEGURIDADLa reforma por DNU habilita formalmente que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto.

CONGRESOEse DNU deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo  que tiene diez días hábiles para tratar ese decreto, luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento.El Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122.En ese contexto, el diputado Esteban Paulon dijo a Noticias Argentinas que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.Destacó que luego de cumplirse los días para que sea tratado en comisión  “nosotros lo podríamos rechazar después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras”. NA.

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la “Política de Inteligencia Nacional”, un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. En las últimas horas, el gobierno anunció nueva cúpula en la SIDE. El Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, según reconoce el propio texto oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.La medida instruye además a la SIDE a dictar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.El diagnóstico del sistema de inteligenciaEl decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con “un deterioro relevante” de más de tres décadas que “socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas”.El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, “cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos”, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “constituyó un hecho de suma gravedad institucional”.También se refiere a las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno “implicó un notorio retroceso institucional”. La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados: La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan “condicionar la autonomía institucional”.Sobre la integridad territorial, se propone detectar “dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica”.

Los diez lineamientos estratégicosEl anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.El primer lineamiento aborda la “disputa de poder en el escenario de política exterior”, donde se reconoce que la competencia entre potencias globales “impacta directamente en regiones periféricas como América Latina”. El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.El segundo eje se refiere a la “superioridad de la información y riesgo de influencia externa”, con foco en operaciones de desinformación que “buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional”.El tercer lineamiento analiza el “poder integral de la Nación”, incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como “la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros” y “la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras”.

Malvinas, Antártida y recursos naturalesLos lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que “la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales” ha generado “un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas”. Se menciona expresamente “la ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a las Islas Malvinas.El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina “por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos”.

Ciberseguridad y tecnologías de fronteraEl sexto eje estratégico se centra en las “amenazas dentro y desde el ciberespacio”, definiendo a este dominio como “vector de influencia y superficie de ataque” que permite a actores estatales y no estatales “proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo”.El séptimo lineamiento aborda las “ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera”, incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que “redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística”.

Terrorismo y crimen organizadoLos lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta “exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales”, mencionando “el precedente de atentados con impacto regional”.En cuanto al crimen organizado, se lo describe como “una estructura de poder paralela” que en Argentina se beneficia de “la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales” que han favorecido “la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales”.El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como “herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional”.

El Gobierno desmintió rotundamente las versiones que afirmaban que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había aprobado un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta a espionaje interno sobre ciudadanos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios del Gabinete o que generaran “pérdida de confianza” en el plan económico que lleva adelante el Poder Ejecutivo.A su vez, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, desde la Casa Rosada destacaron que “es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”.En ese sentido, el texto aclara que el presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, al señalar que éste había sido “destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas de sus recursos”.Respecto a las versiones que circularon en medios sobre el Plan de Inteligencia Nacional, el Gobierno aclaró que se trata de un “documento secreto” cuyo objetivo es establecer “los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina”. Aseguraron además que solamente tienen acceso a esta información el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso.Según informó este domingo el diario La Nación, el documento, secreto y de 170 páginas, habilita a recabar información sobre quienes, según su criterio, puedan “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.El plan, desarrollado por la cúpula de SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, podría ampliar el alcance de los objetivos de inteligencia hacia periodistas, economistas, académicos y cualquier actor que cuestione las decisiones del Ejecutivo. Ambito.

Aunque todavía nos encontramos en medio de una situación de crisis sanitaria internacional, a causa de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretende anticiparse a las futuras pandemias creando un Centro de Inteligencia, con sede en Berlín, para controlarlas.

El anuncio de la creación de un Centro de Inteligencia para Pandemias y Epidemias fue hecho este jueves, desde la sede de este organismo, en Ginebra, durante una rueda de prensa en la que participaron el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la canciller alemana, Angela Merkel.

En este Centro se intentará utilizar las últimas tecnologías para adelantarse a las pandemias que podrían provocarse en los próximos años. Para ello se emplearán técnicas como el análisis de macrodatos, usualmente conocido como big data, o la inteligencia artificial. A través de estas herramientas se recopilarán grandes cantidades de información para predecir nuevas crisis sanitarias.

Según la agencia sanitaria de la ONU, los virus se mueven con rapidez pero los datos pueden ir aún más deprisa y gracias a estos últimos los gobiernos pueden tener informaciones pertinentes que les permitirían actuar con anticipación y salvar vidas. Alemania financiará este centro mediante una dotación anual de treinta millones de euros.

De acuerdo con Angela Merkel, «se apostará principalmente por el análisis de datos, pieza clave para luchar contra futuras pandemias». Las informaciones así obtenidas se compartirán con el resto de la comunidad internacional «porque sólo se puede combatir las pandemias mediante acciones conjuntas», aseguró la canciller durante su intervención ante la prensa.

Tedros reconoció que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las carencias del sistema global de prevención de epidemias y esta situación tendrá que resolverse en los próximos años porque «habrán más virus, en el futuro, que tendrán las características para desencadenar nuevas pandemias».

La idea de crear este centro surgió tras un encuentro que Tedros y Merkel mantuvieron el pasado mes de octubre y decidió que su sede estaría en Berlín porque fue Alemania el país que durante la cumbre del G20, en 2017, convocó una reunión de ministros de salud del bloque que además terminó con un ejercicio de simulación ante una posible emergencia sanitaria internacional.

Por su parte el director de la OMS para Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, afirmó que en la capital alemana se analizarán datos que ayudarán a «evitar que ocurran otras pandemias» en campos tan diversos como la meteorología, la movilidad humana o la salud de los animales.

Con estos datos se podrían elaborar modelos predictivos que no sólo servirían para evitar pandemias sino que también analizarían las respuestas sanitarias de los gobiernos u otros fenómenos como la circulación de bulos, o «infodemias», que pueden empeorar una situación divulgando informaciones falsas. El nuevo centro podría crearse antes de finales de este año.