El procedimiento se desencadenó a partir de una inspección ambiental en el predio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Libertador San Martín.En el lugar, ubicado en la intersección de las calles Paraná y Víctor Hugo, inspectores constataron la presencia de bidones vacíos de fitosanitarios abandonados sobre el suelo y enterrados, algunos de los cuales conservaban las etiquetas identificatorias del mencionado local comercial.Ante este hallazgo, se realizó una inspección en el establecimiento de calle 9 de Julio 45, encabezada por el director de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez; y la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), Gabriela Joubert; junto con el equipo técnico provincial y personal de la Municipalidad de Libertador San Martín. En el comercio se detectaron 54 envases de fitosanitarios de 20 litros siendo reutilizados para el almacenamiento, fraccionamiento y comercialización minorista y mayorista de distintos productos de limpieza; de uso familiar e industrial.

La Ley Nacional 27.279 establece prohibiciones absolutas respecto al manejo de estos recipientes, vetando expresamente su quema, enterramiento, reciclado no autorizado y reutilización. “El uso de bidones que contuvieron insumos agroquímicos para trasladar y vender artículos de limpieza doméstica, configura un hecho ilegal que entraña un grave riesgo ambiental y de salud pública para la población por el potencial contacto con trazas de sustancias tóxicas”, destacó la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert.

Desde el organismo provincial encendieron las alarmas al señalar que este hecho no constituye un evento aislado, ya que en los últimos meses se han detectado situaciones de similar gravedad en distintos puntos de la provincia.

Ante esta recurrencia, la Secretaría de Ambiente profundizó los controles para investigar la posible existencia de una cadena informal de distribución y reutilización ilícita de envases agroquímicos, advirtiendo que se aplicarán las máximas sanciones administrativas y legales a quienes incurran en estas prácticas prohibidas.

Con estas medidas, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con la fiscalización estricta de las normativas ambientales y el resguardo de la salud de las familias entrerrianas.

El secretario de Gobierno y Hacienda Luciano Dell´Olio explicó que el SMI fue desarrollado por la Dirección de Informática de la Municipalidad de Concordia con el objetivo de mejorar y agilizar los mecanismos de carga, gestión y notificación de las infracciones, trayendo consigo transparencia en los distintos controles que los inspectores van a estar realizando. “Viene a reemplazar el acta de papel por un dispositivo que tiene una aplicación mediante la cual los inspectores van a estar conectados a una impresora portátil” especificó Dell´Olio, agregando que la información que se solicitará es la que marca la Ley Nacional de Tránsito “como ser lugar, fecha, hora de la comisión de la infracción, además de los datos de quien esté cometiendo la misma”. Quien haya cometido la infracción tendrá un plazo de 72 horas para acceder a una reducción del 50% de la pena mínima tal como establece la Ley Nacional de Tránsito como así también podrá hacer uso del descargo pertinente en el Juzgado de Faltas si el presunto infractor así lo considere. Estuvieron presentes la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Jefe de Gabinete Eduardo Caminal; Jueces de Faltas Municipal; las Direcciones de Tránsito e Informática como así también la Dirección de Inspectores.

Durante todo el fin de semana y hasta este jueves, se realizaron operativos de control en la ciudad de Concordia, en sitios que habitualmente son visitados para ejercer la actividad de pesca.

Como es habitual, personal de la Dirección General de Fiscalización de la provincia realizó en Concordia operativos en diversos accesos durante turnos rotativos para hacer un exhaustivo control de esta actividad que se rige por determinadas resoluciones provinciales, con el objetivo principal de proteger el recurso pesquero y combatir la pesca furtiva, teniendo en cuenta que aún el río Paraná mantiene un bajo nivel hidrométrico.

En esta oportunidad, los operativos fueron realizados en diferentes horarios desde el viernes de la semana pasada y hasta el lunes último; en zona de calles Urruzola, Pampa Soler, avenida Rösch, Chajarí; acceso a arroyo Ayuí Grande (finalización de la Costanera); e ingreso al parque San Carlos.

Estos controles fueron llevados a cabo por personal policial y en distintos horarios rotativos �mañana, tarde, noche y madrugada�.

Además, se controlaron vehículos en tránsito �de ingreso y egreso a los campings�, se desalojó transeúntes que pescaban en la vera del río Uruguay, teniendo presente lo que determina la ley de pesca provincial y la Resolución Nº 410/22 DRN, que adhiere a la resolución de Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) Nº 06/22 y veda la pesca deportiva, comercial y artesanal en horario nocturno y durante los días sábados y domingos de cada semana.

En este sentido, se labraron tres actas de infracción a la Ley Provincial de Pesca Nº 4.892 y resoluciones vigentes, y se invitó a todo pescador artesanal que ingresaba al camping la Tortuga Alegre a no realizar la actividad en esta zona, explicándoles e informándoles los lugares, días y horarios habilitados, según lo dispone la ley.

Todos estos operativos forman parte de un trabajo articulado que año a año se consolida entre quienes asumen el compromiso de realizarlo eficientemente, tales como personal de Prefectura Naval Argentina �Delegación Concordia y Salto Grande�, Policía de Entre Ríos, a través de las comisarías Quinta y Novena, Brigada de Abigeato de la provincia y agentes de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia.

En ese sentido detalló, �Squien se hace responsable al momento de labrar el acta los inspectores en donde se realice dicha reunión, sea una casa, un galpón o un salón, es el propietario del lugar y esa gente que ha incumplido, que es mínima por la cantidad de habitante que tiene Concordia, puede llegar a generar un gran perjuicio para toda la sociedad⬝.

�SLas actas que se han labrado son por incumplimiento de horarios de comercios, por incumplimiento de los protocolos sanitarios, por fiestas, reuniones, asados que no están permitidos como así también por no usar barbijo en la vía pública, esas actas que realizan los inspectores vienen al juzgado de faltas y aquí se los cita a aquellos infractores que han incumplido la norma para que ejerzan su derecho a defensa y en su defecto abonen la correspondiente multa, muchos infractores se han presentado y reconociendo los hechos y en otros casos no lo han hecho y allí arranca el procedimiento interno del juzgado de faltas citando al presunto infractor para que comparezca y en caso de no presentarse se dicta una sentencia en rebeldía�"�", detalló.

�SDesde que se dictó el DNU a nivel Nacional, Provincial y Municipal, lo que se hizo fue una fuerte campaña de prevención a los fines de que la gente tome conciencia que esta es una situación extremadamente difícil para todos y en un primer momento se trató de incentivar a la población que cumpla con todas las recomendaciones como uso de barbijo, el distanciamiento social, no realizar eventos, cumplir con todas la normas de seguridad que se establecieron para evitar el contagio masivo y a raíz de que la gente no cumplía, los concejales de nuestra ciudad votaron una ordenanza que estipulaba sanciones para aquellos que infringían los protocolos de seguridad⬝, concluyó.