Por Facundo Chaves Y Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.En su resolución, el magistrado advirtió sobre “ la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial.De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Un pedido de ARCALa decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido.ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco.El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas.El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido.El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones.Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral. Infobae.

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “Nación Seguros S.A.”, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A.”, detalla la imputación.“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros SA´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución.Y añadió el texto que “según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ´Nación Seguros´”. NA. 

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, afirmó que el hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017, fue �Suna AMIA a 900 metros de profundidad⬝, al comparar esa tragedia con la masacre de la mutual judía producida por un atentado en 1994, y no descartó que deba indagar a personas sospechadas de tener responsabilidad a las que no interrogó si se lo ordena la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Entre los exfuncionarios que la jueza dejó fuera de su investigación están el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur.

No obstante, la magistrada defendió su actuación en el expediente, en el que procesó a varios ex altos oficiales de la Marina, aunque su intervención le valió denuncias ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño.

La magistrada hizo estas declaraciones a Télam Radio, en una entrevista en la que se la consultó por la reciente denuncia de la AFI contra el Gobierno de Macri por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del naufragio.

�SMe atrevo si se quiere a compararlo, esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro⬝.

MARTA YÁ�EZ

�SSe trata de una causa absolutamente nueva y que efectivamente no tramitó ni tramita en mi juzgado. Yo sí intervine en la causa principal que es averiguación de las causas de la desaparición en principio, después las causas del hundimiento y hubo muchas conexas⬝, amplió.

Yáñez aclaró que hubo �Suna sola que podía llegar a asemejarse a esto que hoy nos alerta y nos alarma; es una denuncia que tuve de un solo familiar, al que le habían hackeado su mail, pero esa causa conexa si se quiere, en su momento fue delegada al fiscal, y el fiscal pidió la desestimación⬝.

�SEntonces en tanto y en cuanto el fiscal no haga un requerimiento formal se dispuso el archivo, pero era un solo familiar y porque él sospechaba que le estarían hackeando el correo personal⬝, abundó la jueza.

Respecto de esta nueva denuncia, Yáñez aseveró que �Ssin conocer los pormenores no deja de alarmarme y sorprenderme⬝.

Añadió que �Ssi usted va a ver la causa de la AMIA, que me atrevo si se quiere a compararlo, esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro.

�SSe hizo absolutamente todo tipo de pruebas; también tengo en cuenta que los familiares están diseminados por todo el país, que no todos tuvieron acceso a venir a Caleta Olivia a vernos personalmente y que nosotros le expliquemos la instrucción⬝, agregó.

La resolución de la jueza está a revisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por una serie de apelaciones, la cual, dijo, �Spuede llegar a coincidir con lo que yo firmé o puede decirme que indague a otro que entiende puede tener alguna responsabilidad. Vamos a ser respetuosos de la revisión que en este momento transita y vamos a esperar que la Cámara Federal dé su opinión.

�SPuede que entiendan que alguno que yo procesé deba ser sobreseído o alguno que yo sobreseí o no indagué deba ser indagado⬝, sostuvo.

La magistrada explicó que �Sno hay tiempos por la situación de la pandemia, pero entiendo que la próxima audiencia será en octubre vía zoom. Yo estoy muy tranquila y muy atenta porque si se considerara que la instrucción debe proseguir yo estoy dispuesta a hacerlo con la honestidad y el compromiso corporal que le puse hasta acá⬝.