La Policía bonaerense detuvo a una persona en Morón y además cuatro hombres quedaron imputados en el marco de una investigación conjunta de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal porteño en torno a los carteles con agravios a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras una serie de allanamientos realizados en municipios de la provincia de Buenos Aires.

"La División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad se encontraba en plena tarea investigativa realizó tareas con recopilación de imágenes y testimonios para determinar ocho domicilios en Morón y La Matanza vinculados al hecho", se indicó en un comunicado de la Policía de la Ciudad.

El operativo en Morón estuvo a cargo de la División Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y con la intervención del Juzgado Federal Número 2 se autorizó el ingreso a "un domicilio de la calle Juan José Paso al 1300, de esa localidad, donde dio con la camionera buscada, que no contaba con sus chapas patentes".

Además, "se halló en el lugar a un hombre de 28 años mencionado en la investigación y a otras dos personas de 29 años que lo acompañaban".

Se determinó que la cédula de identificación del rodado estaba adulterada y se procedió al secuestro de la camioneta, de un teléfono celular y de afiches con el rostro de Cristina Fernández.

En consecuencia, "se hizo una consulta con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 4 a cargo de Mauro Tereszko, que avaló lo actuado por personal policial y dispuso el traslado del imputado a la dependencia policial".

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal porteño informó, a través de un comunicado, que "cuatro hombres quedaron imputados y citados a indagatoria", y ratificó que se halló una camioneta "identificada como la que fue utilizada para pegar los afiches agraviantes".

La División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad realizó la investigación y, debido a la recopilación de imágenes de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, "se pudo individualizar a los vehículos e identificar su recorrido".

Además del procedimiento en Morón, se realizaron esta madrugada una serie de allanamientos en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde "fueron demoradas tres personas más; se secuestró material de interés para la causa y se encontraron carteles y una máquina de imprenta".

En Guatemala al 300, en Villa Luzuriaga, fue demorado otro hombre, de 37 años, a quien se le decomisó el boleto de compra-venta y seguro de una camioneta marca Fiorino utilizada en la pegatina de carteles difamatorios contra la exmandataria, y se halló en ese operativo una factura de cartelería.

En una oficina comercial en Belgrano al 100, centro de Ramos Mejía, se halló gran cantidad de cartelería de Guillermo Moreno.

Por su parte, en Castelli al 1400 "se allanó una imprenta donde fueron hallados la gran cantidad de gigantografías y carteles con las imágenes del Presidente (Alberto Fernández) y de la Vicepresidenta, como también del gobernador bonaerense y la vice, y del intendente de La Matanza" Fernando Espinoza.

Allí fue notificado un hombre de 22 años, con permiso de conducción de la Fiorino que estaría involucrada y a una cuadra de allí otro hombre, de 42 también quedó imputado en la causa por el mismo motivo.

El titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCF) N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Mauro Tereszko -quien está a cargo de la investigación- prevé tomar declaración indagatoria la semana próxima por hostigamiento y daños agravados, según estipularon desde el Ministerio Público porteño.

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados esta martes por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para mañana jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.

Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El fiscal Moreno señaló que"si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años".

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir este jueves si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.

Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que "si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años".

Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su "desconcierto" por la imputación.

Tras el cuarto intermedio, en el tramo final de la investigación que Moreno encaró desde hace casi un año y medio, durante la audiencia del jueves los defensores de los imputados harán su descargo, ya que señalaron que tienen que analizar en detalle una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.

Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación documental, aún cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.

La encuesta del fiscal analizó la actividad desarrollada por los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, que �Shabrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma⬝.

A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.

Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin �Scon el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada⬝.

Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como �Suna puesta en escena de empresa solvente y confiable⬝, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, �Squienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas⬝.

Identificó entre los afectados a las firmas locales Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las que ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio.

En la mañana de hoy se conocerá la resolución del Juez de Garantías Dr. Darío Mauttone, la fiscalía a cargo de Francisco Azcué y Daniela Montangie solicitó 60 días de prisión preventiva.

El caso está caratulado como �SRobo agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público⬝, los funcionarios que fueron imputados son: Maximiliano Ramón Rodríguez, Raúl Osvaldo Escobar y Jonhatan Luciano Conrado. Aparentemente estas personas intimidaron, falsificaron y facilitaron contrabando de mercancía haciendo uso de su posición de policías.

Diario El Heraldo confirmó que hay 11 policías más de la Brigada de Abigeato que son sospechosos de delitos de cohecho categorizados de menor gravedad y por el momento no están imputados.  

En la mañana de hoy se conocerá la resolución del Juez de Garantías Dr. Darío Mauttone, la fiscalía a cargo de Francisco Azcué y Daniela Montangie solicitó 60 días de prisión preventiva.

El caso está caratulado como �SRobo agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público⬝, los funcionarios que fueron imputados son: Maximiliano Ramón Rodríguez, Raúl Osvaldo Escobar y Jonhatan Luciano Conrado. Aparentemente estas personas intimidaron, falsificaron y facilitaron contrabando de mercancía haciendo uso de su posición de policías.

Diario El Heraldo confirmó que hay 11 policías más de la Brigada de Abigeato que son sospechosos de delitos de cohecho categorizados de menor gravedad y por el momento no están imputados.  

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, e involucra a los siete acusados que son el neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29), el enfermero Ricardo Omar Almirón (38), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52).

El juez dispuso que la decisión sea comunicada de inmediato a Dirección Nacional de Migraciones y a las cuatro fuerzas federales, es decir, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De esta forma, el juez avaló el pedido que la semana pasada, al citar a indagatoria a los acusados, formularon los tres fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.

Si bien ante el cambio de calificación a un delito que prevé de 8 a 25 años de prisión, se especulaba con la posibilidad de que los fiscales pudieran solicitar detenciones, los representantes del Ministerio Público solo pidieron la prohibición de salida del país resuelta este jueves por el magistrado.

�SEs el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública, quien considera suficiente y adecuada la medida restrictiva que aquí habrá de adoptarse, en miras de neutralizar toda peligrosidad procesal que atente contra el normal desarrollo de la investigación, postura que, por cierto, comparto en un todo⬝, señaló Díaz en su resolución, a la que accedió Télam.

Si bien el juez recordó �Sla altísima expectativa de pena⬝ que tiene el delito de homicidio simple -hasta 25 años de cárcel-, argumentó que �Sdada la particular naturaleza de los eventos en estudio y las características personales de los inculpados -todos ellos profesionales de la salud, en diversas áreas médicas-, aparece como adecuada la imposición de la medida limitativa de la libertad requerida por los acusadores⬝.

En otro tramo de la resolución, el juez rechazó la posibilidad de que él esté presente en las indagatorias, algo que había pedido la defensa de la enfermera Madrid.

Las indagatorias por �Shomicidio simple con solo eventual⬝ se tomarán los lunes, miércoles y viernes desde el próximo 31 de mayo, y de a una por jornada.

Las claves de la imputación

Una de las claves de la nueva imputación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona.

Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre pasado.

Además, consideraron que "el Diez" "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", que el operativo montado en la casa del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.

También calificaron al equipo médico como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".

Con este cambio de calificación, el equipo de tres fiscales especialmente creado y coordinado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, considera que la muerte de Maradona no fue producto de una mala praxis o de un accionar negligente de sus médicos, sino que se representaron la posibilidad de que el exastro futbolístico muriera y no hicieron nada para evitarlo.

Los fiscales saben por una serie de mensajes y audios extraídos de sus propios celulares, que el equipo médico que lideraban Luque y Cosachov estaba en conocimiento de que en los últimos meses de su vida Maradona tuvo acceso a alcohol, medicamentos y hasta marihuana, y que pese a que lo ideal para desintoxicarlo era internarlo en una clínica especializada, decidieron externarlo de la Clínica Olivos donde se había sometido a una cirugía por un hematoma subdural, y disponer una internación domiciliaria en la casa de Tigre que, a su criterio, fue deficiente.

Ferrari, Iribarren y Capra se preguntan por qué sucedió esto y si los contratos firmados y el rédito económico que generaba tener activo y bajo su órbita -y no de la familia-, al por entonces DT de Gimnasia, tuvo alguna influencia en su desenlace.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".