Por Mariano Casal - Familiares de víctimas de asesinatos expusieron este jueves en el plenario de comisiones de Justicia; y de Presupuesto del Senado, que dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil. El oficialismo quiere sancionar la ley el próximo jueves.Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactivo para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.Una de las potenciales observaciones a detalles de la ley apuntaba hacia la Unión Cívica Radical (UCR), las cuales fueron descartadas por su propio jefe, el correntino Eduardo Vischi. El legislador del centenario partido criticó al kirchnerismo por no querer “discutir” y tener “una visión muy garantista”, con una “ley que protegía más al victimario que a la víctima”, frente a una “sociedad que está pidiendo a gritos una respuesta”.“El derecho penal llega tarde, lamentablemente. Es el castigo y no la prevención”, enfatizó Vischi, quien blindó el apoyo al texto que vino de Diputados, aunque reclamó que la comisión de Población analice también un proyecto que promueve “una propuesta integral sobre niños, niñas y adolescentes”.Sobre el final, Bullrich dejó en claro que “no es lo mismo que un menor que mata, que asesina, que destruye la vida de otro, que vuelva a su casa como si nada hubiera pasado”. La porteña aseveró: “No hay nada peor que la impunidad de ver que un crimen no tiene castigo. Es vivir en una sociedad de la selva, donde no hay valor a la vida y a los principios básicos”. Y remató: “Videla era presidente -en referencia al sistema vigente- de facto. Acá no se ha discutido no en esta sesión, sino en los últimos 30 años”. 

A través de un comunicado fechado el 9 de febrero de 2026, ambas entidades expresaron un rechazo categórico a la iniciativa y sostuvieron que la baja de la edad “es inútil, innecesaria y perjudicial”, además de considerar que podría resultar inconstitucional.

En el documento, los defensores públicos señalaron que la propuesta contradice estándares internacionales en materia de derechos de la niñez.

Recordaron que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a la Argentina no reducir la edad de responsabilidad penal ni incrementar las penas, y enfatizar medidas no judiciales.

También citaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y por el período más breve posible.El comunicado incorpora además fundamentos científicos, al indicar que el desarrollo del lóbulo frontal —vinculado al autocontrol y la toma de decisiones— no alcanza su madurez hasta después de los 20 años, por lo que sostienen que no puede equipararse la responsabilidad penal de adolescentes con la de adultos.

En términos estadísticos, las entidades afirmaron que es “ínfimo” el porcentaje de delitos cometidos por menores de 18 años y aún menor el de menores de 16.

Asimismo, señalaron que la mayoría de los hechos que involucran a adolescentes corresponden a delitos contra la propiedad y que casi el 90% de estos casos se concentran en cuatro jurisdicciones: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los puntos cuestionados es que el proyecto habilitaría el alojamiento de menores en cárceles comunes. Según advirtieron, el sistema penitenciario argentino atraviesa niveles históricos de sobrepoblación y no está preparado para cumplir con fines resocializadores ni siquiera respecto de personas adultas.

Si bien aclararon que el Estado debe dar respuesta a las víctimas y a la sociedad ante hechos graves, sostuvieron que esas intervenciones deben realizarse desde ámbitos no penales, fortaleciendo los organismos de protección de derechos y abordando las causas estructurales que inciden en la conflictividad juvenil, como la exclusión social o el consumo problemático de sustancias.

Finalmente, el Consejo Federal de Defensores y ADEPRA solicitaron a las autoridades legislativas y al Poder Ejecutivo que desistan de avanzar con el proyecto y promuevan un debate “serio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos de la infancia”. 

Sostuvo que la propuesta de modificar la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de punibilidad no solo es ineficaz, sino que también contradice compromisos internacionales de protección de derechos de la niñez.Benítez explicó que la participación de menores de edad en hechos delictivos es “mínima” según estadísticas oficiales, y que la respuesta a estos casos no debe centrarse exclusivamente en el derecho penal, sino en abordajes integrales que atiendan las causas sociales y educativas subyacentes. Recordó que organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño instan a actualizar la normativa sin reducir la edad de punibilidad ni incrementar penas, y destacó que en provincias como Entre Ríos las tasas de homicidios y delitos cometidos por jóvenes son inferiores a la media nacional.Consideró que la incorporación de menores en el sistema penal tradicional profundizará problemas como la crisis carcelaria y la violencia institucional, y remarcó que las intervenciones estatales deben orientarse al acompañamiento y tratamiento de adolescentes en conflicto, en lugar de su encarcelamiento.Señaló que estudios científicos demuestran que los adolescentes no completan el desarrollo de funciones ejecutivas hasta alrededor de los 20 años, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de enfoques más protectores y diferenciados para este grupo etario. 

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, expresó su preocupación por el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad durante su habitual columna en el programa radial "Bravo por Mitre". En ese espacio, el pastor cordobés cuestionó el enfoque punitivo de la discusión y llamó a una reflexión más amplia sobre las causas sociales que afectan a niños y adolescentes. El arzobispo consideró insuficiente el eje del debate público actual. Discutir sólo "si 13 o 14 años", dijo, "la verdad que esa discusión me parece tan pobre", señalando que el foco exclusivo en la edad "deja de lado una reflexión más profunda" y sostuvo que "es triste ver que tenemos que llegar a nuestro joven a través del castigo y llegar tarde".El cardenal Rossi reconoció la reacción inmediata que provocan los delitos cometidos por menores, al afirmar que "lo razonable frente a los hechos que estamos viendo es el deseo de que el que lo ocasiona quede encerrado", y agregó que se trata de una reacción humana: "Esa es la reacción natural". Sin embargo, planteó el desafío de revisar las causas previas y expresó: "Animarnos a ver qué hay antes de eso".En su análisis, citó al jesuita Rafael Velasco, exrector de la Universidad Católica de Córdoba, y compartió su mirada crítica sobre el proyecto de ley: "En el fondo, el discurso de esta ley es un discurso de desesperanza". Según relató, la lógica subyacente plantea que "ya no hay nada que hacer con estos pibes". Advirtió además que este razonamiento conduce a una escalada sin límites: "Después habrá que volver a bajar la edad". El purpurado también mencionó expresiones culturales que reflejan otra mirada sobre la niñez y citó un texto atribuido a Doña Jovita, personaje popular cordobés, del que destacó la frase: "Un niño en un calabozo es la penosa señal de que algo hemos hecho mal".

Subrayó además el llamado a garantizar condiciones dignas para los más jóvenes: "Los changos deben tener un buen patio para jugar, una escuela para estudiar, familia donde crecer y un motivo para creer".Preocupación por futuroEl cardenal Rossi advirtió que la baja de la imputabilidad no resolverá el problema de la inseguridad y expresó su preocupación por el futuro: "Ni van a disminuir los delitos, además va a bajar la edad". Reconoció que su postura genera críticas y afirmó: "Recibo insultos por todos lados", aunque sostuvo la necesidad de una reflexión madura y señaló que el debate actual "presenta rasgos de superficialidad y demagogia".En el intercambio, el conductor recordó un documento de la Comisión Episcopal de marzo de 2025, que propone un régimen penal juvenil con una mirada integral y esperanzadora. El cardenal Rossi coincidió y alertó sobre la realidad del sistema actual: "Hoy no existe ni siquiera para los que ya están". Afirmó además que "la estructura es terrible" y negó que existan condiciones adecuadas para alojar a más jóvenes en contextos de encierro.Por último, el arzobispo aclaró que su postura no busca eximir responsabilidades y expresó: "Yo entiendo perfectamente que hay que hacer algo". Al mismo tiempo, pidió mayor seriedad y afirmó: "Está faltando madurez y casi diría yo sentido común".Antes de despedirse, el cardenal Rossi se refirió también a las responsabilidades internas de la Iglesia admitiendo que también debe reconocerse como "coprotagonista" de este drama social. Para concluir, agradeció a la audiencia y reafirmó su compromiso de expresar su pensamiento con honestidad.(AICA)

La Libertad Avanza llegó a un acuerdo con algunos sectores de la oposición y convocó a una sesión el próximo jueves para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.Sin embargo, la principal sorpresa podría llegar desde el peronismo: los diputados del massismo analizan votar a favor del proyecto porque coincide con “la posición histórica que tuvo el Frente Renovador”.El año pasado, cuando el proyecto del oficialismo se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría con su propio régimen penal para adolescentes que no modificaba la edad de imputabilidad (16 años). Por aquel entonces, las autoridades del bloque decidieron reemplazar a los massistas Ramiro Gutierrez, Mónica Litza y Marcela Passo para que el peronismo firmara sin fisuras en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.

En ese momento, y también en la actualidad, el Frente Renovador apoyaban la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y así lo habían plasmado en el Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.Según pudo reconstruir Infobae, este jueves por la tarde en una reunión en las oficinas Avenida del Libertador 850, Massa acordó con sus alfiles en la Cámara de Diputados que el Frente Renovador apoyaría el proyecto de Milei.“Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición. También aclaró que el texto tiene defectos y le faltan políticas de reinserción y recuperación, pero esas críticas se van a plantear en el recinto”, explicó uno de los presentes en el encuentro.Uno de los referentes del massimo en Diputados explicó que al proyecto de Milei le faltan órganos de aplicación, así como las figuras del Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad. “Tampoco tiene una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino)”, sintetizaron.Por otro lado, al ser consultados sobre la decisión del oficialismo de agregar un apartado presupuestario al proyecto que habilite a las provincias a firmar convenios con Nación para saldar las diferencias de gastos en la implementación del nuevo régimen penal, señalaron que “es mejor que nada, pero la previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes”.El peronismo comenzará este viernes con algunas reuniones para unificar criterios y sumar a la discusión a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio en diciembre. En el massismo creen que legisladores de otros sectores internos del peronismo podrían terminar apoyando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico. Pero todavía no se habló en el bloque”, explicaron.Por su parte, en la bancada libertaria adelantaron que si bien el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, respetarán los consensos que se lograron el año pasado en torno a los 14 años. Eso le garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.“Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta para hacer caer el proyecto”, explicó una persona al tanto de las negociaciones con la oposición.

Cómo será el nuevo Régimen Penal JuvenilEl nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

En medio de una fuerte conmoción social, volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre la Ley Penal Juvenil. El disparador fue la difusión de un video que registra el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que murió tras ser atacado con múltiples puñaladas por otros menores.

A partir de ese hecho, Patricia Bullrich reclamó que el Congreso avance sin dilaciones en el tratamiento de una reforma del régimen penal juvenil. En un mensaje público, sostuvo que el sistema actual deja a las víctimas sin respuestas y permite que delitos graves cometidos por menores queden sin sanción efectiva. Planteó que el debate legislativo debe saldarse con una definición clara: acompañar a las víctimas y prevenir nuevos crímenes, o mantener un esquema que —según su mirada— favorece la impunidad.

En ese contexto, remarcó que los robos violentos y los homicidios protagonizados por menores se repiten sin consecuencias penales acordes, y afirmó que la edad no puede seguir siendo un factor que exima de responsabilidad frente a delitos extremos.

En paralelo, Bullrich también volvió a referirse a la política de orden público impulsada por el actual gobierno nacional. Al responder a datos que hablaban de una reducción parcial de los piquetes, aseguró que la práctica fue erradicada por completo, destacando que ya no se registran cortes prolongados de calles ni rutas ni acampes permanentes.

Finalmente, vinculó ambos debates bajo un mismo eje: la necesidad de un Estado que marque límites claros. Señaló que la Argentina debería adoptar estándares similares a los de países vecinos, con responsabilidad penal temprana, magistrados especializados y sanciones diferenciadas, para poner fin —según expresó— a la impunidad basada exclusivamente en la edad.

La iniciativa fue rechazada por legisladoras entrerrianas que integran el bloque de Unión Por la Patria. “No vamos a convalidar una agenda que criminaliza la pobreza y abandona a quienes más necesitan la presencia del Estado”, criticó Gaillard.Luego de semanas de postergación, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió este martes para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar el Régimen Penal Juvenil. Finalmente, la propuesta es que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años.El despacho final se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; por el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.El despacho final contó con la adhesión de 77 firmas.

El rechazoUna vez finalizada la reunión, las diputadas hicieron públicas sus críticas a través de X (ex Twitter):Blanca Osuna: “Adolescentes y niños/as no son responsables de los delitos que se cometen en el país. La incidencia de su participación es mínima. Si en la Argentina de hoy se está cometiendo un delito gravísimo es el desfinanciamiento de políticas públicas que acompañan su educación, el cuidado de su salud y las posibilidades de vivienda y trabajo de su familia. Hacerlos cargo, disminuyendo la edad de ser punibles, es una burla”.Carolina Gaillard: “Entendemos que legislar en materia penal juvenil exige seriedad, conocimiento jurídico y una perspectiva de derechos humanos. No vamos a convalidar una agenda que criminaliza la pobreza y abandona a quienes más necesitan la presencia del Estado”.

El proyectoLa modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.La persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil. Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.