ARCA dio a conocer el calendario impositivo correspondiente a abril de 2026, con un detalle completo de las obligaciones tanto para personas físicas como para empresas. El cronograma establece fechas según la terminación de CUIT y ya puede consultarse en la web oficial para evitar atrasos, intereses o sanciones.Durante la primera semana hábil, del 6 al 10 de abril, se concentran vencimientos vinculados a retenciones de IVA y Ganancias para comprobantes tipo “A” y “M”, además de la presentación de información del SISA y del sistema SIRE. En este tramo inicial, el organismo dispuso fechas escalonadas, por lo que resulta clave revisar el cronograma particular de cada contribuyente.En cuanto a los tributos más habituales, el Monotributo unificado tendrá vencimiento único el lunes 20 de abril para todas las categorías. Por su parte, los trabajadores autónomos deberán cumplir con sus obligaciones entre el 6 y el 8 de abril, según la terminación de CUIT, mientras que el régimen de casas particulares fija su fecha límite de pago el día 10.En la semana del 13 al 17 de abril aparecen compromisos relacionados con Bienes Personales y anticipos del Impuesto a las Ganancias, tanto para personas humanas como para sociedades. También se incluyen declaraciones juradas de empresas con cierres en noviembre de 2025 y presentaciones vinculadas a los regímenes SICORE y SIRE.Más adelante, entre el 20 y el 24, se destacan los vencimientos del IVA, nuevamente organizados por CUIT, junto con obligaciones específicas para micro y pequeñas empresas y opciones del régimen general, en especial para actividades agropecuarias. En este período también se registran pagos a cuenta y percepciones vinculadas a servicios digitales.Finalmente, del 27 al 30 de abril, el calendario incluye presentaciones formales como memorias y estados contables de sociedades con cierres en octubre de 2025, además de declaraciones juradas específicas y reportes como el formulario F.2668 y el informe maestro, siempre bajo el esquema de fechas diferenciadas por CUIT.Desde ARCA recomiendan a los contribuyentes anticiparse, revisar su situación particular y cumplir en tiempo y forma para evitar recargos o inconvenientes administrativos.

Cuando la cotización del barril de petróleo (Brent) saltó por el conflicto de Medio Oriente y pasó los USD 100, las naftas en Argentina acusaron el impacto de esa incidencia en el precio, que llegó a los $ 2.000, acumulando un ajuste del 19 % este mes. Los combustibles, que ya venían siendo incrementados con anterioridad en el país, sumaron en consecuencia aumentos superiores a la inflación, hasta 63,6% en el último año que casi duplicó el ritmo de crecimiento de los precios generales de la economía del 33,1%, pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.De acuerdo con un cuadro elaborado por Focus Market, el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.En esa estructura de receptores del reparto está la respuesta de por qué es tan automático aplicar un alza del insumo y no lo es corregirlo en menos.Un litro de nafta que se cobra $ 2.000 está gravado por $365,56 entre impuestos específicos ($18,45), IVA $ 347,11, con lo que el valor base es $ 1.634, el 81,72%.Esos $ 18,45 por litro se derivan entre $ 16,53 que va a la Nación y $ 1,92 a las provincias.Lo perciben el Tesoro Nacional, $ 1,92, ANSES $ 5,29, Infraestructura hídrica $ 0,9, FONAVI $ 2,78 y $ 0,47, mientras las provincias reciben $ 1,92 también, como Nación.El 60% es dirigido a organismos viales para carreteras y vialidad.El 30% de la asignación a provincias va a obras y energía y 10% a desarrollo eléctrico, de acuerdo con un desgloce realizado por el economista Damián Di Pace.

Nafta a la inflaciónFrente a tanta distribución, la recuperación practicada el año pasado en el precio tuvo cabida en el Índice de Precios al Consumidor, en un contexto en el que el ritmo general de los precios venía declinando, lo cual neutralizaba la incidencia.  Es que en la estructura del IPC, las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8 por ciento. Esto implica que por cada aumento del 10 por ciento en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de aproximadamente 0,38 puntos porcentuales.Pero el efecto del encarecimiento del combustible no queda ahí, sino que repercute en toda la cadena logística. Eleva los costos de transporte y distribución, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios en general, según la consultora EcoGo.

Explicación de YPF“La actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio. Es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos: En otros países los incrementos han sido al menos tres veces mayores”, explicó el Ceo de YPF, Horacio Marín.  Actuamos sin especulación y sin aprovechar la volatilidad del precio del crudo en este contexto de incertidumbre global.Sin embargo, la dinámica de precios en el surtidor no sólo responde al costo internacional del crudo, que se ve afectado tanto por la cotización del Brent como por la evolución del tipo de cambio, sino que coexiste otro factor no menor, como la carga impositiva, particularmente los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya actualización funciona como una herramienta de política fiscal.El medio especializado Surtidores analizó que, en términos de precios, los escenarios son diversos.Con un traslado parcial del aumento internacional y una corrección limitada de impuestos, el ajuste en los surtidores podría ubicarse en torno al 9 por ciento, con una incidencia cercana a 0,3 puntos en la inflación.Sin embargo, si la suba del crudo se consolida y se avanzara en una actualización más completa de la carga impositiva, los incrementos podrían escalar hasta el 30 por ciento, con un impacto superior a 1 punto porcentual en el IPC.Hoy se encuentra en torno a los 85 u 86 dólares, volatilidad ésta que responde al cierre de pasos estratégicos y a la necesidad mundial de petróleo, lo que repercute en los surtidores de todo el mundo.La traducción de ese movimiento a los precios internos está a cargo de YPF, que detenta el 55% de los despachos, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%), que acompañarán las decisiones que vaya adoptando la petrolera de bandera.

“Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc)”, subrayó el ministro en un posteo en redes sociales.Caputo sostuvo que “subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año” y estimó que en un “escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3,700 millones de dólares con respecto al año pasado”.“En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8,700 millones más que el año pasado”, indicó el posteo que procesó Agencia Noticias Argentinas.Caputo afirmó: “El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”. NA.

Comprar alimentos en la Argentina significó, durante 2025, afrontar una carga impositiva elevada incluida directamente en el precio final. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la carga tributaria legal argentina sobre un alimento se ubicó entre el 42% y el 43% del valor que paga el consumidor en las principales ciudades del país. El dato surgió del análisis de la legislación vigente en los tres niveles de gobierno y permitió identificar qué impuestos y aportes explicaron esa porción del precio.El estudio midió el costo impositivo total promedio que recayó sobre un alimento que tributó la alícuota plena del IVA del 21%, a lo largo de toda la cadena productiva y comercial. Para realizar el cálculo, el IARAF partió del nivel industrial y consideró un proveedor de insumos, un establecimiento industrial, un distribuidor mayorista y un comercio minorista. A partir de esa estructura, el informe reconstruyó cuánto aportó cada tributo al precio final que enfrentó el consumidor.La estimación se basó en la legislación impositiva vigente en 2025, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. En el caso de los municipios, el análisis solo incluyó la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), debido a que se trató del tributo local más generalizado y aplicado sobre las ventas netas. El informe no incorporó tasas inmobiliarias ni al automotor, ya que la variabilidad entre jurisdicciones y empresas impidió una estimación homogénea.En el plano provincial, el estudio se concentró en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representó el tributo de mayor peso recaudatorio para las provincias. El informe no consideró el impuesto de sellos ni los tributos inmobiliarios o automotores, por las mismas razones metodológicas vinculadas a la diversidad de regímenes y alícuotas.A nivel nacional, el análisis incluyó el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias, conocido como impuesto al cheque. Para Ganancias, el cálculo tomó como referencia el porcentaje del impuesto abonado sobre las utilidades totales, según promedios sectoriales, y luego expresó su incidencia en función de las ventas. En el caso del impuesto al cheque, el informe partió del supuesto de bancarización del ciento por ciento de las operaciones, compatible con el cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes.Otro componente central del estudio correspondió al Régimen Previsional y de Seguridad Social. El IARAF consideró tanto las contribuciones patronales como los aportes personales de los trabajadores, que los empleadores retuvieron de manera obligatoria. El informe trató a la totalidad de estas obligaciones como costo previsional, ya que se organizaron bajo un régimen de solidaridad y no guardaron una relación directa entre aporte y beneficio individual.

Los escenarios planteadosSobre esta base metodológica, el informe presentó dos escenarios. En el primero, supuso que los tres primeros eslabones de la cadena productiva correspondieron a establecimientos de gran tamaño, mientras que el último eslabón, el comercio minorista, operó como un negocio pequeño. En el segundo escenario, asumió que todos los eslabones funcionaron como establecimientos grandes, como ocurrió en el caso de los hipermercados.En el escenario de venta en comercios minoristas pequeños, la carga tributaria promedio sobre el precio final de un alimento alcanzó el 42%. Dentro de ese total, el IVA explicó la mayor parte de la carga, con una incidencia del 17,4% del precio final. Los aportes a la Seguridad Social representaron el 9,4%, mientras que Ingresos Brutos aportó el 7,6%. El Impuesto a las Ganancias explicó el 4,4%, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios el 1,9% y la TISH el 1,5%.Cuando el informe analizó la estructura de la carga tributaria en este escenario, mostró que el IVA concentró el 41,2% del total de impuestos incluidos en el precio final. La Seguridad Social explicó el 22,2% de la carga, Ingresos Brutos el 18%, el Impuesto a las Ganancias el 10,5%, el Impuesto al Cheque el 4,5% y la TISH el 3,5% restante. De este modo, el estudio evidenció que la mayor parte del peso impositivo provino de tributos indirectos y aportes obligatorios distribuidos a lo largo de toda la cadena.El segundo escenario analizó la venta en comercios minoristas grandes, como los hipermercados. En este caso, la carga tributaria promedio sobre el precio final subió un punto porcentual y llegó al 43%. El IVA mantuvo la misma incidencia sobre el valor final, con un 17,4%, y los aportes a la Seguridad Social también se ubicaron en 9,4%. Sin embargo, Ingresos Brutos aumentó su peso hasta el 7,8%, mientras que la TISH alcanzó el 2,2%. El Impuesto a las Ganancias volvió a representar el 4,4%, y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios se mantuvo en el 1,9%.La estructura de la carga tributaria en este segundo escenario mostró un incremento en la participación relativa de Ingresos Brutos y de la TISH respecto del caso de los comercios minoristas pequeños. En contrapartida, el resto de los tributos redujo su participación porcentual dentro del total, aunque sin cambios relevantes en su incidencia directa sobre el precio final que pagó el consumidor.El informe destacó que la estimación del costo impositivo total se realizó a partir de estructuras de ingresos y costos promedio construidas con información sectorial. De esta manera, el estudio buscó reflejar el impacto legal de los tributos vigentes, sin incorporar efectos derivados de incumplimientos o regímenes especiales.Así, el análisis del IARAF permitió observar cómo se conformó el precio final de un alimento a partir de la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, junto con aportes previsionales obligatorios. El resultado mostró que una porción significativa del monto que pagó el consumidor correspondió a obligaciones fiscales que se sumaron en cada etapa de la cadena productiva y comercial, desde el proveedor de insumos hasta el comercio minorista. Infobae.

Desde el Ministerio de Bioagroindustria describen la medida como “una herramienta clave para la planificación, diseño y ejecución de políticas públicas destinadas al desarrollo rural sostenible”.Se trata de una herramienta estratégica para la implementación de un nuevo descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural para quienes acrediten su condición de propietario productor, una decisión que pretende fomentar el arraigo y reconocer especialmente a aquellos productores que trabajan su campo. El plazo de inscripción al registro vence el próximo 19 de diciembre.Considerando los descuentos ya existentes como el de Contribuyente Cumplidor (30%) y por validar Buenas Prácticas Agropecuarias (5%), en total el Propietario Productor podría alcanzar un descuento del 40% en el Impuesto Inmobiliario Rural.Según datos del último censo agropecuario nacimiento (2018), la provincia de Córdoba tiene un 30% de campos producidos por sus dueños y un 70% por arrendatarios. El porcentaje es similar al de Entre Ríos.Si bien el arrendatario puede ser eficiente y responsable con la producción, hay inversiones estructurales que necesitan un retorno extendido y el alquiler de los campos suele ser temporal y determinado por dinámicas anuales de campañas.Conocer estos datos de manera precisa es importante para la planificación estratégica de obras de infraestructura, proyectos integrales en cuencas hidrográficas, conservación de suelo, forestaciones, sistemas de riego, etc.Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba fortalece la transparencia, mejora la focalización de los recursos públicos y consolida una política de desarrollo rural basada en información precisa y planificación estratégica.(Campo en Acción )  

Este año se redujeron todos los impuestos en términos reales frente a la inflación. A saber:El Inmobiliario Rural bajó un 20% en moneda constante y el 100% del mismo se destina a mejoras de caminos rurales.Se redujo el 60% la alícuota de sello para inscripción de vehículos 0km y maquinaria. Se eliminaron más de 100 tasas, la mitad de las existentes.Se redujeron y eliminaron alícuotas de Ingresos Brutos a los polleros integrados. Se redujo la alícuota en un tercio y se reducirá a la mitad en 2026. Se eliminó el 13% de impuesto provincial a la energía eléctrica, y se puso en marcha un convenio para que los municipios reduzcan sus tasas en la factura de luz.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el gobernador hizo hincapié en que invertir en la provincia “tiene que convenir”. La iniciativa provincial ya muestra sus frutos: inversiones por 160 millones de dólares y 1.500 puestos de trabajo privados generados en un contexto difícil. “Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades”, había dicho el mandatario tras la adhesión al RINI de la planta industrial de la firma Sagemüller, en Seguí. Además, para simplificarle la vida a los productores, con ahorro de tiempo y dinero, el gobierno ejecuta con éxito el Documento Único de Tránsito de animales (DUT) que ya utilizaron unos 18.000 ganaderos en el traslado de ocho millones de cabezas.

Por Lucrecia Eterovich - En una reunión que duró menos de una hora, el ministro de Economía, Luis Caputo, les adelantó a los empresarios de la Cámara de Comercio Argentino-Británica lo que viene del programa económico y les deslizó una promesa respecto al impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (conocido como al cheque).La expectativa del sector privado estaba puesta en la reforma tributaria que el Gobierno prometió enviar durante las sesiones extraordinarias al Congreso, pero desde hace semanas el ministro Caputo busca bajar las ilusiones sobre los cambios.“Nos dijo que iba a enviar el proyecto de ley para la reforma tributaria, pero que no esperemos grandes cambios”, comentó uno de los participantes de la reunión al salir del Salón Manuel Belgrano en el quinto piso del Palacio de Hacienda cerca de las 16 horas, cuando el inicio del encuentro estaba programado para las 15 horas. En el que también participaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, que se sumó a último momento.Pero cuando el ministro habló de las proyecciones de crecimiento de la economía para el próximo año, les aseguró que en caso de cumplirse su estimación del 8% del Producto Bruto Interno (PBI), podría comenzar a avanzar contra el impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios. Aunque siempre de una manera gradual.El ministro de Economía, Luis Caputo en la reunión con representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Entre los que estaban Peugeot; PSA; Toyota; Ford; Nissan; Volkswagen; Renault; Prestige; General Motors; Scania; Mercedes Benz; IVECO y Stellantis.Es que ya durante su participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Caputo había deslizado que el margen fiscal para bajar impuestos es acotado y que el superávit no se podía poner en juego. “El impuesto al cheque, alrededor de 1,5% del Producto, las retenciones 1,2% (...). Son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo (de eliminar) porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal”, marcó.Pero también les pidió a los empresarios que ejerzan presión contra los gobernadores y el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) como también las tasas municipales. La semana pasada se conoció un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) que reveló que entre 173 empresas, los saldos a favor son $719 millones en promedio.“El relevamiento también arrojó que el 54% del monto total de saldos a favor se registró en provincias en las cuales las empresas no tienen establecimientos. Nueve jurisdicciones concentran el 87% de estos saldos a favor, siendo la más destacada Misiones, seguida por CABA y Mendoza”, comentaron en informe.“Veo difícil que los gobernadores bajen o eliminen el IIBB cuando es su principal fuente de recaudación”, comentó uno de los participantes que está ligado a los bancos. A pesar de que durante la última presentación del vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning ante inversores en Washington D. C. se apuntó contra el cobro del impuesto provincial en el sector bancario.Además, en una jornada caliente para el dólar, el ministro les dijo a los empresarios que no esperen modificaciones en el régimen cambiario para crecer. Es que Caputo se mantiene en su postura que las bandas cambiarias están bien calibradas. Y que la acumulación de reservas no es un problema porque ahora cuenta con el swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, que ya tuvo que activar para pagar el último vencimiento del 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 825 millones en concepto de intereses.Por parte de los empresarios no había expectativa de un anuncio puntual, ya que entre los cerca de 16 participantes del encuentro había diferentes sectores que iban desde servicios hasta real estate. Según pudo saber Infobae, la organización estuvo a cargo de director ejecutivo de la Cámara, Alejandro Campos.

Pese a la eliminación del impuesto PAIS, el sistema tributario argentino continúa entre los más complejos de la región. Un contribuyente puede afrontar hasta 49 tributos diferentes entre gravámenes nacionales, provinciales y municipales.El IARAF publicó el Vademécum tributario argentino 2025, un relevamiento que identifica los tributos que puede llegar a pagar un ciudadano promedio según su nivel de ingresos y consumo.El informe muestra que, aunque el impuesto PAIS fue eliminado este año, los argentinos continúan alcanzados por una estructura impositiva extensa.La cifra surge de la simulación de tres perfiles representativos elaborada por el instituto, que tiene como objetivo dimensionar la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones existentes.

El estudio diferencia tres perfiles según nivel de ingreso y tipo de consumo. El perfil 1 representa a una persona asalariada que alquila, consume alimentos, servicios públicos, telefonía celular, internet y plataformas de streaming.El perfil 2 agrega la posesión de una vivienda y un automóvil, además de asistir a espectáculos y comprar dólares para ahorro.El perfil 3, de mayor poder adquisitivo, suma un segundo vehículo, viajes de cabotaje y al exterior, y el recambio anual del auto por un modelo nuevo.En 2025, el perfil 1 puede estar alcanzado por 21 tributos diferentes, el perfil 2 por 36, y el perfil 3 por 46. Si el contribuyente fuma, esas cifras se elevan a 24, 39 y 49 respectivamente, por los impuestos específicos al tabaco.Del total de tributos que puede pagar el perfil 1, 55% son de origen nacional, 15% provincial y 30% municipal. La eliminación del impuesto PAIS redujo en un tributo los montos nacionales respecto de 2024, ya que antes se aplicaba sobre los consumos de streaming, la compra de dólares y los pasajes al exteriorEl único gravamen que impacta en todos los consumos de los tres perfiles es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Le siguen el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), de jurisdicción provincial, y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), aplicada por los municipios.Estos tres tributos tienen una incidencia de entre 90% y 95% sobre las canastas simuladas, y explican cerca del 40% de la recaudación consolidada argentina, según el IARAF.El instituto advierte que este nivel de superposición genera una estructura excesivamente compleja, con altos costos administrativos tanto para los contribuyentes como para el propio Estado.“En Argentina hay tres niveles de gobierno que necesitan financiarse, y parte de la recaudación nacional es coparticipable, lo que agrega otra capa de complejidad al esquema tributario”, explica el documento.El estudio subraya que uno de los principios deseables de un sistema impositivo es su simplicidad. Sin embargo, las frecuentes modificaciones de las leyes tributarias en Argentina transformaron el esquema en un entramado de difícil comprensión.“El sistema se vuelve complejo no solo por la cantidad de tributos, sino por las distintas jurisdicciones que los aplican y los regímenes especiales que los regulan”, señala el informe.El IARAF recuerda que los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos se pagan sin una contraprestación directa, mientras que las tasas y contribuciones implican un servicio específico a cargo del Estado.Aunque el informe no mide cuánto paga cada persona, destaca que 10 tributos concentran el 94% de la recaudación totalEn la práctica, la mayoría de las actividades cotidianas generan hechos imponibles: desde comprar alimentos o usar el celular hasta contratar internet, pagar el seguro del auto o adquirir un electrodoméstico.Aunque el informe no mide cuánto paga cada persona, destaca que 10 tributos concentran el 94% de la recaudación total. La multiplicidad de gravámenes genera distorsiones y desigualdades entre jurisdicciones, además de incentivar la informalidad y desalentar la inversión.Así, la simplificación del esquema tributario continúa siendo uno de los desafíos estructurales más importantes para la economía argentina“Si bien este estudio no analiza la carga tributaria que recae sobre los distintos perfiles de personas, el hecho que 10 tributos concentren el 94% de la recaudación consolidada permite inferir que el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva, la cual puede generar altos costos de administración a los distintos actores económicos, incluido el propio fisco”, concluyó el IARAF. 

Mediante el decreto 617, a fines de agosto el gobierno volvió a determinar una aplicación solo parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono, tal como vino haciendo a lo largo del año, apuntando a morigerar los efectos sobre los costos del transporte, la producción agropecuaria y los presupuestos de automovilistas y motoristas.La norma del Ejecutivo aumentó así en $11,2 por litro el peso de los tributos sobre las naftas y en $9,6 sobre el gasoil, de modo de aliviar la presión sobre sus precios en pleno período pre-electoral.

Costo fiscalEl más reciente informe semanal de la consultora Economía y Energía, que encabeza el economista Nicolás Arceo, ex director de Finanzas de YPF, calculó que la política oficial de postergar la actualización completa de estos tributos significará una pérdida de recaudación estimada en USD 177 millones por las ventas de naftas y gasoil en septiembre y que en el acumulado de los primeros nueves meses del año el Gobierno resignó por esa vía USD 1.786 millones de ingresos fiscales.Según a la normativa vigente, el ICL y sobre el dióxido de carbono (CO2, el principal de los “gases de efecto invernadero”, GEIs) debe actualizarse trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios Minoristas (IPD), esto es, aplicando la tasa de inflación minorista.Sin embargo, dice el informe, con el objetivo de evitar poner presión al precio de los combustibles en surtidor, la actualización del monto del impuesto fue postergada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.El aumento parcial postergó el incremento pendiente hasta el mes de octubre. De hecho, como muestran los gráficos del informe, a lo largo del año el gobierno fue acumulando un creciente retraso en la aplicación de ambos tributos. Según la normativa, a septiembre el ICL sobre las naftas debería ser de $507 por litro, pero con la reciente actualización pasó a ser de $278 por litro, por lo que de corregirse ese retraso la actualización en octubre debería ser de $229 por litro, algo que dudosamente ocurra. Un cálculo del mismo tipo muestra que mientras según la normativa los tributos sobre el gasoil deberían ser en promedio de $328 por litro, han sido limitados a $208 por litro, un “retraso” de 120 pesos.El informe aclara que los valores de los combustibles del cálculo corresponden a los montos publicados por el Indec, pero en como los biocombustibles y las ventas en la zona sur del país están exentos, el impacto promedio en los precios en surtidor a nivel nacional es algo inferior al reportado: en el caso de las naftas, el aumento en septiembre promedió los $8,8 por litro y para el gasoil el incremento fue de $8,4 por litro.

Mercados local e internacionalLa reticencia oficial a actualizar íntegramente estos tributos tiene que ver con la inflación y también con la percepción de los consumidores. En definitiva, según el mismo informe de EyE, en los últimos 12 meses los precios del petróleo y de los combustibles líquidos cayeron en el mercado internacional. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), la variedad de referencia en EEUU cayó 17% y el Brent (principal referencia del mercado local) cayó 15,9%, en ambos casos en dólares. En el mismo período el precio promedio de la nafta súper en el mercado argentino aumentó 32,6% en pesos.El caso del gas es distinto, pues difiere según el “Hub” o centro concentrador de que se trate. Rl precio del fluido en el Henry Hub de EEUU aumentó 48,7%, mientras en el TTF, en Países Bajos, de referencia para el precio del gas en los países de la Unión Europea cayó 10,2%, debido a los altos inventarios del hidrocarburo. En el mismo período, en la Argentina, el precio del gasoil grado 2 aumentó 27,6% (a un promedio de $1.487 el litro) y el del grado 3 un 22,9%, a un promedio de $1.690 el litro. NA.

Eliminan impuestos extra para compras puerta a puerta desde Tierra del Fuego. El Gobierno nacional oficializó una modificación clave para impulsar el comercio electrónico de productos fabricados en Tierra del Fuego. A partir del Decreto 535/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, las empresas fueguinas podrán realizar ventas minoristas mediante envíos directos al consumidor en todo el país, sin aplicar percepciones de IVA ni retenciones del Impuesto a las Ganancias.Esta medida elimina barreras impositivas que hasta ahora impedían que televisores, celulares, microondas y electrodomésticos fabricados en la isla llegaran de forma competitiva al resto del país bajo el régimen de pequeños envíos puerta a puerta.

Ventas fueguinas serán consideradas consumo internoLa nueva normativa redefine el tratamiento fiscal de las operaciones realizadas desde el Área Aduanera Especial fueguina hacia el continente, permitiendo que se consideren entregas para consumo interno. Esto significa que las ventas efectuadas mediante couriers o Correo Argentino, a través de plataformas digitales, dejarán de tributar como si fueran importaciones, un cambio largamente reclamado por las cámaras empresarias del sector.“Cuando se trate de mercaderías originarias o provenientes del Área Aduanera Especial, remitidas en el marco del régimen de pequeños envíos de entrega directa al domicilio del consumidor, tales operaciones deben considerarse como entregas para consumo en el país”, detalla el decreto.

Hasta ahora, las firmas fueguinas debían facturar como si exportaran al resto del país, generando saldos técnicos de IVA de difícil aplicación y cargas que encarecían sus productos frente a la competencia.

Qué productos quedan incluidos y cómo será el sistemaEl nuevo régimen fiscal alcanza exclusivamente a bienes fabricados bajo el régimen de promoción industrial vigente en la provincia. Quedan excluidos productos importados que no hayan sido transformados en la isla. La operatoria permite hasta tres compras por persona al año, con un límite de USD 3.000 por envío.Las resoluciones complementarias, la RG 5512/2025 de la AFIP y la Resolución 1463/2025 de Hacienda, brindan el marco operativo para implementar el nuevo esquema. Además, aclaran que no serán aplicables regímenes de percepción ni retención que anteriormente afectaban este tipo de operaciones.Con esta modificación, las empresas de Ushuaia y Río Grande podrán vender directamente a consumidores de cualquier punto del país, sin necesidad de intermediarios y con mayor competitividad en el canal minorista.

Más e-commerce nacional y precios más accesiblesUno de los puntos clave del cambio es que la factura será emitida por la firma fueguina, consignando el domicilio de entrega, sin aplicar tributos adicionales. Además, se unifica el tratamiento impositivo de IVA y Ganancias, lo que simplifica la contabilidad de las operaciones.La medida no altera el régimen promocional fueguino, que mantiene sus exenciones y beneficios tradicionales. Lo que cambia es la forma de canalizar las ventas nacionales, eliminando una distorsión normativa que limitaba el crecimiento del e-commerce desde Tierra del Fuego.Según autoridades nacionales, esta adecuación apunta a “potenciar el desarrollo de la industria fueguina, fomentar el comercio electrónico y garantizar condiciones equitativas de competencia en el mercado”. (Con información de Infobae)

A un año de la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, sólo Chubut se ha adherido, mientras que Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y CABA están en distintas instancias del proceso de adhesión, y el resto de los gobernadores hace de cuenta que la norma no existe.Según supo Noticias Argentinas, los gobernadores de las otras 19 provincias por ahora no consideran a este un tema prioritario. El régimen, que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, nació de la iniciativa de Lógica, una asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. Desde el 1ro de enero último se muestran el IVA y otros impuestos nacionales en tickets de todo el país, pero los provinciales y municipales hacen ruido con su ausencia.En declaraciones a Noticias Argentinas, el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, dijo que la Argentina tiene los impuestos más altos del mundo a causa de la falta de cultura fiscal de toda la sociedad, generada por un régimen que sistemáticamente ha ocultado los impuestos a los ciudadanos, tanto con prohibiciones y sanciones que no existen en el mundo, como por la aplicación de tributos detrás del vendedor y otros eslabones de la cadena, sin informárselo a los consumidores”. Este nuevo régimen revierte esa situación que se mantuvo por más de 50 años.  La ley prevé la adhesión de las provincias para que también se visibilicen ingresos brutos y tasas municipales. Luego de reglamentada por ARCA, Lógica envió sucesivas cartas a los gobernadores exhortando a adherirse, sosteniendo que las provincias están obligadas a hacerlo por dos mandatos previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Otras entidades empresarias también los han exhortado.

Cuáles son las pocas provincias que respondieronChubut, Entre Ríos, Mendoza, CABA, Catamarca y Misiones contestaron declarando que sí se adherirían, y que no sancionarían a quienes, mientras tanto, visibilicen voluntariamente los tributos locales en los tickets. En CABA se está trabajando oficialmente en la inclusión del respectivo capítulo en el Código Fiscal 2026. En Córdoba se dictó una resolución  preparatoria de la adhesión. Catamarca y Misiones no accionaron más allá de aquella declaración. Los restantes gobernadores permanecen en silencio.Al cumplirse un año de la Ley 27.743, desde Lógica volvieron a exhortar a los gobernadores a que adhieran al régimen a través de solicitadas y otros medios. Olivero Vila dijo que “la situación deviene insostenible. La ley prevé la adhesión provincial. Por encima, la Constitución las obliga a dar ‘información adecuada y veraz’ a los consumidores. Desde enero, enviamos tres sucesivas cartas a cada gobernador, copiando a una decena de sus funcionarios. Otras entidades también los exhortaron. Como balance, dijo que “accionaron cinco provincias. Los otros diecinueve gobernadores y sus funcionarios no se activaron ni tampoco han salido a declarar por qué no se adhieren”. “Acá no se toca la autonomía provincial y municipal, no se modifican tributos, es sólo información para crear conciencia fiscal ciudadana. Estos gobernadores le están diciendo ‘no’ al 94% de los ciudadanos que, según Poliarquía, quieren ver los impuestos en los tickets”, advirtió Olivero Vila.

El caso de BrasilOlivero Vila recordó que “Brasil aplica este régimen desde 2012, con Dilma Rousseff, teniendo un régimen fiscal mucho más complejo. Ni allí ni acá se necesita que los vendedores adquieran ningún ‘software especial’, como se hizo trascender por allí”.“Eran entendibles los primeros meses de demora. Pero, cumplido un año, es insostenible el silencio, este accionar en contra de la transparencia deviene naturalmente turbio. Desde la sociedad civil debemos cambiar la actitud y el tono en relación a lo que está pasando con este régimen. Se acabaron las excusas”, señaló el titular de Lógica. NA.

Gobernadores de todas las fuerzas políticas se unen contra el Gobierno y presentan proyectos en el Senado de leyes para reformar la coparticipación de los impuestos a los combustibles y de ATN y así recuperar fondos que señalan que le corresponden a las provincias.Los gobernadores decidieron unirse contra el Gobierno luego de fracasar todas las negociaciones con los funcionarios para acordar un nuevo régimen de distribución de los recursos.La propuesta de los mandatarios está plasmada en dos iniciativas presentadas en la noche del miércoles por senadores del PJ, la UCR, y legisladores provinciales que buscarán avanzar con rapidez en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto.Los proyectos fueron firmados por los presidentes de los bloques peronistas, José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio, de la UCR, Eduardo Vischi, del PRO Alfredo De Angeli, la rionegrina Mónica Silva, Edith Terenzi de Despierta Chubut y de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola.También lo hicieron el jefe del radicalismo Martin Lousteau y la senadora correntina de Convicción, Carolina Moises.Uno de los proyectos propone reforma la distribución del impuesto a los combustibles para repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.De acuerdo a esa iniciativa los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.Además elimina los fondos fiduciarios  de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y  Nacional de la Vivienda.La mayoría de estos fondos habían sido eliminados por el Gobierno pero no habían distribuido entre las provincias los recursos afectados a esos organismos de fideicomisos.En los argumentos del proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”Al defender la iniciativa señalan que “no impacta en otros destinos específicos que hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que general el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.“Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”, señalan los senadores..En cuanto a los ATN propone un cambio en la ley de Presupuesto para se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de coparticipación en forma automática y todos los días.En los fundamentos de este proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que ei cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.“La modificación que se plantea es la relacionada con el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional, propiciando su distribución automática mediante su incorporación a la normativa establecida en la Ley Permanente de Presupuesto nº 11.672”, agregaLos senadores señalan que “sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”. NA.

Guillermo Borelli, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Córdoba, criticó duramente la política de precios y la estructura impositiva que encarece los combustibles en Argentina. En diálogo con Rivadavia AM 630, Borelli señaló que “la nafta argentina es la más cara de la región, sólo superada por Uruguay, y aún teniendo Vaca Muerta, pagamos más que países sin petróleo como Brasil”.Según explicó, la razón principal es la carga impositiva: “Lo caro lo hacen los impuestos, que nunca sabemos bien a dónde van. Pagamos un impuesto para cuidar las rutas, pero las rutas están destruidas, y encima te cobran peajes que tampoco se usan con ese fin”.También hizo referencia a la caída en las ventas de combustibles, que según estimaciones del sector oscila entre el 7 y el 10%. “La gente ya no puede llenar el tanque. Se escucha mucho el ‘cargame diez mil’, ‘poneme cinco de gas’. La realidad es que si no alcanza para comer, mucho menos para mover el auto”.En ese contexto, criticó la iniciativa de YPF que lanzó un descuento del 5% para quienes carguen nafta entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, en estaciones sin atención de playero. “Eso es una engaña pichanga. Solo hay cinco estaciones habilitadas en todo el país. ¿Quién va a levantarse a las tres de la mañana para cargar nafta con un 5% de descuento? Te cagás de frío, te exponés solo, y ahorrás apenas unos pesos. No tiene sentido”.Para Borelli, esa medida forma parte de “una prueba y error” del Gobierno, y fue categórico: “Nuestros salarios representan el 3% del negocio. No vengan a hacernos responsables del precio del combustible. Esto es parte de un modelo donde la política no quiere mostrar adónde van realmente los impuestos”. NA.

En el caso de la importación de celulares se realizará en dos tramos. En la primera etapa se reduce de 16 a 8% el impuesto desde su publicación en el Boletín Oficial que se realizará entre jueves y viernes. La segunda etapa será la reducción a cero desde el 15 de enero de 2026.El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo.Adicionalmente se bajarán los impuestos internos para celulares televisores y aires acondicionados del 19, al 9,5% y para los productos fabricados en Tierra del Fuego de 9 a cero%.

Adorni sostuvo que esta decisión generará una baja de precios de 30% y en ese sentido afirmó que los equiparará al resto de la región.El vocero sostuvo que no esperan que estás medidas tengan impacto en lo que significa la estructura productiva de Tierra del Fuego.También convocó a las provincias a que reduzcan el 5% de ingresos brutos que pesan sobre estos artículos. NA.

La carga impositiva, en un 70% nacional, supera la ganancia en la composición del precio de la carne, el pan y la leche, según reveló un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).El peso de los impuestos acapara buena parte del costo de los productos esenciales que consumen diariamente los argentinos, lo que el análisis reflejó ejemplificando que “1.000 de cada 4.000 pesos que pagamos en carne, leche y pan, son impuestos” y precisó que “en el total de impuestos a estos alimentos: 3 mil de cada 4 mil pesos, son impuestos nacionales”.En el caso de la carne, puntualizó que “el precio está compuesto por un 60% de costos”, indicando que “para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva mucho tiempo, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad y la alimentación, el transporte, y el personal”. En tanto que hay 25% de impuestos y 15% de ganancias.Por el lado de la leche, especificó que “67% son costos, 26% son impuestos y sólo un 7% son ganancias” y expuso que “para el tambo, los costos que más subieron en esta última medición fueron la alimentación de las vacas y todos los costos relacionados con la comercialización”.En el caso del pan, reveló que desde el campo a la mesa el precio se multiplica 12 veces, detallando que en el proceso se incluye “60% de costos de producir el pan, 24% de impuestos y 16% de ganancias”.Al estudiar la composición de los precios de manera cronológica, el reporte arrojó que en el precio del pan el 8% corresponde al trigo, 4% al molino, 64% a la panadería y 24% los impuestos. En la carne 28% es la cría, 24% el feedlot, 2% frigorífico, 21% carnicería y 25% impuestos. En la leche 28% es el tambo, 26% la industria, 20% el comercio y 26% los impuestos.En relación a la carga tributaria, la economista de FADA, Antonella Semadeni, detalló que “los impuestos que se destacan son: el IVA a nivel nacional, ingresos brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal”.Al referirse a la composición final del precio de los alimentos, aseguró que “que los impuestos superen la ganancia, es una situación que puede tornarse injusta ya que, por ejemplo, en la cadena de la leche todo el proceso productivo está afectado por cuestiones climáticas, sujeto al precio del maíz con el que se alimentan las vacas, a los productos relacionados con la salud de los animales, al del combustible para el transporte… son muchas las variables que se enfrentan. En medio de todo eso, el Estado, a través de los impuestos, está presente en todos los eslabones y no afronta ningún riesgo”. NA.

Pero el jefe de Estado dijo que la idea de su gobierno es que haya cada vez más dólares circulando en la economía argentina.“Todos que decían que no iba a levantar el cepo en un año electoral; bueno, muchachos, el cepo es un instrumento de tortura y no hay nada que justifique perder la libertad o entregar la libertad. Entonces conseguimos 20 mil millones de dólares cash y a pesar de todos los pronósticos hicimos lo que había que hacer y sacamos el cepo”, enfatizó el mandatario al brindar un explosivo discurso en el mercado del Latam Economic Forum 2025.Milei sostuvo que “en los colchones los argentinos debemos tener 200.000 millones de dólares, o 300 mil millones, o 400 mil, según a quién le pregunten para hacer la estimación. Y eso podría ser una inyección enorme que ese ahorro, que entre en el sistema y permita un boom de inversión, y que Argentina acelere el proceso de crecimiento”.Dijo que el objetivo es que en un rango -de 30 a 40 años- Argentina se convierta en una de las máximas potencias mundiales, con la nota de color de que dos tercios de esa mejora se podría ver en el lapso de 10 a 15 años”.Explicó que con ese objetivo se está buscando la “dolarización endógena, justamente para que ese proceso no se vea empastado o retrasado, en el tiempo, o que lo haga a menos velocidad”. “El punto es el siguiente: si hoy está permitido hacer transacciones en moneda extranjera, ¿por qué entonces necesitamos avanzar? ¿saben por qué? Porque todo los que tienen los dólares en el colchón tienen miedo de que después dejan los dedos marcados y los vayan a buscar, esa es la realidad”, explicó. Por lo tanto, dijo que se está trabajando -entre ARCA, Ministerio de Economía y Banco Central- el mecanismo como para que la gente pueda ingresar los dólares, adentro del sistema, pueda comprar lo que quieran y que no dejen los dedos marcados para que nadie los vaya a perseguir”, lo que despertó un fuerte aplauso de su audiencia.“En algún momento dije que los que tenían los dólares en el colchón eran los héroes que iban a sacar adelante a este país”, recordó Milei. Y señaló: “Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país; ustedes metieron dólares abajo del colchón porque del otro lado había un conjunto de hijos de puta, delincuentes, que les afanaron con el impuesto inflacionario”.“No por nada -desde 1935 a la fecha- le quitamos 13 ceros a la moneda. Claramente que le podríamos sacar 13 ceros más. Es decir podríamos rescalar todo a 1 igual a 1000. Esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes, son personas que se escaparon de los delincuentes legales, que son los políticos y ladrón que roba todo el ladrón tiene mil años de perdón”, ironizó Milei.“Es como que ustedes se defendieron de un chorro y los castiguen a ustedes para seguir premiando el chorro. No, eso no, eso está mal, acá se va a ponderar a la gente de bien y -por ende- van a poder sacar sus dólares sin tener que dejar los dedos marcados, porque fueron dólares ganados honestamente y para evitar que los robaran la basura de los políticos”, enfartizó.Pero aclaró que -en la transición- “el peso va a seguir existiendo y se va a utilizar para pagar impuestos. Esto quiere decir que van a seguir utilizando pesos, lo van a usar para pagar impuestos”. “Con el crecimiento económico y con esta remonetización el peso se va a seguir apreciando, pero va a quedar tan chiquito -respecto a la cantidad de dólares- que el sistema va a quedar dolarizado endógenamente y cuando eso pase vamos a estar en condiciones de poder cerrar esa institución siniestra, que tanto daño le ha hecho a los argentinos y terminar ganándonos la libertad monetaria para que nunca más ningún político, hijo de puta, pueda robarlos con el impuesto inflacionario. ¡Viva la libertad carajo!”, cerró. NA.

Natalia Donato (Infobae) - A partir del 1 de abril, no sólo todos los comercios del país deberán entregar un ticket con la discriminación de impuestos nacionales (por ahora, IVA e internos), sino que comienza a regir la segunda etapa para todos los contribuyentes. Grandes y chicos tendrán que exponer el detalle de los tributos en los flejes de góndola y en cada publicidad y cartelería donde aparezcan los precios de sus productos.Si bien desde algunos sectores se le había pedido prórroga al Gobierno porque, según argumentaban, su implementación se hacía compleja, las autoridades mantuvieron la fecha prevista en la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal, aprobado con la Ley de Bases. El objetivo es que el consumidor pueda conocer el precio sin impuestos del producto que va a comprar y que tome conocimiento de cuál es la carga tributaria que hoy impacta sobre los valores de venta. De esa manera, las autoridades buscan fomentar una conciencia fiscal más profunda en la sociedad.A pesar de los avances a nivel nacional, el régimen enfrenta un desafío significativo: la falta de adhesión por parte de las provincias y municipios. El régimen invita a estas jurisdicciones a sumarse para que también se transparenten impuestos locales, como Ingresos Brutos y tasas municipales, que tienen un fuerte peso en los precios y que se han incrementado fuertemente en el último año, ante el fuerte ajuste encarado desde el gobierno nacional. Pero hasta ahora ninguna provincia formalizó su adhesión.Ante la consulta de Infobae, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivera Vila, enfatizó la importancia de que las provincias y municipios se sumen al régimen: “Es momento de que las provincias dejen de hacer jueguito de mitad de cancha y se adhieran a este régimen al cual están obligadas en virtud del artículo 42 de la Constitución, que le da al consumidor el derecho a ser informado con información adecuada y veraz”. “Y además, en ese artículo también se menciona la educación al consumidor, con lo cual, las provincias están obligadas a adherirse”, remarcó. El directivo, impulsor de la transparencia fiscal, agregó que a diferencia de otros regímenes donde las provincias pueden optar por no participar debido a consideraciones fiscales, en este caso la adhesión es una obligación constitucional. Precisó que “no es como en el caso del RIGI, donde como hay sacrificio de recaudación provincial o municipal, las provincias bien pueden oponerse y allí hacer la evaluación respectiva y decidir por el sí o por el no. Acá no tienen esa opción. Si bien fueron invitadas, esto es más una exhortación”.A pesar de la falta de adhesiones formales, algunas provincias han mostrado interés en sumarse al régimen, señaló Olivero Vila. Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Chubut respondieron positivamente a la invitación, comprometiéndose a avanzar en el proceso de adhesión, según respondieron a una carta enviada por Lógica a las 24 jurisdicciones. Sin embargo, hasta el momento, no han concretado la incorporación legal.Por otro lado, en provincias como Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa se presentaron proyectos de ley para adherir al régimen, pero son todos impulsados por bloques de la oposición provincial, “lo que refleja una falta de iniciativa por parte de los oficialismos locales”, cuestionó el directivo.

¿Qué es el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor?El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor es una iniciativa establecida por la Ley N° 27.743, también conocida como Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Su objetivo principal es garantizar que los consumidores puedan conocer de forma clara y detallada los impuestos que componen el precio final de los bienes y servicios que adquieren. La reglamentación de este régimen fue oficializada mediante la Resolución General 5614/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Grandes empresas: Desde el 1° de enero de 2025, las grandes empresas están obligadas a discriminar en sus facturas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos internos que inciden en el precio final. Esta medida ya está en vigor para supermercados, cadenas de retail y otros grandes contribuyentes.Resto de los contribuyentes: A partir del 1° de abril de 2025, la obligación se extiende a todos los comercios, sin importar su tamaño. Hasta esa fecha, los pequeños y medianos comerciantes tienen la opción de adherirse voluntariamente al régimen. Detalle de impuestos: Los tickets y facturas incluirán una línea específica donde se desglosará el monto correspondiente al IVA y otros impuestos internos que afecten el precio final. Ese desglose también se verá en los carteles que tienen el precio de cada producto en los flejes de góndolas, y también en la cartelería y publicidad que se haga.Leyenda informativa: Los comprobantes contendrán la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”, indicando que se cumple con la normativa vigente.Estos cambios buscan empoderar al consumidor, permitiéndole comprender mejor cómo se conforma el precio de los productos y servicios que adquiere. Infobae. 

Lo más destacado de esta nueva medida, que afecta tanto a autos como a motos, es que a partir del 1° de febrero se eliminan los impuestos internos para los vehículos que en la actualidad se encuentran en un rango de precios de entre 41 y 75 millones de pesos. Hasta ahora los vehículos mencionados anteriormente tributaban un 20% de impuestos internos y otro dato que se desprende es que los vehículos cuyo valor supera los 75 millones de pesos, considerados de lujo, pasarán de tributar un gravamen de 35% a 18%. Algunos de los modelos que se beneficiarán de esta quita de impuestos son: Volkswagen Amarok, Taos, Toyota Hilux, SW4 y Ford Ranger, entre otros vehículos de gama media. Según los cálculos realizados por las autoridades nacionales, se espera que el impacto de esta medida genera una reducción en los cotos de venta de los vehículos de entre un 15 y un 20%.

El Ministro de Economía Caputo quiere desarrollar la electromovilidad en la Argentina y en ese contexto realizó anuncios importantes para fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos en nuestro país. “Además, bajarán a cero los aranceles para la importación de autos eléctricos e híbridos de bajo precio FOB con la intención de que haya opciones de vehículos más económicos. Habrá un cupo anual de 50 mil autos a ser importados en esta categoría. Adicionalmente, se eliminarán los impuestos internos de las motos de un precio de entre 15 y 23 millones de pesos, que hasta ahora pagaban un impuesto del 20%”.

La reacción de las automotrices“Celebramos la decisión del ministro Luis Caputo y del gobierno nacional de eliminar algo tan distorsivo como el impuesto interno para los automóviles. Esta medida es otra buena noticia y es un paso muy importante para fomentar el crecimiento de la industria automotriz y mejorar el acceso de más argentinos al automóvil. Esperamos que provincias y municipios sigan esta senda que en definitiva es un beneficio para el cliente. Desde Volkswagen Argentina, reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en el país y ofreciendo productos de calidad que impulsen la movilidad y el desarrollo”, destacó el CEO de Volkswagen Argentina Marcellus Puig.“Nos parece excelente noticia que el Gobierno continúe con esta senda de reducción de impuestos, sobre todo aquellos que resultan distorsivos para el mercado como los impuestos internos. Ahora estamos analizando el efecto de este anuncio sobre los productos que vendemos en Argentina, y también esperaremos la publicación en el Boletín Oficial para entender más detalles. Esperamos que las provincias y municipios sean también parte de este camino positivo que busca hacer más accesibles los autos en Argentina y aumentar el nivel de actividad”, aseguró el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano. 

Desde el 1 de abril, los consumidores que reciban la factura por las compras que realicen en un comercio, conforme a la Ley 27.743, de Transparencia Fiscal, podrán saber el detalle de cuánto pagan en cada uno de los bienes y servicios en concepto de impuestos, como el IVA, y otros gravámenes nacionales indirectos, más ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran.Ya desde el 1 de enero la medida está vigente para las grandes empresas de todo el país, luego de la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.También los precios publicados desde ahora deberán discriminar el importe neto de los impuestos indirectos, junto con la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”, en el importe final, El cambio, que aparece en una línea específica en las facturas electrónicas bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, busca fortalecer la confianza pública a través de una mayor claridad en los costos de cada transacción.Pero al mismo tiempo concientizar a la ciudadanía sobre la carga impositiva en la economía doméstica. La implementación, sin embargo, no podrá estar extendida en lo inmediato, si bien se espera que impacte en la operación de las compañías, ya que requiere un corto plazo de adaptación que conlleva ajustes en los sistemas de facturación y la formación del personal.

ProveedoresEmpresas proveedoras de facturación electrónica tanto para tiendas online como para comercios físicos ya se abocaron, junto a sus clientes, al cumplimiento de la norma sin costos adicionales.Grandes firmas como Puma, Quilmes, YPF, Distrinando y Vision+, entre otras, ya pusieron en práctica esta actualización de manera satisfactoria, informaron.No obstante, para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la obligatoriedad dentro de unos tres meses plantea un desafío técnico y financiero, “aunque puede verse como una oportunidad para profesionalizar aún más sus procesos internos”, como sostuvo Lorena Comino, CEO de Facturante.Destacó asimismo que la nueva exigencia fomentará la transformación digital en las empresas y conllevará un beneficio a largo plazo: “Aunque hay un costo inicial significativo, la estandarización puede simplificar las operaciones y fomentar la transparencia”.La firma se ofrece para liberar a los clientes del estrés de las adaptaciones técnicas, y permitirles concentrarse en el crecimiento de su negocio.

Formalización de la economíaLa expectativa es que esta ley no solo fortalezca la transparencia fiscal, sino que también incentive la formalización de la economía y abra el debate público sobre la carga de impuestos en el país.Se espera que a largo plazo la iniciativa consolide prácticas más claras en la relación entre comercios, consumidores y el Estado, contribuyendo así a un sistema tributario más eficiente y equitativo.Lógica, una asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, fue la que comprometió a los candidatos presidenciales a impulsar dicho cambio, logrando las adhesiones de Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. El Presidente lo incluyó en la reciente Ley 27.743 que introdujo reformas en el ámbito fiscal, sumada ahora esta reglamentación. NA. 

Se trató de un impuesto “temporal” creado por el gobierno de Alberto Fernández para desalentar la demanda de divisas.En principio, gravó con un 30% la compra de dólar ahorro y de bienes y servicios adquiridos en el exterior. En 2023, se sumó un 7,5% a importaciones (excepto algunos productos de la canasta básica e insumos para determinadas obras públicas) y para servicios de fletes; además de ciertos pagos de servicios, como informáticos o de mantenimiento y reparación, y asesoramientos profesionales, en esos casos con una alícuota del 25%.El gravamen actuó como complemento del cepo cambiario y, a diferencia de otros que se mantienen, el presidente Javier Milei decidió no renovarlo, respetando su fecha de caducidad, por lo que este lunes 23 deja de existir formalmente.En la práctica, las importaciones no lo pagan desde fin de noviembre, cuando se dejó de cobrar el 95% a cuenta. Dos meses antes, a inicios de septiembre, la alícuota para la importación de bienes y fletes se retrotrajo del 17,5% al 7,5% original. El Gobierno la había elevado de manera “transitoria” a ese porcentaje a comienzos de su gestión.Se espera que con la eliminación total se traslade la baja de los costos a los precios, especialmente en artículos importados, aunque podría no ser lineal ni generalizado en productos locales que contienen insumos extranjeros.El Gobierno confía en que este paso ayudará a consolidar la desaceleración de la inflación, pero en el sector admiten que empresarios podrían aprovechar a recuperar márgenes tras un año de baja rentabilidad por la suba creciente de los costos y la caída de ventas por la baja del consumo.Consultoras esperan que la desaparición del impuesto País tenga mayor efecto en la inflación mayorista que en la minorista.Tras la rebaja de la alícuota del 17,5% al 7,5%, supermercados confirman la baja de precios que anunció el Gobierno de entre 2,4% y 10% en alimentos importados, pero aclaran que es incipiente y hay que esperar a la reposición de mercadería, demorada por el consumo que no despega. Aseguran que las bajas fueron puntuales y que es escaso el surtido de productos terminados que vienen de afuera.Se abaratarán compras en el exterior de turismo y de ropa y electrónica en plataformas como Amazon, y consumos de streaming como Netflix y Spotify, lo que aumentará la presión sobre las reservas del Banco Central.El dólar tarjeta ($ 1.670) se compone por el dólar oficial ($ 1.044) más un 60% de percepciones: 30% en concepto de anticipo de Ganancias y 30% por el Impuesto PAÍS. Al anularse éste, bajará un 30% su cotización, por lo que desde este lunes se ubicaría en $ 1.355, reduciéndose a la mitad la carga impositiva, ya que seguirá aplicándose el 30% correspondiente a Ganancias.Consumos de tarjetas de crédito que se abonen luego de este domingo no abonarán el tributo, independientemente de cuándo se hizo la compra.Los bancos trabajan en adaptar sus sistemas para reflejar el cambio en los próximos resúmenes.La expiración del impuesto beneficiará a cerca de 11 millones de personas que lo pagan. No obstante, con el dólar MEP como el tipo de cambio más conveniente del mercado ($ 1.130), cae la proporción de argentinos que pagan consumos en el exterior en pesos y, en cambio, crece el número de los que abonan en dólares gastos correspondientes a moneda extranjera para así evitar los impuestos.El Impuesto PAÍS creció en participación en la recaudación total conforme se amplió su alcance y se elevaron las alícuotas. Fue el séptimo impuesto más importante en 2023, con un aporte del 0,8% al PBI y se estima que 2024 cerrará con un peso del 1,2%. En noviembre (último dato disponible), recaudó $ 389.468 millones, 97,6% interanual más. Entre enero y ese mes, fueron $ 6,1 billones, el 5,1% de la recaudación total ($ 118,3 billones). Su desaparición obligará a compensar esa pérdida con la entrada de otros ingresos o el recorte de gastos.Consultoras destacan la eliminación por considerarlo un tributo distorsivo, característico de una economía disfuncional y de restricciones. NA.