A propósito de la polémica por el aumento en la Tasa Comercial de Concordia, es obviamente dificultoso y hasta engorroso precisar con números y en un único comunicado lo que se está reclamando y la magnitud del impacto. Pero no es menos cierto que un informe con tal nivel de detalle resulta imprescindible para entender de qué estamos hablando, aún a riesgo de que resulte aburrido para la mayoría.

El proceso de aumento REAL de la Tasa Comercial apelando a la argucia de actualizar las escalas por debajo de la inflación –un método encubierto que provoca incrementos efectivos de la tasa-, no comenzó ahora sino hace más de 13 o 14 años, en épocas del INDEC intervenido que brindaba estadísticas alejadas de las reales, según pudo demostrar la Justicia en su momento.

Así fue que, en primer lugar, se creó una alícuota máxima del 2,7% so pretexto de ser aplicada sólo a algunas empresas multinacionales instaladas en la ciudad, dos o tres, que le daba a la recaudación algo de lo que se denominaba en aquella época “redistribución de la riqueza” (SIC).

Con los años, y fruto de esta insuficiente actualización de las escalas, más y más empresas fueron pasando a tributar la alícuota máxima, hasta que incluso comenzó a alcanzar a PYMES de la ciudad. Esto provocó lógicos reclamos del CCISC, que fueron respondidos en su momento con descalificación hacia los nombres propios que encabezan esas empresas; algo así como “tienen plata, que paguen…”.

Llegamos al final del 2023, cuando, por una pésima actualización de las escalas para la tributaria 2024 (solo 80% contra una inflación del 211%), muchas más empresas empezaron a tributar el 2,7%, la mayoría de ellas PYMES LOCALES, llegando a 22 contribuyentes (recordar que al momento de la creación, la alícuota alcanzaba a no más de tres). Y, con la nueva tributaria para el 2025, el número de empresas a las cuales se les aumentó la tasa casi un 70% son -por ahora- 28. A esto hay que sumar la modificación de las alícuotas intermedias, que provoca que muchas más empresas paguen una tasa efectiva superior. Cabe aclarar que los números REALES de empresas alcanzadas son los informados por los funcionarios, dado que no es posible acceder públicamente a esa información.

Sin ir demasiado atrás en el tiempo, vamos a reconstruir CON LA CERTEZA QUE DAN LOS NÚMEROS algunas de estas distorsiones provocadas.

Antes que nada cabe aclarar que las cifras en pesos que se brindan, que pueden parecer enormes para el común de la gente, corresponden a la facturación anual de las empresas (es decir, la sumatoria de todo lo que venden en un año) y no a márgenes de ganancia; en este sentido hay que ser muy cuidadosos. Por otro lado, las actualizaciones consideradas son respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, cuando sabemos que en ciertos rubros (caso alimentos, bebidas, textiles) los aumentos de los productos comercializados se ubicaron muy por encima de ese valor, lo cual también debió der sopesado, ya que estamos hablando de facturación bruta y no de márgenes o ganancias.

Tomamos como inicio la tributaria del año 2022, donde existían tres alícuotas: 1,3; 1,6 y 2,7% con los valores máximos para tributar en cada categoría en la segunda columna. Para el año 2023, se actualizaron dichos importes a los que se encuentran en la tercera columna mientras que, si la actualización hubiera sido por IPC del INDEC, deberían haber sido los importes de la cuarta columna. En éste caso, la diferencia a pérdida de los contribuyentes o el aumento efectivo de la tasa fue del 34,8%.

En el caso de la ordenanza para el año 2024, votada en noviembre de 2023 por el anterior Concejo Deliberante, el problema se agudizó notablemente: como dijimos anteriormente, en vez de considerar la inflación anual del 211,75% a la hora de la actualización, sólo se lo hizo en un 80%. Es cierto que la mayor inflación de ese año fue la del mes de diciembre con el 28,3% (posterior a la aprobación de la norma), algo que fue advertido por el CCISC pero jamás corregido. Esto dio una enorme diferencia del 131,3% de aumento efectivo de los topes de las alícuotas, empujando a más de una decena de PYMES locales a pagar la máxima.

En el último cuadro, correspondiente a la Ordenanza Tributaria del año en curso, podemos observar diferencias apreciables.

En el caso de la alícuota del 1,3 %, no sólo no se ajustó por inflación sino que el tope fue disminuido respecto a 2024, con una diferencia neta del 158% entre lo aprobado y lo que debió ser ajustado por inflación. No sólo eso, sino que una misma empresa que haya facturado, por ejemplo, 40% menos en pesos a pesar del 117,74% de inflación anual, pasa a tributar una alícuota mayor. Eso no es actualización deficiente: es AUMENTO y no de bajas proporciones.

En la alícuota del 1,6% sucede algo similar, aunque con una diferencia neta del 138,2%, con lo cual una empresa que ve caer sus ventas un 20% en pesos, pasa a pagar la nueva tasa del 1,9%, lo cual constituye, como en el caso anterior, un AUMENTO IMPOSITIVO.

Finalmente, la alícuota del 2,7% si tuvo una recuperación por una actualización del 21% por sobre la inflación anual. El tema con esta tasa es que, debido al aumento desmedido de la anterior Ordenanza Tributaria, aprobada por el gobierno precedente con la anuencia del actual, esta actualización estuvo muy por debajo de lo trabajado durante todo el año 2024 en la Comisión de Tasas convocada por la Sra. Vice Intendente, donde se estableció el compromiso de enmendar el error cometido para darle JUSTICIA a la Tasa Comercial y que una PYME concordiense no tribute lo mismo que una multinacional.

Hay mucho más por escribir, pero considero que queda más que demostrado que, efectivamente, hubo un aumento notable de la Tasa Comercial y que el determinado para 2025 no es más que el corolario de muchos años en los cuales, desde los distintos gobiernos municipales, se manipularon los índices de actualización con el único objetivo de seguir “pescando en la pecera” o “cazando en el zoológico”; esto es: cobrarles más a los mismos de siempre, maximizando y aumentando también las ganancias de quienes deciden estar al margen de la ley, en la informalidad, el mejor “negocio” que hay en Concordia.

Repetiremos hasta que nos escuchen que desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia seguiremos trabajando y aportando para lograr una equidad impositiva sustentable. Creemos que el camino es el desandado para lograr la derogación de las más de 300 tasas en 2024, la disminución de la tasa de alumbrado, la exenciones en la tasa de servicios sanitarios, etc. y LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE que este “error” de no haber atendido lo expuesto, empañe logros que han sido celebrados y esperamos se sostengan en el tiempo.

Por ultimo nuestra institución no es parte del sistema de partidos políticos, no es oficialismo ni oposición de ningún gobierno, y sus integrantes tenemos diversidad de pensamientos como cualquier sector de la sociedad o de nuestros propios representados, pero no renegamos de hacer política, sino que nos enorgullecemos de hacerlo ya que esa es la base de la Democracia. No hacemos política partidaria, hacemos política gremial empresaria, haciendo escuchar la voz y las necesidades de nuestros representados: la enorme mayoría del tejido productivo y comercial del departamento Concordia.

Ing. Adrián M. Lampazzi

Presidente Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia

Hay que estudiarlo y proponer alternativas razonables.

El primer paso es comprender que es un mal impuesto; porque es la combinación de dos impuestos: uno bueno, el que grava el valor del suelo, y uno malo, el que grava las mejoras.

Hay que sustituirlo por un impuesto puro que grave el valor del suelo libre de mejoras. Se trata de un argumento liberal clásico (no neo liberal) en la línea de lo que plantearon Adam Smith, David Ricardo, Henry George, y Milton Friedman, entre tantos otros Premios Nobel. Milton Friedman sostuvo que era el menos malo de los impuestos y que �Sel suelo debería ser gravado lo más posible y las mejoras lo menos posible⬝.

Es evidente que los impuestos forman un sistema y que este sistema requiere una profunda reforma integral, tanto a nivel nacional como provincial, e incluso municipal.

 Tenemos una matriz tributaria absurda, regresiva y distorsiva, que impide nuestro desarrollo y genera injusticia social. Es un sistema que no va más, que nos condena al fracaso como sociedad y al subdesarrollo permanente.

 No admite parches ni reformas cosméticas de circunstancia, demanda reformas radicales, de fondo, que nos brinden una menor pero sobre todo una mejor presión tributaria.

Quizás el último intento de una reforma abarcativa en este sentido fueron 2 proyectos de ley del diputado Eduardo Conesa en 2016 y 2017.

Proponía un impuesto nacional al valor del suelo libre de mejoras, pero percibido por las provincias, a cuenta de ganancias y sustitutivo de ingresos brutos e inmobiliario provincial.

A ese intento, y a otros, me refiero en esa nota �SLa reforma que no fue⬝. Allí se comentan las ventajas de tal impuesto.

Una reforma de ese tipo tendría varias consecuencias beneficiosas:

1) Permitiría eliminar (no basta con reducirlo) una gabela feudal como ingresos brutos, que encarece los bienes para los consumidores, castiga sobre todo a las pymes y los trabajadores y desalienta la producción y la exportación.

2) Mejoraría notablemente la tributación sobre la propiedad inmueble, desgravando por completo las mejoras, fomentando de esta manera la construcción en las ciudades y la incorporación de tecnología en el campo.

3) Castigaría la especulación inmobiliaria y la no utilización de suelo urbanizado o suelo rural en condiciones productivas, y disminuiría el valor del suelo, haciéndolo más accesible para aquellos que lo quieren utilizar para vivir o para producir riqueza.

4) Dotaría a las provincias de un instrumento eficaz para recuperar las plusvalías en el valor del suelo generadas por acciones del Estado o de la comunidad, que podría servir para financiar el desarrollo urbano equitativo y avanzar en el derecho a la vivienda y a la ciudad.

5) Tendríamos una matriz tributaria mucho menos distorsiva y mucho más justa, se promovería la creación de empleo y la mejora de los salarios, se reduciría notablemente la elusión y la evasión fiscal y se favorecería una ocupación más racional y sostenible del territorio.

Existen antecedentes válidos de este tipo de reformas encaradas por gobiernos conservadores, radicales y peronistas. Próceres socialistas como Alfredo Palacios las veían con buenos ojos.

Se trata de un camino que habrá que retomar indefectiblemente algún día, si aspiramos realmente a ser una sociedad avanzada en la que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad sean algo más que una consigna sin contacto con la realidad.-