La denuncia fue presentada por Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, por medio de su apoderado legal, Ricardo José Luciano. El expediente principal -FPA 8044/2024: “Bernaudo, Guillermo y otros s/a determinar”- fue luego acumulado a la causa FPA 5071/2022 (“N.N. y otros s/a determinar”), ambas con Cadoppi como querellante. Las imputaciones giran en torno a presuntos delitos de incumplimiento de sentencia, omisión de control, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.La controversia judicial tiene como eje la actividad de extracción y lavado de arena de sílice en el Sur entrerriano -principalmente en el Departamento Islas del Ibicuy- y el supuesto incumplimiento de dos sentencias firmes dictadas en 2022 que ordenaban la clausura de todas las areneras y plantas que no tuvieran en regla sus estudios y habilitaciones ambientales.

El mapa de las indagatorias

Además de las recientes citaciones a Bahillo, Ballay y García, en la causa acumulada ya prestaron declaración indagatoria el actual ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director General de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; su asesor legal, Osvaldo Fernández, director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua; el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el ex intendente de esa localidad Gustavo Roldán; y la presidenta de Cristamine SA, Amalia Maluendez.La hipótesis que investiga el Juzgado es que funcionarios de distintas gestiones -tanto provinciales como municipales- habrían avalado, de acción u omisión, el incumplimiento de sentencias judiciales que ordenaban clausuras hasta tanto las empresas regularizaran su situación ambiental.En términos jurídicos, el “estado de sospecha” no implica culpabilidad, pero sí supone que existen elementos suficientes para que los citados ejerzan su defensa en indagatoria. Es el primer acto formal de imputación.

La génesis: dos amparos y órdenes de clausura

El conflicto se remonta a 2022 y tiene como antecedentes dos acciones de amparo.El primero es el expediente “Luciano, Ricardo José c/ Sr. Gobernador Gustavo Eduardo Bordet s/ acción de amparo (acción de ejecución de incidencia colectiva)”, tramitado ante la Cámara de Gualeguaychú y confirmado por el Superior Tribunal de Justicia provincial. El segundo es la causa federal “Cadoppi, Carlos Humberto c/ Provincia de Entre Ríos s/ amparo ambiental”, sustanciada ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.En ambos procesos, en mayo de 2022, se ordenó al Gobierno de Entre Ríos la clausura de todas las areneras y plantas de lavado de arena de sílice que no contaran con expedientes administrativos completos y en regla. Específicamente, debían:-Presentar Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).-Obtener su aprobación.-Realizar audiencias públicas conforme a los artículos 19 a 21 de la Ley General del Ambiente.-Cumplir con el artículo 57 del Decreto 4977/09.-Obtener, recién entonces, el Certificado de Aptitud Ambiental emitido por la Secretaría de Ambiente, según el artículo 4° del Decreto 3498/16.La secuencia legal no era meramente formal: establecía un orden estricto de evaluación ambiental previa a cualquier habilitación.

La audiencia clave y el conocimiento de las sentencias

Un punto relevante del expediente es que, antes del dictado de sentencia en la causa federal 003721/2022, se celebró una audiencia en la que estuvieron presentes el juez, su secretario civil, la fiscal federal y su adjunto; también asistieron el entonces ministro de la Producción Juan José Bahillo -quien además presidía el CORUFA según la ley provincial 9172-, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y el propio denunciante.Según consta en autos, ni el fiscal de Estado ni Bahillo cuestionaron la competencia del tribunal ni el alcance de lo que luego se resolvió. Este dato es central para la acusación: refuerza la idea de que las autoridades no podían alegar desconocimiento de la sentencia.

Asimismo, la notificación de las clausuras fue incorporada en los expedientes administrativos de cada arenera, incluida la planta “La República” (ex “La Vertiente”), perteneciente a Cristamine SA. Allí constarían correos electrónicos dirigidos a las empresas, entre ellas a la presidenta de la firma, Amalia Maluendez, y al entonces intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán.

El decreto 278/2022: el punto de quiebre

Apenas días después de las sentencias, el 10 de mayo de 2022, el intendente Roldán dictó el Decreto 278/2022 otorgando a la arenera “La República” el Certificado de Aptitud Ambiental, invocando el artículo 1° del Decreto 3498/16.

La controversia radica en que el artículo 4° de ese mismo decreto establece que los permisos deben otorgarse previamente a la evaluación ambiental y condicionados a la obtención posterior del Certificado de Aptitud Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente provincial.

Para los denunciantes, el decreto municipal invirtió el orden legal y desconoció que la planta no había cumplido un requisito esencial: la audiencia pública obligatoria.

Esa audiencia recién se habría realizado en febrero de 2025, lo que -según la acusación- probaría que hasta entonces el requisito no estaba cumplido.

El “delito continuado” y las renovaciones

La causa no se limita a la gestión anterior. Según la denuncia, las autoridades asumidas el 10 de diciembre de 2023 tampoco habrían hecho cesar el incumplimiento.

En mayo de 2024, la Municipalidad de Ibicuy dictó el Decreto 55/2024, renovando la habilitación. Para la querella, esa renovación implicó convalidar un acto administrativo viciado desde su origen.

Aquí aparecen como imputados actuales funcionarios provinciales y municipales, bajo la tesis de que avalaron la continuidad del incumplimiento de sentencia pese a haber sido advertidos de las irregularidades.

El impacto ambiental en debate

Más allá del frente judicial, el caso expone una discusión de fondo sobre el impacto ambiental de la extracción de arena de sílice, insumo clave para la industria hidrocarburífera -en particular para la explotación no convencional-.

Según lo expuesto en la denuncia, en la zona se retiran diariamente hasta 500 camiones con 45 toneladas cada uno, lo que proyecta un volumen anual cercano a 4 millones de toneladas, con posibilidad de duplicarse hacia 2030.

La extracción, sostienen los denunciantes, equivale a remover millones de metros cúbicos de sedimentos formados a lo largo de 4.500 años, alterando ecosistemas vinculados a los humedales del Paraná y el Uruguay.

El agua subterránea y la Ley 9172

Uno de los puntos más sensibles es el uso de agua subterránea para el lavado de arena. Se estima -según la presentación- que las plantas extraen entre 12 y 15 millones de litros diarios de agua dulce, en una región donde gran parte de los pozos arroja agua salobre.

La Ley Provincial de Aguas N° 9172, en su artículo 36, exige estudios técnicos previos para determinar caudal, reposición y calidad del acuífero antes de otorgar permisos de uso intensivo. La denuncia sostiene que esos estudios no se realizaron o no fueron adecuadamente verificados.

Además, se menciona un aumento en los niveles de hierro y manganeso en el agua que distribuye la cooperativa local, lo que habría obligado a mayores costos de filtrado y control.

Un caso testigo para la gobernanza ambiental

El expediente concentra varios ejes críticos: la tensión entre desarrollo productivo y tutela ambiental, el alcance de las sentencias judiciales frente a decisiones administrativas, y la responsabilidad personal de los funcionarios en el control ambiental.

Para el Derecho Penal, el incumplimiento de sentencia es un delito que protege la autoridad de las decisiones judiciales. Es decir, el delito de incumplimiento de sentencia no existe sólo para castigar a alguien que “no hizo lo que le ordenaron”. Su finalidad principal es proteger la autoridad y la fuerza obligatoria de las decisiones judiciales.

Cuando un juez dicta una sentencia firme, esa decisión no es una sugerencia, sino una orden obligatoria. Si una persona -y con mayor razón un funcionario público- la desobedece deliberadamente, no sólo incumple una orden concreta. También afecta el funcionamiento del sistema judicial, porque pone en cuestión el principio básico de que las decisiones judiciales deben cumplirse. Si las sentencias pudieran ignorarse sin consecuencias penales, entonces la Justicia perdería autoridad, las decisiones judiciales quedarían vacías y así se debilitaría la división de Poderes.

En el plano institucional, también este caso interpela la eficacia de los mecanismos de evaluación ambiental y la coordinación entre municipios y provincia.

Las próximas indagatorias serán determinantes. Los citados podrán dar su versión de los hechos y ofrecer pruebas. Luego, el juez deberá resolver si dicta procesamientos, falta de mérito o sobreseimientos.

Lo que está en juego

En el Sur entrerriano, la arena de sílice es motor económico y fuente de empleo. Pero también es centro de una disputa que combina derecho ambiental, política y justicia penal. Y genera el desafío de establecer un sano equilibrio entre desarrollo y ambiente, sin bloquear el diálogo entre la actividad antrópica y la naturaleza.

El expediente en curso no sólo definirá responsabilidades individuales. También sentará un precedente sobre el alcance real de las sentencias ambientales y la obligación de las autoridades de hacerlas cumplir. El caso del barrio fluvial Amarras en la justicia provincial es otro claro ejemplo de sentencias que no se cumplen.

En tiempos donde el debate por los humedales y los recursos hídricos gana centralidad, la causa de las areneras de Ibicuy emerge como un caso testigo. El proceso judicial recién comienza a desplegar todas sus implicancias. La resolución, cualquiera sea, marcará un antes y un después en la gestión ambiental de Entre Ríos. (Análisis) 

Ante la situación, la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Beriso, precisó que "como medida inmediata, estamos enviando 400 módulos alimentarios, 40 colchones, 500 frazadas y cinco rollos de nylon a la zona afectada para asistir a los damnificados".

En ese sentido, el intendente de la localidad, Ezequiel Maneiro, precisó que entre la noche del viernes y mañana de este sábado cayeron alrededor de 160 milímetros, y que hasta el momento fueron asistidas con provisiones en sus hogares 25 familias que sufrieron inundaciones menores.

"Estamos trabajando con el sistema de bombeo desde las tres de la mañana de corrido para poder evacuar el agua de la localidad, pero los niveles han bajado muy poco por la enorme cantidad de agua que ha caído", explicó el intendente.

Remarcó, además, que están trabajando en conjunto con autoridades  de Desarrollo Humano de la provincia y la Coordinación de Municipios para resolver la situación y brindar la asistencia necesaria.

Estas acciones se realizaron durante 24 horas por dos semanas consecutivas, logrando fiscalizar más de 1.554 camiones. Los resultados revelaron que el 45 por ciento de las empresas controladas transportaban arena sin estar debidamente inscriptas ni tributar en la provincia.

En total, se detectaron más de 24.000 toneladas de arena transportadas por empresas que no cumplían con sus obligaciones fiscales en Entre Ríos.Este hallazgo reflejó prácticas evasivas que afectan directamente la economía provincial y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.Las fiscalizaciones se encuadran en el plan de acciones que impulsa ATER para combatir la evasión y, en esta modalidad de procedimientos, buscan que los recursos naturales entrerrianos contribuyan al desarrollo local.En este marco, se iniciaron las acciones legales correspondientes para sancionar las irregularidades detectadas en los controles en Ibicuy.Evitar la evasión para fortalecer el desarrollo

"Garantizar que los recursos naturales contribuyan al desarrollo local no es solo una prioridad fiscal, sino también un compromiso de este Gobierno con el crecimiento sustentable de Entre Ríos", destacó al respecto el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell."Promover el cumplimiento tributario es esencial para construir una economía provincial más equitativa y fortalecer los servicios públicos que dependen de estos ingresos", argumentó el funcionario.

Finalmente, desde el equipo de fiscalización de ATER se destacó el apoyo y colaboración de la Policía de Entre Ríos, Vialidad Provincial y el Sindicato de Camioneros en la realización logística de este operativo.Por más información sobre los requisitos tributarios y normativas vigentes en materia de transporte y comercialización de recursos minerales en la provincia, se recomienda visitar el sitio web oficial de ATER: www.ater.gob.ar

La Secretaría de Cultura de la Provincia, a través del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano, tomó intervención en el lugar de acuerdo a lo que determina la Ley Provincial N° 9686 que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico.El día viernes 25 de octubre, mientras se realizaban las tareas de extracción de arena en la cantera El Mangrullo, operarios advierten la presencia de posible material fósil. De inmediato se detiene la obra y se da aviso al Museo Antonio Serrano, ente encargado de la aplicación de la ley que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico de Entre Ríos.“Los restos que ya habían sido removidos se colectaron para su preservación y se detuvieron las tareas en la zona exacta en la que se realizaron los hallazgos hasta recibir instrucciones de cómo proceder con ese sector” expresó Enzo de Luca, Jefe de la cantera.“Desde el Museo mantuvimos una conversación para orientar en el procedimiento con el material encontrado y la protección del área del hallazgo”, expresó Graciela Ibargoyen, responsable del registro paleontológico del Museo Antonio Serrano. “Es muy importante que se tomen estas medidas de manera correcta, ya que es posible que haya más material en el sector” agregó.El día sábado, se hizo presente en el lugar el Director General de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, Carlos Iriarte, quien constató el resguardo del material y recorrió la planta. “Elmaterial será retirado en estos días por personal del Museo en colaboración con CONICET Diamante”.Sobre la determinación de los fósiles, Ibargoyen expresó que “todo indica que los restos encontrados pertenecen a una ballena, correspondiente a la última ingresión marina que se dió en este territorio hace aproximadamente 6500 años, lo cual podremos confirmar con el estudio del material”.Ley provincial de protección del patrimonio arqueológico y paleontológicoEntre Ríos cuenta con la Ley Provincial Nº 9686 “Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”, concordante con la Ley Nacional Nº 25.743. La Secretaría de Cultura, a través del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano, es la autoridad de aplicación de dicha ley, y por tanto el organismo encargado de proteger y preservar estos bienes. 

Estas estaciones automáticas forman parte de la Red Hidrológica Nacional.

En el marco de la obra Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (RMET), como parte del apoyo a la cobertura de la Red de Radares Meteorológicos del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame) - etapa III y la Red Hidrológica Nacional, se instaló la tercera estación meteorológica automática en el predio del Ente Autárquico del Puerto de Ibicuy (EAPI), en el departamento Islas del Ibicuy. Esta instalación es parte de un total de cinco estaciones programadas en la provincia de Entre Ríos.La nueva estación fortalecerá la Red Hidrológica Nacional y la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, que permite el monitoreo en tiempo real de variables clave como la precipitación y la temperatura. Estos datos son fundamentales para el seguimiento de eventos meteorológicos y sus impactos, contribuyendo a la protección de la población.El titular de la cartera de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Oscar Pintos, destacó la importancia de esta instalación: “Este avance representa un paso estratégico para la provincia, especialmente para la región de islas, mejorando nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos”.

Cabe mencionar que esta repartición provincial, como organismo responsable de los estudios hidrométricos e hidrometeorológicos de los ríos, optimiza la integración de información hidrológica proveniente de otras instituciones, tanto nacionales como provinciales.Este avance mejora la coordinación de información con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y otros organismos que evalúan las condiciones meteorológicas. 

El Ministro Schneider participó del recorrido. El Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Darío Schneider, participó este jueves de la verificación y supervisión de estas tareas de limpieza en el curso de agua superficial en Villa Paranacito, departamento Ibicuy.

Las labores están siendo ejecutadas por equipos técnicos de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, las cuales fueron monitoreadas durante el recorrido por el titular de dicha oficina, Oscar Pintos. El ministro Schneider destacó que “después de años de abandono de los canales, el Gobierno de Entre Ríos volvió a establecer como prioridad la navegabilidad por el departamento, permitiendo así una circulación ágil y segura. Además, enfocamos los esfuerzos en los acceso a los servicios de salud y educación, algo importantísimo teniendo en cuenta el comienzo del calendario escolar el próximo 26 de febrero”.

“Durante el recorrido despejamos los canales de ingreso de las escuelas de la zona, pues es de vital importancia que los padres junto con los alumnos y personal docente puedan acceder adecuadamente al inicio de las clases y sostener así una permanencia ideal. Todo esto se garantiza asegurando que la traza esté liberada apropiadamente para que puedan circular los vehículos náuticos”, subrayó.

Por su parte, Pintos explicó que “la limpieza permitirá una circulación dinámica de embarcaciones por esos cursos de agua. Nuestro objetivo es habilitar una normal transitabilidad de los vecinos de Villa Paranacito, quienes fueron afectados por un crecimiento inusitado de camalotes y de troncos que estaban en los cursos de agua como consecuencia de las crecientes”.

“El gobernador Frigerio estableció como prioridad este tipo de trabajos porque tiene que garantizarse que todos los vecinos de Villa Paranacito puedan disponer de un acceso eficaz a los servicios de educación, salud y sobre todo también a la transitabilidad para ir a su trabajo. Es decir, para poder llevar a adelante una vida acorde a lo que implica contar con un buen servicio de navegación por esos cursos de agua”, destacó el titular de Hidráulica y Obras Sanitarias.

El operativo de control se efectuó en un camino vecinal cercano a la localidad de Ceibas, en el departamento Islas del Ibicuy, donde se constató que una empresa de turismo aventura realizaba la actividad de caza menor infringiendo varias resoluciones y normativas vigentes, en el marco de la ley provincial de Caza 4841.

De esta manera, se comprobó que dicha empresa estaba violando la fecha de veda para la temporada de caza de patos; así como también se labró un acta por no contar con respaldo de documentación para la tenencia de ciertas armas.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron armas, los animales muertos fueron desnaturalizados y se inició un expediente por contravención a la ley provincial de caza.

Este procedimiento de inspección forma parte del trabajo que viene realizando durante los últimos meses personal de la Dirección General de Fiscalización, labrándose actas de inspección a las 13 empresas de turismo aventura que realizan la actividad en la provincia.

El material fue encontrado en la planta El Mangrullo de la localidad de Ibicuy. Se trata de fragmentos de cerámica de poblaciones prehispánicas que fueron encontrados en el predio de la planta de extracción y lavado de arena silícea El Mangrullo YPF S.A, ubicado en la localidad de Ibicuy, Entre Ríos.

En el transcurso de la primera semana de mayo del corriente año, en el sector de descarte de zaranda de dicha planta se evidenció la presencia de diversos trozos de cerámica que podrían ser asimilables a materiales arqueológicos. Inmediatamente, desde la planta se dio aviso del hallazgo al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" de Paraná, organismo que a través de la Secretaría de Cultura de la provincia, es la autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 9.686 de patrimonio arqueológico y paleontológico de Entre Ríos.

De acuerdo al protocolo de actuación que determina la ley, el día lunes 8 de mayo, convocado por la autoridad de aplicación y con área de trabajo en la zona según Decreto 2209/21, el arqueólogo Dr Daniel Loponte, se hizo presente en la cantera con el objetivo de llevar adelante el peritaje de los hallazgos. Se recorrió la zona de descartes de planta y se evaluó la posible fuente de estos materiales en el frente de explotación de la cantera donde se supone fueron encontrados.

"Los hallazgos consisten en una gran cantidad de materiales cerámicos y en menor medida líticos de gran importancia. El estilo de la cerámica remite a un momento cercano a 1800 años de antigüedad. Ahora estamos en la búsqueda del sector de donde fueron extraídos para proceder a una identificación y excavación.." expresó Loponte.

Por su parte, Gisela Bahler, directora del Museo, resaltó que "es fundamental que ante estos hallazgos, tanto en obras civiles o explotaciones industriales como en este caso, se comunique al Museo así podemos accionar rápidamente con personal especializado, garantizando la protección del patrimonio y permitiendo que la actividad en obra se restablezca normalmente en el menor plazo posible. Por ello resaltamos la importancia de dar aviso de inmediato al museo ante estos episodios".

El material recuperado fue trasladado al Instituto Nacional de Antropología en la ciudad de Buenos Aires, donde permanecerá por el momento para su curaduría y estudio. Posteriormente, se entrega al Museo Provincial Antonio Serrano quien determina dónde se resguardará.

Sobre la Ley

Entre Ríos cuenta con la Ley Provincial Nº 9686 "Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico", sancionada el 15 de marzo de 2006, y es concordante con la Ley Nacional Nº 25.743.-

En el marco de la acción de amparo ambiental interpuesta por Fundación CAUCE y AGMER contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF S.A., el Superior Tribunal de Justicia resolvió el 13 de agosto suspender preventivamente el otorgamiento y/o habilitación de permisos de uso, certificados de aptitud ambiental y/o finalización de trámites de Evaluación de Impacto ambiental que se relacionen con emprendimientos de extracción de arenas silíceas y/o de plantas de lavado de arenas silíceas hasta tanto se concluya la confección del Estudio de Impacto Ambiental acumulativo.

Antecedentes

En octubre de 2021, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó parcialmente la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo ambiental interpuesta por Fundación CAUCE y AGMER contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF S.A por la extracción y planta de lavado de arenas silíceas ubicada en el predio El Mangrullo de Ibicuy.

La sentencia ordenó: �S1°) realizar por YPF muestreos de calidad de agua en la modalidad sugerida por el perito interviniente -pozo de agua, dique de lodos, barrio aledaño y escuela- cada cuarenta y cinco (45) días, por el término de doce meses desde que quede firme la sentencia definitiva, y proveer a las autoridades de control los estudios de toxicidad de los floculantes utilizados sobre una mayor diversidad de organismos vivos, con una periodicidad de tres (3) meses; 2°) realizar por parte de la SAER, en concurrencia con el Municipio de Ibicuy, una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible y fácilmente disponible para la población en general del municipio y en especial del barrio aledaño a la planta y escuela; y 3°) ejecutar por parte de la SAER, con la colaboración del Municipio de Ibicuy, en un plazo máximo de ciento ochenta días (180) días de quedar firme este veredicto, un estudio de impacto acumulativo en la zona afectada por los procesos extractivos de arenas silíceas, de conformidad con los presupuestos mínimos en la materia y con amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada⬝.

Al cumplirse el plazo establecido por la Justicia para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo por parte de la SAER y el Municipio de Ibicuy, Fundación CAUCE solicitó medidas informativas del estado de cumplimiento de la sentencia. Además, pidió que, en caso de confirmarse la inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo, se dicte una medida para que las autoridades de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy se abstengan de otorgar más certificados de aptitud ambiental que autoricen el funcionamiento de nuevas canteras de extracción de arenas silíceas en la zona, asegurando así la vigencia del principio de precaución que impera en la materia.

 A raíz de las peticiones efectuadas por las actoras y los Ministerios Públicos intervinientes en orden a establecer y verificar las pautas de cumplimiento de las diversas mandas judiciales contenidas en la sentencia, que fue confirmada parcialmente el 22 de octubre del 2021 por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se realizaron dos audiencias, el 17 y 23 de mayo, entre las partes involucradas. Como resultado de las mismas, la jueza María Valentina G. Ramírez Amable de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná resolvió sobre los distintos puntos de la sentencia dictada en octubre por el STJ:

1.- Toma de muestras de calidad de agua: Tener por cumplidas las órdenes judiciales impuestas a YPF SA; hacer saber a la SAER y a las actoras el cronograma de toma de muestras de agua y los recaudos para la designación de un representante de las actoras que pueda participar en tal actividad -presentaciones del 17/05/2022 y 23/05/2022, a sus efectos.

2.- Divulgación de datos de calidad de agua y aire en la zona afectada: Fijar hasta el 15/06/2022 el plazo para comunicar y dar inicio al programa de divulgación diseñado por el Municipio de Ibicuy y el Estado provincial a fin de cumplir el plan de divulgación de datos de calidad de agua y aire de la zona afectada, ordenado en la sentencia del STJ.

El programa de divulgación deberá respetar las pautas mínimas fijadas en los arts. 5 incs 3) y 11) y art. 6 del Acuerdo de Escazú (Ley 25.566).

3.- Estudio de impacto ambiental acumulativo:

a) Establecer el 15/06/2022 como fecha máxima de inicio efectivo de las tareas correspondientes a la primera etapa del proyecto Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo por el equipo interdisciplinario perteneciente a la Universidad de La Plata, debiendo presentarse el aludido proyecto con sus etapas calendarizadas e informarse en estos autos, el comienzo y culminación efectivo de cada una de las etapas del EIA acumulativo proyectado, a los fines expuestos en el apartado «1.3.- a)» de la presente.

b) Fijar el 15/06/2022 como fecha máxima para que las demandadas Estado Provincial y Municipalidad de Ibicuy completen proyecto de EIA acumulativo garantizando la amplia participación ciudadana que se exige en la sentencia, bajo las pautas del art. 7 del Acuerdo de Escazú (Ley 25.566).

c) Ordenar a las demandadas Estado Provincial y Municipalidad de Ibicuy la suspensión preventiva y precautoria de todo trámite municipal y/o provincial de otorgamiento, habilitación y/o renovación, de permisos de uso, certificados de aptitud ambiental y/o finalización de trámites de Evaluación de Impacto ambiental que se relacionen con emprendimientos de extracción de arenas silíceas y/o de plantas de lavado de arenas silíceas hasta tanto se concluya la confección del Estudio de Impacto Ambiental acumulativo ordenado en esta causa. La sentencia, dictada el 27 de mayo, fue apelada por las demandadas. Finalmente, el pasado 13 de agosto de 2022 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó sentencia. Además, aceptó que el trámite de la ejecución siga ante la jueza que entendió el proceso principal.

«Esto es fundamental porque es la magistrada que conoce el proceso, las partes y que, en definitiva, es quien puede seguir con el rol activo que se pretende de la magistratura en asuntos ambientales, sobre todo en lo que tiene que ver con el control del cumplimiento de las sentencias dictadas.

Esto también favorece el acceso a la justicia y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú», celebró la directora ejecutiva de Fundación CAUCE, Valeria Enderle.

Peñarol de Rosario del Tala presentó dos equipos y quedó invicto, llevándose primer y segundo puesto en Copa de Oro. Peñarol �SA⬝ le ganó, el único partido a La Palmera, quienes ganaros sus otros partidos, lo que les llevó a conseguir el primer lugar al equipo de Concordia en Copa de Plata, secundados por Federal A. Algunos jugadores de La Palmera se unieron a Ciclista de San Salvador logrando la copa de Bronce. El largo viaje de ida y de vuelta valió la pena, ya que se vivió una jornada a pura camaradería.

 En esta oportunidad, cabe aclarar vistieron media de distintos colores para concientizar que �SSOMOS DISTINTOS PERO IGUALES⬝ ya que el 21 de marzo fue el día de la concientización del Síndrome de Down. 

A esta operación de exportación de productos de Entre Ríos y Corrientes, se suma un nuevo embarque con la llegada del African Kestrel, un buque ultramarino que llegó este viernes al puerto de Concepción del Uruguay proveniente de Lisboa, Portugal.

El sistema portuario entrerriano suma cuatro buques de ultramar en menos de dos meses, sosteniendo una actividad plena que posibilita la generación de empleo genuino a lo largo de toda la cadena productiva y logística, motorizando la economía y posibilitando el ingreso de dólares producto de las exportaciones.

La operatoria en el puerto de Concepción del Uruguay para recibir a este carguero de 180 metros de eslora, comenzó este viernes por la tarde con la verificación de toda la documentación exigida de acuerdo a las normas internacionales de seguridad.

De igual manera, todo el proceso de autorización suma también los controles de sanidad vinculados a los protocolos de prevención del covid que implementó el Ministerio de Producción de Entre Ríos, con la coordinación de Salud de la Provincia, y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación.

El African Kestrel tiene previsto cargar unas 10.000 toneladas de troncos de pino provenientes de montes de cultivo ubicados en el norte de la provincia de Entre Ríos, y parte de Corrientes.

La empresa exportadora es ACB S.A., mientras que la operación logística está a cargo de PTP Group. Ambas compañías establecieron sus bases de trabajo en Entre Ríos hace unos dos años, sumándose a otras que ya habían montado sus plantas de operaciones, tanto en el puerto de Concepción del Uruguay, como en Ibicuy.

Bahillo dio cuenta en su perfil en redes sociales que junto con Benítez visitaron la localidad para �Sevaluar la situación de la Ruta Provincial N°45, que constituye el ingreso a la localidad y el acceso al puerto⬝. �SAnalizamos con dirigentes y vecinos la situación de esta ruta y resulta imprescindible que esté en buenas condiciones porque es una vía por donde se movilizan los vecinos, la producción y es el acceso al puerto⬝, agregó.

El Ministro puso números a la gran inversión que se necesita para poner en condiciones la vía. �SEl proyecto de reconstrucción implica una inversión estimada de alrededor de 2.500 millones de pesos. Nuestro compromiso es gestionar los fondos para los trabajos de fondo que necesita. En lo inmediato, se realizará un trabajo de bacheo para reparar los tramos más urgentes⬝, precisó.

Luego, consignó que fueron acompañados por el viceintendente, Luciano Tramontin y el senador provincial por el departamento Islas, Daniel Olano.

Un conflicto en puerta

El estado de la ruta generó hace unas semanas una pueblada de la gente de Ibicuy, que cortó la ruta impidiendo el paso de los camiones que portan arena que se saca del río Paraná y que tiene como destino final el emprendimiento Vaca Muerta, dado que es el mineral que se requiere para poder extraer el petróleo y el gas con el sistema de fractura o fracking. Los vecinos entienden que el gran deterioro de la ruta 45 se debe al sobrepeso con el que transitan estos camiones. La protesta sacudió la vida política de la localidad, ya que la versión que circula en Ibicuy es que una de las empresas de transporte que lleva la arena pertenecería a un dirigente político de peso en la zona. Después del corte de ruta, Vialidad provincial llevó una balanza para controlar las cargas y evitar que se siga profundizando el daño. A los vecinos les llamó la atención que en la recorrida no haya estado presente la diputada del Frente Creer Carmen Toller, de quien han trascendido audios con fuertes críticas por la situación que terminaron por agrietar su relación con el resto de la bancada oficialista.

El vehículo Chevrolet Cobalt chocó contra una de las columnas de luminaria.

El rodado era conducido por una mujer oriunda de Campana, que fue trasladada por SAME al hospital local y según un reporte se encontraría fuera de peligro.

Murilla fue intendente de la localidad de Ibicuy en dos periodos consecutivos, de raíces radicales, fue candidato a Senador departamental en las últimas elecciones.

En tanto, las pericias policiales intentan averiguar las causas del accidente y descartar la participación de otros vehículos.

La medida de fuerza, que afectará el normal funcionamiento de los puertos, tiene relación con el conflicto originado semanas atrás con la empresa Urcel S.A. de Entre Ríos.

Luego de la mediación de funcionarios entrerrianos y haberse resuelto durante el fin de semana pasado el conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay, ahora la disputa se trasladó al puerto de Ibicuy y desde la estación portuaria del sur de la provincia, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) que conduce Marcelo Osores, anunció que comenzará un paro nacional de actividades en el marco del pleito por la representatividad gremial.

Esta situación generó un comunicado de prensa de la empresa Urcel Argentina, quien ha solicitado al Ministerio de Trabajo que se arbitren los mecanismos necesarios para llegar a un acuerdo que permita destrabar un conflicto generado por dos gremios de la Estiba que se disputan la competencia y legalidad en el puerto de Concepción del Uruguay e Ibicuy.(I:Campo en Acción)

La resolución tomada por la Justicia fue en el marco de un amparo interpuesto por los administradores de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y un grupo de vecinos que temen por efectos contaminantes en la extracción de arena silícea.

El material es extraído en esa zona al sur de la provincia, a 363,7 kilómetros de Paraná, y es utilizada para la extracción de hidrocarburos bajo el polémico sistema de fractura hidráulica �fracking� en los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenta neuquina.

La resolución fue emitida este lunes 18, en el marco del legajo �SCooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos LTDA c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-Secretaría de Ambiente-S/Acción de Amparo⬝. En rigor, el fallo confirmó la sentencia emitida en primera instancia, el 24 de diciembre de 2020, por el juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez, quien hizo lugar a la pretensión de la Cooperativa de acceder a información ambiental.

En su resolución, el magistrado había declarado abstracto el pedido de información sobre el establecimiento minero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), puesto que el Estado hizo pública la información en una plataforma digital. Fue el único punto que respondió el Estado cuando la Cooperativa requirió información por la vía administrativa.

En tanto, el magistrado hizo lugar a lo solicitado en cuanto a las demás explotaciones que se encuentren instaladas y/o a instalarse en el departamento Ibicuy, para lo cual otorgó a la administración 30 días de plazo para dar información.

Sin embargo, el fallo no se cumplió inmediatamente porque la Fiscalía de Estado, a través de su fiscal adjunto, Sebastián Trinadori, apeló. Entre otros planteos, pidió que la vía del amparo sea declarada inadmisible ya que la petición todavía estaba tramitándose en el ámbito administrativo.

Por el contrario, la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, a través de su apoderado Ricardo José Luciano, reiteró que la instalación en el Departamento Islas del Ibicuy de areneras y canteras de arena preocupa a los administradores de la Cooperativa por los probables efectos contaminantes como así también por la profundizaciones de las napas de agua que por el uso de determinadas prácticas, insumos, técnicas y ausencia de prevención y control, que dichas explotaciones pueden llegar a producir.

Según el documento al que accedió Entre Ríos Ahora, refirió que esa preocupación es compartida por la comunidad de Ibicuy, y contó que junto a vecinos autoconvocados se reunieron con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes aconsejaron la realización de estudios técnicos sobre diferentes aspectos de las explotaciones areneras en la zona, como así también del impacto ambiental que la actividad produce.

En los argumentos para solicitar la información ambiental, explicó sobre la utilidad de la arena sílica -mineral extraído por las areneras y de las canteras situadas en la zona de Ibicuy- para la industria petrolera y particularmente con destino al yacimiento denominado «Vaca Muerta», ubicado en la provincia de Neuquén. La arena se utiliza para el fracking, técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Además, señaló que las prácticas que se realizan para la extracción de arena pueden generar efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas, debido a que producen tanto la volatilización del sílice generada a consecuencia de la extracción de arena sílica por las areneras y canteras, como los producidos por su lavado que efectúan utilizando químicos denominados flucolantes.

El Superior Tribunal de Justicia, de feria, integrado por Bernardo Salduna, Marcelo Baridón y Andrés Manuel Marfil, finalmente confirmó la sentencia de primera instancia este lunes 18.

�SEntiendo que con toda razón asiste derecho a la Cooperativa a indagar la información tenida en cuenta por la administración para categorizar a la actividad arenera y consecuentemente exigir o no el estudio de impacto ambiental como así también informarse sobre los resultados del mismo; en la medida en que indudablemente por tratarse de probables efectos nocivos sobre el agua para consumo humano, constituye información de interés público⬝, dijo Salduna en el voto que comandó el fallo, y al que accedió Entre Ríos Ahora.

Enseguida, recordó que la Cooperativa intimó mediante carta documento a la Secretaría de Ambiente a que brinde la información el 2 de octubre de 2020, y que, ante la falta de respuesta, se interpuso un amparo invocando el artículo 8 del Régimen de Libre Acceso a Información Pública Ambiental.

Más adelante, destacó que el amparo debe prosperar porque se dan dos situaciones: por una lado, la Constitución provincial, en su artículo 13, contempla la obligación de responder toda requisitoria sobre información pública; y por otro que las explotaciones areneras denunciadas se encuentran en una zona geográfica que el Estado de la Provincia de Entre Ríos declaró por ley 9718 «Área Natural Protegida», lo que obliga a la administración a integrar la conservación y el uso sostenible del área; a proteger el ambiente natural, los ecosistemas y particularmente los cursos de agua; a conservar los recursos genéticos y minimizar la erosión de los suelos, entre otros objetivos.

De ese modo, se condenó al Estado provincial a que en el plazo de 30 días hábiles administrativos brinde la información respecto de los establecimientos mineros areneros y canteras de arena instaladas y/o a instalarse y en trámite de instalación en el Departamento Islas del Ibicuy -a excepción del establecimiento minero «El Mangrullo» propiedad de YPF S.A-.

En su respuesta, el Gobierno deberá dar información sobre los siguientes puntos peticionados específicamente por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy:

� 1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;

-2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente información: a) Qué floculante se usa; b) Cantidades; c) Tratamiento del efluente; d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son utilizadas; e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta floculante en los efluentes; f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los efluentes, y con qué periodicidad se realizan los controles;

-3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.

Donde según la información había volcado un auto y el conductor estaría dentro del vehículo, el hombre fue extraído por bomberos y trasladado por la ambulancia del Hospital de Ceibas. Además del conductor, también se trasladó a un integrante de los 4 que viajan en el auto. Los otros fueron atendidos por la médica de la ambulancia y no fue necesario su traslado, en tanto el chófer y el acompañante fueron llevados al hospital Centenario de Gualeguaychú.

El vehículo viajaba desde Hurlingham, Buenos Aires a Ibicuy. Se trata de un Volkswagen Bora el conductor es un hombre de 32 años, que resultó lesionado.

 �SEl puerto está activo, plenamente operativo y desarrollando una administración comprometida, en consonancia con la política portuaria que impulsa el gobernador Gustavo Bordet⬝, sentenció el titular del Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), Natalio Gerdau.

El funcionario destacó las virtudes naturales de la estación de transporte fluvial y dio cuenta del ritmo de operaciones al informar que, en lo transcurrido de este año, amarraron 15 buques y cada uno cargó aproximadamente 33.000 toneladas de rollizos de pino con destino a China.

Aportó que en este 2020 trabajaron en la puesta en valor del predio, sus instalaciones y nuevos espacios para operaciones, como también, �Sde manera particular, en la reorganización administrativa y contable, con un nuevo equipo de profesionales, con apertura, transparencia y compromiso en las acciones⬝, dijo.

Acotó que el ministro de Producción, Juan José Bahillo, gestiona la puesta en funcionamiento de un tercer muelle y que intensificó la tarea de cara a la llegada al puerto de las vías del ferrocarril que actualmente dista a solo 2 kilómetros. Gerdau aportó que la gestión actual proyecta obras indispensables para mejorar la infraestructura, poniendo operativo el muelle isla e impulsando la puesta en valor de rutas y vías férreas.

Incluso abordó que concretaron �Sconversaciones con el objetivo de interesar a nuevos inversores, diversificando en cantidad de empresas, como en la variedad de productos para exportar y también incrementar la carga de rollizos de madera⬝.

Como dato significativo, subrayó que �Slos aranceles del Puerto Ibicuy son muy convenientes, por lo que lo califican como los más accesibles del mercado portuario y, a su vez, contamos con exenciones extraordinarias⬝.

Particularidades

La obra contempla una línea de 132 KW y estaciones transformadoras, la particularidad de esta licitación es que la empresa que sea adjudicada debe traer financiamiento hacia Enersa por un período de 10 años y tres años de gracia. A su vez se exige en el pliego que se instalen grupos generadores en los primeros 180 días.

La obra tiene un plazo de ejecución de tres años, pero a los seis meses ya habrá disponibilidad de energía en calidad y cantidad.

En esta oportunidad se abrió el sobre número uno de las propuestas, que tiene que ver con las condiciones institucionales y técnicas de las empresas; y pasada esta instancia se abrirá el sobre número dos que contiene la oferta económica y el financiamiento que debe hacer la adjudicataria.

Importancia estratégica de la obra

La obra se enmarca en el Plan Energético a 10 Años, mediante el Programa de Infraestructura Eléctrica Productiva que comprende el desarrollo de obras eléctricas trascendentales y servicio de conectividad e internet, con la instalación de fibra óptica, para puertos y parques industriales entrerrianos, recursos claves e indispensables para el desarrollo estratégico de Entre Ríos en su potencialidad productiva y exportadora en torno a los puertos.

Los trabajos consisten en el tendido de una nueva línea en 132 kV de 78 kilómetros, desde Gualeguaychú hacia el sur de la provincia. También comprende cuatro generadores móviles y una nueva estación transformadora que incrementará 10 veces la capacidad de alimentación del servicio eléctrico en el sur entrerriano.

Además, se prevé el tendido de dos kilómetros de fibra óptica en Ceibas, un radio enlace con Ibicuy, y cuatro kilómetros adicionales de fibra óptica desde el Centro de Distribución de Enersa, en Ibicuy, hasta el puerto de esa localidad.

Esta obra permitirá altos niveles de confiabilidad, seguridad y posibilidades de desarrollos sociales, sustento de parques industriales, actividades productivas en el puerto de Ibicuy y una diversidad de actividades con beneficio para una economía regional en unas 450.000 hectáreas que comprende todo el departamento Islas.

Beneficia también a la actual estación transformadora de 132 kV de la ciudad de Gualeguaychú, y a su parque industrial, porque liberará carga que permitirá atender futuras demandas.

La obra tiene un plazo de ejecución de 1.095 días corridos y tiempo máximo para la entrega de los generadores móviles será de 180 días corridos a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.

Antecedentes

Cabe recordar que, dentro del mismo programa, en Concepción del Uruguay ya se encuentra en pleno funcionamiento una segunda línea en 132 kV desde Colonia Elía hasta dicha localidad, y una segunda estación transformadora que refuerzan y garantizan el suministro eléctrico a toda la ciudad, al puerto y al parque industrial de la zona.

Además, contempla el tendido de seis kilómetros de fibra óptica desde el distrito de Enersa hacia el puerto para brindar conectividad e internet al municipio y a toda la zona de influencia de la entidad portuaria.

El dirigente gremial indicó que �Sla gran mayoría de los incendios no son iniciados por productores. Entiendan en primer lugar que no somos irresponsables y, por otro lado, si hubiese algún inescrupuloso en pos de mejorar las pasturas no lo haría en esta época, ya que nos es muy perjudicial. Por eso, hay que ser prudente y no decir cosas sin sentido⬝, reflexionó.

Desde la entidad afiliada a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) remarcaron que �Squienes vivimos en estas zonas sabemos que la mayoría de estos incendios comienzan con cazadores, por cuestiones naturales (por fenómenos no deseados provocados por ciclos naturales de sequía, bajante y heladas) o por acciones involuntarias de otro tipo. Y en algunos casos después de un foco que parece extinto, la turba queda encendida y frente a vientos o aumentos de temperatura se reavivan⬝, describió.

Consultado respecto de algunas voces que solicitaban la prohibición de la ganadería en las islas, Settimio aseveró que �Shablan desde la más profunda ignorancia. Si no estuviéramos los productores esto sería sólo caos y abandono. Lo que hace falta es presencia del Estado, que está ausente en la mayoría de las islas de Diamante, Victoria, Ibicuy y las Lechiguanas. Acá el Estado sólo se nota cuando hay que ir a pagar el impuesto inmobiliario, pero nada de lo recaudado vuelve a las islas⬝, criticó.

�SDesde la Rural de Islas y desde FARER queremos que se penalice a los responsables de estos incendios, pero también somos conscientes que es muy difícil dar con los que iniciaron los fuegos. En la inmensidad de las islas, casi sin presencia estatal, resulta muy complicado. No obstante, esto debe ser un llamado de atención para estar en la agenda del gobierno para un control más eficaz en la zona y la puesta en marcha de planes y recursos para controlar los incendios⬝, indicó.

Settimio agregó que �Ses responsabilidad de todos proteger los humedales. Debe tenerse presente que desde la Rural de Islas del Ibicuy desarrollamos -incluso junto a otras entidades- un plan de ganadería sustentable en alianza con el pastizal y la vida silvestre⬝, remarcó, a la vez que aseguró que �Shoy se nota que no hay un plan serio y eficiente del manejo del fuego por parte del Estado, por lo que resulta necesario que trabajemos juntos para lograr un equilibrio ambiental que beneficie a todos.

Y también es imprescindible que no se digan cosas sin respaldo y sin tener la más mínima idea de lo que pasa. La desinformación es un arma que no beneficia a nadie⬝, finalizó.

Así se informó luego de la reunión que mantuvo el gobernador Gustavo Bordet con la secretaria de Energía, Silvina Guerra, y el presidente de Enersa, Jorge González. El mandatario y los funcionarios repasaron la agenda de obras para el 2020, en un encuentro que se realizó este miércoles en Casa de Gobierno.

�SAcordamos el llamado a licitación de la obra energética en el Puerto Ibicuy cuya apertura de sobres está prevista para el 17 de marzo. Es una obra que va en consonancia con la política que ha fijado el gobernador de reactivar los puertos y esta es de gran envergadura para dotar de energía eléctrica al puerto en una primera instancia, y después seguiremos con el puerto de Diamante y algunos parques industriales⬝, precisó González.

La obra comprende el tendido de una línea de alta tensión en 132 kV, un campo de línea en la estación transformadora Gualeguaychú, una estación transformadora en Islas (con transformador), una línea de media tensión en Ibicuicito, cuatro generadores móviles y una subestación de 33/13,2 kV en Ibicuy.

Abarca un amplio espectro de equipamiento eléctrico y materiales relacionados, ya que es una zona anegadiza que necesita una infraestructura confiable y segura.

El puerto del sur entrerriano, ubicado a orillas del río Paraná Ibicuy, es uno de los más importantes del litoral argentino, por su ubicación geográfica y sus condiciones naturales de profundidad, alcanzando luego de los dragados realizados alrededor de 34 pies. Además, se suma que la terminal tiene 10,80 metros de pie de muelle, lo que le da una característica casi única en el país. Recientemente fueron transferidas por parte del gobierno nacional a Entre Ríos, 100 hectáreas en la zona del puerto de Ibicuy para poder concretar una terminal multipropósito. Desde su reactivación se cargaron nueve buques en total con 161.814 toneladas, entre madera y arroz, con destino a China, Irak y Senegal.

Electrificación rural

Por otra parte, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, detalló que �Spara el primer semestre tenemos un plan de obras de electrificación rural muy amplio para usuarios rurales y emprendimientos productivos, que se encarará con fondos que vienen específicamente para ese destino⬝. Luego agregó que también están previstas llevar adelante obras de gas en toda la provincia que contemplan ampliaciones en las grandes ciudades como Paraná, Villaguay, Victoria y Federal.

Obras de gas

La Secretaría de Energía de la provincia tiene en este momento en ejecución obras de gas en más de 10 localidades entrerrianas como son Sauce de Luna, Cerrito, Tabossi, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Pueblo Belgrano, Victoria, Paraná, Villaguay, Victoria y Federal.