La medida se suma a los 45 procedimientos que ya habían sido abiertos la semana pasada, en el marco de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para impedir que empresas desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera bajo su soberanía.Las actuaciones se fundamentan en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. El Gobierno sostiene que las operaciones vinculadas con las Malvinas se realizan sin aval de Buenos Aires y las considera contrarias a la legislación argentina.La nueva ofensiva se produce en paralelo con una denuncia penal presentada contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y sus subsidiarias. La firma israelí posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. El emprendimiento prevé comenzar la producción de petróleo en 2028, con una primera etapa estimada en unos 50.000 barriles diarios.El Gobierno de Milei ya había anticipado que ampliaría las sanciones a las compañías involucradas en las actividades hidrocarburíferas en las islas y también a proveedores y otros actores vinculados con esos proyectos.La disputa se inscribe en el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y suma un nuevo capítulo a la tensión con el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.