Según detalló en diálogo con El Heraldo, el hecho registrado en video ocurrió en su local ubicado en la intersección de calles Veiga y Moulins, aunque aseguró que la problemática se extiende a otros dos comercios de su propiedad, situados en 1º de Mayo 320 y Maipú 1278.

Zárate sostuvo que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que afecta a numerosos comerciantes.

“No soy la única. Con cada comerciante que hablo vive lo mismo. Hay quienes se están sumando a contarlo y otros tienen miedo”, afirmó.

Trámites, demoras y contradiccionesUno de los ejes centrales de su reclamo apunta a las dificultades para habilitar un deck gastronómico. Según relató, el expediente estuvo “archivado” durante largo tiempo y, pese a haber presentado documentación técnica —incluyendo planos, seguros y certificaciones—, los requisitos fueron cambiando en el proceso.

“Primero me dijeron que debía estar habilitada como gastronómica, lo hice y me dieron el ok. Después me exigieron una autorización específica para el deck. Entre esa mala información, ya te multaron”, cuestionó.

En esa línea, denunció reiterados problemas vinculados a la burocracia municipal y a la falta de claridad en los trámites. Como ejemplo, mencionó exigencias contradictorias sobre certificados de seguridad contra incendios, que la llevaron a recurrir a profesionales particulares ante la falta de respuestas oficiales claras.

“Todo es un anexo y más papeles”La comerciante también describió un esquema administrativo que, según su visión, dificulta el crecimiento de los emprendimientos. Explicó que cada ampliación de rubro —como la venta de determinados productos— implica la realización de nuevos anexos, con reiteración de documentación.

“Vendía huevos, tuve que hacer un anexo. Vendía garrafas, otro anexo. Milanesas de pollo, otro más. En cada trámite te vuelven a pedir todo”, señaló, y agregó que incluso se le requirieron estudios sobre servicios básicos, como el agua, pese a tratarse de suministro municipal.

Controles y denuncias por “abuso de autoridad”Zárate también cuestionó la modalidad de los controles. Aseguró que los inspectores suelen presentarse acompañados por efectivos policiales y con un trato que calificó como “intimidante”.

“Te tratan como si fueras un delincuente. Hay falta de respeto y situaciones que ya denunciamos formalmente”, sostuvo, al tiempo que denunció presuntos episodios de hostigamiento, incluyendo seguimientos y controles reiterados.Además, relató que, tras el horario de cierre permitido —establecido en una ordenanza municipal a las 3 de la mañana—, no se les permite permanecer en los locales ni siquiera para realizar tareas internas como limpieza o cierre de caja. “Te hacen irte o te multan, incluso en tu propia propiedad”, afirmó.

Debate por la nocturnidad y el desarrollo económicoOtro de los puntos planteados fue la limitación horaria para la actividad comercial nocturna. La emprendedora consideró que la restricción impacta negativamente en la generación de empleo y en el desarrollo turístico.“Si pudiéramos trabajar más horas, necesitaríamos más personal. Además, una ciudad activa es más segura”, argumentó.Finalmente, cuestionó el nivel de regulación local al señalar que Concordia cuenta con una gran cantidad de ordenanzas vigentes, lo que —según su mirada— incrementa la burocracia y dificulta la actividad privada.

Sin respuesta oficialHasta el momento, no se registró una respuesta oficial por parte del municipio respecto a las denuncias puntuales. Sin embargo, el caso generó repercusión y abrió el debate sobre el rol de los controles, la relación entre el Estado y los comerciantes, y las condiciones para el desarrollo económico en la ciudad. 

El encuentro, del que pocos se enteraron, fue cuestionado desde el inicio por la falta de difusión y por no haber convocado al Consejo Provincial de Comercio Interior (COPROCIN), organismo que por ley debe participar de este tipo de trámites. Su presidente, Walter Kleiman, aseguró que nunca fue notificado y advirtió que la empresa “ya vende al público desde el primer día”.Desde el Centro de Comercio de Concordia, su titular Adrián Lampazzi pidió anular la audiencia, señalando que el procedimiento no fue transparente. También recordó que en 2022 Maxiconsumo había presentado ante la Municipalidad una nota comprometiéndose a no realizar ventas minoristas, aunque luego lo hizo igualmente.Durante la jornada, un docente de la UADER presentó un estudio de impacto que calificó como “totalmente positivo” el funcionamiento de la empresa en la ciudad. Las conclusiones generaron rechazo entre los comerciantes presentes, que consideraron que la evaluación no reflejaba la realidad. Incluso una vecina del predio expresó públicamente su desacuerdo.Lampazzi y Kleiman coincidieron en que no se trata de oponerse a ninguna empresa en particular, sino de garantizar que todos los comercios cumplan con las mismas reglas. “Queremos igualdad ante la ley”, remarcaron.Desde el gobierno provincial defendieron la legalidad de la convocatoria, argumentando que fue publicada en el Boletín Oficial y en el diario El Heraldo, aunque los representantes del comercio local replicaron que eso no fue suficiente para garantizar una participación real de la comunidad.El debate culminó en un tenso intercambio entre Jorge Hernán Torres, directivo de Maxiconsumo, y Lampazzi, cuando el primero lo acusó de exigir el cumplimiento de las leyes “solo cuando le conviene”.La audiencia dejó en evidencia el malestar del sector comercial de Concordia ante lo que consideran una habilitación irregular y poco transparente, que podría afectar el equilibrio entre las grandes superficies y los comercios locales. (Con información de El Entre Ríos)

La Cámara Nacional Electoral (CNE), en un fallo unánime, revocó la decisión judicial que habilitaba a Cristina Kirchner para ejercer su derecho al voto, a pesar de su condena firme a seis años de prisión en la causa “Vialidad”. La medida, que impacta directamente en la situación electoral de la expresidenta, se fundamenta en los precedentes “Procuración Penitenciaria” y “Orazi” de la Corte Suprema.La decisión del tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anula la resolución del pasado 18 de julio de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto. Esta última había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 19° inciso 2 y 12 del Código Penal, junto con el artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral, que establecen la inhabilitación absoluta y exclusión del padrón de personas condenadas por delitos dolosos.La argumentación de la Cámara Electoral:La CNE argumentó su decisión basándose en el caso “Procuración Penitenciaria”, donde el Tribunal Superior había declarado la inconstitucionalidad de las normas, pero había requerido al Congreso “revisar la reglamentación vigente sobre el derecho de sufragio de las personas con condena penal”, alertando sobre la imposición de “restricciones genéricas y de carácter automático”.Además, la Cámara recordó el precedente “Orazi” de la Corte Suprema, que analizó el reclamo de un afectado que consideraba que diferir su derecho a votar hasta una reglamentación del Poder Legislativo era violatorio de la “garantía de tutela judicial efectiva”. La Corte, en aquel entonces, dejó en claro que no se podía habilitar de oficio y de forma genérica, sino que debían cumplirse ciertas “condiciones mínimas”.Las “condiciones mínimas” que no se cumplieron:Según la CNE, la decisión de la jueza Borruto fue revocada porque no se cumplieron estas “condiciones mínimas” establecidas en el precedente “Orazi”:La cuestión debía tratarse en un “caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público”. El fallo original fue dictado de oficio, sin que Cristina Kirchner o el Ministerio Público lo solicitaran.Debía verificarse que la posibilidad de votar fuera “jurídica y fácticamente viable” y “de acuerdo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación”.Al no haberse considerado ninguna de estas condiciones en la sentencia apelada, y al haberse dictado de oficio, la Cámara Nacional Electoral resolvió revocar la habilitación, dejando a Cristina Kirchner fuera del padrón electoral. NA.

El organismo será el encargado de otorgar las autorizaciones para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como también para la utilización de aeronaves de matrícula extranjera para operar en nuestro país, cuando una aerolínea lo requiera.La nueva medida establece que la autoridad aeronáutica nacional deberá reglamentar técnicamente los Artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de autorizaciones relativas al personal extranjero y a las aeronaves con matrícula extranjera que operen en el territorio nacional.De esta manera procuran fomentar las inversiones en la República Argentina, favoreciendo la conectividad federal.Hasta el momento, solo el Poder Ejecutivo Nacional podía autorizar un porcentaje de personal extranjero en los servicios aerocomerciales y la utilización de aeronaves de matrícula extranjera, pero con esta modificación es la ANAC quien podrá otorgar dichas autorizaciones.Además, la autoridad aeronáutica deberá dictar la reglamentación técnica correspondiente para el otorgamiento de las mismas, conforme a los estándares internacionales y regionales.Desde el Ejecutivo nacional, se indicó que el decreto N° 844/2024 se realiza en el marco del “reordenamiento integral de la legislación aerocomercial, con el objetivo de agilizar las gestiones administrativas, promoviendo un mercado de entorno competitivo y flexible para que más personas puedan usar el transporte aéreo y así llegar a todas las ciudades argentinas”.A su vez, explican que la nueva medida conlleva la necesidad de adecuar y dictar una nueva reglamentación, de conformidad con los estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno con el de los demás países de la Región y del mundo.

“En el marco de las políticas desregulatorias llevadas adelante por el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Transporte, esta medida resulta necesaria para reforzar los principios de libre acceso a los mercados, generando mayor competitividad y, por lo tanto, una oferta más diversa y conveniente para los pasajeros; garantizando la seguridad operacional y la eficiencia de todo el sistema de transporte aéreo”, señalaron las fuentes oficiales.El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, señaló esta mañana a través de su cuenta en la red social X,  que “el presidente @JMilei firmó una resolución para que personal extranjero pueda desempeñar funciones aeronáuticas en los servicios aéreos locales, así como también para la utilización de aeronaves de matrícula extranjera a operar en nuestro país cuando una aerolínea lo requiera”.“Esta medida, sumada al paquete de desregulaciones que se vienen implementando, posibilitará que otras aerolíneas cubran rutas aéreas locales inmediatamente si Biró y compañía siguen haciendo paros extorsivos”, puntualizó el funcionario. 

Por mayor información, comunicarse al teléfono 345-4291516, o dirigirse personalmente a la Dirección de Bromatología, ubicada en calle Roque Sáenz Peña 225, 2do. Piso.

Dicha autorización, promulgada a través del decreto municipal 828/2020, rige a partir de ayer viernes; con la condición de estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás medidas preventivas.

�SCon esta decisión el intendente Francolini toma en consideración un pedido realizado en los últimos días por la Asociación Hotelera y Gastronómica, confiando tanto en el compromiso de los propietarios de locales gastronómicos como en la responsabilidad de los clientes⬝, destacó al respecto el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza.

�SComo en cada medida que fuimos tomando desde que comenzó la emergencia, se consultó al Comité de Emergencia Sanitaria, se trabajó con quienes se verán beneficiados con esta autorización y se dictaron las normas respectivas; para que todos tengan en claro cómo hay que hacer para seguir cuidándonos entre todos⬝, detalló el funcionario.

�SAhora esperamos que tanto en el sector como la gente que concurre a estos lugares valoren, cuiden y respeten la decisión que tomó el Intendente; para que sea otro paso adelante en el que no tendremos que retroceder⬝, concluyó Barboza.

Días pasados, Francolini se había reunido con profesores y propietarios de gimnasios para terminar de definir el protocolo preventivo correspondiente a este tipo de actividades. La propuesta fue revisada por el Comité de Emergencia Sanitaria y elevado al Gobierno Provincial.

�SLos dueños de los gimnasios son conscientes de la importancia de que se tomen todas las medidas de prevención, por eso elaboraron un estricto protocolo. Si avanzamos en la autorización, es importante que cada persona que asista lo haga a conciencia y cuidándose. No es nuestra intención impedir arbitrariamente la apertura de los gimnasios. Pero cada paso adelante que damos tiene que ser sobre terreno firme y confiando en la responsabilidad de todos, para no retroceder después o tener que lamentar consecuencias graves, como está pasando en otras ciudades⬝, dijo el Presidente Municipal.

�SEl logro de detener la pandemia es de todos, es importante la conciencia ciudadana que hemos tenido todos los concordienses. Estamos avanzando muy bien, pero no podemos relajarnos ni creer que ya todo pasó⬝, agregó, resaltando también la importancia de �Srespetar las medidas de distanciamiento social⬝.

Atendiendo a esta necesidad espiritual del pueblo de Entre Ríos, los tres obispos de la provincia, hicieron llegar un pedido al Gobernador, Gustavo Bordet. Lo hicieron a través de una carta que le fuera entregada el 23 de mayo, y está firmada por Juan Alberto Puiggari Arzobispo de Paraná, Luis Collazuol, Obispo de Concordia, Héctor Zordán, Obispo de Gualeguaychú. En la misiva, los obispos entrerrianos, solicitan aprobar �Sla habilitación progresiva de los templos de la Iglesia Católica en el ámbito provincial, para celebraciones de la Misa y otros sacramentos, conforme a un Protocolo de Actuación Sanitaria que se establezca, entendiendo que la misma debe alcanzar también a los lugares de culto de diferentes credos⬝, señala el texto de la misiva.

Solicitudes de los fieles

Según los prelados católicos, reciben �Sconstantemente muchas solicitudes de personas y comunidades pidiendo la apertura de los templos, a la participación de la santa Misa y los sacramentos, alimentos insustituibles para el fiel cristiano de su vida espiritual⬝, argumentaron en el escrito al que accedió el sitio Catolicus. Además, en la carta, sostienen que �Slos efectos de la pandemia actual tienen no sólo dimensiones sanitarias, sociales y económicas, sino también alcance religioso⬝.

Fortaleza espiritual

En este contexto, los tres obispos entrerrianos, aclaran que �Sla práctica religiosa es para los creyentes de toda confesión fuente de fortaleza espiritual, tan indispensable en tiempos como el que vivimos, como también de armonía familiar y comunitaria, y de serenidad psicológica⬝.

El pedido de los Obispos entrerrianos, recuerda que �Sen el ámbito de la jurisdicción provincial de Entre Ríos durante las últimas semanas no se ha dado circulación del virus COVID-19, reportándose sólo casos aislados, entendemos que estamos en condiciones de un regreso paulatino a las actividades religiosas en los templos⬝.

Con los protocolos correspondientes 

Los obispos son muy prudentes en su pedido y sostienen que es necesario que se realice �Sconforme a un Protocolo de Actuación Sanitaria que se establezca⬝. Los Prelados saben que un protocolo no es suficiente. Por eso, según describen en la carta enviada al Gobernador, que �Sse requerirá el compromiso de que las autoridades religiosas de cada lugar de culto, tomen las medidas necesarias para el cuidado sanitario de todos los que asisten a sus templos, según sean sus características, dando estricto cumplimiento al protocolo sanitario que se establezca⬝.