De carácter consultivo y de concertación, el mismo estará integrado por la Secretaría de Cultura de la Provincia -la que ejercerá la presidencia- y las áreas públicas de cultura de los Municipios, Comunas y/o Juntas de Gobierno.

�SCon este proyecto buscamos generar un trabajo interjurisdiccional mediante el cual puedan realizarse políticas comunes de integración, promoción y desarrollo de la actividad cultural; e intensificar la vinculación entre los organismos oficiales de cultura para garantizar a las comunidades el acceso a la misma⬝, sostuvo Zavallo. El proyecto. que cuenta con el acompañamiento de todo el bloque Frente Creer Entre Ríos, fue trabajado y consensuado con la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D�"Agostino, quien, junto a su equipo de trabajo, fijaron las directrices para la elaboración de esta norma.

�SLa cultura resulta un derecho fundamental que el Estado debe garantizar en cuanto a la producción de bienes y servicios culturales, desde la creatividad y el capital simbólico; como también, promover su desarrollo en su dimensión económica, en tanto otorga posibilidades de empleo y valor agregado⬝, agregó Zavallo. En este orden, dijo no tener dudas de que la conformación del Consejo Provincial �Spromoverá el acceso a la cultura y aportará a la democratización de las políticas públicas, siendo los beneficiarios de las mismas todas las entrerrianas y entrerrianos. Además, se verán beneficiados artistas, técnicas y técnicos, gestoras y gestores culturales, promotores y hacedores de la cultura de todo el territorio entrerriano⬝.

En este sentido, la norma que lleva la firma como coautores de los diputados Carina Ramos y Diego Lara, sostiene que, siempre que el hecho no constituya delito, �Sel ciudadano podrá ser sancionado con 10 a 20 días de trabajo de utilidad pública en un establecimiento o, en caso de imposibilidad de cumplirlo, con multa de $ 10.000 a 100.000 pesos⬝.

La propuesta surge a raíz de diferentes hechos que derivaron en conductas y actitudes hostiles y desmedidas hacia los trabajadores de la salud y fuerzas civiles y de seguridad que se encuentran en diferentes puntos del país afectados a trabajar en el marco del Covid-19.

�SEstas actitudes que tienen su basamento en la desinformación, estigmatización y desconocimiento de la actividad que se realiza, deben ser sancionadas a los fines de evitar que se repitan. Los trabajadores afectados a trabajar en el marco de una pandemia, epidemia o emergencia sanitaria declarada, fundamentalmente personal de salud y de las fuerzas de seguridad, demuestran día tras día su profunda vocación y entrega⬝, destacó Zavallo al respecto.

Por ello, si bien la propuesta no desconoce la necesidad de trabajar en una futura ley provincial de faltas y contravenciones que incorpore los más actuales principios del derecho administrativo sancionador, �Shasta que ello ocurra, se plantea la incorporación de una conducta configurativa de una infracción administrativa, pasible de sanción y que resulte para el ciudadano infractor una carga conductual comprensiva del disvalor de su actitud reprochable, la que merece una reparación con la efectividad que esa tarea impone, descartando el mecanismo del arresto que entendemos debe circunscribirse al ámbito de derecho penal⬝, sostiene el proyecto.