El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet volvió a expresar su decisión de colaborar plenamente con la Justicia en la causa en la que se lo investiga y aseguró que no pondrá ningún obstáculo a las medidas que puedan disponerse.“Las puertas de mi casa están abiertas para que vayan y vean lo que quieran ver”, afirmó, al reiterar que no recurrirá a fueros ni a herramientas legales que puedan dilatar el proceso. En esa línea, sostuvo que su postura es clara: facilitar el accionar judicial y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Bordet remarcó que, desde el inicio de la investigación, respondió a cada requerimiento, presentó la documentación solicitada y se puso a disposición cuando fue convocado. “He estado a derecho desde el primer día y voy a seguir en ese camino”, señaló.

En el contexto político actual, su posición aparece como poco habitual. No es frecuente que dirigentes bajo investigación se adelanten a eventuales medidas judiciales y renuncien explícitamente a resguardarse en sus fueros. Por el contrario, la práctica más extendida suele ser la de interponer recursos o estrategias dilatorias.

En ese sentido, la actitud del exmandatario puede interpretarse como una decisión de diferenciarse de otras conductas del ámbito político y evitar quedar asociado a situaciones de sospecha económica que erosionan la credibilidad pública.El exgobernador también enfatizó que quienes ejercen funciones públicas deben rendir cuentas. “Siempre entendí que hay que dar explicaciones cuando corresponde. Eso fortalece a las instituciones, pero debe hacerse con seriedad y respeto por la verdad”, sostuvo.Al mismo tiempo, advirtió que espera que cualquier procedimiento se realice dentro del marco legal y sin exposición innecesaria. “No corresponde convertir una medida judicial en un espectáculo mediático”, expresó.

Finalmente, Bordet cuestionó la actitud del fiscal interviniente, al considerar que en la causa se prioriza el impacto público por sobre la objetividad. “Hace dos años que la pena parece ser el mismo proceso. Se buscan sostener sospechas que no existen”, afirmó.“Siempre di la cara, siempre respondí y lo voy a seguir haciendo”, concluyó.

El diputado nacional de Unión por la Patria expuso frente a sus pares de las comisiones de Comercio y Pymes, y de representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes han manifestado su respaldo al proyecto del legislador entrerriano.

Durante su exposición, Bordet remarcó la necesidad de avanzar en una “armonización de fronteras” que permita dar previsibilidad a las economías regionales. “Las ciudades de frontera viven en permanente asimetría. A veces favorece a un lado del río y otras al otro.

Necesitamos mecanismos compensatorios que estabilicen esa dinámica y eviten el cierre de pymes”, sostuvo.

El legislador entrerriano también subrayó que el proyecto no implica un costo fiscal adicional: “Los mecanismos de compensación se equilibran con la reducción de la informalidad. Es una herramienta para ordenar la actividad y mejorar la competitividad sin generar desequilibrios”.

Asimismo, pidió el acompañamiento de todos los bloques políticos para avanzar en un dictamen favorable: “No es una idea aislada, nuestros países vecinos ya cuentan con herramientas similares. Necesitamos igualdad de condiciones para que nuestras pymes puedan crecer”.

En representación de CAME, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, Antonio Fabián Hryniewicz, graficó con crudeza la situación que atraviesan las zonas limítrofes. “Nos llaman desde Clorinda diciendo que las vidrieras amanecen con mercadería del Paraguay. Ese escenario se replica en todas las localidades fronterizas del país”, advirtió.

Hryniewicz señaló que la problemática excede lo comercial y está vinculada al crecimiento de la informalidad y el contrabando: “Hoy nuestras rutas nacionales se han convertido en verdaderos corredores de tráfico ilegal de mercadería. Esto ocurre en todo el país, desde Formosa hasta Mendoza”.

En ese sentido, citó datos del Foro Económico Mundial para dimensionar el fenómeno: “La economía informal e ilegal en Argentina alcanza niveles alarmantes y llega a representar una porción mayoritaria del movimiento económico. Esto es insostenible para cualquier esquema productivo formal”.

El referente de CAME respaldó el proyecto de Bordet al considerar que “plantea soluciones concretas a problemas estructurales”, y destacó que no afectará el equilibrio fiscal: “Los mecanismos de compensación ya existen en países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. No generan déficit, sino que ordenan lo que hoy ocurre de hecho: el contrabando permanente”.

Además, remarcó la urgencia de avanzar en una legislación específica: “Es inadmisible que en pleno siglo XXI Argentina no tenga una ley de comercio de fronteras. La ilegalidad es como un cáncer que, si no se trata, termina afectando a toda la economía”.

Finalmente, puso en valor el impacto del sector: “Las pymes representan el 90% del entramado productivo y generan el 90% del empleo. Si no abordamos este problema, estamos comprometiendo el desarrollo y el trabajo en todo el país”.

“Estamos ante una nueva versión del ‘Dr. Jekyll y Mr. Hyde’. Por momentos se muestra anunciando aumentos y buenas noticias, pero al mismo tiempo veta leyes que justamente van en ese sentido y agrede a quienes piensan distinto. Ese doble discurso no genera confianza ni credibilidad”, sostuvo Bordet.

El diputado nacional remarcó las contradicciones del Gobierno nacional: “Mientras promete incrementos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, veta las leyes aprobadas por el Congreso que garantizan esos derechos. Mientras dice querer trabajar con los gobernadores, mantiene a las provincias asfixiadas financieramente y concentra los recursos en decisiones discrecionales”.En relación al superávit fiscal, Bordet advirtió: “Es importante lograr equilibrio, pero no a cualquier costo. Hoy ese resultado se consigue recortando salarios, desfinanciando la salud y la educación, paralizando la obra pública y abandonando las rutas, lo que afecta directamente la competitividad de nuestras economías regionales”.

El diputado también señaló el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones: “En Entre Ríos lo vemos con claridad: la citricultura, la avicultura y muchas otras cadenas de valor están en riesgo porque no pueden competir con productos extranjeros. Esto significa pérdida de trabajo y de producción nacional”.“El mensaje presidencial refiere a recetas para controlar el equilibrio fiscal, pero excluye los componentes de la industria, las exportaciones, el mercado interno o las fuentes de trabajo. Además de los ejes fiscales, es fundamental abrir un canal de diálogo con los sectores productivos para garantizar la sustentabilidad de la economía. La industria es la verdadera generadora de riqueza para avanzar en un plan serio de transformación. Si falta el diálogo y falta la producción, no hay futuro posible para los argentinos”.

En ese sentido, el diputado subrayó que “la Argentina necesita políticas consistentes, no medidas de corte electoral que cambian de un día para otro. Las provincias, las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad requieren certezas, no parches ni promesas que se contradicen con los hechos”. 

“Estas leyes no son un gasto, son una respuesta urgente a sectores que no pueden esperar más. Es falso que comprometan el equilibrio fiscal. Lo que sí compromete la estabilidad es un modelo que ajusta sobre los más vulnerables mientras concentra privilegios”, señaló Bordet.

El exgobernador de Entre Ríos subrayó que el impacto fiscal de las medidas es perfectamente sostenible. “Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el efecto total sería inferior al 1% del PBI. Incluso dentro de las metas que el propio Gobierno se impuso. No estamos hablando de una amenaza al equilibrio fiscal, sino de una decisión política de seguir recortando derechos”.

Bordet también recordó que la emergencia en discapacidad y el refuerzo previsional fueron aprobados con amplio consenso parlamentario. “Estas iniciativas reflejan una voluntad mayoritaria de proteger derechos básicos. Confío en que el Congreso insistirá con la sanción, como establece la Constitución. Hay derechos que no pueden ser vetados”.Finalmente, remarcó que el ajuste actual impacta de forma directa en los sectores más débiles. “La recomposición de pensiones por discapacidad no solo es un imperativo ético: también puede mejorar la circulación económica en muchas comunidades. Esta mirada integral es la que el Gobierno nacional elige ignorar”. 

El actual diputado nacional tiene previsto además un encuentro político con referentes del nuevo oficialismo. “Nos unen a Uruguay lazos históricos de integración regional y una agenda común que hemos sabido construir con templanza y respeto. A lo largo de mis gestiones al frente del Ejecutivo provincial avanzamos en un sistema portuario integrado, la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, y vínculos comerciales que consolidan la relación bilateral, y esperamos perduren en el tiempo como políticas de Estado que trasciendan las gestiones de gobierno”, expresó Bordet.

En ese marco, el ex gobernador ve en el nuevo gobierno la posibilidad de afianzar una política regional.“Compartimos una visión histórica en nuestro territorio, desde las gestas libertadoras, que involucraron el proceso Artiguista, hasta la consolidación de nuestros Estados. La efectiva integración que tiene que darse con los grandes puntos de encuentro”, sostuvo el diputado nacional.

“No dudo de la capacidad de diálogo y articulación de Yamandú Orsi, que le dará continuidad con perfil propio a sus antecesores frenteamplistas Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. La ampliación de derechos y el fortalecimiento de la institucionalidad marcarán seguramente su gobierno”, puntualizó el diputado nacional. 

Bordet subrayó que esta iniciativa permitirá una justicia más democrática, con la participación directa de la ciudadanía, como ya se aplica en su provincia desde el año 2020. También resaltó la equidad de género en la conformación de los jurados, un aspecto que Entre Ríos implementó pioneramente.El proyecto establece que los delitos con penas superiores a cinco años serán juzgados por jurados populares, conformados por 12 titulares y al menos 2 suplentes, con igualdad de género. Esta medida busca cumplir con el mandato constitucional de democratizar el Poder Judicial a nivel federal. 

El INECIP es una fundación que inició sus actividades en el año 1989 en Buenos Aires, Argentina, con la misión de contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe.

En los últimos años, legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas han presentado propuestas para poner en práctica el modelo de juzgamiento establecido por la Constitución Nacional.“El Congreso se encuentra ante una oportunidad única de implementar una herramienta que ya demostró, a nivel provincial, su enorme capacidad de mejorar la administración de justicia”, indican desde el INECIP.

En la última década, 11 provincias, gobernadas por distintos partidos y que concentran el 70 % de la población nacional, aprobaron leyes que establecieron el modelo clásico de jurados en materia penal.

Los casi 1000 juicios realizados en el país demuestran que este sistema aumenta la legitimidad de la justicia y la confianza ciudadana.

El Congreso Nacional tiene proyectos con estado parlamentario que receptan lo mejor de la experiencia práctica y jurisprudencial a nivel nacional e internacional.

Es en ese marco, que Bordet y Harfuch, abordaron el funcionamiento del juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos que impulsó el exgobernador durante su segundo mandato y que fue considerada una histórica reforma al sistema de justicia entrerriano.

La provincia lleva casi 100 juicios realizados y más de 1000 entrerrianos y entrerrianas participaron como jurados populares.

“Hemos cumplido con una obligación constitucional y hemos asegurado a los ciudadanos y las ciudadanas la posibilidad de acceder, como un derecho y como una obligación, a participar de procesos judiciales”, expresó Bordet.“Con el juicio por jurados dimos un paso fundamental en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en la democratización de nuestro destino en común, en transparencia, participación y credibilidad que fuimos capaces de proveernos como sociedad”, expresó el ex gobernador.

“Llegamos a este hecho histórico gracias al consenso de los tres poderes del Estado, de las fuerzas políticas con representatividad parlamentaria, y entre las partes que naturalmente conforman la administración judicial de la provincia, y es una institución que defendemos  convencidos de su valor”, señaló finalmente Bordet.

Este miércoles el Gobierno nacional dio a conocer que, para priorizar el abastecimiento a los hogares, se interrumpió el suministro en estaciones de servicio de GNC en diferentes zonas del país, y que ante la demora en una compra de GNL por parte de la empresa estatal Enarsa se generarán también cortes en el abastecimiento a grandes industrias.En Entre Ríos son más de 30 las industrias afectadas por esta medida, por lo que el exgobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, apuntó contra la administración de Javier Milei: “Es una consecuencia más de la improvisación y desconocimiento del Gobierno nacional que paralizó las obras de los gasoductos”, dijo. En esa línea Bordet explicó que “no se giraron las partidas presupuestarias necesarias para poder terminar las plantas comprensoras que hubieran permitido ampliar la capacidad de transporte de gas proveniente de Vaca Muerta para este invierno”.“Hoy las industrias, ya castigadas por la caída de la actividad económica, están pagando las consecuencias de  decisiones incorrectas”, agregó.El exmandatario advirtió su preocupación ante la posibilidad de que esta medida se extienda a los hogares “si las bajas temperaturas persisten y sigue aumentando una demanda que el Gobierno de Javier Milei no quiere o no sabe cómo afrontar”. 

“Si bien valoramos el oportuno anuncio del gobierno nacional, apenas unas horas antes del debate en la Cámara de Diputados, un financiamiento adecuado para que las universidades puedan funcionar es imprescindible”, resaltó. El ex gobernador puso de relieve además que “las funciones de la universidad, además de la docencia, son la investigación y la extensión. En Entre Ríos nuestras universidades han formado a miles de jóvenes entrerrianos que producen conocimiento y son orgullosos egresados del sistema público. Este valor no puede estar sujeto a ningún criterio de rentabilidad y menos aún, de ajuste.”Según lo acordado este jueves, con el acompañamiento de distintos bloques, deberá haber dictamen sobre una ley para garantizar el financiamiento universitario, y el martes próximo, sobre la reposición del Fonid, un fondo que se repartía entre las provincias para mejorar salarios docentes.Respecto al Fonid, el diputado recordó que impulsó junto a sus pares un proyecto de ley que propone la continuidad por cinco años más del Fondo Nacional de Incentivo Docente con el objeto de promover el cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que reconoce a la educación como prioridad nacional y política de Estado.“A la pérdida del poder adquisitivo que no se detiene, nuestros docentes han perdido entre el 10 y el 20% de sus salarios que son retenidos por el gobierno nacional al no liquidar el Fonid. Esperamos el respaldo de los legisladores para defender los intereses de los entrerrianos”, expresó finalmente Bordet. 

“La inversión en educación universitaria no debería estar sujeta a criterio alguno de rentabilidad; es un derecho humano universal y un deber del Estado”, manifestó.

“Quienes nos educamos en las universidades públicas lo hicimos bajo los conceptos de la Reforma del 18, compartiendo los valores de gratuidad, la promoción de la ciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía”, manifestó a través de sus redes sociales.

“En la universidad pública nos formamos no sólo como profesionales, sino como mujeres y hombres de la democracia. Defenderla es defender el futuro de las generaciones que vienen”, resaltó el ex gobernador.

“En Entre Ríos nuestras universidades han formado a miles de jóvenes entrerrianos, y muchos de ellos han sido los primeros universitarios de la familia”, afirmó.

“Este gobierno se empeña en agredir y agraviar la igualdad de oportunidades que simboliza la universidad pública asfixiando su presupuesto”, replicó el legislador.

Finalmente, ratificó su respaldo a la Marcha Universitaria Federal de este martes e insistió en que “la educación no es una ecuación económica. Otro camino es posible” 

La iniciativa del Gobierno fue analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, en el que expusieron el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en su carácter de coautor del proyecto en debate, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, entre otros.

"El gobierno nacional deberá comprender que vivimos en democracia, que el nuestro es un sistema republicano, representativo y federal, y que las leyes deben ser debatidas en el Congreso. No se gobierna por decreto, ni se puede aprobar una ley de estas características sin lograr los consensos necesarios", remarcó el exgobernador.

"Una devaluación del 100 por ciento que quedó licuada en pocos días y una brecha cambiaria que crece día a día demuestra ineficacia y un costo muy alto en el bolsillo de los entrerrianos y de los argentinos. Estos son los temas que nos preocupan. No vamos a aprobar leyes que van a contribuir a empobrecer aún más a la población", advirtió.

''Vamos a dar los debates necesarios en el Congreso y en cada ámbito para defender al pueblo argentino y al pueblo entrerriano''", hizo saber Bordet.

El exgobernador, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aclaró que si bien hay algunos temas en los cuales se pueda lograr un acuerdo, en otros "no compartimos absolutamente en nada". Por ejemplo, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que harían que el Congreso cumpliría un rol de escribanía de Casa Rosada.

Además, hizo referencia a la modificación en los índices de retenciones y advirtió que causaría un impacto negativo en economías regionales de Entre Ríos. El incremento de los derechos de exportación (DEX) perjudica a las economías de carnes bovinas, madera, vino y productos del complejo agroindustrial como el maíz", agregó.

También mencionó la Ley Micaela que el gobierno de Milei pretende modificar hasta cambiarle el sentido, quitando la obligatoriedad de formación en materia de género para todos los integrantes del Estado, de los tres poderes, y reduciendo el concepto de violencia. "Este gobierno pretende derogar esa ley de un plumazo", aseguró.

"La norma propuesta afecta derechos laborales que afectarán negociaciones paritarias y convenios colectivos de trabajo", añadió.

En ese marco, destacó que la mesa de debate en el Congreso representa también al 44 % de argentinos que no votaron a este gobierno, y cuyos representantes son hoy oposición en las cámaras legislativas.

''Se van a afectar derechos de la vida cotidiana de los entrerrianos y los argentinos, y ese efecto se verá en los bolsillos de los trabajadores y los jubilados. No se pueden cercenar derechos en nombre de la libertad", advirtió finalmente.

�SAbrazamos la memoria, la verdad y la justicia para construir un futuro de democracia, paz y dignidad⬝, escribió el gobernador, a 46 años del Golpe de Estado y la llegada al poder de la última dictadura cívico militar.